TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA Y MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, que emitió uno de los criterios contradictorios.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el juicio de amparo en revisión ARL.********** en lo que interesa al tema de esta contradicción, sostuvo:
"... Por otro lado, en relación con la toma de nota de veinticinco de octubre de dos mil seis, concerniente al registro del comité ejecutivo local, ********** del ********** para el ejercicio del uno de enero de dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, este órgano jurisdiccional considera que debe confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, aunque por distinta causa de improcedencia.
"Este órgano colegiado estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 4o., ambos de la Ley de Amparo, ya que el quejoso carece de legitimación para ejercer la acción de amparo contra el acto que reclama.
"En el precepto legal que se cita en último término, se establece que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; su texto es el siguiente:
"Artículo 4.o (se transcribe).
"En el precepto anterior se prevén las nociones de interés jurídico y legitimación.
"La entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la diferencia entre ambos conceptos.
"Por interés jurídico, dijo, debe entenderse, en forma abstracta y general, la facultad para el ejercicio de la acción constitucional derivada de la titularidad que al quejoso corresponde en relación con derechos o posesiones tutelados a través de normas de derecho objetivo, que resulten conculcados por los actos de autoridad contra los cuales se pide amparo.
"Por legitimación procesal, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta.
"Lo anterior se puede advertir de la tesis aislada consultable en la página 95 del número 97-102 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS.’ (se transcribe).
"En el caso, el recurrente carece de legitimación porque reclama un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y la sección del sindicato tercero perjudicado.
"En efecto, el impetrante acude en demanda de amparo y manifiesta ser socio del ********** y con tal carácter (lo que incluso no acreditó), reclama la toma de nota de veinticinco de octubre de dos mil seis, con la que se registró el comité ejecutivo local de la sección en mención; sin embargo, como se verá más adelante, dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios en particular, sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro.
"Para explicar lo anterior, es necesario atender a algunas de las consideraciones que la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó al resolver la contradicción de tesis identificada como varios 18/90, ya que abordó aspectos relativos al registro del sindicato y la legitimación de las personas que pueden controvertir los actos de autoridad que niegan dicha inscripción; razones que se estiman de importancia al caso.
"En dicha unificación de criterios la Sala hizo un análisis de los artículos 356, 357, 359, 364, 365, 366, 368, 369, 374, (sic) 376 de la Ley Federal del Trabajo, que son del tenor siguiente: (se transcriben).
"Al respecto, la Sala estimó que en la Ley Federal del Trabajo se distingue la constitución de los sindicatos, con lo cual ya existen jurídicamente, de su registro, que tiene carácter declarativo, ya que a través de éste la autoridad da fe del acto constitutivo.
"Explica que ello se debe a que en términos del numeral 374, se otorga personalidad jurídica a los sindicatos legalmente constituidos, toda vez que se les reconoce como personas morales con capacidad de defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercer las acciones correspondientes.
"Estableció que para combatir en juicio de amparo la negativa de registro sindical, es el representante legal del sindicato, el legitimado, no sus integrantes en particular, porque el ente moral es el directamente afectado.
"Puntualizó que así se prevé en el diverso 376, donde se establece que esas personas morales pueden actuar a través de sus representantes, salvo disposición especial en los estatutos.
"Insistió que son los representantes del sindicato los que están legitimados para controvertir la toma de nota, porque las personas morales pueden pedir amparo a través de sus representantes, como lo establece el artículo 8o. de la Ley de Amparo.
"Hizo hincapié en que en términos del diverso 4o. de la ley que rige el juicio de garantías, el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante; por ende, como la negativa de registro afecta al sindicato, sus representantes son los legitimados para controvertirla.
"Finalmente, consideró que los integrantes del sindicato en lo particular carecen de legitimación para reclamar la negativa del registro, porque la decisión de cada trabajador por sí y aislada de los demás, no produce efecto jurídico, porque no es a través de un acto individual sino a través de un acto colectivo, como surge el sindicato; una vez constituido el sindicato, adquiere personalidad jurídica propia, por ende, la negativa de registro sindical debe ser impugnada a través de sus legítimos representantes, no por sus integrantes en lo particular.
"La unificación de criterios dio lugar a la tesis de jurisprudencia 4a./J. 15/91, visible en la página 34 del Tomo VIII de octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘SINDICATOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESENTANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR.’ (se transcribe).
"De lo anterior, destaca que la Cuarta Sala, en esencia, estableció que los actos que afecten el interés colectivo del sindicato, como es el relativo a la negación del registro, deben controvertirse por conducto de sus representantes reconocidos en la ley.
"En la especie, resultan observables las consideraciones de la Cuarta Sala, pese a que se reclama una toma de nota, pues si bien no se trata de una negativa de registro de sindicato, lo cierto es que la inscripción de la nueva directiva, únicamente trasciende a los derechos colectivos, es decir, a los del sindicato, no así a los trabajadores en lo particular.
"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/2000, analizó la importancia de la toma de nota.
"En la ejecutoria relativa, en lo que interesa, la Segunda Sala consideró que una vez que por elección se ha hecho el cambio de la mesa directiva, el sindicato tiene la obligación de hacerlo saber a la autoridad, como lo establece el artículo 377, fracción II, de la ley citada, que dice: (se transcribe).
"Advirtió que una vez allegados los elementos a que se refiere el precepto transcrito, la autoridad debe registrar o ‘tomar nota’ del cambio de directiva, expidiendo a continuación la constancia respectiva.
"Así, estableció que dicho acto es de suma importancia, porque conforme al artículo 368 del ordenamiento laboral, el registro de la directiva produce efectos ante todas las autoridades. Dicho numeral es el siguiente:
"‘Artículo 368.’ (se transcribe).
"Luego, la Segunda Sala expuso que en términos del diverso 692, fracción IV, de la ley obrera, la personalidad del sindicato se acredita, a través de sus representantes, con la certificación de mérito; precepto legal que dice:
"‘Artículo 692.’ (se transcribe).
"Por lo anterior, la Sala en cita resaltó la importancia que tiene la toma de nota, pues consideró que la certificación correspondiente pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato en los términos del artículo 374 ya transcrito, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales.
"Además, agregó que esa importancia es de tanto peso que hace necesario que la autoridad encargada de registrar o tomar nota del cambio de directivos, verifique que en el trámite o procedimiento respectivo se respetó la voluntad de los agremiados constante, precisamente, en los estatutos y, subsidiariamente, en la Ley Federal del Trabajo.
"La unificación de criterios en comento, derivó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 86/2000, consultable en la página 140 del Tomo XII, correspondiente a septiembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe).
"Como se ve, la importancia de la toma de nota se encuentra íntimamente ligada a los intereses colectivos, por ello, en caso de existir algún vicio de legalidad, el afectado sería el sindicato, al que la ley reconoce como persona moral; por ende, éste podría ejercer la acción de amparo por conducto de sus representantes legalmente reconocidos.
"En efecto, solamente los representantes del sindicato están legitimados para reclamar un acto de esa naturaleza, pues en términos del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, la representación corresponde al secretario general o a la persona que designe la directiva, no a los trabajadores (o patrones en el caso de sindicatos de esta índole), ya que, recogiendo las consideraciones de la Cuarta Sala, la decisión personal e individual de cada trabajador no se afecta en forma directa por la toma de nota.
"Es importante mencionar, que del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la representación del sindicato también la puede ejercer la persona que se designe en los estatutos; en este aspecto, conviene atender que el impetrante alega que le asiste legitimación por virtud del artículo 49, fracción I, de los estatutos, pues afirma que en dicho numeral se le faculta como socio para que denuncie y se oponga a cualquier acto o acuerdo contrario a las disposiciones estatutarias; la cláusula es la que sigue:
"‘Artículo 49. Son obligaciones de los socios en general.
"‘I. Conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el acta constitutiva y los presentes estatutos, así como los reglamentos interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.’
"Es inexacta la afirmación del quejoso, ya que contrariamente a lo que señala, las obligaciones que se imponen a cada socio en la cláusula estatutaria, son insuficientes para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo.
"Lo anterior, porque como ya se vio, el sindicato actúa por conducto de sus representantes; a través de éstos, ejerce derechos y adquiere obligaciones, por ello, la importancia del registro y la toma de nota, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales.
"En el caso, la cláusula transcrita no otorga la representación del ente colectivo, sino que únicamente impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, pero en ningún momento se aprecia que sus miembros hayan tenido la intención de erigir o reconocer como representante del gremio al socio que se oponga a los acuerdos y actos, sólo porque a su parecer, son contrarios al convenio estatutario.
"Lo anterior, porque si esa hubiese sido la intención colectiva, la cláusula sería expresa en reconocer esa representación, pero en el caso, de la redacción del artículo 49, fracción I, no aparece una expresión en tal sentido; por el contrario, se impone la obligación y un derecho de denuncia u oposición a lo individual por infracción a las normas estatutarias.
"Además, sería absurdo que la representación del sindicato estuviera sujeta a la consideración que cada socio tuviera respecto de los actos y acuerdos de la directiva, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados.
"Así, la cláusula en cuestión refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia, que les permite ejercer acciones entre ellos, ante las instancias ordinarias, para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, de modo que serían los actos del sindicato o de otro socio, los que serían materia de la litis en los juicios que se llegaren a promover.
"Lo anterior patentiza que la regla estatutaria en comento, no legitima a los socios en lo individual, para ejercer la acción de amparo, ya que la denuncia y oposición que llegare a realizar un trabajador en términos de dicha cláusula, como se dijo, sería respecto de actos del sindicato o los demás socios, es decir, la controversia se plantearía en relación con actos de un particular con sus socios, mientras que el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 1o. de su ley, procede contra actos de autoridad.
"La consideración anterior cobra mayor relieve, si se toma en cuenta que los estatutos son el contrato social del sindicato, que rige la vida interna de la organización, por ende, la vigilancia que cada socio debe hacer en términos de la cláusula en cita, es en relación con los actos de los demás miembros o su directiva; por ende, es congruente que las acciones que intenten para denunciar u oponerse sea únicamente respecto de actos de los mismos socios, pero no respecto de actos de autoridad.
"Así, cuando la toma de nota de una directiva deriva de un proceso de elección que no respetó las reglas estatutarias, esta circunstancia no hace que el acto registral de la autoridad sea contrario a los estatutos, pues en dicho supuesto, la violación a las disposiciones estatutarias yace en el acto mismo de elección; por ende, el artículo estatutario en cuestión, únicamente permite a los agremiados ejercer las acciones ordinarias e individuales que correspondan, contra los actos que estimen contrarios a los estatutos -como sería la nulidad de la elección de la mesa directiva ante la junta correspondiente-, pero no la acción de amparo, porque dicha cláusula sólo les permite controvertir actos internos ante las instancias laborales comunes.
"...
"Por otra parte, en el tomo VII del anexo de pruebas, aparece copia certificada de la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil siete, dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los autos del toca RT. ********** con la que resuelve el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Quinto en Materia de Trabajo en el Distrito Federal (fojas 26 a 77 del tomo VII de pruebas); en dicha sentencia, el Tribunal Colegiado en mención considera que el artículo 49, fracción I, de los estatutos generales del ********** otorga derechos y obligaciones a los socios, entre otros, para denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los estatutos y para oponerse a cualquier acuerdo que contravenga las disposiciones estatutarias, y que dicha atribución los legitima activamente para ejercer la acción constitucional de amparo y reclamar la toma de nota del sindicato al que pertenecen, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 4o., en relación con el diverso 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo.
"El criterio anterior es opuesto a lo resuelto en esta ejecutoria, en la que se establece que las atribuciones derivadas de los estatutos, en específico las que otorga el artículo 49, fracción I, en cita, no legitima a sus miembros para reclamar una toma de nota vía juicio de amparo, ya que el contenido de la cláusula en cuestión no implica el reconocimiento de los trabajadores en lo individual como representantes de los intereses colectivos, que son los que podrían afectarse con la toma de nota. Aunado a que la cláusula es un acuerdo de los socios para instrumentar un medio interno de vigilancia, que les permite ejercer acciones contra actos de los demás socios o su directiva, pero no legitima a los trabajadores para reclamar actos de autoridad. ..."
CUARTO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al mencionado anteriormente, al resolver el juicio de amparo en revisión RT. ********** sostuvo, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Son inoperantes los argumentos expresados en la parte final del décimo séptimo agravio, en el sentido de que el Juez de Distrito al emitir la sentencia recurrida violó las garantías consagradas a favor de los recurrentes en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.
"En la tramitación del juicio de amparo que se examina, el Juez de Distrito que dictó la sentencia recurrida, actuó en ejercicio de la función de control constitucional que se le encomienda en los artículos 103 y 107 de la Ley Suprema, así como en su ley reglamentaria, por lo que no es dable considerar el recurso de revisión como un medio de impugnación autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a las garantías individuales del recurrente, dado que es un procedimiento de segunda instancia por el cual, el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que se tomaron en cuenta para emitir el fallo impugnado, razón por la cual se desestima el agravio esgrimido, ya que sostener lo contrario conduciría a tomar en cuenta al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable, además de que se desnaturalizaría al juicio de amparo, porque se daría cabida a un control constitucional sobre otro.
"Es aplicable la jurisprudencia número 35 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página veintiocho, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe).
"Por otra parte, dada la vinculación que existe entre los restantes agravios, su estudio se realizará de forma conjunta, como lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo.
"Los inconformes manifiestan, esencialmente, que les causa agravio la resolución que impugnan, toda vez que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que la acción que ejercieron fue con base a los estatutos que rigen la vida interna del ********** al cual pertenecen, y cuyo artículo 49 los faculta para denunciar el incumplimiento de los mismos, como sucede en el caso concreto, ya que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, violó sus garantías individuales, al no verificar si se cumplieron o no con las citadas normas estatutarias.
"Añaden, que el Juez Federal inadvirtió que claramente afecta a los quejosos el acto que se combate, al no haber considerado la transgresión a los estatutos sindicales en la XXIV convención extraordinaria, entre las que se encuentran la relativa a la violación de la formalidad para llevar a cabo una asamblea o convención, por no existir la convocatoria correspondiente y, por ende, el no poder ejercer su derecho de votar y contender en las elecciones realizadas en la misma.
"En ese mismo sentido, agregan que resulta ilógico que los únicos legitimados para pedir la nulidad de la toma de nota, por no llenar los requisitos estatutarios y legales, sean los representantes de la persona moral, y que se exija como requisito para acudir al amparo, que sea promovido por la planilla contendiente en proceso electoral; pues si no hubo convocatoria para poder registrar y contender, menos puede existir planilla, además, a las asambleas para elegir candidatos se cita a trabajadores activos no a planillas, por lo que su legitimación para promover deriva del simple hecho de pertenecer al **********.
"Asiste razón a los recurrentes al señalar que el Juez de Distrito incorrectamente decretó el sobreseimiento en el juicio constitucional, sin tomar en cuenta que sí están legitimados para impugnar el acto reclamado.
"El a quo consideró que los quejosos no acreditaron estar legitimados para impugnar la toma de nota reclamada, toda vez que no son los integrantes del sindicato en lo particular los que pueden promover el juicio de amparo indirecto, sino sus representantes legales, en calidad de órganos de representación del mismo, tales como alguno de los comités ejecutivos locales o el secretario general, además que, como en el caso, se reclama el proceso de elección por un lado y, por el otro, el registro de planilla vencedora, es a las contendientes en la elección de los órganos de representación quienes se encuentran en posibilidad de impugnar dicho proceso electoral, por conducto de sus representantes correspondientes.
"Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima pertinente citar algunas posturas que la doctrina ha sostenido respecto a la institución en comento, a la que se acude como elemento de análisis y apoyo en la presente resolución, en términos de la tesis número 2a. LXIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, página 448, cuyos rubro y texto a la letra señalan: ‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.’ (se transcribe).
"Hernando Devis Echandía dice que: ‘Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez, en el supuesto de que aquélla o éste existan; o en ser el sujeto activo o pasivo de una relación jurídica sustancial que autorice para intervenir en el proceso ya iniciado.’ (Hernando Devis Echandía. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires, Argentina, 1997, página 269).
"Por su parte, Giuseppe Chiovenda, en su libro Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, editado por Cárdenas Editor y Distribuidor, primera edición, México, D.F., 1989, página 208, conceptúa la legitimación en la causa como: ‘Con ella se expresa que, para que el Juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer; o sea, considere la identidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva).’
"En opinión de Alberto Saíd e Isidro M. González Gutiérrez, la legitimación en la causa es: ‘... la aptitud de instar en virtud de la relación de un derecho sustantivo que, al verse violentada o actualizado algún supuesto normativo de fondo, da lugar al proceso. Está muy vinculada con el interés jurídico de acudir a juicio.' (Alberto Saíd, Isidro M. González Gutiérrez. Teoría General del Proceso. Iure Editores, Sociedad Anónima de Capital Variable, primera edición, México, D.F., 2006, página 190).
"Carlos Arellano García, citando al jurista Eduardo Pallares, señala que: ‘La legitimación en la causa que algunos jurisconsultos identifican en mi concepto erróneamente, con la legitimación en el proceso es la relación que tiene la parte con respecto al litigio. Se dice que una persona está legitimada en la causa, cuando es titular de los derechos o de las obligaciones materia del juicio, y por lo tanto, la sentencia que se pronuncia en éste, la afecta directamente, o lo que es igual, la obliga. Si la parte es extraña a la relación jurídica que se controvierte en el proceso, se dice que no está legitimada en la causa.’ (Carlos Arellano García. Teoría General del Proceso. Editorial Porrúa, novena edición, México, D.F., 2000, página 198).
"También Alfonso Noriega, en su obra Lecciones de Amparo, Tomo I, editorial Porrúa, sexta edición, México, D.F., 2000, página 631, indica. ‘En muy estrecha relación con la capacidad procesal, se nos presenta la legitimación para obrar o bien legitimatio ad causam; es decir, a la posesión subjetiva inherente a quien ejercita una acción. Efectivamente, la acción únicamente puede ser ejercida por la persona que se encuentra en una situación individual que la hace aparecer como especialmente cualificada para solicitar la tutela jurídica.’
"De lo anterior, puede deducirse que, doctrinalmente, la legitimación en la causa es la aptitud de hacer valer un derecho del cual se tiene la titularidad.
"Asimismo, nuestro Máximo Tribunal de justicia en el país ha sustentado en diversos criterios que la legitimación en la causa, es un elemento o condición de la acción misma, la cual implica que el derecho existente que se invoca corresponda precisamente a aquél que lo hace valer.
"Al respecto, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos XLIX y CXXV, Quinta Época, páginas 1461 y 2086, que respectivamente, dicen: ‘LEGITIMACIÓN EN CAUSA, NATURALEZA DE LA.’ (se transcribe).
"‘LEGITIMACIÓN ACTIVA.’ (se transcribe).
"De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la legitimación activa en la causa presupone que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, es decir, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; según se desprende de la jurisprudencia número 2a./J. 75/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época, página 351, que dice: ‘LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.’ (se transcribe).
"En (sic) relatadas condiciones, el proceder del Juez de Distrito es incorrecto, y a fin de demostrarlo resulta necesario transcribir los artículos 356 y 359 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales estipulan: (se transcriben).
"En ejercicio de los anteriores preceptos legales, el ********** redactó sus estatutos, mismos que obran agregados en copias certificadas a fojas 58 a 232 del expediente que se revisa, y en sus artículos 49, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 286, 287 y 288, se establece: (se transcriben).
"De los preceptos estatutarios transcritos se colige lo siguiente:
"1. Sindicato, es la asociación de trabajadores, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.
"2. Toda persona que ingresa al sindicato, obtiene el carácter de socio.
"3. Las personas que son socios del ********** adquieren derechos y obligaciones y, entre éstas, se encuentran las de conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el acta constitutiva y los estatutos, así como los reglamentos interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga las dispo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22005-1878ac12/toma-de-nota-del-cambio-de-la-directiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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