PEMEX-REFINACIÓN. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESCINDE CONTRATOS DE FRANQUICIA CELEBRADOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 335/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, pues el asunto pertenece a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la hizo un Magistrado integrante de uno de los órganos colegiados que emitieron las ejecutorias que se estiman en oposición.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis propuesta y, en su caso, resolverla, resulta indispensable tener presentes las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el catorce de agosto de dos mil nueve, el amparo en revisión **********, determinó en la parte que interesa:
"CUARTO. Los agravios anteriormente transcritos, resultan inoperantes por una parte, sustancialmente fundados por la otra, e innecesario su estudio, en la restante. En principio debe analizarse el tema relativo a la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de garantías, cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 145 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’. De la anterior disposición se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de manera que es de singular relevancia precisar qué debe entenderse por tales conceptos. Así, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que no requiere mayor demostración, puesto que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los libelos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones; además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse el ocurso constitucional y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así las cosas, es importante destacar que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, debe admitirse la demanda, porque de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías, contra un acto que estima le causa perjuicio. Las consideraciones anteriores encuentran sustento, en lo esencial, en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe). Ahora bien, son inoperantes las partes que se advierten de los agravios primero y segundo, en las que se menciona que en el auto recurrido, se violan las garantías individuales que contemplan los artículos 14 y 16 constitucionales. Se afirma lo anterior, porque este recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial y para ello se considera como normatividad la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Tomo V, Novena Época, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Por otra parte, son sustancialmente fundados los agravios en los que se menciona que el acto reclamado proviene de autoridad responsable para efectos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Los artículos 25, primeros siete párrafos del 27, así como párrafos primero, cuarto y décimo del numeral 28, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: (se transcriben). Asimismo, se considera pertinente transcribir los siguientes artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: (se transcriben artículos 1o., 3o., 4o., 4o. Bis, 6o., 12, 13, 14, 14 Bis, 15 y 15 Bis). También se estima conveniente transcribir los siguientes preceptos de la Ley de Petróleos Mexicanos: (se transcriben artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 61, 72 y transitorios). También se considera pertinente transcribir los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que es el ordenamiento que estaba vigente cuando se suscribió el contrato de franquicia (se transcriben artículos 1o., 2o., 3o. y 4o.). Por otra parte, se impone precisar el término de ‘autoridad’ para los efectos del juicio de garantías. El artículo 103 constitucional establece: ‘Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.’. Ni este precepto, ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término ‘autoridad’. Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se definió el vocablo aludido; en el artículo 11 de la Ley de Amparo se establece: ‘Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. No obstante lo anterior, de la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, se advierte que no se juzgan actos de particulares, por tanto, un primer parámetro para fijar el concepto de ‘autoridad responsable’ se desprende de distinguir entre los ‘actos de particulares’ y los que no lo son, siendo que en contra de estos últimos el juicio de amparo será procedente. La definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Máximo Intérprete de la Constitución General de la República. Al respecto, tradicionalmente se ha sostenido el criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Tal criterio se halla sustentado en la tesis que con el número 300, es visible en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que dice: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’. Dicho criterio se basa, a su vez, en el concepto de ‘imperio’, entendido como la potestad o parte de la fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia. De esta manera, los tribunales del Poder Judicial de la Federación primeramente han venido sosteniendo que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio. Por lo que se refiere a Petróleos Mexicanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis consultable en la página 128 del tomo 205-216, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PETRÓLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículos 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo.’. Ahora bien, en la tesis en la que se señaló el imperio de la fuerza pública como elemento para determinar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se hizo con el propósito de incluir a quienes sin tener sustento en la ley para usar de la fuerza pública podían realizar actos que afectaran al gobernado en sus garantías. Esto es, lo que se sostuvo no fue que para ser autoridad para los efectos del citado juicio de garantías resultaba esencial contar con la fuerza pública o con el imperio, sino que quien contara, incluso por vías de hecho, con esa fuerza pública o imperio, debía considerarse como autoridad. Así, podría concluirse que en esa tradicional tesis del Alto Tribunal no se rechazó que una autoridad por disposición legal que no contara con fuerza pública, tuviera ese carácter para efectos del amparo, puesto que podía afectar al gobernado en sus garantías. Sin embargo, debe reconocerse que en forma casi automática se interpretó la tesis en el sentido de que el contar con la fuerza pública o el imperio era el dato esencial para estimar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por otra parte, el criterio jurisprudencial antes citado, fue abandonado por el Tribunal Pleno en la tesis P. XXVII/97, publicada en la página 118 del Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). De la ejecutoria relativa se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que se trata de una ‘autoridad’ para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Así, el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de
los actos de particulares, tal como se expuso anteriormente. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo expuesto anteriormente revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Para concluir si se está en presencia de una autoridad responsable debe analizarse si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Es aplicable también la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 39 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). En adición a lo expuesto, debe considerarse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer el derecho a la jurisdicción, contempla la posibilidad del gobernado de plantear ante un órgano jurisdiccional cualquier controversia. El precepto referido establece: (se transcribe). Del precepto reproducido se desprende que el Constituyente crea a favor de los gobernados la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para plantear cualquier controversia, de lo que se sigue que el legislador debe establecer los procedimientos para que la garantía individual señalada se actualice, por lo que todas las relaciones jurídicas dentro del sistema jurídico mexicano deben ser susceptibles de ventilarse, en caso de controversia, ante un órgano jurisdiccional, y en el supuesto de falta de reglamentación específica en un caso concreto debe estimarse procedente el juicio de amparo. Por su carácter ilustrativo en este sentido, se invoca la tesis P. CLXIV/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56 del Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘ACCIÓN PENAL. LA GARANTÍA QUE TUTELA EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA A QUE SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, POR LO QUE MIENTRAS ÉSTA NO SE EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE EN FORMA INMEDIATA PARA RECLAMAR TALES RESOLUCIONES.’ (se transcribe). En el caso en estudio, se advierte que se está frente a una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo porque se satisfacen los siguientes elementos: a) La existencia de un ente de derecho que establece la relación de supra a subordinación con un particular. Ello se afirma así, porque los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Petróleos Mexicanos establecen que ese ente jurídico es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, explotación y demás actividades que le corresponden al área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos, así como ejercer la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que, conforme con los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en principio, lo relacionado con la industria petrolera es de competencia exclusiva del Estado mexicano y se ejerce en términos de las leyes reglamentarias aludidas, por conducto de Petróleos Mexicanos, quien en la medida de su competencia cumple con el fin propio público para el que fue creado. La circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia, no significa que su actuación sea libre y esté exenta de control, en virtud de que su funcionamiento y específicamente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal desempeñan, están garantizadas y controladas a favor de los gobernados y de la administración pública. Ello es así, porque la toma de decisiones de esta clase de entidades está identificada con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, desde el momento en que se establece en la ley que su control se ejerce por el propio Poder Ejecutivo y que sus órganos directivos deben integrarse con personas ligadas a la administración central, a fin de lograr una ‘orientación de Estado’ en el rumbo del organismo. Así, la actuación de dichos entes está evaluada y vigilada por la secretaría de Estado del ramo que se identifique más directamente con su objeto, es decir, los organismos descentralizados, aun cuando sean autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada de una manera indirecta, al existir un reemplazo de la ‘relación de jerarquía’ por un ‘control administrativo’. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 97/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en foja 809 del Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO SON AUTÓNOMOS, ESTÁN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA.’ (se transcribe). No es obstáculo para llegar a las conclusiones anteriores, que el hecho de que el numeral 12 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, mencione que en lo no previsto por esa legislación, se considerarán mercantiles los actos de la industria petrolera y las actividades a las que se refieren en el precepto, segundo párrafo, que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Ello es así, porque el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo menciona los requisitos a que se deben circunscribir las personas que se dedican al expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo, que se realice a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo y se indica, entre otras cuestiones, que operarán en el marco de contrato de franquicia. Esto es, la legislación menciona un contrato de franquicia y ciertos requisitos que deben cubrir las personas que sean titulares de las mismas, circunstancia que no es completamente campo del derecho privado, sino del público y aunque la citada franquicia pudo haberse otorgado por un contrato de adhesión, lo cierto es que, se insiste, el acuerdo de voluntades nace por una delegación que la ley consagra a una actividad que en principio corresponde al Estado mexicano. En su parte conducente, tiene aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17 del Tomo CVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON EL GOBIERNO, NATURALEZA DE LOS.’ (se transcribe). b) Otro elemento de acto de autoridad que se advierte es que la relación tiene nacimiento en la ley, porque, como ya se mencionó, si bien existe un contrato de franquicia, éste no es producto de la libre voluntad de las partes, sino de reglas específicas de los contratos administrativos, que se desprenden de los ordenamientos legales antes aludidos. c) Además de lo anterior, la autoridad demandada unilateralmente rescindió el contrato de franquicia, afectándose con ello la esfera jurídica del peticionario de garantías. d) Dicha rescisión se hizo sin acudir a tribunales judiciales ni se recabó el consenso del peticionario de garantías para la emisión del acto reclamado. Esas razones llevan a concluir que sí se está frente a un acto de autoridad en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación en su parte conducente, la jurisprudencia P./J. 20/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18 del Número 78, junio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este tribunal, el hecho de que la jurisprudencia transcrita cite una ley abrogada, porque ella está reproducida con el mismo número de artículo y fracción del ordenamiento legal vigente. Tampoco es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, que el precepto legal citado no se refiera a la competencia del Juez de Distrito en el juicio de amparo; ello porque el punto importante es considerar al acto reclamado como de autoridad, no a la posibilidad de un juicio previo al de garantías, cuenta habida que lo relacionado con la definitividad no es materia de este recurso, ni se advierte de oficio que por esa causa deba confirmarse el sentido del desechamiento de la demanda de garantías. Tampoco es obstáculo para llegar a las conclusiones plasmadas, la tesis VI.3o.A.12 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo criterio no se comparte, consultable en la página 1100 del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PEMEX-REFINACIÓN. CONTRATOS DE FRANQUICIA Y DE SUMINISTRO. SU RESCISIÓN NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Se afirma que no se comparte el criterio anteriormente transcrito porque, se insiste, contrariamente de lo que se sostiene en él, este tribunal considera que la suscripción del contrato de franquicia tiene su origen en ley, no en una libre manifestación de ideas y que lo relacionado con la industria petrolera en principio corresponde en exclusiva al Estado mexicano. Así las cosas, al encontrarnos frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe revocar el acuerdo sujeto a revisión, para el efecto de que el Juez de Distrito provea de nueva cuenta lo conducente sobre el trámite de la demanda de amparo presentada por **********. Al ser sustancialmente fundados los agravios que se analizaron, resulta innecesario atender la parte de los motivos de inconformidad en la que se afirma que se dejaron de aplicar leyes y criterios jurisprudenciales; ello en virtud que lo estudiado es bastante para revocar el acuerdo recurrido. En relación con ese tema, se comparte el criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.2o. J/171, consultable en la página 97 del Tomo IX, enero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ’AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, que dio lugar a la tesis aislada VI.3o.A.12 A, de rubro: "PEMEX REFINACIÓN. CONTRATOS DE FRANQUICIA Y DE SUMINISTRO. SU RESCISIÓN NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo en lo que interesa:
"QUINTO. Resultan infundados e inoperantes en otra parte los agravios expresados por el recurrente como enseguida se pasa a demostrar: En el capítulo de agravios el inconforme aduce que la resolución recurrida le causa perjuicio, porque el Juez de Distrito al dictar la resolución impugnada, lo hizo dejando de tomar en cuenta que las autoridades responsables dictaron una resolución fundada en ley y derivada de un procedimiento administrativo, en el que determinaron rescindir los contratos de franquicia y suministro, sin que tuvieran facultades para ello y en forma arbitraria ejecutó dicha resolución suspendiendo el suministro de petrolíferos, lo cual afectó su interés jurídico dejándolo en estado de indefensión y al ejercer tal acto de autoridad transgredió sus derechos y posesiones; que aun cuando si bien es cierto que en los citados contratos se habla de causas de rescisión, también lo es que éstos deben dirimirse ante la autoridad judicial competente; que al haber realizado los actos antes referidos, estima que existió por parte de las autoridades responsables los elementos de voluntariedad, intencionalidad y de índole decisoria o ejecutiva, lo cual le produjo un perjuicio en sus bienes y derechos, y por lo mismo debe considerarse como acto de autoridad y, por ende, aplicada incorrectamente la tesis que citó en su sentencia. Resulta inoperante el anterior agravio. De la lectura de los tres primeros párrafos del capítulo de agravios que expresa el recurrente, se advierte que son similares a los conceptos de violación que expresó en su demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías de donde deriva el presente toca. Por tanto, como en dichos agravios, en parte, se plantean argumentos de fondo que no fueron estudiados por el Juez de Distrito y que a través de este recurso de revisión se pretende que se analicen (como se comprueba del análisis comparativo), debe concluirse que éstos resultan inoperantes, en principio, porque al haberse sobreseído en el juicio de amparo del que deriva este toca, es evidente que no se podía entrar al estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, toda vez que la principal consecuencia del sobreseimiento, es precisamente, poner fin al juicio sin entrar al estudio del fondo del asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 52/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 244, Tomo VIII, agosto de 1988, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). Ahora bien, es correcta la decisión de sobreseer en el presente asunto por parte del Juez de Distrito, con fundamento en lo previsto por los artículos 73, fracción XVIII y 11 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, y así como en la invocación de las tesis que llevan por rubro: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO, AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ y ‘PETRÓLEOS MEXICANOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22075-4377eb82/pemex-refinacion-no-es-autoridad-para-los-efectos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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