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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCION DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISION FISCAL. * * * TRIBUNAL FISCAL. SUS SENTENCIAS NO DEBEN OCUPARSE DE CONCEPTOS DE ANULACION QUE REFIEREN CUESTIONES NO PROPUESTAS EN EL RECURSO ORDINARIO, POR NO FORMAR PARTE DE LA LITIS. - - -

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/92. · Registro digital (IUS): 96
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 103.

CONTRADICCION DE TESIS 23/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres.

VISTOS; Para resolver, los autos del expediente varios 23/92, formado con motivo de la denuncia formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con relación a la contradicción de tesis sustentadas por dicho tribunal y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, en los expedientes revisiones fiscales 17/89 y 13/90; y, los amparos directos 61/88, 7/89 así como en las revisiones fiscales 29/89, 30/91 y 8/92, respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio número mil quinientos cuarenta y cuatro presentado el día seis de mayo de mil novecientos noventa y dos, en la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitido el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de dicho Alto Tribunal, quien a su vez lo remitió el día ocho del mismo mes y año a esta Segunda Sala, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, expresó lo siguiente:

"Con apoyo en lo previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo en vigor, y en acatamiento al acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, comparezco a denunciar la contradicción de tesis entre las emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito. A continuación se procede a transcribir cada una de las tesis: 'SENTENCIAS FISCALES. DEBEN CONTENER EL EXAMEN DE TODOS LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS AUN CUANDO LOS ARGUMENTOS DE LA NULIDAD NO SE HUBIERAN PROPUESTO EN EL RECURSO ORDINARIO. Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación deben contener el examen de todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, aun cuando los argumentos vertidos en los conceptos de anulación no hayan sido expuestos en el medio de defensa ordinario, porque, en términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, la Sala está obligada a examinar y resolver cada uno de ellos, puesto que del precepto en cita no se desprende que los argumentos no aducidos en el procedimiento administrativo, no puedan hacerse valer en el juicio fiscal, sin que pueda considerarse que la demandada queda en estado de indefensión, toda vez que en la contestación puede rebatir todos y cada uno de los conceptos de anulación hechos valer en la demanda. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.' Amparo directo 61/88. Felipe Preciado González. Catorce de junio de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretaria: Celerina Juárez Cruz. Amparo directo 7/89. Embotelladora la Higiénica, Sociedad Anónima de Capital Variable. Once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón Haro Solís. Secretario: Fernando A. Díaz de León Mercado. Revisión fiscal 29/89. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Colima. Catorce de febrero de mil novecientos noventa. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón Haro Solís. Secretaria: Emma Ramos Salas. Revisión fiscal 30/91. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco. Diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón Haro Solís. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Revisión fiscal 8/921. Miguel Gutiérrez González. Once de marzo de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretaria: Celerina Juárez Cruz. 'SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL. NO PUEDEN OCUPARSE DE CONCEPTOS DE ANULACION QUE REFIEREN CUESTIONES NO PROPUESTAS EN EL RECURSO ORDINARIO. La disposición contenida en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que manda a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, no debe entenderse en el sentido de que ellas puedan y deban estudiar hasta las cuestiones no planteadas en el recurso ordinario correspondiente, puesto que tal interpretación desarmoniza esa disposición con las previstas en los artículos 54, 132, 202, fracciones V y VI, y 215 del propio código, así como el numeral doscientos setenta y cuatro de la Ley del Seguro Social y los artículos 12, 22 y 26 del reglamento de ese precepto, en los cuales se involucran los principios de preclusión, definitividad, litis cerrada y paridad procesal, al establecer: el primero (54), que los contribuyentes pueden impugnar los hechos contenidos en el acta final de visita; el segundo (132), la prohibición de que la autoridad resolutora revoque o modifique los actos administrativos en la parte no impugnada en los recursos de revocación, oposición al procedimiento o nulidad de notificaciones; el tercero (202, fracciones V y VI), la improcedencia del juicio de nulidad que se promueva contra actos combatibles antes mediante recursos ordinarios; el cuarto (215), que en la contestación de la demanda no se pueda variar los fundamentos de la resolución impugnada; el quinto (274), que se entenderán consentidos los acuerdos, liquidaciones o resoluciones del Instituto Mexicano del Seguro Social no impugnados oportunamente y en debida forma; el sexto (12), la pérdida del derecho a que se admitan y desahoguen pruebas en el recurso de inconformidad ante el consejo consultivo, por no cumplir con ciertas cargas procesales; el séptimo (22), la congruencia que debe de observar tal consejo consultivo al resolver dicho recurso; y el octavo y último de los citados artículos (26), la procedencia del recurso de revocación contra lo resuelto por el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social o por el secretario general del Consejo Consultivo Delegacional, tratándose de la admisión del recurso de inconformidad o de las pruebas ofrecidas. Los principios de preclusión y definitividad se aniquilarían al obligar o permitir que la Sala Fiscal analice todo lo que el demandante aduzca en la demanda de nulidad aun sin cumplir con aquellas obligaciones procesales, mientras que los de litis cerrada y paridad procesal se desconocerían al atender sin taxativas ni limitaciones la extendida defensa ejercida por el demandante, frente a la circunstancia contraria impuesta a la autoridad demandada de que no puede citar distintos fundamentos a los consignados en la resolución impugnada. Esa previsión del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación no está referida a una litis abierta, sino al principio de congruencia en cuya virtud los fallos fiscales deben ocuparse de todas las cuestiones oportuna y debidamente planteadas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.' Revisión fiscal número 17/89. Llantas Gigantes del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable. Diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alfonso Alvarez Escoto. Secretario: Plácido R. Anguiano Altamira. Revisión fiscal número 13/90. Titular de la Unidad Administrativa encargada de la Defensa Jurídica de los intereses de la Delegación en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Diecinueve de junio de mil novecientos noventa. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Ramón Medina de la Torre. Secretaria: Rosa Elena Sánchez Gómez. En consecuencia, atendiendo a la disposición legal invocada y al acuerdo del Pleno del más alto Tribunal de la República, se formula la presente denuncia de contradicción para que en su caso, previos los trámites correspondientes, se decida cuál criterio debe prevalecer."

SEGUNDO. Con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, la presidenta de la Segunda Sala dictó el siguiente acuerdo:

"Con los oficios 03/006/92 y 1544 de la subcoordinadora de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, recibido con anexos, fórmese y regístrese el expediente C.T. 23/92 relativo a la denuncia de posible contradicción de tesis que se da según el referido Magistrado al emitir el Tribunal Colegiado en el que se encuentra adscrito la tesis bajo la voz: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL. NO PUEDEN OCUPARSE DE CONCEPTOS DE ANULACION QUE REFIEREN CUESTIONES NO PROPUESTAS EN EL RECURSO ORDINARIO, al resolver las revisiones fiscales 17/89 y 13/90, con lo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en la tesis bajo el rubro SENTENCIA FISCALES. DEBEN CONTENER EL EXAMEN DE TODOS LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS AUN CUANDO LOS ARGUMENTOS DE LA NULIDAD NO SE HUBIERAN PROPUESTO EN EL RECURSO ORDINARIO, al resolver los amparos directos 61/88 y 7/89 y las revisiones fiscales 29/89, 30/91 y 8/92. A fin de proveer lo conducente dígase al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que, a la brevedad, remita a esta Presidencia copias certificadas de las resoluciones emitidas en los amparos directos 61/88 y 7/89 y en las revisiones fiscales 29/89, 30/91 y 8/92. Notifíquese."

Con el oficio número diez mil quince de siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió copias certificadas de las ejecutorias dictadas por ese tribunal en los juicios de amparo directo números 61/88 y 7/89, y de las revisiones fiscales números 29/89, 30/91 y 8/92.

TERCERO. Las resoluciones dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en las revisiones fiscales números 17/89 y 13/90, en la parte que interesa, expresan lo siguiente:

REVISION FISCAL 17/89: "VIII. Son infundados e inatendibles los anteriores conceptos de anulación. En primer lugar, sobre lo que alega la inconforme en el sentido de que al haber negado lisa y llanamente la relación laboral que la une con los supuestos trabajadores, era obvio que correspondía al instituto demandado demostrar su existencia, y que al haber negado que alguno de sus empleados hubiera acudido al Instituto Mexicano del Seguro Social a afiliar a los que supuestamente son sus trabajadores, no le podía parar perjuicio alguno la gestión de negocios realizada por aquél, porque ésta (la gestión de negocios), de conformidad con el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación en materia jurídico-tributaria, está prohibida, razón por la cual contrariamente a lo sostenido por la demandada en su resolución, los actos impugnados no cuentan con la debida fundamentación y motivación que les impone el artículo 16 constitucional; el estudio de tales alegaciones no puede abordarlas este tribunal porque no se hicieron valer como agravio en el recurso de inconformidad, según puede advertirse de su lectura, cuya fotocopia certificada obra de fojas cincuenta y cuatro a sesenta y dos del juicio de nulidad; de hacerlo se estarían introduciendo en esta instancia, cuestiones nuevas que no fueron materia de la litis originalmente planteada. Acerca de esto es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia número doscientos cuatro, publicada en la página trescientos ochenta y tres, del 'Tomo Segunda Sala', Apéndice mil novecientos diecisiete-mil novecientos ochenta y cinco que dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE. Los argumentos que se aducen en los conceptos de violación y que no se hicieron valer ante la Sala del Tribunal Fiscal que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado, no pueden ser tomados en consideración, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz del razonamiento o hechos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no haberse propuesto a la misma.'. Aunque el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación manda que se examine todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, y no haya disposición alguna que literalmente disponga el rechazo de las cuestiones no aducidas en el recurso administrativo, sin embargo tales circunstancias no pueden llevar al extremo de determinar que en el juicio de nulidad el Tribunal Fiscal pueda y deba ocuparse en su resolución hasta de planteamientos no propuestos en aquel recurso. Es decir, no porque a la letra diga ese precepto que se examinarán todos los puntos de la controversia, es posible entender que en el juicio de nulidad se dé una litis abierta y desvinculada de los cuestionamientos que fueron materia del recurso administrativo, sino que simplemente la norma contiene el principio de congruencia que rige el dictado de los fallos, por cuya virtud el órgano resolutor está obligado a decidir todos los puntos sujetos oportunamente a debate. Apreciarlo de otra manera, como, lo han hecho homólogos tribunales (Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: tesis de ejecutoria número veintidós, página ochenta, Informe de mil novecientos ochenta y ocho. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: jurisprudencia número cuatro, página noventa a noventa y uno, del mismo Informe), implicaría trastocar, desvirtuar y aniquilar diversas disposiciones que inciden en el problema. En efecto, el artículo 54 del propio Código Fiscal de la Federación prevé que los contribuyentes inconformes con el resultado de la visita pueden impugnar los hechos contenidos en el acta final, por escrito que deberán presentar ante las autoridades fiscales en el plazo de cuarenta y cinco días siguientes al posterior a aquél en que se cerró tal acta. Es claro que si el interesado no ocurrió a este medio de defensa entonces precluye su derecho para combatir los hechos asentados en tales actas, y bajo esa tesitura los planteamientos que hiciera en el juicio de nulidad no sería materia de decisión a cargo de la Sala. El artículo 132, aparte de que su inicio contiene también el principio de congruencia antes referido, en el penúltimo párrafo contempla que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente, refiriéndose a los recursos de revocación, de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, y a la impugnación de las notificaciones, que previenen los artículos 125 al 129. Así pues, aquí se encuentra también el principio de preclusión por no combatir expresamente actuaciones administrativas, por lo cual, asimismo, en caso de incluirse en el juicio de nulidad temas diversos a los sometidos en aquellos recursos, la Sala no puede ni debe pronunciarse para resolverlos. Igualmente, acerca de la preclusión, se observa el contenido del artículo 212 que frente a la contestación inoportuna e incompleta a la demanda dispone que se tengan como ciertos los hechos que el actor impute al demandado. Ya concretamente, en relación con el recurso de inconformidad, que en el presente caso fue el recurso cuya resolución fue materia de la demanda del juicio de nulidad, el artículo 274 de la Ley del Seguro Social, en su último párrafo dice que las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señala el reglamento correspondiente se entenderán consentidos. Es la preclusión. Así, en caso de que ante la Sala, en el juicio de nulidad, se combatan actos del instituto sin haberlo atacado previamente mediante el recurso de que se trata, lo aducido ante la Sala no pueda ser materia de decisión. Por otra parte, el artículo 11 del reglamento del artículo 274 de la Ley del Seguro Social dice, que una vez admitida la inconformidad, se pedirán de oficio los informes conducentes a las dependencias del instituto, y es claro que el vocablo conducentes indica que los informes deben versar sobre los puntos controvertidos. El artículo 12 del mismo reglamento contempla la figura de la preclusión cuando el interesado no cumpla con ciertas cargas procesales, tratándose del ofrecimiento y desahogo de pruebas. El artículo 13 manda que se admitan las pruebas en cuanto se relacionen estrictamente con la controversia. El artículo 22 del referido reglamento contempla el principio de congruencia que debe observar el Consejo Consultivo Delegacional al resolver el recurso de inconformidad. El artículo 26 del propio reglamento prevé que contra las resoluciones del secretario general del instituto o del secretario del Consejo Consultivo Delegacional procede el recurso de revocación, tratándose de la admisión del recurso de inconformidad y de las pruebas ofrecidas. Es obvio que si no se recurren oportunamente este tipo de resoluciones, no es posible válidamente que ellas se impugnen directamente en el juicio de nulidad. Si se aceptara la, por otros tribunales, sugerida litis abierta, con ello quedarían desvirtuadas las normas procesales antes mencionadas, puesto que los efectos inherentes a la preclusión por no incluir todos los planteamientos en el recurso administrativo o dejar de recurrir las actuaciones adversas recaídas en ellos, no cobrarían aplicación al permitirse que el interesado controvirtiera libremente en el juicio de nulidad. Estimar que la litis ante la Sala Fiscal no está circunscrita por la del recurso administrativo hace además a éste superfluo y, por otra, propicia la duplicación o repetición de contiendas contrarias a los efectos de la preclusión, lo que constituye mala técnica. En otro aspecto, es claro que se desnaturalizaría el principio de definitividad contenido en las fracciones V y VI del artículo 202 del citado Código Fiscal de la Federación, pues en virtud de este principio las cuestiones aducibles en el juicio de nulidad antes deben ser sometidas al criterio de las autoridades administrativas para que ellas, a la luz de las razones que el interesado invoque, pueda corregir sus actos, lo cual no sería factible con aquella liberada litis mediante la que se propondría directamente a las Salas Fiscales el análisis de los problemas. Desde otro punto de vista, como el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación prohibe a la autoridad demandada que pueda aducir diversos fundamentos de derecho de los contenidos en la resolución impugnada, si el contribuyente demandante no estuviera constreñido por los puntos debatidos ante aquélla, entonces se rompería con el principio de paridad procesal que está presente en tal código a la luz de todas aquellas figuras procesales antes reseñadas. Es cierto que el actual Código Fiscal de la Federación no contiene una disposición similar al artículo 219 del código anterior, que ordenaba apreciar la resolución impugnada, tal como apareciera probada ante la autoridad, salvo que ésta se hubiera negado a admitir pruebas que se le ofrecieran, o que en el procedimiento administrativo no se le hubiese dado al actor oportunidad de ofrecerlas, empero, no se ve que este principio haya sido abandonado o abatido por la legislación en vigor, toda vez que en la exposición de motivos del Código Fiscal de la Federación que iba a entrar en vigor el primero de octubre de mil novecientos ochenta y dos, así como la del código que sí entró en vigor (el primero de enero de mil novecientos ochenta y tres, en una parte, y el primero de abril del mismo año por lo que ve al título sexto), nada expresaron sobre que ahora la litis del juicio de nulidad fuera abierta. La primera exposición de motivos, en el séptimo párrafo expresó: Las materias tratadas por el nuevo código son ciertamente las mismas que contiene el ordenamiento en vigor desde mil novecientos sesenta y siete; pero la orientación de las disposiciones y los preceptos que con ellas se persiguen, varían concretamente con la transformación de la legislación fiscal, dotando así a la sociedad con un cuerpo de normas jurídicas, moderno, equilibrado, que facilite el siempre conflictivo cumplimiento de los deberes fiscales. En el duodécimo párrafo, esa exposición dijo: 'Se garantiza una mejor defensa de los particulares simplificando los diversos recursos administrativos; se amplían considerablemente los plazos para hacerse valer a fin de que con ellos se puedan presentar las pruebas correspondientes y los asuntos queden integrados, prácticamente desde su origen, facilitando así la rápida resolución'. En el párrafo siguiente agregó: En todos los medios de defensa se busca que prevalezcan los aspectos de fondo. Se pretende reducir formulismos, reservando sólo las formalidades necesarias para la seguridad jurídica de los contribuyentes. De tal guisa, volviendo a la disquisición sobre la vinculación de los planteamientos que se hacen en los recursos administrativos, con los que integran la controversia en el juicio de nulidad, resulta evidente que de permitir que la parte demandante incluya temas nuevos en el juicio de nulidad, y como consecuencia de ello obligar a la Sala a decidirlos, se contravendrían los fines consistentes en que los asuntos se integren desde su origen y prevalezcan los aspectos de fondo, que según la exposición antes transcrita se persiguen con las características dadas a los recursos administrativos. Insístese, si se aceptara liberar la litis en el juicio de nulidad, entonces sería ocioso que en los recursos administrativos se exigieran requisitos a cargo de las partes, puesto que en ninguna consecuencia jurídica acarrearía su falta de cumplimiento. Para no destruir todas aquellas disposiciones en que se contempla la preclusión, ni hacer eso mismo con el principio de paridad procesal, debe ocurrirse, en términos del segundo párrafo del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, al método de interpretación jurídica lógico sistemático o contextual, que propone tratar de armonizar todas las normas que componen un cuerpo normativo o sistema jurídico, evitando así en la mayor medida las contradicciones que pudieran surgir por una impropia técnica legislativa. Entonces, cabe convenir en que el deber del Tribunal Fiscal de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, debe entenderse cabalmente como la obligación de resolver los puntos que hubieran sido oportunamente debatidos, en atención al principio de congruencia que debe estar presente en el dictado de las sentencias, o, si quiere tener más apego a la letra del proceso, cuando mucho que la referida obligación queda cumplida por este tribunal con analizar los puntos controvertidos, todos mas repudiando el pronunciamiento de fondo sobre aquellos temas desvinculados del recurso administrativo, y resolviendo solamente los ya debatidos. Lógicamente no es concebible que el legislador, al ocuparse de la materia fiscal sancione severamente al promovente del juicio de nulidad, con el sobreseimiento, por no hacer valer agravios en la demanda correspondiente, según dispone el artículo 202, fracción X del Código Fiscal de la Federación, pero que, en actitud contraria, benignamente le permita incluir nuevas cuestiones en tal juicio, no obstante haber omitido hacerlas valer en el recurso administrativo. Para concluir con la tarea de hermenéutica propuesta en líneas precedentes, es pertinente reproducir algunos de los conceptos que sobre la figura de la preclusión expresa el Tomo número XXII de la Enciclopedia Jurídica Omeba, legibles en las páginas setecientos setenta y nueve a setecientos ochenta y cuatro, que aquí se han atendido: '... Nos enseñó Chiovenda (3) que la preclusión es una institución general que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una fase del juicio ... Una explicación del concepto, que mereció la cita respetuosa de los principales autores (5), nos la dio Chiovenda en su monografía Cosa giudicata e preclusione (6), donde dice: Entiendo por preclusión la pérdida o extinción o caducidad de una facultad procesal, que se produce por el hecho: a) o de no haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio, como los términos perentorios o la sucesión legal de las actuaciones o de las excepciones; b) o por haberse realizado un acto incompatible con el ejercicio de la facultad, como la proposición de una excepción incompatible con otra, o la realización de un acto incompatible con la intención de impugnar una sentencia; c) o de haberse ejercitado ya una vez válidamente la facultad (consumación propiamente dicha)'. El primer sentido de los recién expuestos es aquél que se manifiesta en los casos en que el transcurso del término sin haberse realizado el acto opera la extinción de la facultad de ejercitarlo, por haberse cerrado la etapa destinada a ello según la estructura articulada del proceso que consagra la ley. Así, el no contestarse la demanda en el término del emplazamiento, o el no ofrecerse las pruebas en el periodo concedido para ello, o el no producirse alegato de bien probado durante el tiempo que pende esa posibilidad de la parte, o no interponerse recursos o expresar agravios contra la sentencia en el limitado lapso en que ello puede hacerse válidamente, impide hacerlo más adelante. Como dice Couture (7) 'transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo su regreso.'. En cuanto al segundo sentido, se refiere a los supuestos en que una actividad procesal incompatible con otra, descarta, la posibilidad del ejercicio de ésta. Así el contestar la demanda en cuanto al fondo del asunto precluye la facultad de interponer excepciones dilatorias. Y en lo relativo a éstas, deben todas oponerse de una sola vez y en un solo escrito por imponerlo la ley en homenaje al principio de concentración y celeridad a la vez que el de eventualidad que luego analizaremos. En cumplimiento de la prestación ordenada en la sentencia condenatoria, sin reservas, importa la extinción de la facultad de impugnarla aunque aún no haya vencido el término para hacerlo. Por último, la consumación por uso de la facultad procesal, también produce un caso de preclusión ya que ejercitado el acto de que se trata, no es posible volver a realizarlo aun sea con pretexto de mejorarlo o integrarlo con elementos omitidos en la primera oportunidad. Así, contestada la demanda, se cierra la posibilidad de ampliar las defensas de fondo y se tiene por trabada la relación procesal. Lo mismo una vez presentado el alegato o la expresión de agravios o su contestación, no es admitido volver sobre dichos actos por haber quedado precluida la facultad a la vez a que el estadio en que ello podía efectuarse. ... Alsina, por su parte, contribuye a dar fisonomía al concepto que examinamos, destacando el plan articulado del proceso y el rol del impulso procesal, en los siguientes términos: 'El paso de un estadio al siguiente supone la clausura del anterior, de tal manera que los actos procesales cumplidos quedan firmes y no puede volverse sobre ellos. Esto es lo que constituye la preclusión: el efecto que tiene un estadio procesal de clausurar el anterior. Precisamente -continúa el maestro- los conceptos de preclusión e impulso procesal nos explican el mecanismo del proceso: el impulso procesal carecería de objeto sin la preclusión porque de lo contrario los actos procesales podrían repetirse y el proceso no progresaría, tampoco la preclusión sería suficiente por sí mismo porque no se pasa de un estadio a otro, mecánicamente, sino por efecto del impulso procesal (10). ... Nos recuerda Wyness Millar (13) que 'un sistema procesal, puede, a su discreción, establecer o no la división vertical de la causa en fases, en cada una de las cuales corresponde adoptar determinadas medidas procesales.'. Después de mostrar como ejemplo más detalladamente organizado de una tal división, el del procedimiento romano canónico, con sus catorce o quince fases, afirma: 'Cuando con arreglo a la ley, el procedimiento está articulado en tal forma, dícese que impera en él el principio de orden consecutivo legal. En cuanto no prescriben las leyes dicha articulación, rige el principio de orden consecutivo discrecional' (14). Y agrega el citado autor: 'Cuando existen tales fases, puede regir o no la regla de que una medida particular ha de realizarse dentro del término que le corresponde, o no puede ejecutarse en absoluto.'. '... Obra entonces el principio de preclusión que es simplemente la expresión de la idea ineludible y que evidentemente existe, en mayor o menor proporción en todos los sistemas -tanto si tiene procedimientos articulados como no articulados- , de que la parte que deje de actuar en el tiempo prescrito, queda impedida o precluida de hacerlo después'. 'A esto llama preclusión por fases. '. A continuación nos explica que el sistema contrario está representado por el principio de la unidad de la causa o de libertad procesal que significa que las partes en juicio pueden presentar sus alegaciones y pruebas, según surja la necesidad, hasta el momento de la sentencia; todo lo cual excluye la idea de una preclusión fundada en la existencia de fases procesales. 4) Preclusión y carga procesal. Las partes en el proceso actúan movidas por su justificado interés en obtener una sentencia favorable. Para ello deben realizar todos los actos convenientes a esa finalidad y no desperdiciar ninguna de las facultades y momentos que se le ofrecen en el régimen de la ley. No están obligadas a nada respecto del ad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/96-1fb94d32/contradiccion-de-tesis-el-procedimiento-para-dirimirla-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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