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Modo: Corpus Pro

FIANZAS. TERMINO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA POR UNA COMPAÑIA AFIANZADORA EN CONTRA DEL COBRO DE LAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACION Y A CARGO DE TERCEROS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/92. · Registro digital (IUS): 100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 178.

CONTRADICCION DE TESIS 1/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres.

VISTOS; para resolver, los autos de la contradicción de tesis 1/92, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el D.A. 1003/91, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el A.D. 361/91 y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito y de la misma materia en los amparos D. 722/91, 1062/91 y 892/91.

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio 03/020/91, dirigido a la Presidenta de esta Segunda Sala, la Subcoordinadora General de Compilación y Sistematización de Tesis, manifestó lo siguiente: "Remito a usted el expediente en que, aparentemente existe contradicción de tesis, la cual se describe en la copia anexa. Someto esta probable contradicción a su conocimiento con el fin de que, si así lo estima conveniente, la denuncie a la Sala que usted dignamente preside."

SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, la Presidenta de la Segunda Sala ordenó formar y registrar el expediente respectivo y solicitar copias certificadas de las resoluciones a los Presidentes de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente.

En diverso proveído de ocho de mayo de mil novecientos noventa y dos de la presidencia de esta Segunda Sala, se acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al Procurador General de la República.

El agente del Ministerio Público Federal en su pedimento considera que debe prevalecer la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Por acuerdo de Presidencia de seis de mayo del año en curso, se turnaron los autos al Ministro Carlos de Silva Nava para su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en amparos en materia administrativa, por tres Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el D.A. 361/91 interpuesto por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima, formuló las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son en parte infundados y en parte inoperantes, atentas las razones que a continuación se expresan. Se aduce, sustancialmente, en el primero de los conceptos propuestos que la Sala responsable viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, ya que apoya su resolución en que deben observarse los artículos 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, concretamente en cuanto al término que tienen las instituciones de fianzas para presentar la demanda de nulidad, no obstante que el artículo 95 bis fue reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1990 y actualmente ya no se refiere a esa cuestión que ahora está prevista en el artículo 95, fracción V, de ese ordenamiento. Es infundado lo argumentado por la quejosa, toda vez que del examen de la sentencia reclamada se observa que el artículo 95 bis al que aludió la responsable y que inclusive se encuentra transcrito en su resolución, es el vigente hasta el 30 de junio de 1990, el cual establecía que en caso de inconformidad contra el requerimiento, las instituciones de fianzas contaban con un plazo de 30 días para interponer su demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, disposición que por virtud de la reforma indicada, quedó incluida en el artículo 95 del propio ordenamiento que también se refirió la Sala fiscal en su sentencia al determinar que el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación era, contraria a lo sostenido por la actora, inaplicable para efectos del cómputo del término para la interposición de la demanda de nulidad. Consecuentemente, es inexacto lo afirmado por la quejosa de que la Sala responsable hizo una indebida aplicación del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente a partir del 1º de julio de 1990, ya que este precepto no lo invocó como apoyo de su resolución, según puede observarse de la simple lectura del fallo reclamado en el que la Sala fiscal efectúa el cómputo del término de 30 días, a que se refiere el artículo 95 bis vigente hasta el 30 de junio de 1990, tomando como referencia la fecha del 19 de ese mes y año en que se notificó a la compañía afianzadora el requerimiento de pago. De este orden de ideas el segundo concepto de violación que invoca la quejosa resulta inoperante por cuanto en él se argumenta, que el artículo que actualmente señala el término de 30 días para interponer la demanda de nulidad es el 95, fracción V de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el cual considera, no debe aplicarse en el caso en virtud a que de la interpretación del párrafo primero del propio precepto son aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y en especial el artículo 207 de ese ordenamiento que establece un término de 45 días para la presentación de la demanda. Es inoperante el argumento de la quejosa, dado que de la lectura de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable desestimó el planteamiento de la entonces actora respecto a la aplicación del término previsto en el artículo 207 del Código Fiscal al estimar que en el caso era aplicable el artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a que antes se hizo mención, efectuando el cómputo del plazo de 30 días para determinar la oportunidad de la demanda, en términos de ese precepto. Por tanto, si la Sala responsable no apoyó su resolución en la fracción V del artículo 95 de ese ordenamiento, vigente a partir del 1º de julio de 1990, los argumentos que vierte la quejosa respecto a la inaplicabilidad de ese precepto y a la interpretación de su párrafo primero resultan inoperantes, ya que si bien la Sala se ocupó del análisis de ese argumento, concluyó que en la especie era aplicable el artículo 95 bis (vigente hasta el 30 de junio de 1990) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. El tercer concepto de violación resulta infundado, como a continuación se demuestra. Aduce la quejosa en el concepto en estudio, que no es correcto lo resuelto por la Sala respecto a la interpretación que debe darse de los artículos 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en relación a la aplicación del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no es exacto que la excepción que contempla el artículo 95 se refiera únicamente al procedimiento de efectividad de las fianzas sino que comprende también el medio legal de defensa, pues conforme al principio de donde la ley no distingue no es dable distinguir, debe entenderse que ese precepto al no hacer ninguna excepción en cuanto a la aplicabilidad del Código Fiscal, también se refirió a los medios de defensa y a los términos para hacerlos valer, agregando la quejosa, que la fracción V del artículo 95 es por tanto inaplicable al caso. En efecto, el artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (en vigor hasta el 30 de junio de 1990) al que se refirió la Sala responsable, establece lo siguiente: Artículo 95 bis. En caso de inconformidad contra el requerimiento, las instituciones de fianzas, dentro del término de treinta días naturales, señalado en el artículo anterior, demandarán ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la improcedencia del cobro. Por otra parte, el artículo 95, fracción V del propio ordenamiento (en vigor a partir del 1º de julio de 1990) señala lo siguiente: Artículo 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo a las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación: ...V. En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la misma. Del análisis relacionado de los preceptos antes transcritos se desprende que tanto el artículo 95 bis (vigente a partir del 1º de julio del mismo año) establecen que en caso de inconformidad contra el requerimiento de pago las instituciones de fianzas contarán con un plazo de 30 días naturales para demandar el cobro ante el Tribunal Fiscal de la Federación, difiriendo únicamente el segundo precepto al hacer referencia al Tribunal, en precisar que deberá hacerse ante la Sala Regional que corresponda a la ubicación de los establecimientos o del apoderado y a la obligación de la autoridad ejecutora de suspender el procedimiento en caso de presentarse oportunamente la demanda. En tal virtud, es inexacto como alega la quejosa que en la especie debió de aplicarse el término de 45 días que establece el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación para la presentación de la demanda, pues si bien es cierto que en el primer párrafo del artículo 95 en comento se exceptúa a las fianzas que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones a cargo de terceros tal excepción se refiere, como se infiere de su sola lectura, a que no se aplique el procedimiento que ese precepto establece para hacer efectivas las fianzas, pero no en cuanto al término para presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal que en la fracción V se indica claramente es de 30 días. Consecuentemente, las argumentaciones de la quejosa respecto a la aplicabilidad del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación resultan infundadas, ya que tanto el artículo 95 bis como el artículo 95, antes invocados, establecen el mismo término de 30 días naturales para impugnar el requerimiento de cobro ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. en contra de la sentencia dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación el cinco de diciembre de mil novecientos noventa, en el expediente fiscal 7966/90."

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la R.A. 1003/91, interpuesto por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima estimó lo siguiente:

"SEXTO. Para una mejor comprensión del concepto de violación que se analizará conviene hacer una síntesis de los antecedentes que integran el negocio: 1. Mediante escrito presentado el primero de febrero de mil novecientos noventa y uno ante la Oficialía de Partes del Tribunal Fiscal de la Federación, José Murillo González, en representación de Afianzadora Insurgentes, S.A., demandó la nulidad de cobro formulado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el requerimiento número 3501/0101/90, de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa. 2. Por acuerdo de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y uno el magistrado instructor de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación desechó la demanda promovida en atención a que el artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas específicamente señala un término de 30 días para que las instituciones de fianzas, en caso de inconformidad en contra del requerimiento de pago, demanden la improcedencia del cobro... luego, tal demanda resulta extemporánea en su presentación y por lo tanto debe desecharse por ser notoriamente improcedente (a fojas 33 vuelta del expediente fiscal). 3. Inconforme con tal determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de reclamación argumentando, sustancialmente, que el término para la presentación de la demanda de nulidad es de 45 días, de conformidad con el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación y que el artículo 95 a que se refirió el magistrado instructor no le era aplicable. 4. Por resolución de fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno, la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación determinó que el recurso hecho valer fue procedente pero infundado y confirmó en sus términos el acuerdo de desechamiento. 5. En contra de la anterior determinación José Murillo González, nuevamente en representación de Afianzadora Insurgentes, S.A., promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer a este órgano colegiado y que constituye la materia del asunto en análisis. Pues bien, el tema a dilucidar en el presente juicio de garantías versa sobre si la ahora quejosa contaba con un término de 45 días para promover su demanda de nulidad, tal como lo establece el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación; o si, por el contrario, y como lo sostuvo la Sala fiscal, el término de que disponía era de 30 días conforme lo establecido por el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. El fundamento toral en que se apoyó la Sala fiscal para emitir la resolución combatida es que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece un término de 30 días para inconformarse contra el requerimiento de pago de las fianzas otorgadas y dicho término le es aplicable a la promovente del amparo, pues la excepción que el propio numeral contempla comprende únicamente las reglas para hacer efectivas las fianzas, mas no para impugnar el requerimiento de pago, que no forma parte de ese procedimiento, por ello, la demanda de nulidad se presentó de manera extemporánea. - A juicio de este Tribunal no le asiste la razón a la autoridad fiscal, tal como se demostrará a continuación: El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone: `ARTICULO 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y da conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación: I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; II. Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicios o bien a la del domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación. La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior. Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de pago, lo llevarán a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras correspondientes. En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello; III. En el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este artículo; IV. Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución fiadora deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo el pago o que cumplió con el requisito de la regla V. En caso contrario, al día siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trata, solicitará a la dependencia especializada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ordene a la institución u organismo del sector público que corresponda se rematen en bolsa, valores propiedad de la afianzadora, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado; V. En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la misma; VI. El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas: a) Por pago voluntario. b) Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa. c) Por sentencia firme del Tribunal Fiscal de la Federación, que declare la improcedencia del cobro. d) Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro. Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios facultados o autorizados para ello.' El primer párrafo del precepto exceptúa de la aplicación de las reglas en él contenidas, a las fianzas que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se encuentra la quejosa. Con respecto a esas fianzas expresamente dispone que se harán efectivas en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Luego, podemos decir que existen dos supuestos conforme a los cuales pueden hacerse exigibles las fianzas; el primero se refiere a las fianzas en general, otorgadas a favor de la Federación y del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, cuya impugnación en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación se regula conforme al propio artículo 95, el segundo supuesto se refiere, como caso de excepción, a las fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en el cual se debe estar a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. La excepción de que hablamos comprende todo el procedimiento a que se refiere el artículo 95 antes transcrito dentro del que queda incluido también el término para impugnar el requerimiento de pago, pues las disposiciones contenidas en el precepto constituyen, como se dijo, todo un procedimiento ordenado y no se refieren a supuestos aislados que pudieran analizarse individualmente. En efecto, de la lectura armónica del artículo 95 puede apreciarse que contiene todo un conjunto de disposiciones concatenadas a través de las cuales puede hacerse efectivo el cobro de una fianza, si dentro de esas disposiciones queda comprendido el término para la impugnación del cobro, debe concluirse que dicha impugnación forma parte también de ese procedimiento, además, la propia fracción V, hace referencia a las otras fracciones que integran el precepto de donde puede inferirse que tiene una estrecha relación y forma parte del procedimiento. Por ello, no es correcto afirmar, como lo hace la Sala fiscal, que la excepción no se refiere al medio de impugnación, sino sólo al procedimiento anterior a éste, pues de haber sido esa la voluntad del legislador así lo hubiera consignado expresamente, y con toda seguridad, hubiera dispuesto en un precepto aparte el término para impugnar los cobros, sin que formara parte de las disposiciones contempladas en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y sin haber exceptuado de esa disposición a las fianzas a favor de la Federación para garantizar obligaciones a cargo de terceros. Por el contrario, la disposición que antes se encontraba contenida en el artículo 95 bis de la ley fue incorporada a la fracción V del artículo 95, lo que evidencia la intención del legislador de que formara parte de las reglas en ese precepto contenidas. Por tanto, si el artículo en comento dispone que el mismo no será aplicable para la excepción que contempla y además establece que tal excepción se regirá por las reglas contenidas en el Código Fiscal de la Federación, es evidente que debe aplicarse éste íntegramente, puesto que la ley no contiene ninguna salvedad ni restricción. Donde el legislador no distinguió no tiene porque hacerse una distinción. En esas condiciones, cuando se garantiza un crédito fiscal, por concepto de cuotas obrero patronales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las que tienen ese carácter conforme al artículo 2º del Código Fiscal de la Federación, resulta obvio que si se pretende la improcedencia del cobro por parte de las instituciones de fianzas, tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación respecto a la instauración del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal y, por tanto, el plazo legal para su interposición es de 45 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Así las cosas, puede cabalmente concluirse que le asiste la razón al promovente del amparo y que el término para la presentación de la demanda de nulidad es el que dispone el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, por ello, la resolución combatida es violatoria de garantías. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 80, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A AFIANZADORA INSURGENTES, S.A., contra las autoridades y por los actos que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta resolución."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el A.D. 722 y el 892/91 interpuestos respectivamente por Afianzadora Insurgentes, S.A. y por Central de Fianzas, S.A., sostuvo lo siguiente: "QUINTO. Es infundado el único concepto de violación que invocó la parte quejosa. En efecto, esto es así, en atención a que este Tribunal Colegiado al resolver el toca D.A. 892/91. Afianzadora Insurgentes, S.A., en sesión de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sostuvo lo siguiente: `QUINTO. Es infundado el concepto acabado de transcribir. El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece: Art. 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación... El artículo 1º del Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, expresa: Art. 1º. Para hacer efectivas las fianzas que hayan otorgado Instituciones de Fianzas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, se procederá en la siguiente forma: ...El diverso numeral 143 del Código Fiscal de la Federación, ordena: las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 141 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución . Si la garantía consiste en depósito de dinero en Institución Nacional de Crédito autorizada, una vez que el crédito fiscal quede firme, se ordenará su aplicación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tratándose de fianzas a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes modalidades: ...De los preceptos transcritos se colige que los mismos se refieren a dos procedimientos para hacer efectivas las fianzas. Uno, al que se refiere el primer párrafo del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como el artículo 1º del Reglamento del propio artículo 95, aplicable a las fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros. Y el otro, que rige para las fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros; hipótesis esta última, en la que el primer párrafo del artículo 95 transcrito, remite a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Y este cuerpo normativo, en el artículo 143, estatuye que al hacerse exigible dicho tipo de fianzas, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, con las modalidades que en el propio numeral se indican. Entonces, como bien lo resolvió la Sala responsable es claro que de la lectura del primer párrafo del multicitado artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no puede desprenderse que en lo relativo al término para demandar la improcedencia del cobro ante las Salas Regionales, se deba acudir a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, puesto que éste es un tema ajeno al procedimiento para hacer efectiva la garantía. En cambio, debe atenderse a la fracción V del propio artículo 95, que ordena: V. En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la Institución de Fianzas, dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado... . Y ese plazo de treinta días para presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal Fiscal, resulta congruente con lo que estatuye el ya indicado artículo 143 del código tributario federal, en el inciso b), que literalmente dice: b) Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que remate, en bolsa, valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, y le envíe de inmediato su producto. Luego, no podría darse un plazo mayor para presentar la demanda de anulación, puesto que entonces se daría el absurdo de que se ordenara el remate de valores antes de que concluyera el término para inconformarse contra el cobro. Así actuó correctamente la responsable al aplicar el artículo 95, fracción V de la Ley de Instituciones de Fianzas y decretar el sobreseimiento con apoyo en el artículo 203, fracción II, en relación con el diverso 202, ambos del Código Fiscal de la Federación. Cabe agregar, por último, que la circunstancia de que la disposición relativa al término del que disponen las compañías afianzadoras para presentar la demanda de anulación ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se encuentra incluida dentro del precepto que establece el procedimiento para el cobro de fianzas distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, no significa que dicha disposición únicamente se aplique a este tipo de fianzas, con exclusión de las fianzas que garantizan créditos fiscales federales, como parece entenderlo la promovente; puesto que una cosa es reglamentar la act

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/100-fb376bf3/fianzas-termino-de-presentacion-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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