CONCEPTOS DE ANULACION. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS CUANDO SOLO REITERAN ARGUMENTOS YA ANALIZADOS EN EL RECURSO ORDINARIO.
CONTRADICCION DE TESIS 37/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres.
VISTOS, los autos del expediente al rubro citado, formado con motivo de la contradicción de tesis denunciada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y sustentada entre dicho tribunal al resolver el amparo directo D.A. 1852/92 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo D.A. 127/87; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante resolución de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó denunciar la posible contradicción entre la tesis sustentada por dicho tribunal, al resolver el amparo directo D.A. 1852/92 del que fue quejosa Productos San Cristóbal S. A. de C. V. y de rubro "CONCEPTOS DE ANULACION. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS AUN CUANDO REITEREN ARGUMENTOS EXPRESADOS EN EL RECURSO ORDINARIO." , así como la expresada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número cuarenta y tres, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y uno, página noventa y ocho, bajo el rubro "CONCEPTOS DE ANULACION. EL TRIBUNAL FISCAL ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS AUN CUANDO SEAN UNA REPETICION DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS EN EL RECURSO ORDINARIO.", y la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página ciento siete, tercera parte, del Informe de Labores de mil novecientos ochenta y siete y con el rubro "AGRAVIOS EN EL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION RECAIDA EN EL RECURSO, LA SALA FISCAL NO ESTA OBLIGADA A EXAMINAR LOS ARGUMENTOS.", tesis las tres en que se plantea la cuestión de si el Tribunal Fiscal de la Federación está obligado o no a estudiar los conceptos de anulación hechos valer, aun cuando éstos reiteren argumentos ya expresados en el recurso ordinario.
SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y dos, la presidenta de esta Segunda Sala solicitó a los presidentes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la remisión de copias certificadas de las resoluciones que dieron origen a las respectivas tesis.
Oportunamente, las copias certificadas aludidas fueron remitidas y obran agregadas a los presentes autos.
En diverso proveído de once de enero de mil novecientos noventa y tres, el presidente de la Segunda Sala acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al procurador general de la República.
Por acuerdo de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, se turnaron los autos al Ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en recursos de revisión fiscal y en amparo directo por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.A. 1852/92, interpuesto por Productos San Cristóbal, Sociedad Anónima de Capital Variable, expresó en lo conducente lo siguiente: "CUARTO. Es sustancialmente fundado el concepto que acaba de reproducirse. En la demanda de nulidad se planteó en el segundo agravio, el tema de la incompetencia de la autoridad que emitió la multa que fue materia del recurso ordinario intentado y cuyo contenido se confirmó en la resolución impugnada ante la Sala responsable. En la sentencia reclamada se declaró inoperante tal argumentación, sustentada la original sentenciadora en que se repite textualmente lo aducido ante la autoridad demandada y no se controvierten los motivos y fundamentos de la resolución impugnada. Pues bien, resulta incorrecta esta decisión, porque en el juicio de nulidad se pueden reproducir los agravios hechos valer ante la autoridad demandada, aun cuando con esto no se controvierta directamente la legalidad de la resolución combatida, ya que en el juicio de anulación se inaugura una nueva litis en la cual las partes pueden desplegar plenamente su defensa. Tal criterio, pendiente de publicación, fue sustentado por este tribunal al resolver los amparos directos 62/89, Asociación Nacional Automovilística, A. C., 29 de marzo de 1989 y 552/89, Almacenes Nacionales de Depósito, S. A., 12 de mayo de 1989. La tesis respectiva dice así: CONCEPTOS DE ANULACION. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION ESTA OBLIGADO A ESTUDIARLOS AUN CUANDO REITEREN ARGUMENTOS EXPRESADOS EN EL RECURSO ORDINARIO. Si en el juicio de anulación se pueden plantear argumentos distintos de los que se hicieron valer en el recurso ordinario, por mayoría de razón, se pueden reproducir los agravios hechos valer en dicho medio de defensa, aun cuando con esto no se controvierta directamente la legalidad de la resolución que le puso fin, porque es evidente que quien reitera dichos argumentos considera que no es correcta la decisión de la autoridad demandada; y el Tribunal Fiscal de la Federación está obligado a resolverlos porque en el juicio de anulación se inaugura una nueva litis en la cual las partes pueden desplegar su defensa plenamente, sin que la demandada quede en estado de indefensión, pues en la contestación puede refutar todos los conceptos de nulidad hechos valer en la demanda, cualesquiera que sean los tópicos que ahí se propongan.". Por tanto, la sentencia reclamada viola en perjuicio de la quejosa las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales y, por ende, debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente esa sentencia y dicte otra en la que, además de lo ya resuelto, estudie el concepto anulatorio que se ha puntualizado. QUINTO. La Sala responsable apoya la decisión que contiene el considerando segundo de la sentencia reclamada, mismo que se reproduce en el considerando segundo de esta sentencia, además de otra, en la tesis visible en la página 107 del Informe de Labores de 1987, Tercera Parte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice así: "AGRAVIOS EN EL JUICIO DE NULIDAD CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION RECAIDA EN UN RECURSO. LA SALA FISCAL NO ESTA OBLIGADA A EXAMINAR LOS ARGUMENTOS. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208 del Código Fiscal la actora en un juicio de nulidad está obligada a expresar los agravios que le cause la resolución administrativa cuya nulidad pretenda, es decir, debe señalar los preceptos legales violados en la resolución y la lesión que tal violación le causa. Cuando la resolución cuya nulidad se solicita emana en un recurso administrativo, los agravios deben consistir en la demostración razonada de las infracciones cometidas al resolver el recurso y no pueden entonces concebirse como agravios aquellos razonamientos dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto administrativo en contra del cual se enderezó el recurso, pues ese acto no es el impugnado en el juicio. Lo anterior sucede con independencia de que en la resolución recaída en el recurso se hayan o no examinado los argumentos que en esa instancia se hicieron valer por la recurrente porque, en todo caso, a ella le corresponderá en la demanda de nulidad impugnar la omisión de su estudio, o bien su estudio cuando sea ilegal. Por tanto, si la actora en un juicio fiscal se limita a reproducir los argumentos que formuló en su recurso administrativo sin introducir ningún razonamiento tendiente a demostrar que al resolver el recurso se cometieron ciertas violaciones, entonces la Sala Fiscal no está obligada a pronunciarse sobre sus argumentos en términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, puesto que éstos no constituyen agravios y, por tanto, no existen cuestiones controvertidas en el juicio.". "Sobre el particular cabe decir que este tribunal no comparte dicho criterio, por las razones en contrario expuestas en la tesis transcrita en el considerando que antecede; en consecuencia, procede hacer la denuncia de contradicción correspondiente ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para lo que a bien tenga decidir.".
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuanto resolvió el amparo directo D.A. 127/87, interpuesto por Adriana Cecilia Gómez Jiménez, estableció en lo conducente lo que a continuación se transcribe: "QUINTO. En su primer concepto de violación la quejosa sostiene que la sentencia reclamada es violatoria de la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley toda vez que no existe precepto legal alguno que autorice a la Sala Fiscal a abstenerse de estudiar sus conceptos de anulación aunque éstos consistieran en meras reproducciones de los argumentos formulados en su recurso de inconformidad. No le asiste razón a la quejosa dado que, conforme a las reglas establecidas en el Código Fiscal de la Federación, la Sala responsable no estaba obligada a examinar sus conceptos de anulación, en tanto que éstos no constituyeron propiamente agravios. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208 del Código Fiscal, la actora en un juicio de nulidad está obligada a expresar los agravios que le causa la resolución administrativa cuya nulidad pretenda, es decir, debe señalar los preceptos legales violados en la resolución y la lesión que tal violación le causa. Y es precisamente a través de estos agravios que en el juicio pueden definirse las cuestiones controvertidas que conforman la litis y sobre las cuales debe pronunciarse la Sala Fiscal en términos del principio de congruencia consagrado en el artículo 237 del Código Fiscal. Consecuencia de lo anterior es que no existirán cuestiones controvertidas cuando la actora no expresa agravios de ningún género. Ahora bien, si la resolución cuya nulidad se solicita emana en un recurso administrativo, resulta claro que los agravios deben consistir en la demostración razonada de las infracciones cometidas al resolver el recurso y no pueden entonces concebirse como agravios aquellos razonamientos dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto administrativo en contra del cual se enderezó el recurso, pues ese acto no es el impugnado en el juicio de nulidad. Lo anterior sucede con independencia de que en la resolución recaída en el recurso se hayan o no examinado los argumentos que en esa instancia se hicieron valer por la recurrente porque, en todo caso, a ella le corresponderá en la demanda de nulidad impugnar la omisión de su estudio, o bien su estudio cuando sea ilegal. En ese orden de ideas, si la actora en un juicio fiscal se limita a reproducir los argumentos que hizo valer en su recurso administrativo que dio origen al acto impugnado sin introducir ningún razonamiento tendiente a demostrar que al resolver el recurso se cometieron ciertas violaciones, entonces la Sala Fiscal no está obligada a pronunciarse sobre sus argumentos puesto que éstos no constituyen agravios y, por tanto, no existen cuestiones controvertidas en el juicio. La quejosa prosigue la exposición de sus conceptos de violación manifestando que en su demanda de nulidad no se limitó a reproducir sus motivos de inconformidad, pues negó haber recibido el citatorio y la supuesta notificación de la orden de visita practicada por el instituto, cuestiones que fueron introducidas en la resolución del recurso y que antes no habían sido cuestionadas; agrega la quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda de garantías, que en el juicio fiscal controvirtió la afirmación del instituto de que no había permitido la entrada a su empresa del personal de inspección del instituto, cuestión que no fue planteada en su recurso de inconformidad pues se introdujo hasta la resolución del recurso. Tampoco son fundados estos conceptos de violación porque en autos consta que la quejosa se manifestó en su demanda de nulidad exactamente en los mismos términos en que lo hizo al promover el recurso, incluyendo las negativas a que se refiere, mismas que además fueron debidamente examinadas en la resolución impugnada ante la responsable. La quejosa se refirió al citatorio y a la notificación de la orden de visita y a los obstáculos que según el instituto enfrentó al personal de inspección para el acceso a la empresa, en las hojas cinco (párrafo 1o.), hoja siete (párrafo 4o.) y doce (párrafos 2o. y 3o.) de su demanda de nulidad, en los siguientes términos: Se viola la disposición transcrita en virtud de que mi representada jamás tuvo conocimiento del acta de inspección, sino hasta la fecha en que la (sic) fueron notificadas las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, a las cuales se les adjuntó copia fotostática de dicho documento. Es falso que a mi representada se le haya dejado citatorio alguno, por lo que también se viola el artículo 14 constitucional al privársele de la garantía de audiencia, ya que nunca fue citada para la visita de inspección, ni se le dio ninguna orden de visita ni el motivo de la misma." A. En el presente caso el instituto demandado jamás notificó a mi representada la orden de visita número 6844332 de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que no tuvo conocimiento del objeto de la visita y las obligaciones a verificarse ni tampoco el periodo ni aspectos que abarcaría la visita, por lo cual dejó a mi representada en total estado de indefensión. "Es de hacerse notar la falsedad en que incurre ese H. Instituto ya que es imposible que haya encontrado las supuestas violaciones que indica y por otro lado señala que ni siquiera se le permitió la entrada, lo que a todas luces resulta ilógico." Por otra parte, en el recurso de inconformidad agregado a fojas cincuenta y tres del expediente fiscal, la entonces recurrente se pronunció en las hojas dos (párrafo último), tres (párrafo 1o.), cinco (párrafo 1o. y diez) (párrafo 2o.), así: "Se viola la disposición transcrita en virtud de que mi representada jamás tuvo conocimiento del acta de inspección, sino hasta la fecha en que la (sic) fueron notificadas las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, a las cuales se les adjuntó copia fotostática de dicho documento. Es falso que a mi representada se le haya dejado citatorio alguno, por lo que también se viola el artículo 14 constitucional al privársele de la garantía de audiencia, ya que nunca fue citada para la visita de inspección, ni se le dio ninguna orden de visita ni el motivo de la misma." "A. En el presente caso el Instituto demandado jamás notificó a mi representada la orden de visita número 6844332 de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que no tuvo conocimiento del objeto de la visita y las obligaciones a verificarse ni tampoco el período ni aspectos que abarcaría la visita, por lo cual dejó a mi representada en total estado de indefensión." "Es de hacerse notar la falsedad en que incurre ese H. Instituto ya que es imposible que haya encontrado las supuestas violaciones que indica y por otro lado señala que ni siquiera se le permitió la entrada, lo que a todas luces resulta ilógico." Estas afirmaciones de la entonces recurrente fueron debidamente examinadas por el instituto al resolver el recurso, según aparece en las hojas tres (segundo párrafo), seis (último párrafo) y siete (primer párrafo), mismas que en lo conducente se transcriben: "TERCERO. Los motivos de inconformidad hechos valer por el promovente no se encuentran acreditados en autos. En efecto, es infundado lo aseverado por el representante legal de la inconforme al manifestar que su representada jamás tuvo conocimiento del acta de inspección, toda vez que el desahogo de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden número 6844332 de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, se inició el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, notificando la orden de referencia, a la propia visitada, quien firmó en el calce de la copia que obra en autos y se identificó con su licencia de automovilista número 2280944; asimismo consta en el acta levantada el día veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro con los folios números 0504 y 0504 bis, que los visitadores se presentaron en el domicilio de la recurrente en dicha fecha, con el objeto de concluir la visita, habiendo sido previamente citada la ocursante mediante oficio número 30234 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, girado por el titular de la Delegación Número Seis del Valle de México, mismo que fue notificado con previo citatorio de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el día diecinueve del mismo mes y año, como consta en la documental consistente en el citatorio y acta de notificación que aparece agregada al expediente en que se actúa, a la propia visitada, quien se negó a firmar de recibido, tomándose razón de lo anterior en los documentos, en términos de lo dispuesto en el artículo 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, acreditándose con lo anterior que es infundado que se haya violado en perjuicio de la inconforme la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional." "Tampoco se viola el artículo 84, fracción V del Código Fiscal de la Federación como lo manifiesta el promovente, toda vez que dicha disposición fue derogada, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación actualmente en vigor, habiéndose aplicado en el levantamiento del acta final lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, de este ordenamiento, mencionándose el acta, en forma circunstanciada los hechos y omisiones que conoció el visitador en el desahogo de la visita domiciliaria y que si bien es cierto que en dicha acta se menciona que fue levantada en el exterior del local que ocupa el establecimiento del negocio visitado, esto se debió a que la propietaria del mismo no permitió la entrada al verificador, para el levantamiento del acta final." En estas condiciones, queda demostrado que la quejosa se limitó a reproducir literalmente los motivos de inconformidad vertidos en su recurso, sin expresar argumentos en contra de los razonamientos expresados como fundamento de la resolución recaída a su recurso, de ahí que sus manifestaciones no constituyeran propiamente agravios y que, por ende, la Sala estuviera en lo correcto al abstenerse de estudiarlos. Por otro lado, tampoco le asiste razón a la quejosa cuando afirma que en la resolución dictada en el recurso únicamente se transcribió el acta de visita en lugar de realizar un análisis lógico jurídico de los argumentos que fueron planteados, y que en razón de ello "se vio obligada a replantear sus motivos de inconformidad en las causales de nulidad, por tratarse también de situaciones más jurídicas que de hecho" (punto número tres del capítulo de antecedentes del acto reclamado), puesto que en la resolución impugnada el instituto no se limitó a transcribir ningún acta sino que examinó detalladamente los motivos de inconformidad planteados por la recurrente, con razones que debió a su vez combatir la quejosa en su demanda de nulidad, máxime que aun cuando el instituto hubiere omitido alguno, correspondía precisamente a la actora hacer valer dicha omisión, extremos que en la especie no se produjeron. En cuanto a lo expresado por la quejosa en el sentido de que la demanda de nulidad la planteó como una negativa lisa y llana de la legalidad de los actos del instituto tercero perjudicado por virtud de la cual correspondía a éste la carga de probar lo contrario conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, basta señalar que este precepto sólo se refiere a la negativa de los hechos afirmados por la autoridad, más no así a la negativa de su legalidad, cuestión ésta de derecho, de manera que si la entonces actora no demostró su ilegalidad a través de los agravios conducentes, la Sala estaba impedida para examinar la validez de la resolución administrativa atento el principio de estricto derecho que rige en el juicio de nulidad. En estas condiciones, son infundados los argumentos que componen el primer apartado del capítulo de conceptos de violación. En su segundo concepto de violación, la quejosa afirma que la responsable contravino lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, según el cual las Salas Fiscales deberán examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, e invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el volumen CXXVII del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro "SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISION DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO.". Es infundado este concepto pues como antes se explicó la Sala responsable no estaba obligada a pronunciarse sobre las manifestaciones contenidas en la demanda de nulidad en tanto que éstas no constituían agravios dado que no estaban dirigidas a demostrar la ilegalidad de la resolución recaída al recurso, sino la ilegalidad de las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, mismas que no fueron las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo. Así las cosas, no existiendo agravios en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, tampoco existían cuestiones controvertidas relativas al acto impugnado y, consecuentemente, no se surtía la obligación impuesta a la Sala Fiscal por el artículo 237 del código de la materia; de esto se sigue que resulta inaplicable en la especie la tesis invocada por la quejosa. En su tercer concepto de violación, asevera la demandante que la responsable también violó en su perjuicio la garantía de audiencia al no examinar las causales de nulidad que le propuso en su escrito inicial, y limitarse únicamente a comparar el recurso de inconformidad con su demanda, en lugar de confrontar esta última con la resolución del instituto, con lo cual se habría percatado de que efectivamente se estaba controvirtiendo la resolución dictada en el recurso; en apoyo de este razonamiento, la quejosa invoca el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Volumen CXXXII del Semanario Judicial de la Federación, página sesenta, con el título de "LITIS EN EL JUICIO DE NULIDAD.". Es infundado este concepto, pues si bien es cierto que la litis en el juicio de nulidad se forma con el texto de la resolución impugnada, los agravios de la actora y los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en razón de lo cual la Sala Fiscal está vinculada al examen de todos estos elementos, también es cierto que en la especie no existió litis en el juicio de nulidad debido a que la quejosa no controvirtió a través de ningún argumento la legalidad de la resolución recaída al recurso, pues se abstuvo de referirse a ella y a las violaciones que pudo cometer el instituto al emitirla. Por otra parte, la circunstancia de que la Sala manifestara en su fallo que había comparado la demanda de anulación con el recurso de inconformidad no significa que no hubiera a su vez confrontado la demanda con la resolución administrativa, pues en la propia sentencia agregó: "Apareciendo además que tales agravios ya fueron objeto de estudio por parte de la autoridad demandada y declarados sin fundamento al emitir la resolución que se impugna en este juicio, sin embargo, el promovente omite combatir los razonamientos de la autoridad contenidos en dicha resolución, ya que al no formular argumento alguno con el que se demostraran las violaciones específicas en que incurrió la autoridad, ni desvirtuar la legalidad de la resolución procede aplicar la presunción establecida en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y reconocer su validez." Esta consideración, que no es desvirtuada por la quejosa en la demanda de garantías, es suficiente para estimar que la responsable analizó si los argumentos planteados por la quejosa estaban dirigidos a controvertir la legalidad de la resolución reclamada, y que al encontrar que no lograban ese propósito, actuó correctamente al aplicar la presunción de legalidad consagrada en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. Conviene aclarar que no pasa inadvertido para este tribunal que al conocer el juicio de amparo directo número 1072/84 promovido por Laura Fernández Rivera Río en sesión del día veinticuatro de febrero del año en curso, este tribunal dictó una resolución en cuyo considerando sexto se dijo lo siguiente: En el caso que nos ocupa la Sala responsable se abstiene de analizar los conceptos de nulidad planteados por la quejosa y los declara inoperantes, en virtud de que según expresa, ésta se concreta a reproducir el concepto de violación o agravio que hizo valer en su escrito de inconformidad, que por tanto, no combate la resolución que recayó al recurso indicado, sino que vuelve a combatir la resolución que fue materia de dicho recurso. Este tribunal considera que no es correcto lo resuelto por la Sala responsable en virtud de que, el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación es muy claro en su contexto, y establece en forma definida que deberán examinarse todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, lo anterior se robustece con el criterio sustentado por la tesis jurisprudencial número 319 visible a fojas quinientos treinta y ocho, de la Tercera parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIA FISCAL, DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISION DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO.". Sin embargo el criterio entonces sostenido no se encuentra en contradicción con el que ahora se sustenta porque se está en presencia de supuestos distintos. En efecto, en aquel asunto la quejosa no transcribió y vació textualmente los razonamientos que había hecho valer en su inconformidad ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, como ahora sucede, sino que había insistido en su planteamiento inicial pero controvirtiendo los argumentos que empleó el instituto para declarar infundado el recurso, de modo que en aquel asunto la Sala fiscal estaba obligada a examinar la demanda de anulación pues sí existían propiamente agravios y cuestiones controvertidas. Sentado lo anterior, atentas las razones ya expuestas, y no advirtiéndose por parte de este tribunal que se haya cometido en su perjuicio una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, procede entonces negar a la quejosa la protección federal solicitada en contra del acto reclamado.
CUARTO. Por su parte, las resoluciones pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en las revisiones fiscales R.F. 1/90 y R.F.12/91, así como los amparos directos D-220/90, D-303/90 y D-281/88, en lo conducente expresan lo siguiente:
REVISION FISCAL NUMERO R.F.1/90 "TERCERO. Son infundados los agravios antes transcritos. En el primero de ellos, la autoridad recurrente aduce que la Sala Fiscal violó el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque no estudió ni dio respuesta a todos los argumentos que se hicieron valer en la contestación de demanda, específicamente los relativos a que los conceptos de anulación resultaban inoperantes e insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución combatida, ya que son una repetición de lo expuesto en el recurso de inconformidad, y que los formulados en cuanto a que el procedimiento seguido por los visitadores es erróneo, también son insuficientes porque no contiene razonamientos jurídicos que demuestren la violación alegada. Al respecto no asiste razón a la inconforme, toda vez que como puede advertirse de la parte considerativa de la sentencia recurrida, transcrita en el considerando segundo de esta ejecutoria, por un lado, la Sala consideró infundados e insuficientes los conceptos de anulación marcados con los incisos b) y c) (segundo y tercero) atendiendo con ello las argumentaciones expuestas en la contestación de demanda, pues de cualquier manera los consideró insuficientes como lo pretendió la autoridad hacendaria. Por otro lado, desde el momento en que estimó que el concepto de anulación señalado con el inciso a) (primero) resultaba fundado y suficiente para declarar la nulidad impugnada en tanto consideró, en base a lo que en él se expuso, que el procedimiento empleado para determinar los ingresos del contribuyente es erróneo por haberse aplicado incorrectamente el artículo 61, fracción I del Código Fiscal de la Federación, con ello implícitamente estudió y dio respuesta al planteamiento que se hizo valer en la contestación de demanda, relativo a la insuficiencia y carencia de razonamientos jurídicos del concepto de nulidad, pues como se dijo, tomó como base los planteamientos en él contenidos para declarar fundado el concepto. Además, si bien la Sala Fiscal no estudió el concepto de anulación marcado con el inciso d), para ello consideró en la parte final de la sentencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/94-7d5e5a99/conceptos-de-anulacion-el-tribunal-fiscal-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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