SUSPENSION PROVISIONAL. EL RECURSO DE QUEJA ES PROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACION QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS.
CONTRADICCION DE TESIS 10 /92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de septiembre de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS, para resolver los autos del expediente varios 10/92, formado con motivo de la denuncia formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en relación con la posible contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Segundo en la materia y circuito antes mencionados; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- En oficio suscrito por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y dirigido a la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos, manifestó lo siguiente: "Por acuerdo del C. magistrado David Delgadillo Guerrero, como presidente y como integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se determinó, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar la contradicción de sentencias existentes entre la que fue sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 72/88, interpuesta por Seguros Tepeyac, S. A., y la sustentada por este Tribunal en la queja 404/91 (X), promovida por Roberto J. Sánchez Dávalos por cuanto a que, en la primera, se entra al estudio del fondo del problema y, en la segunda, se declara improcedente el recurso. Motivo por el cual se anexan a la presente denuncia, copias fotostáticas debidamente certificadas de las ejecutorias correspondientes, para el efecto de que se integre el expediente que legalmente corresponde".
SEGUNDO.- Con fecha seis de abril de mil novecientos noventa y dos, la presidenta de esta Segunda Sala, dictó el siguiente acuerdo: "Con el oficio sin número de veintiuno de febrero del presente año del presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, recibido con anexos, fórmese y regístrese el expediente C.T.- 10/92. En el presente caso se denuncia la posible contradicción de tesis entre el aludido Tribunal y el Segundo Tribunal Colegiado de la propia materia y Circuito, el primero al resolver la queja Q.A.- 404/91 (X), promovida por Roberto J. Sánchez Dávalos, en el sentido de que, según el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, el recurso de queja sólo procede contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión provisional, pero no contra la parte en que se fijan los requisitos para que surta efectos la cautelar otorgada, por lo que al resultar improcedente el recurso debe desecharse con apoyo en el artículo 102 del mismo ordenamiento legal; y el segundo al fallar la queja 72/88, interpuesta por Seguros Tepeyac, S. A., en el sentido de que al fijar la garantía para que surta efectos la concesión de la suspensión provisional, debe tomar en consideración todos los requisitos establecidos por el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Federal, es decir, la naturaleza de la violación alegada y la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa con la ejecución de los actos reclamados; en tales condiciones y atento a que en autos obran copias certificadas de las mencionadas resoluciones, y con ellas se encuentra integrado el presente expediente, conforme lo disponen los artículos 196 y 197-A de la Ley de Amparo, sin que exista otro asunto en esta Sala en que se trate el mismo tema, con fundamento, además, en los artículos 25, fracción XI y 29, fracción III, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda: PRIMERO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avoca al conocimiento de la posible contradicción de tesis sustentada entre el Cuarto y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. SEGUNDO.- Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General de la República; cumplido que sea ese requisito, túrnese este expediente al ministro ponente que corresponda, para que formule proyecto de resolución".
El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento.
Por acuerdo de la presidencia de esta Sala, de fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos, se turnaron los autos la ministra ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del tres de enero de mil novecientos noventa, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en amparos en materia administrativa por dos Tribunales Colegiados del Primer Circuito.
SEGUNDO.- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 404/91, interpuesta por Roberto J. Sánchez Dávalos, formuló las siguientes consideraciones: "PRIMERO.- La competencia para conocer de este asunto se le otorgan a este Tribunal los artículos 99, párrafo IV, de la Ley de Amparo y 44, fracción IV, del Capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Porque se promueve en contra de la resolución pronunciada por un juez de Distrito en el incidente de suspensión. SEGUNDO.- El acuerdo recurrido en lo conducente es del tenor siguiente: México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y uno.- Como se ordena en el cuaderno principal con copia de la demanda de amparo presentada por Roberto J. Sánchez Dávalos, en contra de los actos de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación y otras autoridades, fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 306/91 con apoyo en los artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas, a cuyo efectos se les envía copia simple de la demanda. Se señala para que tenga verificativo la audiencia incidental el día cinco de diciembre de mil novecientos noventa y uno a las diez horas con veinticinco minutos. Conforme a lo dispuesto por los artículos 122, 124, 130 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por el quejoso, en lo que se refiere a la resolución emitida el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por la Sala responsable del Tribunal Fiscal de la Federación; en virtud de que la misma reviste el carácter de acto consumado, respecto del cual la medida cautelar resulta improcedente, pues sería tanto como darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 13, visible a fojas 30, Octava Parte del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación; publicada bajo el rubro: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE; además de que las resoluciones de la Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, son declarativas y no producen efectos y consecuencias. Se concede la suspensión provisional solicitada por el quejoso, respecto al cobro de los créditos 251602, 251603, 251604 y 251605 que le fueron fincados en el oficio número 102-A-11- V-B-2-1986 del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y uno, y a fin de que no se le hagan efectivos los mismos, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha medida surtirá sus efectos mediante depósito que se efectúe en la Tesorería de la Federación por el monto a que ascienda el total de los créditos, sin que sea obstáculo que el quejoso haya exhibido copia sellada del escrito presentado el diecisiete de marzo del año en curso, a la Oficina Federal de Hacienda número Ocho en el Distrito Federal, con el número de registro 3183. Así como copia al carbón de la póliza de fianza número DFR001-000-121.00, expedida por Fianzas México, S.A., en virtud de que el artículo 138 de la Ley de Amparo, no permite este tipo de fianza. Notifíquese'. TERCERO.- No se estudiarán los agravios que aduce la parte recurrente, en virtud de que resulta innecesario, en tanto que en el caso surge una causa legal que lleva a concluir que el recurso que nos ocupa resulta improcedente, por los siguientes motivos. Consta que el promovente del recurso impugna únicamente la parte del auto en que la juez determinó que, para que surtiera efectos la suspensión provisional que se concedió, se efectúe depósito en la Tesorería de la Federación por el monto de los créditos cuestionados. Por su parte, el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone: `El recurso de queja es procedente. XI.- Contra las resoluciones de un juez de Distrito, en que concedan o nieguen la suspensión provisional . De la transcripción anterior se observa que, tal precepto no contempla expresamente que el recurso de queja proceda contra la determinación o condición que emite el juez de Distrito para que surta sus efectos la suspensión provisional otorgada, pues del texto de dicho numeral sólo se infiere que procede la queja en contra de las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión provisional, pero no contra la parte en que se fijan los requisitos para que surta efectos la cautelar otorgada, por lo que al resultar improcedente el recurso, debe desecharse con apoyo en el artículo 102 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto se resuelve: UNICO.- Se desecha por improcedente el presente recurso de queja . Notifíquese; con testimonio de esta resolución, y en su oportunidad, archívese. Así, por mayoría de votos de los señores magistrados Hilario Bárcenas Chávez (presidente), y José Méndez Calderón, en contra del voto particular del magistrado David Delgadillo Guerrero, que lo redacta en los siguientes términos: `Independientemente de anteriores criterios, en el presente caso no estoy de acuerdo con la mayoría, porque considero que el recurso que nos ocupa sí es procedente. Por disposición expresa del artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja contra las resoluciones de un juez de Distrito, que conceden o niegan la suspensión provisional; por tanto, si la ley otorga al gobernado un medio de impugnación para hacer valer sus derechos en contra de un auto de tal naturaleza, los agravios pueden ser combatiendo el fondo o a las condiciones que se hayan fijado para otorgar la suspensión provisional y debe tramitarse y resolverse dicho recurso, no obstante que sólo se hagan valer agravios en contra de las condiciones, pues basta que el recurso esté instituido, para que proceda en contra de todo tipo de alegatos. Distinguir como lo hace la mayoría, deja en completo estado de indefensión a un quejoso que se le están fijando condiciones posiblemente ilegales, para que surta efectos la cautelar concedida".
TERCERO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 72/88, interpuesta por Seguros Tepeyac, sociedad anónima, estimó lo siguiente: "PRIMERO.- Este Colegiado de Circuito es legalmente competente para resolver el presente negocio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 99, párrafo IV, de la Ley de Amparo y 44, fracción IV, y 45, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO.- El acuerdo recurrido dice, en lo conducente, lo siguiente: `Con fundamento en los artículos 124, 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se obligue a la quejosa a constituir reserva por la cantidad de siete millones doscientos cinco mil ochocientos cincuenta y un dólares, sesenta y siete mil sesenta y siete pesos treinta y cuatro centavos, ni se le impongan sanciones pecuniarias por no hacerlo, hasta que se dicte resolución sobre la suspensión definitiva. La suspensión concedida surtirá sus efectos siempre y cuando la quejosa garantice en este juicio de amparo los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con la concesión de dicha medida, mediante fianza que ampara la cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS, que resulta de la conversión a moneda nacional de la mencionada cifra en dólares, conforme a la cotización bancaria para la venta al día de hoy, más CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y CUATRO CENTAVOS...' TERCERO.- Los agravios aducidos por el autorizado de la parte quejosa textualmente dicen así: Incorrecta interpretación y aplicación de las disposiciones de los artículos 125 y 130 de la Ley de Amparo e inobservancia del artículo 107 fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal de la República, al señalar en el auto recurrido como garantía para responder de los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a la tercera perjudicada con la concesión de la suspensión, exactamente la misma suma de dinero que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ordena a la quejosa que constituya e invierta al substanciarse la etapa conciliatoria del procedimiento administrativo que contempla la fracción I del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros. En el acuerdo reclamado de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, contenido en el oficio número 03061, expediente 730(09)19393, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, aquélla previene a la hoy quejosa que en el plazo de 10 días y con motivo de la reclamación de Minera Real de Angeles, S.A. de C.V., constituya e invierta reserva para obligaciones pendientes de cumplir, por las cantidades de 7'205,851.67 dólares, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, y $109'157,067.34 pesos, moneda nacional. Ahora bien, desde luego se apunta que indebidamente el señor juez de Distrito desatendió el mandamiento categórico del primer párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, que le impone el deber de tomar en cuenta para resolver acerca de la suspensión de los actos reclamados, la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con la ejecución de los actos reclamados y simultáneamente considerar los daños y perjuicios que la suspensión originare a los terceros perjudicados; pues en el auto recurrido el señor juez a quo solamente toma en cuenta `los posibles daños y perjuicios' que al tercero perjudicado pueda ocasionarle el otorgamiento de la suspensión, omitiendo toda estimación acerca de la naturaleza de la violación alegada y la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que a la quejosa puede infligir la ejecución de los actos combatidos, y estas omisiones son graves y trascendentales, puesto que los daños y perjuicios que Seguros Tepeyac, S.A., sufrirá con la inversión de 7'205,851.67 dólares USCy. y $109'157,067.34 pesos, moneda nacional, son incalculables y de improbable y embrollada recuperación, debido a que la inversión de esa reserva implica la segregación de parte del patrimonio de la quejosa para colocarlo en manos de tercero, con la injusta desventaja de que la tercera perjudicada no ha otorgado ninguna contragarantía para responder de los daños y perjuicios que conlleva tal segregación del patrimonio. Por otro lado, el juez a quo se desentiende y no considera la naturaleza de la violación alegada, cual es la inconstitucionalidad de los artículos 50 fracción I, 55 fracción II y 135 fracción I de la Ley General de Instituciones de Seguros, así como el hecho de que esa inversión de reserva la exige la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros apenas iniciada la etapa conciliatoria del procedimiento administrativo, es decir, cuando sólo existe la reclamación unilateral e inflada de la tercera perjudicada y ni siquiera ha comenzado el procedimiento jurisdiccional que culmine en laudo o sentencia que fije en cantidad líquida el monto del riesgo que Seguros Tepeyac, S.A., debe satisfacer a Minera Real de Angeles, S.A. de C.V., por lo que esta transgresión a la fracción X del artículo 107 constitucional se traduce en un descuadramiento y preterición de las circunstancias del caso y de la naturaleza de las violaciones alegadas. En otro aspecto, cabe argüir que las disposiciones del artículo 125 de la Ley de Amparo están directamente vinculadas a la suspensión definitiva, cuyos requisitos fija el numeral 124 del mismo ordenamiento legal, pues basta la mera lectura del primer párrafo del artículo 130 de la misma Ley de Amparo para caer en la cuenta de que la suspensión provisional se rige por reglas específicas, a saber: 1) la determinación de medidas convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y 2) las medidas para evitar perjuicios a los interesados, o sea a los quejosos, ya que la situación de los terceros está contemplada en la primera regla. En otras palabras, basta para que el otorgamiento de la suspensión provisional, concurriendo los requisitos del artículo 124, que el juez de Distrito tome las medidas que estime adecuadas para que no se defrauden derechos de tercero y al mismo tiempo las medidas suficientes que eviten perjuicios a la parte interesada en el otorgamiento de la medida. Como se ve, el artículo 130 de la Ley de Amparo reproduce el mandamiento de la fracción X del artículo 107 constitucional, en el sentido de que el juez de Distrito debe considerar simultáneamente la dificultad en la reparación de los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con la ejecución de los actos reclamados y los daños y perjuicios que la suspensión pueda originar a los terceros perjudicados. Sin embargo, el señor juez a quo no cumplió con las reglas del artículo 130 de la Ley de Amparo, pues se redujo a considerar los hipotéticos daños y perjuicios que la tercera perjudicada pudiera sufrir por el otorgamiento de la suspensión provisional, imponiendo a la quejosa la carga de constituir garantía por el mismo monto aritmético de las sumas de dinero que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros le ordenó segregar de su patrimonio e invertir, lo que resulta inicuo y sin fundamento legal alguno, pues aparte de que omitió considerar y proveer las medidas adecuadas para evitar perjuicios a la quejosa, si se llevara a cabo la ejecución del acto reclamado, cabe repetir que no existe en contra de Seguros Tepeyac, S. A., ninguna condena de autoridad competente dictada después de observar las formalidades esenciales del procedimiento; y a pesar de la inexistencia de tal condena, el señor juez de Distrito considera, erróneamente, que el otorgamiento de la suspensión provisional puede ocasionar a la tercera perjudicada daños y perjuicios por el monto exacto de esa inexistente condena, lo que además de absurdo, torna ilusoria, frustránea la promoción del juicio de garantías, que por definición está previsto y estructurado para proteger al particular de las arbitrariedades que cometen en su perjuicio las autoridades responsables. Tocante al tema de las medidas adecuadas para evitar perjuicios a los quejosos, que contempla el artículo 130 de la Ley de Amparo, resulta oportuno traer a colación que el artículo 14 de la Ley General de Instituciones de Seguros, textualmente previene que mientras las instituciones y sociedades mutualistas de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, hecha excepción de las responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales. A la luz de este precepto, la garantía que debe constituir la quejosa para obtener la suspensión provisional, debe ser simbólica y apreciada discrecionalmente, debido a que por la naturaleza de la institución aseguradora y la peculiar estructuración del sistema asegurador en México, nunca podrán ser defraudados los derechos de la tercera perjudicada, y en el peor de los extremos, la garantía para tal suspensión sólo puede referirse a los daños y perjuicios que la tercera perjudicada pudiera resentir por no llevarse adelante la inversión de reservas que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros señala en el acto reclamado. Sobre este tópico, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene definida jurisprudencia en el sentido de que la fianza en el amparo tiene por objeto garantizar los perjuicios que puedan ocasionarse con la suspensión y no los resultados del pleito que dio origen al amparo. (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XIII, página 997; Tomo XV, página 83; Tomo XVI, página 1457; Tomo XXI, página 73; Tomo XXXI, página 1116; Tomo LII, página 1216. En conclusión, resulta claro que el señor juez de Distrito transgredió las disposiciones legales y constitucionales citadas en estos agravios y que también desatendió la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al exigir a la quejosa como condición para que surta efectos la suspensión provisional concedida en el auto recurrido, el constituir fianza por monto idéntico a la totalidad de las inversiones exigidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en el acto reclamado. CUARTO.- Son substancialmente fundados los agravios hechos valer. Del acuerdo combatido en queja se advierte que el a quo, al fijar la garantía para que surta efectos la concesión de la suspensión provisional, omitió tomar en consideración todos los requisitos establecidos por el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Federal, es decir, la naturaleza de la violación alegada y la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa con la ejecución de los actos reclamados, pues únicamente se limitó a manifestar que: `La suspensión concedida surtirá sus efectos siempre y cuando la quejosa garantice en este juicio de amparo los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con la concesión de dicha medida...', pero nada dijo respecto de los aludidos requisitos estatuidos por la disposición constitucional antes citada; asimismo, no razonó en forma alguna por qué señaló como garantía el otorgamiento de fianza que ampare las mismas cantidades respecto de las cuales la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros ordenó a la hoy recurrente, en el oficio reclamado, que constituya e invierta reserva para obligaciones pendientes de cumplir. Decisión que ni siquiera se justifica en función de los posibles perjuicios que podría resentir la tercera perjudicada, pues no debe perderse de vista que aun no existe en su favor laudo condenatorio alguno por la suma que reclama y que la suspensión no se está solicitando más que en contra de la orden de constituir en el inicio de la etapa conciliatoria una reserva. De ahí que no pueda estimarse como probable perjuicio o daño para la tercero perjudicada el de no llegar a obtener el pago de la suma reclamada (como aparentemente supone el juez de Distrito), sino en todo caso y, llevando las cosas al extremo de que agotado el procedimiento se condenara a la Aseguradora, el de obtener la suma que resulte a su favor por medios distintos de la susodicha reserva; lo cual no constituye, por ahora, un perjuicio estimulable en dinero, ni tampoco de gravedad manifiesta, si se toma en cuenta que el artículo 14 de la Ley General de Instituciones de Seguros, establece: `Mientras las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia'. 'Consecuentemente, para la fijación de la garantía, en el caso concreto, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 125, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues, como antes se dijo, los derechos del tercero perjudicado, que pudieran afectarse con el otorgamiento de la suspensión, no son estimables en dinero, por ahora; pues, se insiste, la no constitución de la reserva técnica que se le exige a la quejosa solamente da lugar a que, en caso de que tuviera que ejecutarse un laudo condenatorio o sentencia en su contra, la autoridad encargada de hacerlo no podría disponer de la aludida reserva; pero ello no significa en modo alguno que la condena fuera inejecutable, sino, simplemente, que debería ocurrirse a otros medios para lograr en cumplimiento'. En las relacionadas circunstancias, y toda vez que el juez del conocimiento incurrió en las violaciones apuntadas, se debe declarar fundado la presente queja. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 99, párrafo cuarto, 184 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO.- Se declara fundado el presente recurso de queja".
CUARTO.- Antes de entrar a estudiar la contradicción de tesis denunciada, primeramente y con objeto de estar en posibilidad de resolver la cuestión debatida, debe precisarse en qué consiste la posible contradicción.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró, esencialmente, que el recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, sólo procede respecto de las resoluciones del juez de Distrito que concedan o nieguen la suspensión provisional, pero no contra dichas determinaciones en la parte que se establecen los requisitos para que surta efectos la medida cautelar citada. Ello, en razón de que, a juicio del órgano colegiado de referencia, el precepto citado no contempla expresamente ese supuesto.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estimó procedente el recurso de queja hecho valer en contra del auto en el cual el juez de Distrito concedió la suspensión provisional, al declarar substancialmente fundados los agravios. En éstos sólo se impugnaron las condiciones que fijó el a quo para que surtiera efectos la medida cautelar.
Precisado lo anterior, cabe señalar que para que exista contradicción de tesis, es necesario que el criterio sostenido por uno de los tribunales colegiados al abordar una cuestión jurídica, sea contradictoria al sustentado por otro tribunal en el examen de la misma situación, por lo que debe existir un punto en común respecto del cual lo que uno de ellos afirme el otro lo niegue en su sentencia.
Al respecto debe aclararse, que los recursos de los cuales conoció cada uno de los tribunales señalados tienen su origen en el auto dictado con motivo de la suspensión provisional, donde se concedió dicha medida a los quejosos, siempre y cuando cumplieran diversas condiciones para que surtiera efectos la medida citada. Además de que los agravios en ambos asuntos sólo se enderezaron en contra de la parte del acuerdo que fija las condiciones previstas por los jueces de Distrito.
Como se aprecia, aun cuando las condiciones genéricas de los dos asuntos es similar, los tribunales llegaron a conclusiones diferentes, en cuanto a la procedencia del recurso de queja, pues mientras uno, el Cuarto Tribunal, consideró que dicho recurso debía desecharse por improcedente, el otro, el Segundo Tribunal, al estimar fundados los agravios planteados lo consideró procedente.
Pues bien, siendo similares las condiciones que condujeron a la emisión de las resoluciones y opuestas en su sentido jurídico, en lo que respecta a la procedencia del recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, cabe estimar que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados del caso.
Por tanto, el tema a dilucidar se contrae a la procedencia o improcedencia del recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, cuando al interponer dicho medio de defensa sólo se enderezan agravios contra el pronunciamiento que hace el juez de Distrito al fijar las condiciones para que surta efectos el otorgamiento de la suspensión provisional.
Delimitada así la materia de la contradicción, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece:
"Artículo 95.- El recurso de queja es procedente:
I. ... X.-
XI.- Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional".
Es conveniente mencionar que la fracción antes aludida se adicionó al artículo 95, de la Ley de Amparo, con motivo de la reforma efectuada a dicho ordenamiento legal, mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.
En la exposición de motivos relativa a la fracción en comento, se dijo lo siguiente:
"c).- Otro supuesto en el cual se introduce el recurso de queja en la nueva fracción XI, del citado artículo 95, se refiere a las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que concedan o nieguen la suspensión provisional, las que en la actualidad no admiten medio de impugnación. Debido, por una parte, al enorme recargo de labores de los citados jueces de Distrito, y por otra, al plazo tan breve en el cual deben resolver sobre dicha medida de urgencia regulada por el artículo 130 de la Ley de Amparo, resulta necesario que las partes tengan la posibilidad de acudir ante los Tribunales Colegiados para que éstos puedan corregir los errores en que in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/279-9e96e114/suspension-provisional-el-recurso-de-queja-es-procedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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