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Modo: Corpus Pro

GRADO DE RIESGO. MODIFICACION DEL. NO LE ES APLICABLE LA CADUCIDAD. * * * GRADO DE RIESGO. MODIFICACION DEL. SOLO DEBE COMPRENDER EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR AL DE SU VIGENCIA. - - -

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/92. · Registro digital (IUS): 101
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 193.

CONTRADICCION DE TESIS 46/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres.

VISTOS, para resolver los autos del expediente varios 46/92, formado con motivo de la denuncia hecha por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, respecto de la posible contradicción de tesis sustentadas entre el tribunal referido y el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. En oficio suscrito por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el cual fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, manifestó lo siguiente:

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196-A de la Ley de Amparo, denuncio la contradicción de tesis que existe entre la sustentada por este tribunal al resolver el amparo en revisión 13/90, bajo el rubro: 'GRADO DE RIESGO. EL SEGURO SOCIAL SOLO PUEDE MODIFICAR EL RELATIVO AL DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR A LA EMISION DEL DICTAMEN RESPECTIVO.', de la cual se acompaña copia autorizada. Aun cuando en dicho oficio no se transcribió dicha tesis, por razones prácticas se mencionará su texto: 'El artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, no permite al Instituto Mexicano del Seguro Social la emisión de dictámenes de modificación de grado de riesgo respecto de una determinada anualidad, cuando ello no se realice al año inmediato siguiente, por cuanto que tal facultad no la precisa literalmente en su propio texto, y de lo establecido en su fracción VIII puede estimarse que si el patrón no hace la solicitud de tal modificación del grado de riesgo (solicitud que les es optativa), esa omisión tampoco faculta al instituto para efectuar la modificación del grado de riesgo que no sea el del último año calendárico que corresponda a su clase, toda vez que la intención del legislador en el sentido de que sólo puede hacerse por el año inmediato anterior, si se toma en cuenta lo prevenido en su fracción II, que es muy clara al respecto. Sostener lo contrario daría lugar a un estado de inseguridad de las empresas obligadas al pago de las primas correspondientes a este renglón.', y la que sustenta el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada con el número nueve, página mil veinticuatro, Tercera Parte, del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: 'GRADO DE RIESGO. MODIFICACION EXTEMPORANEA DEL. NO AFECTA NINGUN DERECHO ADQUIRIDO Y SOLO ESTA SUJETA A LA CADUCIDAD QUE SEÑALA EL ARTICULO 276 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Aunque resulta cierto que conforme al artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, las modificaciones al grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, deben hacerse en periodos precisos, la circunstancia de que la modificación respectiva se haga fuera de los periodos fijados, no afecta ningún derecho adquirido por la propia empresa, en razón de que la fracción IV del numeral invocado, dispone expresamente que el grado de riesgo sólo tiene vigencia un año, por lo que no puede alegarse prórroga del grado de riesgo, ni mucho menos que la facultad del instituto se haya extinguido, puesto que no existe ningún precepto que establezca esa sanción para tal supuesto, por lo que en todo caso, la facultad para realizar la modificación, sólo estará sujeta a la caducidad que, como regla general, establece el artículo 276 de la Ley del Seguro Social.'"

SEGUNDO. Con fecha doce de abril de mil novecientos noventa y uno, el presidente de la Cuarta Sala de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 26/91, y solicitó al denunciante copia certificada de las resoluciones motivo de la contradicción, mismas que al ser remitidas a dicha Sala se integraron al toca correspondiente.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento.

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, estimó que carecía de competencia legal para conocer del asunto con base en las siguientes consideraciones:

"Ahora bien, para que esta Cuarta Sala pudiera conocer y resolver esta contradicción de tesis, sería necesario que los criterios de los órganos colegiados que motivaron su denuncia derivaran de amparos en materia laboral, de conformidad a lo establecido por la disposición legal invocada al principio de este considerando, lo cual no ocurre en la especie, según se advierte de lo expuesto en los dos párrafos precedentes, pues los aludidos criterios no emanan de amparos en materia de trabajo, sino que, uno de ellos, de juicios de amparo del orden administrativo, y el otro, de un recurso de revisión fiscal; además de que el tema sobre el que versaron los repetidos criterios no puede dilucidarse mediante la aplicación de la legislación laboral, dado que se refiere a las facultades que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar el grado de riesgo de las empresas, lo que significa que dicho tema atañe a la materia administrativa, y no a la laboral. En esas condiciones, cabe estimar que la Segunda Sala de este Alto Tribunal es la competente para conocer y resolver esta denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que a continuación se transcribe: 'Artículo 25. Corresponde conocer a la Segunda Sala: ... XI. De la resolución de contradicciones entre tesis que en amparos en materia administrativa, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que refiere el párrafo final del artículo 196 y el artículo 197-A de la Ley de Amparo.'. En mérito de lo anterior, debe remitirse el presente asunto a la referida Segunda Sala, para los efectos legales consiguientes."

TERCERO. Recibido el asunto en la Segunda Sala de este Alto Tribunal, su presidente ordenó formar el expediente respectivo con el número 46/92, y que se turnara a la señora Ministra Fausta Moreno Flores.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, fracción XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 197-A de la Ley de Amparo, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en amparos en materia administrativa por Tribunales Colegidos con distinta jurisdicción.

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, al resolver el recurso de revisión fiscal R-13/90, interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, formuló las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Son infundados los agravios expuestos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. No asiste razón al recurrente en cuanto a ser ilegal la sentencia de anulación porque se apoyó en una incorrecta interpretación del artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos del Trabajo, dado que en opinión tal precepto no establece que deba tenerse por perdido el derecho del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando no realice la determinación anual del grado de riesgo respecto del último año anterior a la emisión del dictamen respectivo. En efecto, dicho precepto a la letra dice: 'Artículo 24. La dependencia técnica responsable de la clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo, revisará anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, para confirmarlo, disminuirlo o aumentarlo de acuerdo a las siguientes reglas: I. Las modificaciones no podrán exceder los límites determinados para el grado máximo, ni ser inferiores al grado mínimo de la clase que corresponda la empresa. II. La disminución o aumento del grado de riesgo y prima procederá cuando el índice de siniestralidad, o sea, el promedio del producto del índice de frecuencia por el de gravedad de los riesgos computados y evaluados en la empresa en el último periodo anual que corresponda su clase, sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa se encuentre cotizando, en uno u otro caso se colocará a la empresa en el grado más cercano que le corresponda dentro de la escala de la clase en que se encuentre clasificada. Los períodos anuales por clase de riesgo que se considerarán para computar y evaluar los índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad de los riesgos de la empresa, son: ... III. Si se trata de empresas de reciente registro en el instituto o que hayan cambiado de clase en los términos de los artículos 5o. y 20 de este reglamento, la disminución o aumento del grado de riesgo procederá atendiendo a las fracciones anteriores y en consideración de los riesgos computados y evaluados hasta que haya completado un periodo anual de la clase que le corresponda. IV. Las modificaciones al grado de riesgo y prima que acuerde el instituto tendrán vigencia durante un año, que se determinará conforme al calendario oficial del instituto y según la clase de riesgo que le corresponda a la empresa, como se detalla a continuación: ... Al término de la vigencia, el instituto fijará el nuevo grado de riesgo y prima que procederán en los términos que señalan las fracciones anteriores. V. No se tomará en cuenta para el cálculo del índice de siniestralidad y determinación del grado de riesgo y prima, los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa. VI. Cuando por las modalidades de los sujetos de aseguramiento o tipo de contribución, la empresa tenga asignados diversos números de registro patronal en un mismo Municipio o en el Distrito Federal, con excepción de los casos señalados en el artículo 6o. de este reglamento, para el cálculo del índice de siniestralidad y determinación del grado de riesgo y prima, se tomarán los riesgos de trabajo sufridos por todo el personal de la empresa en un mismo Municipio o en el Distrito Federal. En caso de que la empresa tenga registrados centros de trabajo en distintos Municipios o en el Distrito Federal y fuera de él, se determinará el grado de riesgo a dichos centros, inclusive a aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales, temporales o estacionales, con independencia de los que se encuentren en otro Municipio o en el Distrito Federal. VII. Cuando el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, se modifique disminuyéndolo o aumentándolo, se hará la notificación correspondiente a los interesados. VIII. Cuando el instituto no haya realizado la determinación anual del grado de riesgo en los términos establecidos en la fracción II de este artículo, el patrón interesado podrá solicitar la modificación del grado de riesgo. La solicitud deberá ser interpuesta por escrito dentro de los sesenta días naturales posteriores al término de la vigencia que corresponda la clase de riesgo en que cotiza la empresa de acuerdo a lo que se especifica en la fracción IV de este mismo artículo'. Ahora bien, tal y como lo determinó la Sala Regional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su dependencia técnica respectiva, tiene la facultad de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, para confirmarlo, disminuirlo o aumentarlo, procediendo estos últimos dos casos cuando el índice de siniestralidad sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa se encuentre cotizando, debiendo entenderse por índice de siniestralidad al promedio del producto del índice de frecuencia por el de gravedad de los riesgos computados y evaluados en la empresa en el último periodo anual que corresponda su clase; así como que las modificaciones al grado de riesgo tendrían vigencia durante un año determinado conforme al calendario oficial del instituto y según la clase de riesgo correspondiente a la empresa, y al término de su vigencia el instituto fijará el nuevo grado de riesgo y prima que procedan; además de la obligación de notificar al afectado la modificación de que se trata, pero en forma alguna este precepto permite a ese instituto la emisión de dictámenes de modificación de grado de riesgo respecto de una determinada anualidad, cuando ello no se realice al año inmediato siguiente, por cuanto que tal facultad no la precisa literalmente en su propio texto. Además, como atinadamente lo interpretó la Sala, lo establecido en la fracción VIII del artículo en comento permite concluir que, la solicitud de modificación del grado de riesgo por parte del patrón, en caso de no haberla efectuado la autoridad, es optativa, luego entonces no implica una obligación a su cargo, de tal forma que puede o no plantearla, pero si no lo hace, esto tampoco faculta al instituto para modificar el grado de riesgo que no sea el del último año calendárico que corresponda a su clase, dado que la intención del legislador es en el sentido de que sólo puede hacerse por el año inmediato anterior, si se toma en cuenta lo establecido por la fracción II del artículo en estudio, que es muy claro al respecto. Sostener lo contrario daría lugar a un estado de inseguridad en perjuicio de las empresas obligadas al pago de las primas correspondientes a este renglón. Atento lo anterior, como en el caso se trató de la modificación del grado de riesgo de la actora por la anualidad comprendida del primero de marzo de mil novecientos ochenta y seis al veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y siete, determinada en julio de mil novecientos ochenta y ocho, y notificada con posterioridad a la anualidad siguiente, o sea se hizo hasta el nueve de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, debe considerarse no ajustada a derecho por cuanto que estaba fuera del término de un año a que se refiere el artículo 24 del reglamento aplicable y por ende no susceptible de ser revisada y modificada, por no darse los supuestos de la ley para ello. En esa virtud, como la Sala Fiscal realizó una correcta interpretación del artículo 24 del reglamento antes citado, no incurrió en defecto alguno al omitir exponer las razones por las que no comparte lo sostenido en la tesis que invoca el recurrente, en primer lugar, porque no constituye jurisprudencia, y en segundo, por ser un criterio sostenido por un Tribunal Colegiado de un Circuito distinto al que pertenece la autoridad. Finalmente, debe indicarse que este cuerpo colegiado no comparte el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito que aparece publicado a fojas mil veinticuatro de la Tercera Parte del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y ocho, rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e invocado por la autoridad recurrente que enseguida se transcribe, y ya se procede a denunciar la contradicción de tesis en la forma que legalmente corresponda. Dicha tesis dice: 'GRADO DE RIESGO. MODIFICACION EXTEMPORANEA DEL. NO AFECTA NINGUN DERECHO ADQUIRIDO Y SOLO ESTA SUJETA A LA CADUCIDAD QUE SEÑALA EL ARTICULO 276 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Aunque resulta cierto que conforme al artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, las modificaciones al grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, deben hacerse en periodos precisos, la circunstancia de que la modificación respectiva se haga fuera de los periodos fijados, no afecta ningún derecho adquirido por la propia empresa, en razón de que la fracción IV del numeral invocado, dispone expresamente que el grado de riesgo, sólo tiene vigencia un año, por lo que no puede alegarse prórroga del grado de riesgo, ni mucho menos que la facultad del instituto se haya extinguido, puesto que no existe ningún precepto que establezca esa sanción para tal supuesto, por lo que en todo caso, la facultad para realizar la modificación, sólo estará sujeta a la caducidad que, como regla general, establece el artículo 276 de la Ley del Seguro Social. Atento las consideraciones que se expusieron con antelación, debe concluirse que la Sala Regional no infringió en perjuicio del Instituto recurrente lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión.'"

TERCERO. El Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y ocho, al resolver el amparo directo administrativo 700/87, promovido por Embotelladora San Luis, Sociedad Anónima, estimó lo siguiente:

"CUARTO. Por razón de método se estudiará en primer término el tercero de los conceptos de violación que se hacen valer, y al efecto resulta infundado. En efecto, contrariamente a lo alegado por la quejosa, el delegado estatal en San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí es autoridad competente para conocer en materia de aumentos de grado de riesgo y de seguros de riesgos de trabajo, conforme a lo dispuesto por el artículo 3o, fracción IV del reglamento por el que se determinan las atribuciones o diversas dependencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día quince de abril de mil novecientos ochenta y tres; reglamento éste que, no es inconstitucional, como equivocadamente lo alega la quejosa, por cuanto que al haber sido emitido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que expresamente le otorga la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su promulgación sí se ajusta a lo dispuesto por la Carta Magna del país, y consecuentemente es válido para determinar las facultades que expresamente otorga a las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en la materia de que se trata. Ahora bien, el primero de los conceptos de violación también resulta infundado, en razón de que si el Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgos del Trabajo, que es el ordenamiento aplicable, en ninguno de sus preceptos obliga a la autoridad a notificar a la empresa el dictamen de evaluación de incapacidad relativo, no existe razón jurídica alguna para obligar a la dependencia administrativa que así lo haga; máxime que conforme al artículo 24 del citado reglamento el notificarse al interesado el dictamen de reclasificación, está en aptitud, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 35 del multicitado reglamento, de formular las aclaraciones pertinentes contra el dictamen de reclasificación, y obviamente contra el dictamen de evaluación de incapacidad en que se sustente la reclasificación, o bien, impugnarlo mediante el recurso de inconformidad correspondiente, como en la especie lo hizo la quejosa al interponer primeramente recurso de aclaración administrativa y posteriormente el recurso de inconformidad, con lo cual se cumplió con la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional. Asimismo, por lo que respecta a que el accidente de trabajo acaecido al trabajador Antonio Reyes Escobar el día cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, no debió tomarse en cuenta para la modificación del grado de riesgo, debe decirse, en primer término, que dicho accidente ocurrió con posterioridad a la vigencia del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo (primero de julio de mil novecientos ochenta y uno), por lo que su aplicación no es retroactiva, y en segundo, que dicho accidente fue con posterioridad reconocido como riesgo de trabajo, diagnosticándose una incapacidad permanente por un cincuenta por ciento a partir del dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, y por tanto sí se encuentra comprendido dentro del periodo anual inmediato anterior a la determinación del grado de riesgo. Finalmente, el primero de los conceptos de violación también es infundado, porque la circunstancia de que el dictamen de reclasificación se haya notificado a la quejosa el día siete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, para surtir efectos a partir del segundo bimestre de cotización, no significa violación en su perjuicio, por cuanto que si bien es cierto que el reglamento en cuestión señala periodos precisos para efectuar las reclasificaciones, también lo es que dicho reglamento no contiene sanción alguna para cuando no se emite la reclasificación en el término indicado, por lo que la modificación respectiva sólo está sujeta a la caducidad que señala el artículo 276 de la Ley del Seguro Social, puesto que, como ya se dijo, no existe ningún dispositivo legal que apoye el argumento de la peticionaria del amparo en el sentido de que al no modificarse el grado de riesgos, dentro de los sesenta días siguientes al término de la vigencia del que se le fijó se pierde el derecho para hacerlo; lo anterior es así, porque cuando el legislador quiere establecer excepciones a la regla general siempre lo hace de manera expresa, y en el caso, se insiste, ninguna excepción existe a la regla general de la caducidad. A mayor abundamiento, que si a la empresa quejosa le correspondía nuevo grado de riesgo con vigencia a partir del segundo bimestre de cotizaciones, el hecho de que ese nuevo riesgo le haya sido notificado hasta el siete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, no puede decirse que la facultad del instituto demandado haya precluido, en razón de que los grados de riesgo de trabajo tienen vigencia durante un año, por lo que aquí la quejosa estaba sujeta a la modificación del grado de riesgo. En las relatadas circunstancias, lo que procede es negar el amparo solicitado y declarar fundado el pedimento del fiscal federal adscrito."

CUARTO. El Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, al resolver el amparo directo administrativo 301/87, consideró:

"CUARTO. Son infundados los anteriores conceptos de violación. En efecto, el grado de riesgo conforme al cual son cubiertas las primas por las empresas, podrá ser modificado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley del Seguro Social y las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos del Trabajo, mediante un dictamen de reclasificación. Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento en cita, los índices de siniestralidad correspondientes a la escala de grado de riesgo de cada una de las clases a que se refiere el artículo 22 del propio reglamento, deben ser revisados anualmente sujetándose para tal efecto a la técnica y procedimientos actuariales previstos en el aludido artículo 23. Ahora bien, el hecho de que el dictamen de reclasificación se haya notificado a la empresa quejosa el once de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, para surtir efectos a partir del segundo bimestre de cotizaciones, no significa violación en perjuicio del quejoso, puesto que aunque el dictamen tiene así efectos retroactivos, con ello no se viola el artículo 14 constitucional, pues éste lo que prohibe es la aplicación retroactiva de la ley y el propio quejoso señala en su primer concepto de violación que nunca dijo; que la ley por sí misma fuera retroactiva ni que lo fuera el reglamento que se aplicaba. Es cierto que el reglamento para la clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo señala periodos precisos para efectuar reclasificaciones (artículo 24), pero no es menos veraz que el grado de riesgo sólo tiene vigencia un año, por disposición expresa del reglamento (fracción IV, artículo 24). Así que el particular no puede alegar prórroga del grado de riesgo. De acuerdo con lo anterior, si a la empresa quejosa le correspondía un nuevo grado de riesgo con vigencia a partir del segundo bimestre de cotizaciones (fracción IV del artículo 24 del reglamento), el hecho de que ese nuevo grado de riesgo le haya sido notificado hasta el once de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro para surtir efectos a partir del segundo bimestre de mil novecientos ochenta y cuatro, no puede decirse que con ello se afecten derechos adquiridos por la quejosa, puesto que ninguno tiene, cuando ya se dijo que el Reglamento es tajante, al señalar que los grados de riesgo sólo tienen vigencia un año, por lo que la empresa quejosa estaba sujeta a la modificación del grado de riesgo. Es obvio que esa modificación sólo está sujeta a la caducidad que señala el artículo 276 de la Ley del Seguro Social, puesto que no existe ningún dispositivo legal que apoye la pretensión de la quejosa en el sentido de que al no modificarse el grado de riesgos, dentro de sesenta días siguientes al término de vigencia del que se le fijó se pierde el derecho para hacerlo. Esto es así, porque cuando el legislador quiere establecer excepciones a la regla general siempre lo hace de manera clara, y en el caso ninguna excepción existe a la regla general de la caducidad. En mérito de lo anterior, no siendo la sentencia reclamada violatoria de las invocadas garantías individuales de la quejosa, procede negarle la protección federal que solicita."

QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto, conviene transcribir, en primer término, el artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo. ( Se transcribe el texto que estaba vigente al momento en que se pronunciaron las ejecutorias que motivaron la presente contradicción, puesto que a partir del veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y siete, fecha en que entró en vigor el que rige actualmente, se modificaron los periodos de cómputo y vigencia de las cinco clases que establece dicho precepto, para asignarles un mismo periodo de cómputo y vigencia con el año calendario.):

"Artículo 24. La dependencia técnica responsable de la clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo, revisará anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las empresas, para confirmarlo, disminuirlo o aumentarlo de acuerdo a las siguientes reglas:

"I. Las modificaciones no podrán exceder los límites determinados para el grado máximo, ni ser inferiores al grado mínimo de la clase a que corresponda la empresa; y

"II. La disminución o aumento del grado de riesgo y prima procederá cuando el índice de siniestralidad, o sea el promedio del producto del índice de frecuencia por el de gravedad de los riesgos computados y evaluados en la empresa en el último período anual que corresponda a su clase sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa en encuentre cotizando.

"En uno u otro caso se colocará a la empresa en el grado más cercano que le corresponda dentro de la escala de la clase en que se encuentre clasificada. Los períodos anuales por la clase de riesgo que se considerarán para computar y evaluar los índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad de los riesgos de la empresa, son:

Clase Periodo

I Del 1o. de julio al 30 de junio

II Del 1o. de septiembre al 31 de agosto

III Del 1o. de noviembre al 31 de octubre

IV Del 1o. de enero al 31 de diciembre

V Del 1o. de marzo al 28 o 29 de febrero

"III. Si se tratare de empresas de reciente registro en el instituto o que hayan cambiado de clase en los términos de los artículos 5o. y 20 de este reglamento, la disminución o aumento del grado de riesgo procederá atendiendo a las fracciones anteriores y en consideración de los riesgos computados y evaluados hasta que haya completado un periodo anual de la clase que les corresponda;

"IV. Las modificaciones al grado de riesgo y prima que acuerde el instituto tendrán vigencia durante un año, que se determinará conforme al calendario oficial del Instituto y según la clase de riesgo que le corresponda a la empresa, como se detalla a continuación:

Clase Vigencia

Desde el primer día del Hasta el último día del

I. 5o. bimestre de cotizaciones 4o. bimestre de cotizaciones del

año siguiente

II. 6o. bimestre de cotizaciones 5o. bimestre de cotizaciones del

año siguiente

III. 1o. bimestre de cotizaciones 6o. bimestre de cotizaciones del mismo año

IV. 2o. bimestre de cotizaciones 1o. bimestre de cotizaciones del

año siguiente

V. 3o. bimestre de cotizaciones 2o. bimestre de cotizaciones del

año siguiente

"Al término de la vigencia, el instituto fijará el nuevo grado de riesgo y prima que procedan, en los términos que señalan las fracciones anteriores.

"V. No se tomará en cuenta para el cálculo del índice de siniestralidad y determinación del grado de riesgo y prima, los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa;

"VI. Cuando por las modalidades de los sujetos de aseguramiento o tipo de contribución, la empresa tenga asignados diversos números de registro patronal en un mismo Municipio o en el Distrito Federal, con excepción de los casos señalados en el artículo 6o. de este reglamento, para el cálculo del índice de siniestralidad y determinación del grado de riesgo y prima, se tomarán los riesgos de trabajo sufridos por todo el personal de la empresa en un mismo Municipio o en el Distrito Federal. En caso de que la empresa tenga registrados centros de trabajo en distintos Municipios o en el Distrito Federal y fuera de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/101-7506ad9c/grado-de-riesgo-modificacion-del-no-le-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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