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PRESCRIPCION POSITIVA EN MATERIA AGRARIA, PARA COMPUTAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY AGRARIA, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA EL TIEMPO DE POSESION ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ACTUAL (27 DE FEBRERO DE 1992).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/94. · Registro digital (IUS): 2246
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, , Pág. 91.

CONTRADICCION DE TESIS 16/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente contradicción de tesis 16/94, formado con motivo de la denuncia formulada por el Procurador Agrario en relación con la posible contradicción de tesis sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio número PA-150/94, de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de marzo del mismo año, y remitido el cuatro de abril siguiente, a la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala, el procurador Agrario manifestó lo siguiente:

"Por este conducto me es grato dirigirme a usted con el propósito de comentarle y a la vez solicitar su valiosa intervención para que, acorde con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se resuelva la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Distrito (sic), con sede en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y el Segundo, del Segundo Circuito con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, que en síntesis se refieren al supuesto contemplado en el artículo 48 de la nueva Ley Agraria relativo a la prescripción positiva y en particular precisan a partir de qué momento debe empezar a correr el término para que opere la prescripción en materia agraria. Para efecto de lo anterior me permito adjuntar al presente, copia fotostática de las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, la primera en el mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, páginas cuatrocientos sesenta y dos y cuatrocientos sesenta y tres, y la segunda, en el mes de noviembre de ese mismo año, en las páginas trescientos noventa y ocho y trescientos noventa y nueve. En opinión de esta institución la resolución que esa Suprema Corte que usted preside emita al respecto, reviste trascendencia para un significativo número de campesinos, porque representa la posibilidad de solucionar de inmediato una problemática que se ha manifestado a través de los años en el campo mexicano, referente a la regularización de todas aquellas posesiones de parcelas ejidales que de hecho existen en muchos núcleos agrarios."

SEGUNDO.-Por acuerdo de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de la Segunda Sala, ordenó formar y registrar el expediente 16/94, relativo a la denuncia de posible contradicción de tesis hecha valer por el procurador Agrario. En el propio acuerdo mandó solicitar al presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, copia certificada de la resolución pronunciada en el amparo directo 604/93, así como al presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, copia certificada de la sentencia emitida en el amparo directo 111/93.

TERCERO.-Recibidas en esta Segunda Sala las copias certificadas de que se trata, su presidente el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, dictó el siguiente acuerdo: "Agréguense los oficios números 1759 y 112 signados por el presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, con lo cual se da cumplimiento a lo ordenado por el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acuerdo de veintinueve de abril del año actual. Acúsese recibo. En el presente caso se denuncia la posible contradicción de tesis existente entre la que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 604/93, promovido por Espiridión Santos Torrijos en la que se sustenta la tesis número II.2a.65A bajo el rubro: 'PRESCRIPCION ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA, SI DEBE CONTARSE EL TIEMPO DE POSESION ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY AGRARIA PARA EL COMPUTO DEL TERMINO DE LA.', consultable a fojas trescientas noventa y ocho y trescientas noventa y nueve, del Tomo XII, Octava Epoca, noviembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, y el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver los amparos directos 111/93, 485/93, 92/94 y 164/94 que dieron origen a la tesis número XXIII.2A, bajo la voz 'PRESCRIPCION POSITIVA EN MATERIA AGRARIA, SOLO PUEDE TOMARSE EN CUENTA PARA SU COMPUTO, LA POSESION QUE SE DETENTA A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY AGRARIA, SI EXISTEN EJIDATARIOS O COMUNEROS CON DERECHOS AGRARIOS RECONOCIDOS SOBRE LA MISMA UNIDAD DE DOTACION.', visible a fojas cuatrocientas sesenta y dos y cuatrocientas sesenta y tres, del Tomo XII, Octava Epoca, octubre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación. En tales condiciones y en cuanto el asunto de que se trata se encuentra debidamente integrado y se contrae a una denuncia de posible contradicción de tesis sustentada entre dos Tribunales Colegiados en asuntos de materia administrativa, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para conocer del mismo; con fundamento en los artículos 29, fracción II, y 197-A, de la Ley de Amparo, y 25, fracción XI, y 29, fracción III, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda: PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avoca al conocimiento de la denuncia de posible contradicción de tesis sustentadas entre Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. SEGUNDO.-Dése a conocer el presente acuerdo al procurador general de la República, por el término de treinta días para que, si así lo considera, por conducto del agente del Ministerio Público Federal adscrito, emita el pedimento correspondiente, para lo cual deberá anexarse copia del escrito por el que se denuncia la posible contradicción y demás anexos necesarios; cumplido ese requisito, túrnese el presente asunto al Ministro ponente que corresponda para que formule proyecto de resolución. TERCERO.-Notifíquese. Lo acordó y firma el señor Ministro Atanasio González Martínez, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy fe.".

El procurador general de la República, por conducto del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, formuló pedimento en el sentido de que se declare que debe prevalecer la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

CUARTO.-Por acuerdo de presidencia de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, notificado el treinta y uno del mismo mes, se ordenó turnar los autos a la Ministra ponente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis sustentadas en amparos directos en materia administrativa, por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO.-El criterio unánime que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, se contiene en la tesis (publicada en las páginas cuatrocientos sesenta y dos y cuatrocientas sesenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XII, Octubre de mil novecientos noventa y tres), cuyo texto es el siguiente: "PRESCRIPCION POSITIVA EN MATERIA AGRARIA, SOLO PUEDE TOMARSE EN CUENTA PARA SU COMPUTO, LA POSESION QUE SE DETENTA A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY AGRARIA, SI EXISTEN EJIDATARIOS O COMUNEROS CON DERECHOS AGRARIOS RECONOCIDOS SOBRE LA MISMA UNIDAD DE DOTACION.-Del texto del artículo 48 de la Ley Agraria, vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se advierte que bajo la nueva legislación de la materia, es posible adquirir derechos agrarios por prescripción positiva, pero de la interpretación legal de dicho precepto, se advierte que sólo rige hacia el futuro, resultando aplicables exclusivamente a la posesión que se tenga con los requisitos y bajo las condiciones que el citado artículo previene, a partir del inicio de la vigencia de la Ley Agraria, y no a la posesión que se tenía con anterioridad a ella, respecto a predios sobre los que existen derechos agrarios reconocidos en favor de un ejidatario o comunero, pues de lo contrario, se estaría aplicando la Ley Agraria de forma retroactiva, en perjuicio de estos últimos, lo que sería violatorio de garantías. Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. Amparo directo 111/93. Domingo Lira Méndez. 29 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Arroyo Moreno. Secretario: Agustín Arroyo Torres.".

El criterio precedente fue sustentado por el órgano colegiado indicado, al resolver los amparos directos en materia administrativa números 111/93, 485/93, 92/94, y 164/94, promovidos respectivamente por Domingo Lira Méndez, Rosa Rodríguez Olacio, Idelfonso Hernández Saldívar y coagraviados, y Eduardo Ortiz Robles, en sesiones de fechas veintinueve de abril y veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y diez y veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, también respectivamente.

La parte conducente a la materia de esta contradicción, expresada por dicho Tribunal Colegiado en el amparo directo 111/93 (que dio origen a la tesis antes referida) y reiterada en los otros fallos que se mencionaron, es del tenor literal siguiente:

"... por otro lado, resulta inaplicable en la especie el artículo 48 de la Ley Agraria, que invocó el Tribunal Unitario Agrario, para reconocer derechos agrarios sobre la parcela controvertida, a Magdalena Lira Morales. Se afirma lo anterior, tomando en cuenta que el invocado numeral establece la adquisición de derechos agrarios en base a la prescripción positiva, figura jurídica que es materia sustantiva, esto es, de fondo, ya que implica el reconocimiento de un derecho bajo ciertos requisitos. En efecto, el artículo 48 de la Ley Agraria se refiere a la prescripción adquisitiva, en virtud de la cual se puede llegar a adquirir derechos agrarios sobre un predio, mediante la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario, pacífica, continua, pública y por el tiempo que marca la ley, que es de cinco años, siempre y cuando no se trate de tierras destinadas al asentamiento humano o de bosques o selvas. Esto es, bajo los requisitos anteriormente anotados, se puede llegar a establecer en favor de una persona, derechos agrarios sobre una parcela o dicho de otro modo, cumpliendo los citados requisitos, una persona puede llegar a ser titular de derechos agrarios sobre un predio, adquiriendo los mismos por prescripción. Ahora bien, para que opere la prescripción adquisitiva, será requisito indispensable que la posesión que se disfruta sobre las tierras que se pretendan adquirir, sea con ánimo de titular de derechos agrarios, como señala el propio numeral invocado, por lo que una posesión derivada nunca podrá producir la prescripción en favor de persona alguna.

Asimismo, la posesión debe ser pacífica, esto es, que no se adquiera a través de la violencia, puesto que ello haría nugatoria la prescripción, pero una vez que cese, en su caso, la violencia, puede operar la posesión útil para prescribir. Por lo que toca a la continuidad, la posesión no debe verse interrumpida, esto es, el poseedor debe disfrutarla en todo momento. De igual modo, la posesión apta para prescribir debe ser pública, esto es, a la vista de todos, sin mantenerse en la clandestinidad. Y, por último, la posesión debe ser cierta, esto es, debe existir la seguridad de que la posesión de la parcela se tiene en concepto de titular de derechos agrarios, pues de lo contrario, es equívoca. De lo anterior, se desprende que la figura de la prescripción adquisitiva, es una figura jurídica sustantiva, ya que a través de la misma, se puede llegar a adquirir la titularidad de derechos agrarios, figura jurídica que contempla la Ley Agraria vigente a partir de mil novecientos noventa y dos, y que debe aplicarse sólo en aquellos casos en que se cumplan los requisitos ya anotados, sin que pueda aplicarse en perjuicio de persona alguna, mediante el desconocimiento que se haga de los derechos agrarios que le asisten, pues en todo caso, si se presenta un conflicto parcelario, deberá resolverse en favor de quien acredite tener derechos agrarios sobre la parcela, o en su caso, un mejor derecho a poseer la misma. Ahora bien, en la especie, el reconocimiento que el Tribunal Unitario Agrario hace de derechos agrarios en favor de Magdalena Lira Méndez, trae aparejada una privación de derechos agrarios en perjuicio de Domingo Lira Méndez, ya que ambos se refieren a la misma unidad de dotación. En estas condiciones, es incontrovertible que en caso sometido a la potestad federal, se cometió una violación manifiesta al artículo 14 constitucional, al haberse aplicado retroactivamente el numeral antes invocado de la Ley Agraria en vigor, en notable perjuicio del quejoso. En efecto, dispone el artículo 48 de la Ley Agraria, que: 'Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva.'. En la especie, la autoridad responsable, resolviendo una cuestión no planteada por las partes, en un caso en el que, como se asentó, no operaba la suplencia de la queja, estimó que operaba la prescripción positiva en favor de Magdalena Lira Morales, estableciendo en su favor los derechos agrarios sobre la parcela controvertida. Sin embargo, al no haber realizado un análisis exhaustivo de las constancias de autos, como ya quedó demostrado, no se percató de que en realidad Domingo Lira Méndez, en ningún momento dejó de tener derechos agrarios sobre la unidad de dotación litigiosa, por todas las razones ya expuestas, de tal forma que los mismos siguen vigentes, y al considerar que la prescripción positiva operó en favor de quien detenta una posesión derivada, por provenir de un convenio equiparable a un contrato de aparcería, conculcó un derecho adquirido del actor, con fundamento en un dispositivo legal vigente a partir de junio de mil novecientos noventa y dos, siendo que la relación convencional entre las partes se rigió por la abrogada Ley Federal de la Reforma Agraria, de tal forma que estableció un derecho en favor de la parte demandada, en base a la nueva ley, en perjuicio del actor. En estas condiciones, es inconcuso que en la especie no era posible jurídicamente resolver sobre la prescripción, en la forma en que lo hizo la responsable, en primer término por no ser parte de la litis, que consistió únicamente en determinar a quién le asistía el mejor derecho a poseer la parcela litigiosa, y en segundo término, porque al ser la prescripción a que se refiere el artículo 48 de la Ley Agraria una figura de carácter sustantivo, su aplicación no puede retrotraerse a eventos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la citada ley, puesto que en la especie, con ello, se causaría un grave perjuicio al quejoso, toda vez que de reconocer que ha operado en favor de Magdalena Lira Morales la prescripción positiva a su favor, que le permite adquirir derechos sobre la unidad de dotación controvertida, se estaría privando de sus derechos agrarios reconocidos al quejoso, que se demostró, siguen vigentes. Es aplicable al caso la primera tesis relacionada con la jurisprudencia número mil seiscientos ochenta y cuatro, visible a foja dos mil seiscientos ochenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, que dice: 'RETROACTIVIDAD.-Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, sino es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye.'. Así como con la segunda tesis relacionada con la jurisprudencia señalada, visible a foja dos mil seiscientos ochenta y dos, del Apéndice citado, que dice: 'RETROACTIVIDAD.-La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos ya, y según los tratadistas, los derechos que se derivan inmediatamente de un contrato, son derechos adquiridos.'. De lo anterior, se concluye que, como lo alegó el quejoso, la autoridad responsable violó sus garantías individuales al no haber efectuado un análisis correcto de las pruebas aportadas lo que obliga a conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, que es conforme a derecho."

TERCERO.-Por otra parte, el criterio unánime que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, se contiene en la tesis (publicada en las páginas trescientas noventa y ocho y trescientas noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XII, noviembre de mil novecientos noventa y tres), cuyo texto es el siguiente: "PRESCRIPCION ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA, SI DEBE CONTARSE EL TIEMPO DE POSESION ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY AGRARIA PARA EL COMPUTO DEL TERMINO DE LA.-La Ley Agraria actualmente en vigor confirma a los núcleos de población ejidal como propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, según puede constatarse de lo dispuesto por el artículo 9 de la misma. Sin embargo, a diferencia de la legislación anterior, se opera una transformación en el régimen de propiedad, pues permite que se cambie de ejidal a dominio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 29, 81, 82 y 83, párrafo primero. Pero no obstante ello, mientras se continúe con el régimen de explotación ejidal se sigue el sistema de la legislación precedente en cuanto toca a que los ejidatarios únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento y usufructo de sus parcelas. Asimismo, se trastoca la manera de adquirir los derechos ejidales aludidos mediante la posesión de las tierras de cultivo, pues ahora el artículo 48 fija plazos prescriptivos de cinco y diez años para las ocupaciones de buena y mala fe, respectivamente. De lo anterior puede ya concluirse que la prescripción adquisitiva que prevé la Ley Agraria, se refiere únicamente a la obtención de los derechos para usufructuar los predios de labor, pero de ninguna manera trae como consecuencia la apropiación del inmueble mismo, que como se ha visto, seguirá perteneciendo al núcleo de población ejidal en tanto no cambie el régimen de propiedad por alguno de los medios instituidos por la ley para tal efecto. En suma, las dos instituciones que se analizan convergen en un fin común, que es el de otorgar derechos ejidales a quienes han cumplido con los términos y condiciones legales para obtenerlos, y por tanto, de ello es posible determinar que no son de naturaleza jurídicamente distinta, sino que sólo se presenta una modificación legislativa a los requisitos que deben acatarse para que se produzca la prescripción en materia agraria; es decir, no se trata de una nueva figura jurídica, sino la continuación de la ya existente con diferentes requisitos para que se realice. Así pues, todo el tiempo que se hubieren poseído parcelas ejidales antes de la entrada en vigor de la Ley Agraria, puede y debe ser tomado en cuenta como parte del plazo requerido para la prescripción, la cual llegará a consumarse si además se reúne el resto de las exigencias que para tales casos establece el artículo 48 del ordenamiento legal citado; sin que ello implique una aplicación retroactiva de la ley, porque para estimarlo así, es necesario que ésta vuelva al pasado para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar o suprimir los efectos de un derecho ya realizado; lo cual no ocurre en casos como el presente en el que sólo se pide el reconocimiento del hecho posesorio como generador de derechos agrarios, y en tales condiciones, la aplicación del artículo 48 de la Ley Agraria sobre la posesión material de tierras ejidales de cultivo, anterior a su entrada en vigor, no constituye una aplicación retroactiva de la misma. Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Amparo directo 604/93. Espiridión Santos Torrijos. 25 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solis. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.".

El criterio anterior fue sustentado por el órgano colegiado indicado, al conocer del amparo directo 604/93, especificado en el sumario antes transcrito. La parte conducente de la resolución respectiva es del siguiente tenor: "CUARTO.-Independientemente de los conceptos de violación formulados, se examina el asunto en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo. En efecto, cabe destacar como breve referencia, que en el presente caso Espiridión Santos Torrijos ejercitó la acción de prescripción prevista por el artículo 48 de la Ley Agraria respecto de la unidad de dotación ejidal amparada con el certificado de derechos agrarios número 234174, cuyo titular es Severiano Santos Terrazas, ubicada en el ejido de Axotlán, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México. Severiano Santos Terrazas produjo su contestación a la demanda y expresó los motivos que en su concepto fundan su oposición a las pretensiones del actor, y asimismo, reconvino de este último la desocupación y entrega de la parcela de mérito. Seguido el juicio por todos sus trámites se pronunció la resolución correspondiente en la que se declaró improcedente la acción ejercitada por el actor, por considerar que la prescripción que señala la Ley Agraria comienza a generar derechos a partir del día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, fecha en que inició su vigencia; y por otra parte, se declara procedente la acción reconvencional y se condena al demandante a la desocupación y entrega del inmueble. Ahora bien, la Ley Federal de la Reforma Agraria ya derogada establecía en el artículo 51 que el núcleo de población ejidal es el propietario de los bienes señalados en la resolución presidencial correspondiente, con las modalidades y regulaciones que la propia ley contenía. Por otra parte, en el artículo 52, párrafo segundo, estatuía que 'Las tierras cultivables que de acuerdo con la ley puedan ser objeto de adjudicación individual entre los miembros del ejido, en ningún momento dejarán de ser propiedad del núcleo de población ejidal.'. Y el artículo 72, consignaba las órdenes de preferencia y exclusión respecto a la adjudicación de las unidades de dotación, comprendiendo en las fracciones III y IV a: 'III. Campesinos del núcleo de población que no figuraron en la solicitud o en el censo, pero que hayan cultivado lícita y pacíficamente terrenos del ejido de un modo regular durante dos o más años siempre y cuando su ingreso y su trabajo no haya sido en perjuicio de un ejidatario con derechos.', 'IV. Campesinos del poblado que hayan trabajado terrenos del ejido por menos de dos años, sin perjuicio de un ejidatario con derechos.'. La Ley Agraria actualmente en vigor confirma a los núcleos de población ejidal como propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, según puede constatarse de lo dispuesto por el artículo 9o. de la misma. Sin embargo, a diferencia de la legislación anterior, se opera una transformación en el régimen de propiedad, pues se permite que se cambie de ejidal a dominio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 29, 81, 82 y 83, párrafo primero, que respectivamente disponen: 'Artículo 29. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido. Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les corresponda, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierras asignadas por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedente de tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación,' 'Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez, adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley,' 'Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común,' 'Artículo 83. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.'. Pero no obstante ello, mientras se continúe con el régimen de explotación ejidal se sigue el sistema de la legislación precedente en cuanto toca a que los ejidatarios únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento y usufructo de sus parcelas. Asimismo, se trastoca la manera de adquirir los derechos ejidales aludidos mediante la posesión de las tierras de cultivo, pues ahora el artículo 48 fija plazos prescriptivos de cinco y diez años para las ocupaciones de buena y mala fe, respectivamente. De lo anterior puede ya concluirse que la prescripción adquisitiva que prevé la Ley Agraria, se refiere únicamente a la obtención de los derechos para usufructuar los predios de labor, pero de ninguna manera trae como consecuencia la apropiación del inmueble mismo, que como se ha visto, seguirá perteneciendo al núcleo de población ejidal en tanto no cambie el régimen de propiedad por alguno de los medios instituidos por la ley para tal efecto. En suma, las dos instituciones que se analizan convergen en un fin común, que es el de otorgar derechos ejidales a quienes han cumplido con los términos y condiciones legales para obtenerlos, y por tanto, de ello es posible determinar que no son de naturaleza jurídicamente distinta, sino que sólo se presenta una modificación legislativa a los requisitos que deben acatarse para que se produzca la prescripción en materia agraria; es decir, no se trata de una nueva figura jurídica, sino la continuación de la ya existente con diferentes requisitos para que se realice. Así pues, todo el tiempo que se hubieren poseído parcelas ejidales antes de la entrada en vigor de la Ley Agraria, puede y debe ser tomado en cuenta como parte del plazo requerido para la prescripción, la cual llegará a consumarse si además se reúne el resto de las exigencias que para tales casos establece el artículo 48 del ordenamiento legal citado; sin que ello implique una aplicación retroactiva de la ley, porque para estimarlo así, es necesario que ésta vuelva al pasado para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar o suprimir los efectos de un derecho ya realizado; lo cual no ocurre en casos como el presente en el que sólo se pide el reconocimiento del hecho posesorio como generador de derechos agrarios, y en tales condiciones, la aplicación del artículo 48 de la Ley Agraria sobre la posesión material de tierras ejidales de cultivo, anterior a su entrada en vigor, no constituye una aplicación retroactiva de la misma. En consecuencia, procede otorgar el amparo y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2246-899d8596/prescripcion-positiva-en-materia-agraria-para-computar-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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