DEMANDA DE NULIDAD FISCAL. EL REPRESENTANTE DEBE EXHIBIR COPIA DE TODOS LOS ANEXOS, ENTRE ELLOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD. CONTRADICCION DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRE RESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES.
CONTRADICCION DE TESIS 21/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
VISTOS; para resolver los autos del expediente contradicción de tesis 21/94, formado con motivo de la denuncia formulada por el entonces presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y, los Tribunales Colegiados Segundo del Segundo Circuito y Primero del Primer Circuito al resolver los amparos directos números 29/92, 965/93 y 1201/90, respectivamente.
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio número 08-04-11-94, suscrito por la Subcoordinadora General de Compilación y Sistematización de Tesis de este alto Tribunal, con fundamento en el punto 3, inciso b), fracción III del acuerdo del Tribunal Pleno de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, modificado el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa, se comunicó al presidente de la Segunda Sala la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo del Segundo Circuito y Primero del Primer Circuito, al resolver los amparos directos números 29/92, 965/93 y 1201/90, respectivamente, a efecto de que de estimarlo procedente formulara la posible contradicción de criterios referidos.
Dicho oficio, a la letra, dice:
"Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis. Oficio número 08-04-11-94. Señor Ministro Atanasio González Martínez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presente. Distinguido señor ministro: De conformidad con el acuerdo del Tribunal en Pleno de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, adicionado por los acuerdos de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y primero de abril de mil novecientos noventa y dos, relativos a las funciones de esta Coordinación, numeral 3, inciso b), y toda vez que compete a esa Segunda Sala de este alto Tribunal resolver las contradicciones que en materia administrativa sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envío a usted expediente donde, prima facie, se advierte una contradicción de esta índole. Lo anterior, a fin de que, si así lo estima pertinente, proceda a formular su denuncia y, esa Sala resuelva lo conducente, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo. Atentamente. México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Licenciada Cielito Bolívar Galindo, Subcoordinadora. Rúbrica."
SEGUNDO. Por acuerdo de diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de la entonces Segunda Sala ordenó solicitar a los presidentes de los Tribunales Colegiados aludidos copias certificadas de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo directo relativos a la posible contradicción de tesis informada, a fin de acordar lo procedente respecto de la procedencia de la denuncia de tesis respectiva.
TERCERO. Recibidas en esta Sala las copias certificadas de que se trata, su presidente, en acuerdo de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, procedió a formular la denuncia correspondiente, acordando además, que la Sala se avocara al conocimiento de la posible contradicción de tesis denunciada y que se diera a conocer tal acuerdo al Procurador General de la República para que, por conducto del agente del Ministerio Público Federal adscrito, emitiera el pedimento correspondiente.
El Procurador General de la República, por conducto del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, formuló pedimento en el sentido de que deben prevalecer las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito.
CUARTO. Por acuerdo de presidencia de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, notificado el diez del mismo mes y año, se ordenó turnar los autos al ministro Atanasio González Martínez. Dado el retiro del señor ministro a quien originalmente se turnaron los autos relativos, se returnó el asunto para su resolución al ministro ponente, mediante acuerdo de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, que dictó el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 24, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo número 1/95, de 7 de febrero de 1995, emitido por el Tribunal Pleno, ya que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis entre las sustentadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de juicios de amparo directo en una materia que genéricamente corresponde a la materia administrativa.
SEGUNDO. El criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, se contiene en su resolución de veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, pronunciada en el juicio de amparo directo número 29/92, promovido por Fábricas Elena, Sociedad Anónima y, señala en lo conducente: "IV. Son esencialmente fundados los conceptos de violación que se expresan. En efecto, la correcta interpretación del contenido del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación en relación con el diverso dispositivo 198 de ese ordenamiento legal, lleva a concluir que el acto materia del presente juicio de amparo, resulta violatorio de las garantías individuales de la quejosa, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales. Esto es así, ya que el numeral citado en primer término expresa los documentos que el demandante debe adjuntar a su instancia; señalando en su fracción I como tales, lo siguiente: `Una copia de la misma para cada una de las partes y una copia de los documentos anexos para el titular a que se refiere la fracción III del artículo 198 o, en su caso, para el particular demandado'; en la fracción II se consigna el documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestionen en nombre propio, relatándose en las restantes fracciones otro tipo de documentos. Ahora bien, el análisis conjunto de las citadas fracciones I y II del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que el documento con que el compareciente pretende acreditar su personalidad, no es de aquellos anexos a que se refiere la fracción I del artículo en comento, y por ende, ninguna obligación tiene el demandante de acompañar copia de traslado de la misma para la autoridad demandada; criterio éste que se robustece tomando en consideración que la personalidad, como presupuesto procesal que lo es, debe acreditarse ante el órgano jurisdiccional o autoridad ante quien se actúa, no participando el documento comprobatorio de personalidad de la calidad de anexo de la demanda; luego entonces, la supuesta omisión que se atribuye por la responsable a la ahora quejosa, no la facultaba, en aplicación a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 209 multicitado, a tener por no interpuesta la demanda de nulidad, resultando así ilegal y violatorio de garantías la resolución materia del presente juicio de amparo. En tales condiciones, es de concluirse que el acto que se reclama sí resulta violatorio de las garantías individuales de la quejosa, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, razón por la cual se impone concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados." (Fojas de la 2 vuelta a la 23 vuelta del expediente).
De esta resolución se desprendió el criterio publicado en la página trescientos cincuenta y uno, del Tomo X del mes de julio de mil novecientos noventa y dos, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COPIAS DE LOS ANEXOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A LA DEMANDA EN EL JUICIO. Una correcta interpretación del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones I y II, lleva a concluir que el documento que el demandante exhibe para acreditar la personalidad con que comparece, no es de aquellos anexos a que se refiere la fracción I del artículo precitado, y por ende, ninguna obligación tiene de acompañar a su demanda copia de aquél para su traslado a la autoridad demandada, criterio que cobra mayor sustento considerando que la personalidad, como presupuesto procesal que lo es, debe acreditarse ante el órgano jurisdiccional o autoridad ante quien se actúa."
TERCERO. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados Segundo del Segundo Circuito y Primero del Primer Circuito, son las que a continuación se precisan:
1) Amparo directo número 965/93, promovido por Automotriz Satélite, Sociedad Anónima, resuelto el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
En lo conducente, se consideró lo siguiente: "CUARTO. Los conceptos de violación son infundados. Por razón de método se examina en primer lugar el segundo concepto de violación en el que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 209, fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, por estimar que es contrario a la garantía individual contenida en el artículo 17, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, porque impide a la quejosa ejercer ante los Tribunales existentes los derechos que le corresponden al establecer que ante la falta de copias de los documentos anexos a la demanda debe tenerse por no interpuesta la misma, negando así el acceso a la justicia, que la falta de presentación de copias para el traslado de la demanda no debe provocar su desechamiento ya que tal omisión es reparable por medio de una prevención al promovente, y al no prever esa circunstancia el precepto impugnado, deja en estado de indefensión al interesado, pues obstaculiza la continuación del juicio, y por ello es inconstitucional; que el artículo 209, fracción I en relación con su párrafo último, es inconstitucional porque no otorga al promovente de un juicio de nulidad el derecho de reparar la omisión consistente en no exhibir copias de los documentos presentados con la demanda, infringiendo los artículos 14 y 16 constitucionales porque no permite oponerse dentro de un juicio a ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos; y por último que es inconstitucional la disposición aplicada por disponer que debe tenerse por no interpuesta la demanda si no se cumple con un requisito como lo es la exhibición de copias simples, porque se niega la impartición de justicia en los términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior es infundado, en virtud de que si bien es verdad que el artículo 209, fracción I, y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, determina que cuando no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere dicho precepto, el magistrado instructor tendrá por no ofrecida las pruebas, o si se trata de los casos previstos en las fracciones I a IV se tendrá por no presentada la demanda; ello de ninguna manera es contrario a las garantías de audiencia y legalidad estatuidas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, dado que no es verdad que se niegue la posibilidad de acudir a los Tribunales en demanda de impartición de justicia; toda vez que del texto mismo del precepto impugnado de inconstitucional, se observa que su propósito es regular los requisitos que deben satisfacer los interesados para ser escuchados en el juicio de nulidad, señalando únicamente para los casos de incumplimiento con esa exigencia, una sanción para el promovente que consiste en no tener por ofrecidas las pruebas, o bien por no presentada la demanda, según el caso de que se trata; pero esto último obedece a la intención del legislador de dar celeridad al procedimiento, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional que alude precisamente a que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y por ello correctamente la norma analizada elimina prevenciones que sin un objetivo práctico alargan sin motivo alguno el procedimiento. Dicho en otras palabras, la exigencia contenida en el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación en el sentido de que cuando no se acompañen a la demanda los documentos a que se refiere dicho precepto, el magistrado instructor tendrá por no ofrecidas las pruebas, o bien por no presentada la demanda, según el caso, porque una disposición de tal naturaleza implica acatar lo ordenado por el artículo 17 constitucional por cuanto corresponden a dar celeridad a los procedimientos, al evitar que éstos se alarguen con prevenciones ociosas. Cabe mencionar por otra parte, que el precepto del Código Fiscal Federal a que se alude, indica cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que los interesados sean oídos en el juicio de nulidad, pero no obstaculiza su intervención en él; y por ello no puede válidamente afirmarse que tal circunstancia es violatoria de la garantía de audiencia. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VIII, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y uno, página ciento treinta y cuatro, que este Tribunal comparte, y cuyo texto es el siguiente: `CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. CONSTITUCIONALIDAD EN SU ARTICULO 209, ULTIMO PARRAFO. El artículo 209, último párrafo, del Código Tributario Federal, establece que, cuando no se adjunten a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el magistrado instructor tendrá por no ofrecidas las pruebas, o si se trata de los previstos en las fracciones I a IV, se tendrá por no presentada la demanda; ahora bien, no puede estimarse que el párrafo en cita sea violatorio del artículo 14 constitucional porque se aduzca que no cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio contencioso administrativo, si se toma en consideración que en dicha norma únicamente se establecen los requisitos que debe satisfacer el actor para el ejercicio de su acción así como las sanciones a que podrá hacerse acreedor en caso de incumplimiento, es decir, el párrafo en comento no afecta, priva, limita o regula las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le impide al accionante ser oído en el juicio de nulidad o lo priva de sus derechos de defensa cuando ha cumplido con lo exigido por el propio artículo, sino que constituye una sanción para aquellos litigantes que no satisfacen los requisitos previstos por la Ley. Aun con el sistema establecido en el párrafo en estudio, no se contraviene el artículo 14 de la Ley Fundamental, puesto que se trata de una disposición que tiene como fin acelerar el curso del procedimiento, en concordancia con lo dispuesto por el diverso artículo 17 constitucional, ya que elimina las prevenciones al accionista para que satisfaga un requisito establecido en la ley y que por tal motivo no está en aptitud de ignorar.' Por lo demás, se aduce que se hace una indebida aplicación de la fracción I del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, y se deja de aplicar la disposición procedente que es la fracción II del mismo precepto legal, porque dentro de los documentos a que se refiere la fracción I, no puede quedar comprendido el correspondiente al acreditamiento de la personalidad, puesto que no es obligatorio correr traslado del mismo a la autoridad y está considerado como un requisito diferente, toda vez que ni siquiera es un requisito indispensable, pues puede ser sustituido con el simple señalamiento de los datos de registro de dicho documento, con los que no se correrá traslado a la autoridad; además de que juntamente con la demanda se exhibió el documento que acredita la personalidad del promovente. El artículo 209, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación establece: `ARTICULO 209. El demandante deberá adjuntar a su instancia: I. Una copia de la misma para cada una de las partes y una copia de los documentos anexos para el titular a que se refiere la fracción III del artículo 198, o en su caso, para el particular demandado; II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con el que la acredite ante el Tribunal Fiscal de la Federación, cuando no gestione en nombre propio.'. Como puede observarse del precepto parcialmente transcrito, existe una particularización bien definida de los requisitos que deben satisfacerse cuando se interponga una demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación; pero ello no implica que entre las dos fracciones citadas exista una diferencia sustancial que permita concluir que tratándose del documento con el que se acredita la personalidad, no rige la exigencia de anexar copia del mismo, porque no existe ninguna razón legal que conduzca a determinar que se está frente a un caso de excepción, en virtud de que evidentemente no es eso lo que prescribe la codificación respectiva, pues la circunstancia de que se especifique con detalle que el interesado debe adjuntar el documento que acredite su personalidad, en una fracción diversa del mismo artículo a aquélla en la que se consigna la obligación de presentar copias de todos los documentos que van agregados a la demanda, no exime al interesado de cumplir con esta última carga procesal, estimar lo contrario llevaría al extremo de establecer que es optativo para el promovente exhibir o no las copias del documento con el que se demuestra su personalidad, dejando sin efecto lo estatuido por la fracción I del precepto citado. Sin que obste para considerar lo anterior, el argumento consistente en que el acreditamiento de la personalidad puede hacerse también mediante el señalamiento de los datos de registro del documento con el que se demuestra ese hecho; debido a que no se está frente a un caso de esa naturaleza, ya que como refiere la propia quejosa, a su demanda acompañó el testimonio notarial que prueba la personalidad que ostenta; es decir, no trató de cumplir con la obligación que la ley le impone en tal sentido mediante la indicación de los datos registrales del poder que le fuera conferido al promovente. Por tanto, a pesar de que de las constancias de autos se advierte que efectivamente se acompañó el testimonio notarial que contiene el poder conferido al promovente por la empresa quejosa, la omisión de presentar las copias de ese documento para efectos del traslado correspondiente, trae como consecuencia el desechamiento de la demanda, por cuya virtud la Sala responsable procedió en la forma debida al resolver en la forma en que lo hizo. En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado." (Fojas de la 13 vuelta a la 16 del propio expediente).
El criterio que se derivó de esta resolución es del tenor siguiente: "DEMANDA DE NULIDAD LA EXIGENCIA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DE PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD, NO LIBERA DE LA OBLIGACION DE ACOMPAÑAR COPIA DEL MISMO. De lo dispuesto por el artículo 209 fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación se observa que existe una particularización bien definida de los requisitos que deben satisfacerse cuando se interponga una demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación; pero ello no implica que entre las dos fracciones citadas exista una diferencia sustancial que permita concluir que tratándose del documento con el que se acredita la personalidad, no rige la exigencia de anexar copia del mismo, porque no existe ninguna razón legal que conduzca a determinar que se está frente a un caso de excepción, en virtud de que evidentemente no es eso lo que prescribe la codificación respectiva, pues la circunstancia de que se especifique con detalle que el interesado debe adjuntar al documento que acredite su personalidad, en una fracción diversa del mismo artículo a aquélla en la que se consigna la obligación de presentar copias de todos los documentos que van agregados a la demanda, no exime al interesado del cumplir con esta última carga procesal. Estimar lo contrario llevaría al extremo de establecer que es optativo para el promovente exhibir o no las copias del documento con el que se demuestra su personalidad lo que dejaría sin efecto lo estatuido por la fracción I del precepto citado."; publicado en la página trescientos cincuenta y cuatro del Tomo XIII, del mes de marzo, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. 2) Amparo directo número 1201/90, promovido por Sancela, Sociedad Anónima de Capital Variable, fallado el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa.
En lo que interesa a esta contradicción, se consideró lo siguiente: "SEXTO. La quejosa aduce, en sus conceptos de violación, que: 1). La Sala responsable realiza una indebida interpretación del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, en especial de su fracción I, pues al establecer ésta que el actor deberá adjuntar a su instancia una copia de los documentos anexos a la misma, se refiere a aquéllos en que se funda la acción, es decir los relacionados con la litis, puesto que no resulta lógico que se tenga por no presentada una demanda por la circunstancia de que no se exhiba la copia del documento con que el promovente acredita su personalidad, ya que este extremo solamente debe acreditarse ante el magistrado instructor, sobre todo si, como sucede en el presente caso, dicha personalidad ha sido reconocida por la autoridad responsable y al no entenderlo así la responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales; 2). El artículo 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia federal en términos del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, establece que el actor debe presentar con la demanda los documentos en que funde su acción, por lo que resulta evidente que al no anexarse fotocopia simple del poder notarial no es motivo suficiente para desechar la demanda; 3). Resulta inconstitucional el último párrafo del artículo 209 del Código Tributario, al disponer que se tendrá por no presentada la demanda cuando se omita presentar copia de los documentos anexos a la misma, para el titular a que se refiere la fracción III del artículo 198 del mismo ordenamiento legal, habida cuenta de que viola lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque: entraña una denegación de justicia; viola la garantía de igualdad de las partes en el proceso; viola la garantía de audiencia que se traduce en la obligación de que se establezcan en las leyes el procedimiento adecuado para oír a los interesados en defensa de sus intereses. Por cuestión de método debe analizarse, en primer término, el concepto de violación precisado en el apartado 3, en que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación. Dicho concepto de violación es infundado en virtud de que resulta inexacto que la indicada disposición (artículo 209) viole en perjuicio de la quejosa el derecho de justicia consignado en el artículo 17 constitucional, que se traduce en la facultad que tiene toda persona para acudir ante los Tribunales en demanda de justicia, que debe ser pronta y expedita, y en la defensa de sus derechos; en virtud de que en dicha norma únicamente se establecen los requisitos que debe satisfacer el actor para el ejercicio de su acción así como las sanciones a que podrá hacerse acreedor, en caso de incumplimiento. Además, dicha regulación encuentra su fundamento en el propio imperativo constitucional que establece que los Tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que no sólo no entraña denegación de justicia alguna, como lo propone la quejosa, sino que tal disposición concuerda fielmente con dicho imperativo constitucional. En cuanto al argumento consistente en que se viola la garantía de legalidad que establece la igualdad de las partes en el proceso, resulta también infundado, en virtud de que la carga procesal, establecida en el artículo 209 de que se trata, recae por igual en cualquiera que sea la parte que ejercite la acción, sean éstas particulares o autoridades, como se desprende del artículo 207 del propio Código Tributario. Tampoco se viola la garantía consagrada en los artículos 14 y 17 constitucionales, relativa al derecho que tiene el gobernado de ser oído previamente a la privación de sus propiedades, posesiones o derechos, pues si bien el aludido no establece medio de defensa alguno en contra del desechamiento de la demanda con fundamento en su último párrafo, también es verdad que aquél se encuentra consignado en el artículo 242 del referido código, que establece el recurso de reclamación, para proteger al particular contra las resoluciones del magistrado instructor, (que desechen la demanda, la contestación o alguna prueba, que decreten el sobreseimiento del juicio o aquéllas que rechacen la intervención del tercero), que puedan importar violación al derecho de justicia; de ahí que si este último precepto legal prevé el indicado recurso, es inconcuso que no puede reputarse inconstitucional la disposición que se analiza, en virtud de que las normas legales no deben interpretarse en forma aislada sino en concordancia con todas aquellas que integran un determinado ordenamiento legal, pues sólo así podrá establecerse si se contradice o no un mandamiento constitucional. Precisada la constitucionalidad del artículo 209, procede analizar los conceptos de violación señalados en los incisos 1) y 2), relativos a la interpretación del referido precepto. Para una mejor comprensión del problema planteado conviene destacar lo siguiente: La Sala responsable, en la sentencia reclamada, determinó confirmar el auto dictado por la magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación el quince de febrero de mil novecientos noventa, mediante el cual se tuvo por no interpuesta la demanda promovida por la ahora quejosa, con fundamento en el artículo 209, fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que omitió, esta última, acompañar a su instancia copia del poder notarial con que acreditó su personalidad para que se le corriera traslado al titular de la dependencia demandada, como lo previene la aludida fracción I. El artículo 209 del Código Fiscal de la Federación reformado dispone: `Artículo 209. El demandante deberá adjuntar a su instancia: I. Una copia de la misma para cada una de las partes y una copia de los documentos anexos para el titular a que se refiere la fracción III del artículo 198, o, en su caso, para el particular demandado. II. El documento que acredite su personalidad o en el que consta que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestione en nombre propio. III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia de la instancia no resuelta por la autoridad. IV. Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando hubiera sido por correo. Si la notificación fue por edictos deberá señalar la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo. V. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante. VI. Derogada. VII. Las pruebas documentales que ofrezca. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo. Cuando no se adjunten a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el magistrado instructor tendrá por no ofrecidas las pruebas, o si se trata de los previstos en las fracciones I a IV se tendrá por no presentada la demanda.'. Por su parte, la fracción III del artículo 198 del mismo ordenamiento legal establece que son partes en el juicio: `El titular de la dependencia o entidad o Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la autoridad mencionada en la fracción anterior.' (autoridad demandada). De los preceptos legales transcritos se desprende que el demandante deberá adjuntar a su instancia, además de una copia de ésta para cada una de las partes, una copia de los documentos que anexen a la misma (del documento con que acredite su personalidad, del documento en que conste el acto impugnado, de la constancia de notificación del acto impugnado, del cuestionario a que deba someterse el perito, en su caso, de las pruebas documentales que ofrezca), para que se le corra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3000-9e7fb643/demanda-de-nulidad-fiscal-el-representante-debe-exhibir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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