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Modo: Corpus Pro

VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN CONTRA DEL GARANTE HIPOTECARIO CUANDO NO TIENE A LA VEZ EL CARÁCTER DE ACREDITADO, MUTUATARIO U OBLIGADO SOLIDARIO (ARTÍCULOS 68 Y 72 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2001-PS. · Registro digital (IUS): 16951
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, , Pág. 120.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-De la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en el Estado de Jalisco, al resolver la revisión principal 448/2000, interpuesta por Banco Internacional, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Prime Internacional, el diez de agosto del año dos mil, aparece lo siguiente:

"I.- ... En efecto, el quejoso reclama esencialmente la resolución emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual modifica el auto de once de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el que a su vez el Juez natural admitió en la vía ejecutiva mercantil la demanda promovida en contra de la empresa Productos Newton, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de acreditada, Alberto, Jaime Enrique, Pedro, todos de apellidos Newton Ochoa, Martha María Gabriela Ochoa Santoscoy y Alberto Enrique Newton Ibarra, como garantes hipotecarios; y la Sala responsable determinó admitirla únicamente contra la empresa denominada Productos Newton, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de acreditada, empero, no contra las citadas personas físicas, pues consideró que al ser éstas sólo garantes hipotecarios de la acreditada, su responsabilidad se limita exclusivamente a garantizar, con los bienes que otorgaron en garantía, la deuda contraída por la empresa acreditada, porque que (sic) de los documentos fundatorios de la acción se advierte que no son coacreditados en el contrato de apertura de crédito, ni obligados solidarios o mancomunados, ni avalistas en el pagaré de disposición de crédito, por lo que no tienen obligación cambiaria solidaria pasiva a su cargo.-Por su parte, el quejoso esgrime como concepto de violación el consistente en que es ilegal la resolución de la responsable, porque de la misma se desprende una total y manifiesta confusión, pues dicho impetrante señala que contrariamente a lo que sostiene la ad quem, en el escrito inicial de demanda que motivó el juicio de origen, en ningún momento se dijo que a Alberto, Jaime Enrique, Pedro, todos de apellidos Newton Ochoa, Martha María Gabriela Ochoa Santoscoy y Alberto Enrique Newton Ibarra, se les demandaba como avalistas, obligados solidarios o deudores principales, sino que se les demandó con el carácter de garantes hipotecarios, ya que éstos responden del adeudo contraído por la acreditada hasta por el valor que guarden los bienes otorgados en garantía hipotecaria.-El anterior motivo de inconformidad es infundado, pues contrariamente a la apreciación del impetrante del amparo, la Sala responsable en la resolución reclamada jamás consideró ni confundió a los garantes hipotecarios como avalistas, obligados solidarios o deudores principales sino que, lo que expresó, fueron las razones por las cuales estimó que la vía mercantil ejecutiva no era la idónea para demandar a los garantes hipotecarios, pues dijo que las personas físicas no tenían una obligación mancomunada y solidaria, al no ser obligados, ni deudores principales en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria (fundatorio de la acción), ni tampoco se obligaron como avalistas en el pagaré de disposición de crédito; de ahí que la responsable en ningún momento estableció que los garantes hipotecarios fueron demandados con el carácter de avalistas, obligados solidarios o deudores principales.-Igualmente el impetrante del amparo sostiene la ilegalidad de la resolución reclamada, pues afirma que es legal el que se haya despachado auto de ejecución en contra de los garantes hipotecarios, porque en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria, consintieron responder con el producto de sus bienes otorgados en garantía hipotecaria, para el caso de que la empresa acreditada no cumpliera con la obligación de pago contractual, por ello se fincó embargo sobre los bienes hipotecados, ya que se optó por la vía mercantil ejecutiva conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que al no haberlo considerado así la responsable viola lo dispuesto en tal precepto legal.-Es infundado también el anterior motivo de inconformidad, habida cuenta que no le asiste la razón al impetrante del amparo, por virtud de que al tramitarse la demanda que dio origen al juicio del que emanan los actos reclamados en la vía mercantil ejecutiva -que por cierto, para su procedencia quedó subordinada a la presentación de un título que tuviera aparejada ejecución-, la cual tiene como finalidad el pago de inmediato y llano del crédito demandado, o bien, que se pronuncie una sentencia condenatoria de remate de los bienes que se hayan embargado para asegurar el pago del citado crédito; y el despacharse ejecución en contra de los garantes hipotecarios, implica el embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo contraído por la empresa acreditada, lo cual se estima ilegal porque, de ser así, sería tanto como aceptar que los garantes responden de las mismas obligaciones contraídas por la empresa acreditada, lo que en el caso no acontece, pues la obligación de los garantes hipotecarios se limita única y exclusivamente a garantizar la cantidad adeudada por la acreditada, hasta por el valor que guarden los bienes que otorgaron en garantía, empero, no de responder directamente de la cantidad dispuesta por la empresa acreditada, porque, como bien lo estimó la responsable, en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria, el cual obra agregado en copia certificada a fojas 161 a 172 del cuaderno de pruebas, mismo que tiene eficacia jurídica plena, no existe cláusula alguna de la que se aprecie que tales personas físicas se hayan obligado en forma mancomunada o solidaria con el adeudo contraído por la acreditada, para que así surgiera la obligación personal y directa de responder por el crédito otorgado a la empresa Productos Newton, Sociedad Anónima de Capital Variable, sino que su intervención en dicho contrato -se insiste-, sólo es para garantizar, con la constitución de un gravamen real, el crédito otorgado a la empresa.-Luego, si la Sala responsable en la resolución reclamada manifestó que las personas físicas antes aludidas (garantes hipotecarios), no se obligaron como avalistas en el pagaré de disposición de crédito y, además, el propio quejoso así lo reconoce en su demanda de amparo, entonces es indudable que los garantes hipotecarios no son codeudores, por ende, no tienen obligación personal y directa para responder por un crédito que no les fue otorgado.-En esas condiciones, es legal la resolución emitida por la Sala responsable, por ende, correctamente determina no admitir la demanda promovida en la vía mercantil ejecutiva en contra de los mencionados garantes hipotecarios, por ser improcedente la vía intentada en su contra, ya que, como antes se precisó, los garantes no son deudores directos, ni tampoco solidarios para con la empresa acreditada pues, se reitera, al no haber asumido la obligación directa de cubrir el crédito otorgado a la persona moral, no es dable que en su contra se proponga una acción personal de pago seguida en la vía en cuestión, supuesto que en todo caso en contra de tales terceros garantes cabría la acción hipotecaria, de naturaleza real y persecutoria de los bienes gravados; pues quien es deudor de un crédito responde del pago con bienes que forman su patrimonio, por lo cual en el juicio ejecutivo es factible el embargo de cualesquier bien de su propiedad, en tanto que quien figura como garante hipotecario responde solamente en la medida del valor de los bienes dados en garantía, en cuyo caso sería posible exigir tal cumplimiento en la vía civil sumaria hipotecaria, mas no en la vía ejecutiva mercantil, como lo pretende el hoy quejoso.-Aunado a lo anterior, la parte quejosa al celebrar el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, previó la posibilidad de perseguir el cumplimiento de las obligaciones en él pactadas, con el seguimiento de dos vías o alternativas, lo cual consta en la cláusula vigésima segunda del referido contrato, contenida en la escritura pública a la que se ha hecho referencia (folios 164 vuelta cuaderno de pruebas), de donde se infiere que el banco quejoso, a su elección, podrá en forma indistinta (una u otra), simultánea (las dos a la vez) o sucesiva (una después de la otra), pedir el remate del bien hipotecado o demandar con base en el contrato y en los títulos de crédito que hubiere suscrito; esto es, si opta por el primer caso, pudo elegir la vía civil sumaria hipotecaria o la ejecutiva mercantil, como ocurrió en el caso, de lo que se colige que la resolución combatida se encuentra apegada a derecho, porque determina contra quién puede seguirse la acción personal de pago de pesos (en la que por cierto no se encuentran los garantes) y contra quiénes procede la acción real derivada del gravamen de hipoteca.-En lo conducente, funda lo anterior la tesis visible en la página 79, tomo 28, Cuarta Parte, Tercera Sala, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: 'HIPOTECA. VÍA PROCEDENTE PARA EL COBRO DEL MUTUO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Al conceder el artículo 654 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco opción al acreedor de elegir entre juicio ordinario, ejecutivo o hipotecario, cuando el crédito se encuentre garantizado con hipoteca, no está permitiendo el ejercicio de la acción hipotecaria en cualquiera de las tres vías, pues ello estaría en contradicción con el artículo 266 del mismo ordenamiento, que prescribe la vía ordinaria para las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial y la acción hipotecaria a que se refiere el artículo 11 de la citada ley de enjuiciamiento civil, tiene señalada tramitación especial en el capítulo III del título undécimo del mismo cuerpo de leyes. Lo que se permite al acreedor por el precepto que se viene comentando, no es pues, el ejercicio de la acción hipotecaria en cualquiera de las tres formas indicadas, sino solamente el cobro del adeudo, que es distinto. En efecto, en tanto que mediante la acción hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva la garantía mediante la venta de la cosa gravada, en el juicio ejecutivo se ejercita una acción personal, que por estar amparada por un título ejecutivo, permite el aseguramiento del crédito reclamado mediante el secuestro de bienes del deudor, teniendo ambas acciones diversa causa; la hipotecaria la garantía constituida sobre el bien gravado y la personal la operación de mutuo. En estas condiciones, es correcto considerar, que si el actor elige la vía ejecutiva, ha hecho a un lado la garantía hipotecaria y no ejercitado la acción real derivada de la misma, sino que ha ejercitado la acción personal derivada del mutuo y que por lo tanto, la nulidad de la garantía hipotecaria, es irrelevante para el ejercicio de esa acción personal, porque esta operación no depende para su validez de la accesoria. Lo anterior no se desvirtúa por el hecho de que el actor embargue los mismos bienes que le son dados en garantía hipotecaria o porque el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles, disponga que cuando el ejecutante haga el señalamiento de bienes para el secuestro, se gravarán en primer término los designados como garantía de la obligación. Ello es así, porque el lugar que ocupen los bienes embargados, en el orden establecido por el citado precepto, no varía la naturaleza de la acción personal en real, dado que sigue teniendo como fundamento la misma causa o sea el mutuo y, además, es de observarse que si el actor señala esos bienes, se debe a que el reo se niega a hacer uso de su derecho de señalamiento que le concede el mismo precepto.'.-Igualmente no le asiste la razón al impetrante por cuanto a que la responsable ignoró y, además, se dejó sorprender por los garantes hipotecarios, en el sentido de que no tenían ninguna responsabilidad en el adeudo contraído por la acreditada, cuando ellos mismos acudieron a manifestar expresamente su voluntad en el testimonio que contiene el contrato de crédito antes mencionado, de garantizar con los bienes descritos en el contrato de hipoteca el crédito otorgado a la empresa acreditada; porque opuestamente a lo que afirma el solicitante del amparo, del contenido del escrito de agravios expuestos ante la Sala responsable (folios 51 a 68), se aprecia que los garantes hipotecarios en ningún momento desconocen la responsabilidad inherente a tal calidad, ni tampoco que hayan contraído esa obligación con la institución bancaria, sino que, lo alegado fue que es ilegal que se despache auto de ejecución en su contra porque no asumieron obligación solidaria o mancomunada en el contrato fundatorio de la acción, lo cual es distinto de aceptar una deuda de un crédito del cual afirman no dispusieron.-Por otra parte, aun cuando el solicitante del amparo no expone el porqué considera que la tesis jurisprudencial visible en la Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXII. Página: 236, bajo la voz: 'JUICIO EJECUTIVO, NATURALEZA DEL.' (texto transcrito), invocada por la Sala responsable, no tiene relación con el juicio, sin embargo, debe decirse que sí tiene relación porque el juicio de origen trata de un procedimiento privilegiado cuyo objeto es, como ya se dijo, imponer al renuente el cumplimiento de la obligación contraída, razonamientos que llevaron a la ad quem a concluir que no es posible despachar ejecución en contra de las personas físicas antes aludidas, por ser sólo garantes hipotecarios de la obligación asumida, es decir, ilustra a los contendientes respecto de la naturaleza personal de la acción cambiaria y a la vez determina la naturaleza real de la hipotecaria; de ahí lo aplicable de la tesis en cuestión.-Por último, en lo referente al argumento que refiere el impetrante, relativo a que opuestamente a lo resuelto por la Sala son aplicables, pero en sentido contrario, los artículos 1987 y 1988 del Código Civil del Distrito Federal, pues afirma que los garantes hipotecarios tienen solidaridad pasiva porque en el contrato fundatorio de la acción se obligaron como garantes hipotecarios; tampoco le asiste razón, habida cuenta de que si bien es verdad que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, en el caso que nos ocupa no es posible aplicar por analogía tales preceptos, porque no están en juego los mismos derechos, dado que los mencionados artículos refieren a deudores solidarios, lo que implicaría que contra ellos se siguiera la acción personal, precisamente porque al solidarizarse con el adeudo tienen obligación de responder personalmente por el mismo; luego, si en el caso, como ya se precisó en párrafos anteriores, los garantes hipotecarios no se constituyeron en deudores solidarios, sino sólo garantizaron el crédito otorgado a la acreditada, en todo caso procede en su contra la acción real hipotecaria.-Consecuentemente, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo que procede es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados. ... III.-Por las razones que se expresarán más adelante, sólo se estudiarán algunos de los agravios hechos valer, mismos que son sustancialmente fundados.-El artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece: 'Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.'.-Del precepto antes transcrito se desprende que las instituciones de crédito pueden elegir entre la vía mercantil, ordinaria o ejecutiva y la vía civil hipotecaria, cuando el crédito tenga esta garantía.-Ahora bien, como acertadamente lo afirma la quejosa, los garantes hipotecarios sí pueden ser demandados en la vía mercantil ejecutiva, toda vez que no existe disposición alguna que prohíba dicha circunstancia, en virtud de que el referido precepto no establece la improcedencia de la misma en contra de aquéllos, es decir, no distingue calidades de personas para que pueda entablarse un juicio de esta naturaleza con el fin de hacer efectiva la garantía en comento, por lo que debe entenderse que puede hacerse en contra de los referidos garantes hipotecarios, máxime que dicha garantía es una obligación accesoria que pesa sobre determinados bienes para responder al acreedor por la obligación principal, por lo que debe atenderse al fin que persigue la referida garantía, que es precisamente garantizar esta obligación y, por ende, todas las cuestiones relativas al contrato fundatorio de la acción deben dilucidarse en una misma sentencia, lo cual evitaría posibles sentencias contradictorias. Sostener lo contrario implicaría violación al artículo 17 constitucional, habida cuenta que la obligación de instaurar un diverso procedimiento para ventilar lo relativo a la garantía hipotecaria, haría nugatoria la administración de justicia pronta y expedita.-Resulta aplicable la vigésima tesis relacionada a la jurisprudencia 2024, visible en las páginas 3265 y 3266, Segunda Parte del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que previene: 'VÍA EJECUTIVA MERCANTIL EN CASO DE OBLIGACIONES TÍPICAMENTE MERCANTILES GARANTIZADAS CON HIPOTECA.-Si el quejoso suscribió garantía hipotecaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad acreditada, no es exacto que la acción ejecutiva mercantil que ejercita el banco acreditante, contra el mismo quejoso sea improcedente sólo por el hecho de que éste no sea deudor directo del propio banco, y por lo tanto la declaración de haber procedido la vía ejecutiva mercantil, no implica violación de garantías individuales. Desde luego, es infundada la afirmación del quejoso en el sentido de que únicamente por medio del juicio hipotecario pueden hacerse efectivas las obligaciones que contrajo al suscribir hipoteca, porque el artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establece: «Si el crédito que se cobra está garantizado con hipoteca, el acreedor podrá intentar el juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario». Si bien la hipoteca es un contrato que no regulan las leyes mercantiles, y todo lo relativo a su constitución, contenido o extinción, se rige fundamentalmente por disposición de derecho civil, ello no impide que cumpla sus funciones de garantía en contratos típicamente mercantiles y que por tanto, el contrato de hipoteca, sea accesorio a contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío.'.-En consecuencia, procede revocar el fallo impugnado y, en su lugar, conceder la protección federal para el efecto de que la Sala responsable, en la nueva resolución que pronuncie en cumplimiento a esta ejecutoria, ordene admitir la demanda interpuesta en contra de los garantes hipotecarios." (fojas 9 a 53 de esta contradicción).

La ejecutoria que antecede dio lugar a la siguiente tesis:

"VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. PROCEDE CONTRA GARANTES HIPOTECARIOS OBLIGADOS MERCANTILMENTE.-De lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, se sigue que las sociedades a que se refiere tal cuerpo legal, al demandar tanto a los deudores principales, como a los garantes hipotecarios, pueden elegir entre las vías mercantil ordinaria o ejecutiva y la civil hipotecaria, cuando el crédito tenga esa garantía. Además no existe disposición legal alguna que prohíba se demande a los referidos garantes hipotecarios en la vía mercantil ejecutiva, y el precepto señalado no distingue calidades de personas para que pueda entablarse un juicio de esa naturaleza a fin de hacer efectiva una garantía hipotecaria, atendiendo al fin que persigue la misma, consistente en que todas las cuestiones relativas al contrato fundatorio de la acción deben dilucidarse en una misma sentencia, para evitar resoluciones contradictorias que pudieran producirse si se instaurara un diverso procedimiento para ventilar lo relativo a la caución hipotecaria, acorde con lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal."

QUINTO.-El Segundo Tribunal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa, al resolver el amparo directo 740/99, promovido por Banca Serfín, Sociedad Anónima, resuelto el quince de noviembre de dos mil, en lo que interesa consideró:

"Es igualmente infundado el argumento vertido en el parágrafo VIII.5, respecto a que sea desacertado el proceder de la responsable al confirmar la resolución de primer grado que declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil en contra de los garantes hipotecarios, básicamente por no tener la calidad de acreditados o mutuatarios que exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y no existir, en consecuencia, una deuda cierta, líquida y exigible a cargo de los otorgantes de garantía.-Se afirma lo anterior, pues carecen de fundamento legal las consideraciones del quejoso respecto a que conforme a los artículos 68 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, el banco puede ejercitar sus acciones en la vía ejecutiva mercantil, ordinaria, o la que en su caso corresponda, sin hacer distinción alguna, tocante a si es en contra de los acreditados o de los garantes, por las razones que enseguida se exponen.-Desde esta perspectiva, cabe tener en cuenta el contenido del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se transcribe enseguida: 'Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.-El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato: I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados.'.-De esta disposición se desprende que el título ejecutivo que se forma entre el contrato de crédito y la certificación del estado de cuenta, es eficaz en la vía ejecutiva mercantil por el saldo resultante, en contra de los acreditados o mutuatarios, ya que propiamente es a ellos a quienes se les concede un crédito.-Ahora bien, en estas circunstancias es conveniente dejar establecido a quiénes se atribuye el carácter de acreditados y mutuatarios.-El término acreditado deriva del contrato de apertura de crédito, que se encuentra previsto por el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que se cita enseguida: 'Artículo 291. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.'.-De la anterior concepción se obtiene que los elementos personales de este contrato son el sujeto activo, a quien se le denomina acreditante, y el pasivo, a quien se le llama acreditado.-El acreditado, en estas circunstancias, es quien resulta obligado por virtud del contrato de crédito, ya sea a restituir las cantidades de que haya dispuesto, o bien, a resarcir al acreditante de las cantidades que deriven por las obligaciones contraídas a su nombre y por su cuenta.-Ahora bien, el término mutuario, utilizado también por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, deriva del contrato de mutuo, mismo que es definido por el artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal, en los términos siguientes: 'Artículo 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.'.-De ello se desprende que el sujeto activo es el mutuante, en tanto que el pasivo es el mutuatario.-El mutuatario, en estas condiciones, es la persona obligada a efectuar la restitución de las sumas obtenidas, o bien, de las cosas fungibles percibidas.-Las operaciones bancarias activas normalmente asumen la forma del contrato de apertura de crédito, o bien, el contrato de mutuo, los cuales se encuentran previstos por el artículo 46, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito, que enseguida se transcribe para pronta identificación: 'Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: ... VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos.'.-De lo expuesto se desprende que, en principio, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito refiere que el título es ejecutivo en contra de los acreditados o mutuatarios, por los saldos especificados en el estado de cuenta certificado por el contador facultado de la institución, ya que son estas personas los titulares de los créditos concedidos por dichas corporaciones.-Establecida la posición de los acreditados y mutuatarios, es conveniente asentar el papel que desempeña en este tipo de obligaciones el otorgante de garantía o garante hipotecario, para lo cual es preciso deslindar, en primer término, el concepto de hipoteca.-El contrato de hipoteca, de acuerdo a la opinión del tratadista Ramón Sánchez Medal, vertida en su obra 'De los Contratos Civiles', Porrúa, México, 1993, décimo segunda edición, página 479, es un contrato accesorio, de garantía, mediante el cual: 'el deudor o un tercero concede a un acreedor el derecho a realizar el valor de un determinado bien enajenable, sin entregarle la posesión del mismo, para asegurar con su producto el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. ...'.-Por su parte, el artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal, al referirse a la hipoteca, establece: 'Artículo 2893. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.'.-La hipoteca, según se ha establecido, es un contrato accesorio, ya que no puede subsistir sin una obligación principal que sea susceptible de garantizar.-Es de igual forma un contrato por virtud del cual se afecta la propiedad de la cosa, o el derecho real, al cumplimiento de la obligación principal garantizada, cuando ésta ha dejado de ser cumplida en sus términos.-De lo anterior deviene que el otorgante de la hipoteca, garante hipotecario, por sí mismo, no adquiere a través del otorgamiento de la hipoteca una obligación de pago a su cargo.-Se afirma lo expuesto, porque la obligación principal de pago surge del derecho personal o de crédito, que deriva del contrato particular que se haya celebrado, así por ejemplo, en el contrato de apertura de crédito el acreditado se encuentra obligado a pagar las sumas de las que haya dispuesto, por virtud de que él adquirió el carácter de acreditado, obligado al pago.-No obstante, el otorgante de la garantía, cuando simultáneamente no se reúnen en él esta calidad y el carácter de acreditado, no es una persona obligada al pago de las cantidades de que haya dispuesto el acreditado, porque en sí mismo él no adquiere esa obligación en el contrato de apertura de crédito.-Antes bien, y como obligación subsidiaria, la hipoteca constriñe a su otorgante a responder subsidiariamente, en defecto del cumplimiento normal por parte del obligado principal, del pago de las cantidades de que haya dispuesto el acreditado dentro del límite de la cosa dada en garantía, lo que involucra la obligación de soportar la afectación del bien al pago de la deuda.-Además de este caso, en que se reúnen en una sola persona el carácter de acreditado y otorgante de garantía, es posible que para éste surja la obligación de pago contraída por el deudor principal y ello acontece cuando se adquiere convencionalmente el carácter de obligado solidario.-En esta virtud, si el otorgante de garantía convencionalmente asume solidariamente la obligación principal garantizada, se convierte en deudor principal; esto es así, ya que para el caso el artículo 1987 del Código Civil para el Distrito Federal señala lo siguiente: 'Artículo 1987. Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.'.-En el particular que nos ocupa, el propio quejoso en el hecho dos de la demanda que presentó ante el Juez de primera instancia, estableció que la empresa Industrializadora Plástica, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebró el contrato de crédito simple con interés con Banca Serfín,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16951-37eae9b2/via-ejecutiva-mercantil-es-improcedente-su-ejercicio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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