DOCUMENTOS PRIVADOS FIRMADOS POR TERCEROS, OBJETADOS EN UN JUICIO CIVIL. LA VERACIDAD DE SU SUSCRIPCIÓN CORRESPONDE PROBARLA AL OFERENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos civiles números 561/98, 720/98, 913/98, 1043/98 y 1156/98, expresó lo que a continuación se transcribe en la parte conducente:
Amparo directo civil 561/98:
"... Ahora bien, los conceptos de violación son fundados.-En efecto, la quejosa en los hechos valer (sic) esencialmente manifiesta que la sentencia reclamada viola los artículos 14 y 133 constitucionales y 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, toda vez que la Sala sostiene que la carga de probar la objeción hecha al contrato de cesión de derechos base de la acción, le correspondía a la propia objetante, sin tomar en consideración que el artículo 395 invocado, en su último párrafo establece: ‘En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto ...’, debiendo entenderse en el caso concreto, que la verdad de que la quejosa firmó el documento mencionado debía demostrarse por el actor mediante prueba directa, y no pretender que ella soportara la carga de la prueba para acreditar una negación lisa y llana, lo cual sería contrario a todo principio jurídico.-Lo anterior es fundado, pues aunque conforme a lo previsto en otras legislaciones, como ocurre con la del Distrito Federal de acuerdo al criterio en que se apoya la Sala, regularmente a la propia objetante corresponde la carga de probar los extremos de su impugnación, cuando desconoce un documento privado, en donde ella misma participó, sin embargo, en el caso del Estado de México, el primer párrafo del artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles establece: ‘Artículo 395. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta dentro del término señalado por el artículo 329, que la suscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la suscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.’; de donde se desprende que cuando la parte en contra de la cual se presenta un documento privado que contiene una suscripción, no objeta dentro del término legal la suscripción que se le atribuye o no desconoce la que se dice efectuada por un tercero, se debe tener por reconocida la suscripción, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, si el interesado objeta en tiempo la suscripción o firma del documento de que se trata, sea que provenga de terceras personas o de las partes, porque el precepto no hace distinción alguna, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa, esto es, la carga de la prueba corresponde a quien sostiene que el documento es auténtico que desde luego es el oferente, puesto que de no ser así, el precepto indicaría que la falsedad de la suscripción debía demostrarse mediante prueba directa, lo cual no se dispone ni resulta lógico, pues en ese caso se obligaría al impugnante a demostrar un hecho negativo, que no puede ser susceptible de prueba, como lo es, que la suscripción no es del puño y letra de la persona a quien se atribuye; por tanto, si en la especie la quejosa desde la contestación de la demanda impugnó oportunamente la firma que se le atribuye en el contrato de cesión de derechos base de la acción, la carga de la prueba para demostrar la verdad de la suscripción debió ser demostrada por el actor mediante prueba directa, por ser a quien interesaba sostener la veracidad del documento, pero al no considerarlo así la Sala, sino que tal carga probatoria la impone la impugnante para demostrar la falsedad de la suscripción, ello es violatorio del artículo 395 invocado y, consecuentemente, de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.-Razones las anteriores por las que procede conceder el amparo para el efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que con base en lo considerado en este fallo, determine que la carga de la prueba para demostrar la veracidad de la firma atribuida a la demandada en el contrato de cesión de derechos base de la acción correspondía al actor, hecho lo cual con plenitud de jurisdicción lleve a cabo el análisis de la litis planteada y las pruebas ofrecidas, en relación con los agravios expresados, y en su oportunidad resuelva como en derecho corresponda."
Amparo directo civil 720/98:
"... Ahora bien, los conceptos de violación son parcialmente fundados y suficientes para conceder el amparo.-En efecto, la quejosa en el inciso a) de los hechos valer (sic) entre otras cosas manifiesta que la sentencia reclamada viola los artículos 2102, 2120, 2123 y 2124 del Código Civil del Estado de México, 386, 388, 395, 400, 404, 414 y 416 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad federativa, toda vez que contrario a lo sustentado por la Sala su contraparte no acreditó la causa generadora de su posesión con el contrato privado de compraventa de treinta de enero de mil novecientos ochenta y tres, porque habiendo objetado oportunamente esa documental, dicha objeción era suficiente para negarle valor probatorio.-Lo anterior es fundado, pues aunque conforme a lo previsto en otras legislaciones, como ocurre con la del Distrito Federal de acuerdo al criterio en que se apoya la Sala, regularmente a la propia objetante corresponde la carga de probar los extremos de su impugnación, cuando desconoce un documento privado, sin embargo, en el caso del Estado de México, el primer párrafo del artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles establece: ‘Artículo 395. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta dentro del término señalado por el artículo 329, que la suscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la suscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.’; de donde se desprende que cuando la parte en contra de la cual se presenta un documento privado que contiene una suscripción, no objeta dentro del término legal la suscripción que se le atribuye o no desconoce la que se dice efectuada por un tercero, se debe tener por reconocida la suscripción, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, si el interesado objeta en tiempo la suscripción o firma del documento de que se trata, sea que provenga de terceras personas o de las partes, porque el precepto no hace distinción alguna, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa, esto es, la carga de la prueba corresponde a quien sostiene que el documento es auténtico, que desde luego es el oferente, puesto que de no ser así, el precepto indicaría que la falsedad de la suscripción debía demostrarse mediante prueba directa, lo cual no se dispone ni resulta lógico, pues en ese caso se obligaría al impugnante a demostrar un hecho negativo, que no puede ser susceptible de prueba, como lo es, que la suscripción no es del puño y letra de la persona a quien se atribuye; por tanto, si en la especie, como incluso lo reconoce la autoridad responsable, la quejosa mediante escrito de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, oportunamente conforme a lo dispuesto en el artículo 329 del ordenamiento legal antes mencionado, objetó en cuanto a su forma, contenido y tiempo de elaboración el contrato privado de compraventa de que se trata, la carga de la prueba para demostrar la verdad de la suscripción debió ser demostrada por la oferente mediante prueba directa, por ser a quien interesaba sostener la veracidad del documento, pero al no considerarlo así la Sala, sino que tal carga probatoria la impone a la impugnante para demostrar la falsedad de la suscripción, ello es violatorio del artículo 395 invocado y, consecuentemente, de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales."
Amparo directo civil 913/98:
"PRIMERO.-Emilio de Jesús Roldán Bustos, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de Antonio Roldán Arriaga, por escrito presentado el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, ante la H. Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables y actos reclamados respectivamente, lo siguiente: ... CUARTO.-Es fundado y suficiente para alcanzar los efectos pretendidos, el concepto de violación que se hace consistir en que la Sala infringe en perjuicio de la sucesión quejosa, lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al considerar que la carga de probar la objeción respecto a la suscripción que como del autor de la herencia aparece en el contrato de compraventa base de la acción, le corresponde a la sucesión quejosa, ya que de conformidad con el precepto legal antes citado, dicha carga probatoria le corresponde a quien exhibió el documento objetado.-Lo anterior es fundado, por las siguientes consideraciones: Conforme a lo previsto en otras legislaciones, como ocurre con la del Distrito Federal, de acuerdo al criterio en que se apoya la Sala, regularmente a la propia objetante corresponde la carga de probar los extremos de su impugnación, cuando desconoce un documento privado; sin embargo, en el caso del Estado de México, el primer párrafo del artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles, establece: ‘Artículo 395. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta dentro del término señalado por el artículo 329, que la suscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la suscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.’; de donde se desprende que cuando la parte en contra de la cual se presenta un documento privado que contiene una suscripción, no objeta dentro del término legal la suscripción que se le atribuye o no desconoce la que se dice efectuada por un tercero, se debe tener por reconocida la suscripción, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, si el interesado objeta en tiempo la suscripción o firma del documento de que se trata, sea que provenga de terceras personas o de las partes, porque el precepto no hace distinción alguna, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa, esto es, la carga de la prueba corresponde a quien sostiene que el documento es auténtico, que desde luego es el oferente, puesto que de no ser así el precepto indicaría que la falsedad de la suscripción debía demostrarse mediante prueba directa, lo cual no se dispone ni resulta lógico, pues en ese caso se obligaría al impugnante a demostrar un hecho negativo, que no puede ser susceptible de prueba, como lo es, que la suscripción no es del puño y letra de la persona a quien se atribuye. Como así lo ha sostenido este propio Tribunal Colegiado en la tesis que puede consultarse en la página 524 del Tomo VIII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE. CORRESPONDE AL OFERENTE LA CARGA DE PROBAR SU AUTENTICIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (la transcribe).-Ahora bien, de las constancias que obran en autos, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. del ordenamiento legal últimamente citado, se desprende que Consuelo Roldán Arriaga demandó de la sucesión quejosa el otorgamiento y firma del contrato privado de compraventa con fecha nueve de junio de mil novecientos setenta y ocho respecto del inmueble en conflicto, acompañando a su demanda inicial la documental privada, consistente precisamente, en dicho contrato de compraventa.-La quejosa, al contestar la demanda entablada en su contra, argumentó que la firma que como del autor de la herencia aparece en el espacio correspondiente al vendedor, en el contrato de compraventa cuyo cumplimiento se le demanda, es falsa, objetando desde ese momento el aludido contrato de compraventa base de la acción. Además, por escrito presentado el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, la sucesión quejosa objetó el documento base de la acción (fojas 44 y 45), recayendo el acuerdo de fecha veintisiete de ese mismo mes y año (fojas 45), a través del cual se tuvo por objetado el aludido contrato de compraventa.-Luego, si de conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la carga de la prueba para demostrar la autenticidad de la suscripción le corresponde al actor, mediante prueba directa, por ser a quien interesa sostener la veracidad del documento, entonces es evidente que la consideración de la Sala en el sentido de arrojar la carga probatoria a la sucesión quejosa, para que demuestre la falsedad de la suscripción infringe en su perjuicio lo dispuesto por el precepto legal citado, lo que deviene violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.-Razones por las que procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que parta de la consideración de que la carga de la prueba para demostrar la autenticidad de la firma atribuida al autor de la sucesión quejosa, en el contrato de compraventa base de la acción, le corresponde a la actora, de conformidad con los razonamientos expuestos en este considerando, hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva como en derecho proceda."
Amparo directo civil 1043/98:
"... Resulta esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional lo antes alegado, según las siguientes consideraciones.-Ciertamente, conforme a lo previsto en otras legislaciones, entre ellas, la del Distrito Federal y según el criterio en que se apoyó la Sala ad quem, regularmente corresponde a la propia objetante la carga de probar los extremos de su impugnación cuando desconoce un documento privado; sin embargo, en este particular y conforme a la legislación procesal civil para el Estado de México, el primer párrafo del artículo 395 del código aplicable establece: ‘Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta dentro del término señalado por el artículo 329, que la suscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la suscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.’.-De lo anterior se sigue que cuando la parte contra la cual se presenta un documento privado que contiene una suscripción no objeta dentro del término legal la suscripción que se le atribuye o no desconoce dentro del propio plazo la que se dice fue efectuada por un tercero, debe tenerse por reconocida la suscripción; pero cuando ocurre lo contrario, esto es, cuando el interesado objeta en tiempo y forma la suscripción o firma del documento de que se trata, ya sea que provenga de las partes o de un tercero, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa y esta carga probatoria indudablemente le corresponde a quien presenta y sostiene que el documento es auténtico, es decir, al oferente.-Lo anterior porque la precitada norma no hace distinción alguna en cuanto a la carga probatoria, pues de lo contrario, el invocado precepto indicaría que la falsedad de la suscripción debía demostrarse mediante prueba directa, no se contempla en tal normatividad ni resultaría lógico, por cuanto en ese supuesto se obligaría al impugnante a demostrar un hecho negativo que no puede ser susceptible de prueba, o sea, que la suscripción no es del puño y letra de la persona a quien se atribuye.-Al respecto es aplicable la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado, al resolver los diversos juicios de amparo directo números 561/98, Juana Jiménez Pérez, 14 de octubre de 1998, unanimidad de votos, ponente: Raúl Solís Solís, secretario: Pablo Rabanal Arroyo; 720/98, María Elena Delgado Beltrán, 12 de enero de 1999, unanimidad de votos, ponente: Raúl Solís Solís, secretario: Pablo Rabanal Arroyo; 913/98, sucesión intestamentaria a bienes de Antonio Roldán Arriaga, 16 de marzo de 1999, unanimidad de votos, ponente: Raúl Solís Solís, secretaria: E. Laura Rojas Vargas; cuyo título y contenido rezan: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE. CORRESPONDE AL OFERENTE LA CARGA DE PROBAR SU AUTENTICIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (la transcribe).-Por consiguiente, si en el evento planteado la autoridad responsable reconoció que mediante promoción número 2499 de ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, la parte actora hoy quejosa objetó los recibos de pago cuya suscripción se atribuyó al autor de la sucesión, acordándose favorablemente tal impugnación, según el proveído de la misma fecha dictado por el Juez del conocimiento, entonces, de acuerdo con lo precedente, indebidamente determinó que correspondía a la actora probar la objeción que hizo respecto de la firma que aparece en los recibos presentados por su contraparte, en tanto que, incuestionablemente, como lo hizo valer el impetrante del amparo, con tal determinación infringió lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, pues desatendió que la carga de la prueba para demostrar la autenticidad de un documento corresponde a quien lo presentó y, por ende, su veracidad, lo cual, como ya se elucidó, corresponde al oferente de la prueba.-No obstante, como ya se denotó, la autoridad responsable interpretó incorrectamente el citado precepto por lo que procede otorgar la protección constitucional instada, para el efecto de que la Sala Civil deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que parta de la consideración de que la carga de la prueba para demostrar la veracidad y autenticidad de la firma atribuida al autor de la sucesión quejosa, según los recibos exhibidos por el demandado, le corresponde a éste, de conformidad con los razonamientos expuestos en este considerativo, hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resolverá como en derecho corresponda."
Amparo directo civil 1156/98:
"... Lo anterior es fundado, por las siguientes consideraciones. Conforme a lo previsto en otras legislaciones, como ocurre con la del Distrito Federal, regularmente a la propia objetante corresponde la carga de probar los extremos de su impugnación, cuando desconoce un documento privado; sin embargo, en el caso del Estado de México, el primer párrafo del artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles establece: ‘Artículo 395. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta dentro del término señalado por el artículo 329, que la suscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la suscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.’; de donde se desprende que cuando la parte en contra de la cual se presenta un documento privado que contiene una suscripción, no objeta dentro del término legal la suscripción que se le atribuye o no desconoce la que se dice efectuada por un tercero, se debe tener por reconocida la suscripción, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, si el interesado objeta en tiempo la suscripción o firma del documento de que se trata, sea que provenga de terceras personas o de las partes, porque el precepto no hace distinción alguna, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa, esto es, la carga de la prueba corresponde a quien sostiene que el documento es auténtico, que desde luego es el oferente, puesto que de no ser así el precepto indicaría que la falsedad de la suscripción debía demostrarse mediante prueba directa, lo cual no se dispone ni resulta lógico, pues en ese caso se obligaría al impugnante a demostrar un hecho negativo, que no puede ser susceptible de prueba, como lo es, que la suscripción no es del puño y letra de la persona a quien se atribuye. Como así lo ha sostenido este propio Tribunal Colegiado en la tesis que puede consultarse en la página 524 del Tomo VIII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, CORRESPONDE AL OFERENTE LA CARGA DE PROBAR SU AUTENTICIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (la transcribe).-Ahora bien, de las constancias que obran en autos, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. del ordenamiento legal últimamente citado, se desprende que Celia Beltrán Escobar demandó del Instituto de Acción Urbana e Integración Social (Auris), la prescripción positiva respecto de un inmueble, exhibiendo como causa generadora de su posesión un contrato de compraventa que celebró con María Morán Mireles, respecto del inmueble en conflicto, acompañando a su demanda inicial la documental privada consistente, precisamente, en dicho contrato de compraventa.-La quejosa objetó el documento en cuanto a contenido, firma y valor probatorio, recayendo el acuerdo de seis de abril de mil novecientos noventa y ocho (fojas 76), a través del cual se tuvo por objetado el aludido contrato de compraventa.-Luego, si de conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la carga de la prueba para demostrar la autenticidad de la suscripción le corresponde al actor, mediante prueba directa, por ser a quien interesa sostener la veracidad del documento, entonces es evidente que la consideración de la Sala en el sentido de arrojar la carga probatoria al Instituto de Organización Urbana e Integración Social (Auris), para que demuestre la objeción de la suscripción infringe en su perjuicio lo dispuesto por el precepto legal citado, lo que deviene violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.-Razones por las que procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que parta de la consideración de que la carga de la prueba para demostrar la objeción de la firma atribuida a María Morán Mireles en el contrato de compraventa base de la acción, le corresponde a la actora, de conformidad con los razonamientos expuestos en este considerando, hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva como en derecho proceda."
De las anteriores resoluciones derivó la tesis jurisprudencial, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, mayo de 1999
"Tesis: II.2o.C. J/8
"Página: 939
"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE INTERESADO. CORRESPONDE AL OFERENTE LA CARGA DE PROBAR SU AUTENTICIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-De lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: ‘Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta dentro del término señalado por el artículo 329, que la suscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la suscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.’; se desprende que cuando la parte en contra de la cual se presenta un documento privado que contiene una suscripción, no objeta dentro del término legal la suscripción que se le atribuye o no desconoce la firma que se dice fue efectuada por un tercero, se debe tener por reconocida tal suscripción, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, si se objeta la suscripción o firma del documento, sea que provenga de terceras personas o de las partes, porque el precepto no hace distinción al decir: ‘la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa’, se concluye que entonces la carga de la prueba corresponde a quien sostiene que el documento es auténtico, que desde luego lo es el oferente, puesto que de no ser así, el precepto indicaría: ‘la falsedad de la suscripción debe demostrarse por prueba directa’, lo cual resultaría ilógico, pues en ese caso se obligaría al objetante a demostrar un hecho negativo, que no puede ser susceptible de prueba, o sea, que la suscripción no es del puño y letra de la persona a quien se atribuye.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
"Amparo directo 561/98. Juana Jiménez Pérez. 14 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.
"Amparo directo 720/98. María Elena Delgado Beltrán. 12 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.
"Amparo directo 913/98. Sucesión intestamentaria a bienes de Antonio Roldán Arriaga. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
"Amparo directo 1043/98. Sucesión de Pablo Sánchez García. 23 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo.
"Amparo directo 1156/98. Instituto de Acción Urbana e Integral Social (Auris), Liquidador Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, denominado Cuautitlán Izcalli, Odem. 13 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Rabanal Arroyo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Agustín Archundia Ortiz."
QUINTO.-Por su parte, el antes Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese mismo circuito, al resolver el amparo en revisión civil número 103/89, manifestó:
"PRIMERO.-Mediante escrito de veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, presentado ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, como amparo directo, Teodoro Diego Chávez Martínez, en su carácter de albacea de la sucesión de Modesta Martínez Ayala, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de: ... SEGUNDO.- ... El documento privado que presentó la señora Isabel Reza de Chávez como base de su acción, fue objetado en tiempo y conforme a lo dispuesto por el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, por lo que nunca se reconoció la firma que lo calza como la de la actora de la sucesión ... TERCERO.-El primer agravio es infundado, pues si bien el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles ordena que cuando se objeta un documento en lo referente a su suscripción, la autenticidad de ésta debe demostrarse por medio de pruebas idóneas, conforme a capítulos anteriores, por lo que si tal precepto no determina expresamente a cargo de quién debe correr la demostración de autenticidad o falsedad de la suscripción, deben invocarse tanto las disposiciones que al efecto tengan aplicación de capítulos anteriores del código, como los principios generales de derecho.-En tal virtud, en el caso concreto son aplicables los artículos 270, fracción I y 325 del Código de Procedimientos Civiles, que disponen: ‘Artículo 270. El que niega sólo está obligado a probar: I. Cuando la negativa envuelva la afirmación expresa de un hecho.’ y ‘Artículo 325. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento privado. Para este cotejo, se procederá con sujeción a lo que se previene en el capítulo siguiente.’.-Ahora bien, el capítulo siguiente abarca los artículos 330 al 347 que regulan el desahogo de la prueba pericial; por tanto, si de conformidad a lo establecido en los numerales citados la parte que niega la autenticidad de la suscripción está obligada a probar la falsedad de ésta, supuesto que su negativa encierra la afirmación de que la firma que calza un documento no es del puño y letra de quien se dice la suscribió y, por ello, para demostrar la veracidad de su dicho la parte quejosa estaba obligada a desahogar prueba pericial, con el objeto de demostrar sus obligaciones.-En consecuencia, es inexacto que el Juez Federal hubiera interpretado incorrectamente lo dispuesto por el precepto 395 de la ley civil adjetiva, supuesto que por mandato expreso plasmado en el referido artículo 270, fracció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7241-f11079b3/documentos-privados-firmados-por-terceros-objetados-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN CONTRA DEL GARANTE HIPOTECARIO CUANDO NO TIENE A LA VEZ EL CARÁCTER DE ACREDITADO, MUTUATARIO U OBLIGADO SOLIDARIO (ARTÍCUL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2001-PS)
- CONFESIONAL EN SEGUNDA INSTANCIA. EL OFERENTE NO ESTÁ OBLIGADO A MANIFESTAR DE ANTEMANO AL TRIBUNAL, QUÉ HECHO PRETENDE PROBAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- EMPLAZAMIENTO. EL CITATORIO RESPECTIVO NO DEBE DEJARSE CON EL VECINO INMEDIATO, CUANDO EN LA PRIMERA BÚSQUEDA LA CASA SEÑALADA PARA TAL EFECTO SE ENCONTRÓ CERRADA (CÓDIGOS DE PROCE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2001-PS)
- CHEQUE. SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMÓ DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/99-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis