CONFESIONAL EN SEGUNDA INSTANCIA. EL OFERENTE NO ESTÁ OBLIGADO A MANIFESTAR DE ANTEMANO AL TRIBUNAL, QUÉ HECHO PRETENDE PROBAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver con fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y uno, el amparo directo número 20/91, promovido por Rodolfo Valle Torres, consideró lo siguiente:
"... En cambio, debe reconocerse como fundado lo alegado por el disconforme, en el sentido de que lo expuesto por la responsable, para motivar la no aceptación de la prueba en comento, es atendible, ya que el dispositivo procesal referido, en lo conducente estipula que: los litigantes podrán pedir que la parte contraria rinda confesión judicial, por una sola vez en esa etapa procesal, con tal que sea sobre hechos que relacionados con los puntos controvertidos no hubieren sido objeto de posiciones en la primera instancia; pero, efectivamente, de ello no se desprende carga alguna para quien la ofrece, en el sentido en que lo señala el tribunal de la alzada, o sea, que se indique qué hecho controvertido en particular pretende probar, porque es evidente que advertiría al absolvente de la materia sobre lo que va a declarar, desvirtuando así su naturaleza, puesto que se exhibió pliego cerrado; a más que es bien sabido que las posiciones que se articulen para constituirse legalmente como tales, deben concretarse a hechos que sean objeto del debate, lo que solamente podrá descubrirse hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional de segundo grado, se imponga del contenido de dicho pliego y no antes, tal como lo señala el artículo 314 del ordenamiento legal en comento, pues será precisamente en el acto de calificar su legalidad, conforme lo prevén los artículos 312 y 313 de la referida ley adjetiva, que se estará en aptitud de conocer esa circunstancia, ya que para articular al absolvente, aquéllas deben estar previamente calificadas de legales y sólo si no cumplen con los requisitos que tales numerales prevén, es inconcuso que habrán de ser reprobadas y es hasta entonces, que podrá declarársele por desierto dicho medio de convicción, por las propias causas que prevé el artículo 449 del ordenamiento legal invocado.-Bajo las anteriores condiciones, procede en consecuencia conceder al solicitante de garantías la protección constitucional que impetra, a fin de que el tribunal de la alzada deje insubsistente la reclamada y, en su lugar, reponga el procedimiento a partir del auto por el que le resolvió, al ahora quejoso, el recurso de revocación que planteó en contra del proveído que no le admitió la prueba confesional en esa segunda instancia. Por consiguiente, la ad quem habrá de pronunciar nuevo acuerdo en el que considere fundados los agravios expresados y admita el medio convictivo de referencia y ordene su recepción, por ser tal evento el punto a partir del cual se infringieron las leyes del procedimiento en perjuicio del mencionado quejoso y una vez cumplido lo anterior, en su oportunidad, resuelva el fondo de este asunto con plenitud de jurisdicción como corresponda conforme a derecho."
La ejecutoria transcrita dio origen a la tesis que dice:
"PRUEBA CONFESIONAL EN SEGUNDA INSTANCIA. EL OFERENTE NO ESTÁ OBLIGADO A MANIFESTAR AL TRIBUNAL, DE ANTEMANO, QUÉ HECHO PRETENDE PROBAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco señala, en lo conducente, que los litigantes podrán pedir que la parte contraria rinda confesión judicial, por una sola vez en esa etapa procesal, con tal de que sea sobre hechos relacionados con la controversia, que no hayan sido materia de posiciones en la primera instancia. Del texto legal anterior se desprende que el oferente de la probanza no tiene la obligación de señalar de antemano qué punto controvertido, en particular, pretende demostrar, porque es evidente que advertiría al absolvente de la cuestión sobre la que va a declarar, desvirtuando así su naturaleza, ya que es bien sabido que las posiciones que se articulen, para constituirse legalmente como tales, deben concretarse a hechos que se refieran al debate, y esta circunstancia sólo puede conocerse en el momento en que la autoridad jurisdiccional de segundo grado se imponga del contenido del pliego, y no antes, tal como lo señala el numeral 314 de la ley adjetiva civil en comento, pues será precisamente en el acto de calificar su legalidad, conforme a los artículos 312 y 313 del mismo ordenamiento, que se estará en aptitud de conocer esa circunstancia, ya que para articularlas al absolvente, deben estar previamente calificadas."
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el amparo directo 352/88, promovido por María Luisa Guerrero González y Arturo González de la Cruz, consideró lo siguiente:
"... De igual forma, los peticionarios de garantías esgrimen que la ordenadora viola sus garantías constitucionales, dado que mediante escrito de doce de enero del año en curso, ofrecieron ante el ad quem, prueba confesional a cargo de María Félix Galán Hernández de Guerrero y que esa prueba no les fue admitida, según la Sala, por ser extemporáneo su ofrecimiento, no obstante que reunió los requisitos del artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Este concepto de violación es fundado pero inoperante, porque en dicho numeral se expresa que la confesión se admitirá con tal de que verse sobre hechos que, relacionados con los puntos controvertidos, no hubieren sido objeto de posiciones en la primera instancia; y como puede verse en la foja 17 del toca de apelación, en la solicitud formulada por Arturo González de la Cruz, no se señala sobre qué hecho o hechos versaría la confesional, de manera que por más que pudiera ser cierto que este medio probatorio se ofreció oportunamente, en cualquier supuesto no procedería su admisión, en virtud de que al no mencionarse en la solicitud, sobre qué tema versaría la prueba, la autoridad responsable no podría estar en condiciones de saber, por una parte, si esos hechos se relacionaban con los puntos controvertidos y, por la otra, si habían sido o no objeto de posiciones en primera instancia.-Consecuentemente, al resultar inoperantes en una parte y fundados pero inoperantes en otra los conceptos de violación expresados por los quejosos, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita de la autoridad señalada como ordenadora, debiendo correr la misma suerte la reclamación hecha respecto de la ejecutora, de acuerdo con la jurisprudencia número 73, publicada en la página 121, Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.’."
El anterior criterio dio origen a la siguiente tesis:
"PRUEBA CONFESIONAL. OFRECIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA SIN PRECISAR SOBRE QUÉ HECHOS HA DE VERSAR. NO PROCEDE ADMITIRLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Conforme al artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, la confesión es admisible en la segunda instancia, siempre que verse sobre hechos que, atinentes a los puntos controvertidos, no hubieren sido objeto de posiciones en la primera instancia. Luego, si al ofrecer dicha prueba no se señala sobre qué hechos ha de versar, no procede admitirla, en virtud de que ante la falta de ese señalamiento, la responsable no está en aptitud de saber, por una parte, si esos sucesos se relacionan con los puntos debatidos y, por la otra, si fueron o no materia de posiciones en primera instancia." (visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, página cuatrocientos diecinueve).
CUARTO.-Es procedente que esta Primera Sala realice el análisis de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución que corresponda, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
Al respecto, sirve de apoyo la siguiente tesis del Tribunal Pleno:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, enero de 1992
"Tesis: P. XXVI/92
"Página: 32
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda.
"Contradicción de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, González Martínez y Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.
"Tesis número XXVI/92 aprobada por el Tribunal en Pleno en sesión privada celebrada el miércoles ocho de enero de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ausente: Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y dos.
"Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 49, enero de 1992, página 90."
Asimismo, es posible hacer el estudio correspondiente a pesar de que los criterios sostenidos por los tribunales en desacuerdo no integran jurisprudencia, sino criterios aislados, con apoyo en la tesis plenaria visible a fojas treinta y cinco del tomo 83, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son como sigue:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.
"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.
"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieciocho de octubre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número L/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Noé Castañón León, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro."
QUINTO.-Existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, tomaron en cuenta los mismos elementos, se basaron en la misma legislación y, al resolver, adoptaron criterios discrepantes.
Así es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentó que del texto legal del artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprendía que el oferente de la prueba confesional en segunda instancia no tenía la obligación de señalar de antemano qué punto controvertido en particular pretendía demostrar con tal medio de prueba, pues con ello quedaría desvirtuada su naturaleza, aunado a que tal relación sólo podría conocerse en el momento en que la autoridad jurisdiccional se impusiera del pliego de posiciones respectivo, calificando la legalidad de las preguntas en él contenidas.
Las consideraciones que soportan tal criterio son:
1. Del contenido del artículo 449 de la ley adjetiva no se desprende carga alguna para el oferente de la prueba confesional, en el sentido de que deba indicar qué hecho controvertido en particular se pretende demostrar, porque con ello se advertiría al absolvente de la materia sobre la que se va a declarar, pues fue exhibido pliego de posiciones cerrado.
2. Las posiciones que se articulen, para constituirse legalmente como tales, deben concretarse a los hechos que sean objeto del debate, lo que solamente podrá descubrirse hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional se imponga del contenido de dicho pliego y no antes, tal como lo señala el artículo 314 del ordenamiento adjetivo, pues será en el acto de su calificación, conforme lo prevén los artículos 312 y 313, que se estará en aptitud de conocer tal circunstancia.
3. Las posiciones, para ser articuladas, deberán estar previamente calificadas de legales, de no cumplir los requisitos habrán de reprobarse, siendo hasta entonces que podrá declararse desierta la prueba, por las propias causas que señala el artículo 449 de la ley instrumental.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene, por su parte, algo distinto, esto es que:
"... Conforme al artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la confesión es admisible en la segunda instancia, siempre que verse sobre hechos que, atinentes a los puntos controvertidos, no hubieren sido objeto de posiciones en la primera instancia. Luego, si al ofrecer dicha prueba no se señala sobre qué hechos ha de versar, no procede admitirla, en virtud de que ante la falta de ese señalamiento, la responsable no está en aptitud de saber, por una parte, si esos sucesos se relacionan con los puntos debatidos y, por la otra, si fueron o no materia de posiciones en primera instancia."
La disposición jurídica analizada por ambos órganos colegiados es el artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que a continuación se transcribe:
"Artículo 449. Los litigantes podrán pedir, sin necesidad de que el pleito se hubiere recibido a prueba, desde que se pongan los autos a su disposición en la secretaría del tribunal, hasta antes de la celebración de la vista, o en su caso de citación para sentencia, que la parte contraria rinda confesión judicial, y podrán hacerlo por una sola vez, con tal de que sea sobre hechos que relacionados con los puntos controvertidos, no hubieren sido objeto de posiciones en la primera instancia. También podrán promover que se reciba prueba documental de los instrumentos a que se refiere el artículo 93."
Como puede advertirse, existe contradicción de criterios, pues al analizar, en casos análogos, el artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los Tribunales Colegiados llegaron a decisiones opuestas. Uno de ellos consideró que no procede admitir la prueba de confesión en segunda instancia si el oferente no señala sobre qué hechos ha de versar; y, el otro, en cambio, estimó que al ofrecer la prueba no se tiene el deber de precisar los hechos que se pretende probar, pues tal exigencia desvirtúa la naturaleza de la prueba.
Puede advertirse que ambos cuerpos colegiados se refirieron a la etapa de admisión de la prueba confesional en segunda instancia, y que para resolver interpretaron el texto de mismo artículo.
Así, están satisfechos todos los requisitos para que exista la contradicción, pues al resolver los negocios jurídicos se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron posiciones discrepantes, la diferencia de criterios se presentó en las consideraciones de las sentencias y las distintas tesis provienen del examen de los mismos elementos.
Encuentra apoyo esta conclusión, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, tesis CLXXIV/89, página 219, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.", y cuyo texto dice:
"Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con carácter de tesis de jurisprudencia.
"Contradicción de tesis 4/89. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 16 de octubre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García."
SEXTO.-Debe prevalecer el criterio de esta Primera Sala, que coincide con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Tal decisión se apoya en las consideraciones siguientes:
Llegar a la verdad es el fin mediato a que tiende el proceso. Al presentarse al Juez el caso a debate, se le plantea la necesidad de conocer si las afirmaciones de las partes se ajustan a la verdad como base necesaria en que habrá de apoyarse para ejercitar su facultad decisoria. Para llegar a ella, el juzgador ha de valerse de todo aquello que le facilite el conocimiento cierto y veraz de los hechos. Sin embargo, estos medios que habrán de servir al Juez para establecer la adecuación de la realidad a lo afirmado, deben serle aportados por las partes, pues el juzgador desconoce los hechos y las pruebas con ellas relacionadas, aunado a la imparcialidad que debe observar en la dirección del proceso. De esta forma, las partes contendientes dirigen al Juez los medios de prueba que aportan, con la intención de convencerlo de la verdad de sus afirmaciones, adquiriendo aquél, a su vez, con estos medios, el conocimiento y convicción de los hechos sobre los cuales ha de realizarse la función jurisdiccional.
Entre los diferentes medios de prueba que los códigos procesales admiten, la confesión es uno de los más relevantes, siendo considerada, históricamente, en razón de su conveniencia y antigua eficacia, como la reina de las pruebas, la probatio probantisima. En la actualidad, sin embargo, ha perdido mucho de su tradicional prestigio y utilidad práctica, constituyendo un medio más de convicción en el sistema de libre valoración de las pruebas, por lo que excepcionalmente la convicción del Juez en el proceso puede producirse por sólo este único medio probatorio.
Todo juicio debe contar con una etapa probatoria, la cual se desenvuelve fundamentalmente en cuatro momentos: ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de prueba.
El ofrecimiento de prueba constituye un acto de parte, mientras que su admisión es un acto calificativo que corresponde al tribunal. Como acto del tribunal, la admisión de pruebas dependerá de que los medios de convicción propuestos por las partes sean lícitos y pertinentes, es decir, que se hallen vinculados con los hechos que se investigan, existiendo congruencia y aptitud por parte de aquéllos para acreditar los puntos materia del debate, siendo intrascendente, para los efectos de su admisión, su eventual insuficiencia o ineficacia para obtener un fallo favorable.
Relacionados con la materia probatoria, los artículos 291 y 297 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco disponen:
"Artículo 291. El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados.-Los autos en que se niegue alguna providencia de prueba, son apelables en ambos efectos; aquellos en que se conceda, no tienen más recursos que el de responsabilidad."
"Artículo 297. Al día siguiente en que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas, el Juez dictará resolución en la que determinará las que se admitan sobre cada hecho, pudiendo señalar día y hora para el desahogo de una o todas, sucesivamente y sin que la imposibilidad de rendir una de ellas impida la recepción de las restantes; igualmente podrá limitar el número de testigos prudencialmente.-No se admitirán diligencias de prueba contra derecho, contra la moral, o sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles."
De esta forma, puede observarse que la admisión de las pruebas no se encuentra sujeta a más condición que la resultante de la licitud y relación con los hechos debatidos. Y no podría ser de otra manera, pues resultaría un dislate admitir pruebas contra el orden jurídico, aquellas que no guarden relación alguna con la litis planteada, o que pretendan acreditar hechos irrealizables, entorpeciendo absurdamente con ello la celeridad y desembarazo que debe prevalecer en el desahogo de los medios probatorios atinentes a todo proceso.
Por otra parte, con respecto a la prueba de confesión conviene hacer algunas precisiones.
Chiovenda define a la confesión como la "declaración que hace una parte de la verdad de los hechos afirmados por el adversario y favorable a éste". Así pues, la confesión no puede recaer sino sobre hechos, y para ser válida, señala la doctrina, requerirá que concurran las siguientes condiciones:
1. Que se haga por persona capaz de obligarse.
2. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia.
3. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente concerniente al negocio.
4. Que se haga de acuerdo a las formalidades de ley.
Esta prueba está regulada por los artículos 308 al 328 del Código Civil adjetivo del Estado.
El texto de estas normas a la letra dispone:
"Artículo 308. Todo litigante está obligado a declarar bajo protesta, en cualquier estado del juicio, contestada que sea la demanda, hasta antes de la citación para sentencia, cuando así lo exigiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso de los autos. En los mismos términos podrán articularse posiciones al abogado patrono y al apoderado sobre hechos personales y que tengan relación con el asunto.
"Si el oferente omite presentar el pliego que contenga las posiciones, con anticipación a la fecha de la diligencia y no concurre a ella, se le tendrá por desistido del medio probatorio; en caso de comparecer podrá articular posiciones verbales en el mismo acto."
"Artículo 309. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar con setenta y dos horas de anticipación a la hora señalada para la diligencia bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, se tendrá por confeso."
"Artículo 310. La parte está obligada a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos.
"Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas, o general con cláusula para hacerlo, siempre que se refieran a hechos ejecutados por él, en el ejercicio del mandato.
"El cesionario se considera como apoderado del cedente para los efectos del inciso que precede.
"Si el que debe absolver posiciones reside fuera del lugar del juicio, el Juez librará el correspondiente exhorto acompañando, cerrado, sellado y calificado, el pliego en que consten las posiciones; pero previamente deberá sacar una copia la que, autorizada conforme a la ley, con su firma y la del secretario, quedará en la secretaría del tribunal.
"El Juez exhortado, recibirá la confesión, exclusivamente sobre las posiciones aprobadas por el Juez exhortante y podrá declarar confeso al absolvente."
"Artículo 311. La prueba de confesión se promoverá presentando el pliego que contenga las preguntas. Si se presenta cerrado deberá guardarse así en el secreto del juzgado, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta."
"Artículo 312. Las posiciones deberán articularse en términos precisos, no han de ser insidiosas, deberá contener cada una un solo hecho y éste ha de ser propio del que declara. Un hecho complejo puede comprenderse en una posición cuando por la íntima relación que exista entre sus elementos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. Se tendrán por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.
"Cada parte podrá articular a la contraria hasta cuarenta posiciones en cada instancia."
"Artículo 313. Las posiciones deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate, debiendo repelerse de oficio las que no reúnan este requisito. El Juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto y tener en cuenta lo que se dispone en el artículo 297."
"Artículo 314. Si el citado a absolver posiciones comparece, el Juez en su presencia abrirá el pliego, si lo hubiere, e impuesto de ellas, calificará y aprobará sólo las que se ajusten a lo dispuesto por los dos artículos anteriores. Enseguida el absolvente firmará al margen del pliego que las contiene, si no quisiera o no pudiere firmar, se hará constar esta circunstancia y el Juez, una vez recibida la protesta de decir verdad, interrogará al absolvente sobre cada una de las posiciones, asentando literalmente las respuestas. La resolución que aprueba o repruebe las posiciones no admite recurso alguno."
"Artículo 315. Si fueren varios los que hubieren de absolver posiciones, al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente, en un mismo acto, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hubieren de absolver después."
"Artículo 316. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver posiciones esté asistida por su abogado, procurador ni otra persona, ni se le dará traslado ni copia de las posiciones ni término para que se aconseje; pero si el absolvente fuere extranjero, podrá ser asistido por un intérprete que el Juez le nombrará."
"Artículo 317. Las contestaciones deberán ser categóricas en sentido afirmativo o negativo, pudiendo el que las dé agregar las explicaciones que estime convenientes y las que el Juez le pida.
"En el caso de que el declarante se negare a contestar o contestare con evasivas o dijere ignorar los hechos propios, el Juez le apercibirá en el acto de tenerlo por confeso sobre los hechos de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o terminantes.
"Si la negativa se fundare en ilegalidad de las posiciones, el Juez en el acto decidirá si la oposición está fundada, teniendo en cuenta lo que previenen los artículos 312 y 313 de este ordenamiento. Contra esta declaración no habrá recurso alguno."
"Artí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7139-ae4105a9/confesional-en-segunda-instancia-el-oferente-no-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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