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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/99-PS. · Registro digital (IUS): 7291
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, , Pág. 102.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia número 265/99, interpuesta por Aída Elena Huerta Martínez, expresó lo que a continuación se transcribe en la parte conducente:

"III.-Son inoperantes por un lado y fundados en el resto los agravios hechos valer, supliendo en parte la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

"...

"Por otra parte, no obstante que el acuerdo por el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones (mismo que constituye el acto motivo de reclamo), se haya pronunciado con posterioridad al dictado de la sentencia y dentro del procedimiento de ejecución de la misma, dicho proveído no participa de la hipótesis que se establece en el artículo 501 del enjuiciamiento civil del Estado, esto es, que sea irrecurrible, como lo esgrime el recurrente, habida cuenta que el referido desechamiento no constituye en sí una orden que tienda a la ejecución de la resolución que decidió el juicio de divorcio voluntario 466/96. De ahí que el auto impugnado guarde autonomía con el mencionado procedimiento de ejecución, y por ello no pueda ser motivo de análisis en el acuerdo que dé por concluido el mismo. Por consiguiente, la procedencia del juicio de que se trata no encuadra en las hipótesis previstas por los dos últimos párrafos de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, sino en lo dispuesto por el primer párrafo del citado apartado, en cuanto dispone que esa clase de juicios procede respecto de actos que causen un perjuicio irreparable.

"Sin embargo, eso no significa que necesariamente antes de promover el amparo la quejosa haya tenido que recurrir el acuerdo por el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la notificación del diverso proveído que requirió por el cumplimiento de la sentencia de divorcio. Es así porque, en primer término, el incidente de nulidad de actuaciones es un medio de defensa a través del cual pudo haberse nulificado la notificación del proveído a que se alude. Por otro lado, por una parte, la jurisprudencia 555 del Tomo IV del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘INCIDENTE DE NULIDAD, RECURRIBILIDAD DEL DESECHAMIENTO DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, establece que el acuerdo por el que se desecha un incidente de nulidad es recurrible mediante revocación. Pero ocurre que en el caso específico que aquí se analiza, el incidente de nulidad de actuaciones se rechazó durante el periodo de ejecución de sentencia de un juicio de tramitación especial, juicio que en lo no previsto debe regularse por las normas aplicables a los juicios civiles ordinarios, lo cual implica que en tratándose de recursos, debe aplicarse la regla general contenida en el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, en que se establece que procederá el recurso de apelación, contra los autos que tengan fuerza de definitivos, entendiendo por éstos, aquellos que causan un gravamen irreparable en la sentencia, como ocurre en el caso, en que como ésta ya se dictó, ya no podrá analizarse en ella el desechamiento de la incidencia que se controvierte. Lo anterior implica una trampa procesal para el afectado, puesto que si el incidente se rechaza durante el procedimiento, como el perjuicio puede ser reparado en sentencia, procede revocación y cuando el desechamiento se produce después del dictado de la mencionada sentencia, como en ésta ya no puede repararse esa inadmisión, procede el recurso de apelación. Por ende, debe concluirse que ante la imprecisión contenida en la ley para el común de la gente respecto a la idoneidad del recurso procedente, la causa de improcedencia no es manifiesta e indudable.

"Por otra parte, no obstante que de lo dispuesto por la última parte del inciso a) del artículo 107 constitucional, y último párrafo del dispositivo 161 de la Ley de Amparo, pudiera inferirse que la excepción al principio de definitividad -consistente en que los solicitantes del amparo no están obligados a prepararlo, interponiendo los recursos ordinarios procedentes-, cuando se reclaman violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, en asuntos que afecten derechos de menores o incapaces, o en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y estabilidad de la familia, sólo debe observarse cuando dichas violaciones se reclamen en amparo directo contra la sentencia de segundo grado, dado que dicha excepción se encuentra contenida en los preceptos que regulan el trámite del juicio uniinstancial de garantías. Este tribunal estima que dicha excepción también debe regir cuando se impugnen actuaciones realizadas con posterioridad al dictado de la sentencia, esto es, después de concluido el juicio porque el interés de la sociedad en preservar la estabilidad de la familia no se limita, obviamente, a lo que se resuelve a través del amparo directo contra una sentencia definitiva, sino en actuaciones que se pronuncien después de concluido el juicio, cuya trascendencia afecte la estabilidad familiar a que alude el precepto constitucional. Lo que conlleva a estimar que la excepción a cumplir con el principio de definitividad, también procede respecto de actos impugnables a través de amparo indirecto.

"Lo anterior, porque debe considerarse que la ubicación de la excepción en el apartado relativo a la procedencia del amparo directo, no implica que el legislador limitadamente eximió de la interposición de los recursos respecto de violaciones procesales, cuando éstas se produzcan durante el curso del juicio al reclamarse en amparo directo, sino que el planteamiento de la excepción se hizo atendiendo a la trascendencia de las decisiones relativas a la materia familiar, de tal manera que si la excepción en comento no se encuentra contenida en los incisos b) y c) del artículo 107 constitucional, que regulan la procedencia del amparo biinstancial, sólo indica una omisión involuntaria del legislador. Opinar lo contrario, sería aceptar que el agraviado no está obligado a preparar el juicio de amparo durante la secuela del procedimiento interponiendo los recursos procedentes, pero que si reclama actos pronunciados dentro del periodo de ejecución en el mismo asunto en que se afecte la estabilidad de la familia, entonces está obligado a cumplir con el principio de definitividad, lo cual implica un desajuste en las normas que regulan el procedimiento del amparo y su finalidad, contemplada en la fracción I del artículo 1o. de la ley de la materia, traduciéndose en un estado de inseguridad jurídica para los peticionarios.

"Conviene destacar, que lo anterior no significa que se aplique una regla de excepción a un caso no previsto en la ley, sino que se considere que la ubicación de la apuntada excepción en el apartado relativo al trámite del amparo directo no significa que aquélla sólo sea aplicable a las violaciones cometidas durante el curso del juicio, sino también respecto de los actos de ejecución del mismo, porque tanto unos como otros afectan la estabilidad familiar, de tal manera que la excepción apuntada es aplicable por la naturaleza de los actos reclamados y no atendiendo a la clase de amparo en que se impugnen.

"Consecuentemente, lo que procede es revocar el acuerdo recurrido y ordenar al Juez de Distrito que admita la demanda.

"Por último y toda vez que en el caso se advierte que en contra del criterio sustentado en este fallo, existe uno diverso que se contiene en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Octava Época, Tomo XIV, octubre de 1994, página trescientos cuarenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EXCEPCIÓN AL. NO PROCEDE APLICARLA EN EL AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMEN VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA.’, procede hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, enviando para tal efecto copia de esta ejecutoria a la superioridad para que resuelva lo pertinente."

De la anterior ejecutoria se derivó la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, diciembre de 1999

"Tesis: III.3o.C.54 K

"Página: 758

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CASO DE EXCEPCIÓN AL. PROCEDE RESPECTO DE ACTOS IMPUGNABLES A TRAVÉS DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTAN AL ORDEN FAMILIAR.-De la última parte del inciso a), fracción III, del artículo 107 constitucional, y último párrafo del diverso 161 de la Ley de Amparo, se infiere la excepción al principio de definitividad, consistente en que el peticionario de amparo no está obligado a prepararlo, interponiendo los recursos que procedan, cuando se reclaman violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento en asuntos que afecten derechos de menores o incapaces, o en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia. Ahora bien, como dicha excepción se encuentra comprendida dentro de los preceptos que regulan el trámite del amparo uniinstancial, la misma se acata cuando dichas violaciones se reclaman en amparo directo contra las sentencias de segundo grado; sin embargo, su ubicación en el apartado relativo no significa que sólo sea aplicable a las violaciones cometidas durante el curso del juicio, sino que también debe aplicarse cuando se reclaman resoluciones pronunciadas después de concluido éste, en atención a que el interés que tiene la sociedad en la estabilidad de la familia no puede limitarse sólo a lo que se resuelva a través del amparo directo, porque tanto unos actos como otros afectan al orden familiar. Por tanto, para la aplicación de esta regla de excepción debe tomarse en cuenta la naturaleza de los actos reclamados y no la clase de amparo en que se impugnen.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Amparo en revisión (improcedencia) 265/99. Elena Huerta Martínez. 11 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: Patricia J. Chávez Alatorre."

QUINTO.-Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión número 1065/94, interpuesto por Martín Sánchez Pérez, sostuvo:

"CUARTO.-Son infundados los anteriores agravios en su parte inicial, en los que se aduce que en la especie no se actualizó la causal de notoria y manifiesta improcedencia en que se apoyó la Juez Federal para desechar de plano la demanda de amparo respecto del auto de fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el que se impuso al quejoso recurrente una multa.

"Contrariamente a lo que alega el inconforme, la Juez de Distrito estuvo en lo justo al desechar de plano la demanda de garantías respecto del auto reclamado de fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con fundamento en la causal de notoria y manifiesta improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que exige que se agoten los recursos legales ordinarios procedentes antes de acudir al juicio de garantías, ya que en contra de dicho proveído, en el que se impuso una multa al hoy recurrente, procedía interponer, previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación que regulan los artículos 688, 691 y 951 del Código de Procedimientos Civiles. Cabe decir, que carece de razón el recurrente al pretender que en la especie se tome en consideración lo dispuesto en el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles, para de ahí establecer el recurso procedente en contra del primer proveído reclamado, dado que la multa impuesta por el Juez responsable no derivó de una corrección disciplinaria, a que se refiere el numeral 63 invocado, sino de una medida de apremio.

"En consecuencia, al no haberse cumplido con el requisito de definitividad que rige en el juicio de amparo indirecto, resulta correcto el desechamiento de la demanda constitucional decretado por la Juez de Distrito.

"También son infundados los anteriores agravios, en cuanto en ellos el recurrente alega que en el caso no se surtió la causal de notoria y manifiesta improcedencia en que se apoyó la Juez constitucional para desechar de plano la demanda de amparo, respecto del diverso proveído de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el que el Juez responsable dejó de admitir a trámite la solicitud del inconforme de ser oído en justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles.

"Es incorrecto el anterior alegato que aduce el inconforme, porque la Juez Federal acertadamente desechó de plano la demanda de garantías respecto del proveído reclamado de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por haberse surtido la causal de notoria y manifiesta improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo que, como se dijo, exige que se agoten los recursos legales ordinarios procedentes antes de acudir al juicio constitucional, ya que en contra de dicha resolución, en la que el Juez responsable desechó la solicitud que hizo el hoy recurrente para ser oído en justicia, procedía interponer previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de revocación que se encuentra regulado en los artículos 684 y 952 del Código de Procedimientos Civiles, puesto que se trata de un decreto, en términos de lo que dispone el artículo 79, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, por ser una simple determinación de trámite, y como tal es revocable, atento lo que dispone el invocado numeral 684, en relación con el artículo 952, ambos del ordenamiento legal en consulta.

"No es óbice para lo anterior, lo que aduce el quejoso recurrente, en el sentido de que el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles establece que es irrecurrible la resolución que se llegue a dictar después de celebrada la audiencia en el incidente que se inicie para que el interesado sea oído en justicia, en relación con una corrección disciplinaria que se le haya hecho; puesto que en el caso no se ha dictado resolución semejante, sino que se dejó de admitir a trámite la solicitud que hizo el inconforme de que se iniciara el incidente en cuestión.

"En consecuencia, al no haberse cumplido con el principio de definitividad que exige la fracción XIII del propio artículo 73 de la Ley de Amparo, es inconcuso que se encuentra apegado a derecho el desechamiento de plano de la demanda de garantías, en relación con la resolución reclamada de fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

"Es pertinente hacer notar, que aun cuando en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión número RC. 915/94, interpuesto por el tercero perjudicado recurrente, Alfredo López Rendón, fallado por unanimidad de votos en sesión celebrada el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cuatro, este cuerpo colegiado sostuvo el criterio relativo a que cuando en un juicio de garantías indirecto se controviertan cuestiones que puedan afectar a la familia, no se requiere agotar los medios de impugnación legalmente procedentes antes de acudir al amparo. Sin embargo, después de reflexionar nuevamente, con una mayor profundidad, los integrantes de este órgano federal se apartan de su anterior criterio y llegan a la conclusión de que en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, y 161, último párrafo, de la Ley de Amparo, la excepción al principio de definitividad en asuntos en que se pueda afectar la estabilidad de la familia, se hace únicamente en cuanto al amparo directo, cuando en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, se reclaman violaciones procesales; sin que deba pretender ampliarse esa excepción al juicio de amparo indirecto en que se controviertan cuestiones de índole familiar, habida cuenta de que tanto el Constituyente como el legislador secundario han establecido la bifurcación del amparo en directo e indirecto, y para su procedencia, tramitación y resolución han dado normas distintas e independientes. De ahí que si la Constitución y la Ley de Amparo sólo previenen la excepción al principio de definitividad en tratándose de violaciones procedimentales reclamables en el juicio de amparo directo, cuando se pueda afectar la estabilidad de la familia, no puede pretenderse, ni aun por analogía, que se extienda esa excepción al amparo indirecto, pues en los incisos b) y c) de la fracción tercera, del artículo 107 constitucional, ni en ningún precepto de su ley reglamentaria, se establece expresamente la pretendida excepción. El criterio anterior se corrobora con el principio general de derecho que se encuentra recogido en el artículo 11 del Código Civil, conforme al cual las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes; de tal manera que si la excepción constitucional y legal en comento, sólo se hace en cuanto a las violaciones procedimentales reclamables en el juicio de garantías directo, no puede aplicarse al juicio constitucional biinstancial o indirecto, que se rige por disposiciones diversas, además de que su naturaleza es distinta.

"Conviene dejar establecido que es correcto el desechamiento de la demanda de amparo respecto de los actos de ejecución, aunque la juzgadora constitucional no emitió razón alguna al respecto, toda vez que tales actos no se reclaman por vicios propios y, por ello, deberán seguir la suerte de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora, respecto de los cuales se surtió una causal de notoria y manifiesta improcedencia.

"Son inatendibles los motivos de queja en los que se aduce falta de estudio de los conceptos de violación, habida cuenta de que, por virtud de la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo, resulta inconducente que se entre al análisis del fondo del amparo.

"Finalmente, son inatendibles las demás argumentaciones, en atención a que las mismas pretenden apoyarse en los motivos de inconformidad que fueron desestimados en párrafos precedentes."

La anterior resolución motivó la siguiente tesis aislada:

"Octava Época

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XIV, octubre de 1994

"Tesis: I.5o.C.124 K

"Página: 344

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EXCEPCIÓN AL. NO PROCEDE APLICARLA EN EL AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMEN VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA.-En términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, y 161, último párrafo, de la Ley de Amparo, la norma de excepción al principio de definitividad consistente en que en amparos contra sentencias dictadas en controversias que afecten al orden y a la estabilidad de la familia no se requiere agotar los medios de impugnación legalmente procedentes contra violaciones de procedimiento, antes de acudir al juicio de garantías, se aplica únicamente en cuanto al juicio de amparo directo, que se promueva contra las sentencias definitivas dictadas en las controversias aludidas o contra las resoluciones que pongan fin a tales juicios, en el que se reclamen violaciones de procedimiento, que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; en tal virtud, los órganos judiciales federales no pueden extender la aplicación de la citada excepción al juicio de amparo indirecto en el que se reclamen resoluciones pronunciadas en controversias de índole familiar, habida cuenta de que tanto el Constituyente como el legislador ordinario han establecido la bifurcación del amparo en directo e indirecto, y para su procedencia, tramitación y resolución han dado normas distintas e independientes. Consecuentemente, si la Constitución y la Ley de Amparo sólo previenen la excepción al principio de definitividad en tratándose de violaciones procedimentales reclamables en el juicio de amparo directo, cuando se pueda afectar la estabilidad de la familia, no puede pretenderse, ni aun por analogía, que se extienda esa excepción al amparo indirecto, pues ni en los incisos b) y c) de la fracción III, del artículo 107 constitucional, ni en ningún precepto de su ley reglamentaria, se establece expresamente la pretendida excepción. Robustece lo anterior, el principio general de derecho contenido en el artículo 11 del Código Civil para el Distrito Federal, que preceptúa que las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 1065/94. Martín Sánchez Pérez. 14 de julio de 1994. Mayoría de votos. Disidente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger."

SEXTO.-En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable establecer cuál es el que debe prevalecer.

Al efecto, resulta conveniente precisar los antecedentes de las resoluciones que motivaron la presente denuncia de contradicción de tesis.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 265/99, promovida por Aída Elena Huerta Martínez, tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

1. Aída Elena Huerta Martínez interpuso demanda de amparo contra el acto del Juez Cuarto de lo Familiar en Guadalajara, Jalisco, consistente en la inadmisión del incidente de nulidad que interpuso respecto de diversas actuaciones judiciales realizadas en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de divorcio 466/96 (auto que ordena a la quejosa la entrega de su menor hija, actuaciones tendientes a su notificación).

2. El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por considerar que previamente a la interposición del juicio de garantías, la quejosa debió haber agotado el recurso de apelación previsto por el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que al no haberlo hecho así, incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo.

3. Inconforme con esta determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual resolvió revocar el acuerdo recurrido y ordenar al a quo la admisión de la demanda de amparo.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor se apoyó en las siguientes consideraciones:

- Que en tanto el auto que desechó el incidente de nulidad (acto reclamado en el amparo), se pronunció en etapa de ejecución de sentencia, podía haber sido impugnado mediante el recurso de apelación, ya que si dicho auto se hubiera pronunciado durante la secuela del procedimiento, sería impugnable mediante la revocación, imprecisión de la ley que hace que la causa de improcedencia aducida por el Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo no sea manifiesta e indudable.

- Que no obstante que el acto reclamado era impugnable mediante el recurso de apelación, resultaba procedente acudir a la vía del amparo indirecto, sin agotar previamente la apelación, por tratarse de un acto derivado de una controversia sobre acciones del estado civil, que afecta a menores y al orden y estabilidad de la familia y, por tanto, le es también aplicable la excepción al principio de definitividad que para el caso del amparo directo, establecen la parte final del inciso a), fracción III, del artículo 107 constitucional, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo.

- Que la referida excepción que la legislación establece en forma expresa respecto del amparo directo, también debe de regir cuando se impugnen en amparo indirecto actuaciones después de concluido el juicio, porque no puede limitarse el interés de la sociedad en preservar la estabilidad de la familia, solamente al caso en que se impugne una sentencia definitiva en amparo directo, ya que el hecho de que dicha excepción se establezca en la legislación aplicable exclusivamente respecto al juicio de amparo directo, sólo indica una omisión involuntaria del legislador, de tal manera que la excepción al principio de definitividad, debe aplicarse tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados y no en atención a la vía de amparo en que se impugnen.

Lo hasta aquí expuesto, permite precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostiene el criterio de que tratándose de controversias relativas al orden familiar, la excepción al principio de definitividad que establece la parte final del inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, respecto a actos que afecten derechos de menores e incapaces o al orden y estabilidad de la familia, no puede limitarse a los casos en que se impugne en amparo directo la sentencia definitiva, pues la trascendencia social de las decisiones que afectan al orden familiar, conlleva a estimar que dicha excepción debe regir también cuando en controversias del orden familiar, se impugnen actuaciones realizadas con posterioridad al dictado de la sentencia, respecto de las cuales sea procedente el juicio de amparo indirecto.

II. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 1065/94, tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

1. Martín Sánchez Pérez interpuso en vía indirecta, demanda de amparo contra actos del Juez Noveno de lo Familiar en el Distrito Federal, en su carácter de ordenadora y del tesorero del Departamento del Distrito Federal en su calidad de ejecutora, consistentes en los autos emitidos en relación al juicio de divorcio necesario, en los que se impuso multa al quejoso y se negó la admisión de su solicitud de ser oído en justicia, y en la ejecución de la multa, respectivamente.

2. El Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, desechó de plano la demanda por su notoria improcedencia, por considerar que los actos reclamados de las responsables, no reunían el requisito de definitividad para los efectos del amparo, pues previamente a la interposición del juicio de garantías, el quejoso debió haber agotado los recursos ordinarios que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por virtud de los cuales, los actos reclamados pudieran haber sido revocados, modificados o nulificados.

3. Inconforme con esta determinación, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que resolvió confirmar el acuerdo recurrido.

Las consideraciones que sustentan la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito establecen, en lo conducente:

- Que fue correcta la resolución del Juez de Distrito de desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente, pues la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, exige que se agoten los recursos ordinarios procedentes antes de acudir al juicio constitucional, y en el caso, los actos reclamados (imposición de multa como medida de apremio y desechamiento de la solicitud para ser oído en justicia), debieron haber sido impugnados mediante los recursos de apelación y revocación, respectivamente, en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

- Que a mayor abundamiento y en relación con el tema, el tribunal se aparta del criterio que había sostenido en el sentido de que cuando en un juicio de amparo indirecto, se controviertan cuestiones que puedan afectar al orden familiar, no se requiere agotar los medios de impugnación legalmente procedentes antes de acudir al juicio de garantías, ya que nuevas reflexiones permiten concluir que la excepción al principio de definitividad que establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, y 161, último párrafo, de la Ley de Amparo, para los casos de controversias que puedan afectar el orden y la estabilidad de la familia, es aplicable únicamente en cuanto al amparo directo, cuando en la sentencia definitiva se reclaman violaciones procesales, pues tanto el Constituyente como el legislador secundario han dado normas distintas para regir la procedencia, tramitación y resolución del juicio de garantías, según se trate de la vía directa o indirecta. Además, conforme a lo señalado por el artículo 11 del Código Civil, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado.

- Por lo anterior, al no haberse cumplido con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y no ser aplicable al caso la excepción a dicho principio que se viene comentando, resulta apegada a derecho la resolución recurrida.

En las consideraciones anteriormente apuntadas se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustenta el criterio de que aun tratándose de controversias del orden familiar, no es dable pretender ampliar la excepción al principio de definitividad, respecto de violaciones impugnables en amparo indirecto, pues ni el artículo 107 constitucional, ni su ley reglamentaria, establecen expresamente dicha excepción.

Ahora bien, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7291-7414a400/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-la-excepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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