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Modo: Corpus Pro

PAGARÉ. NO ES NECESARIO QUE QUIEN LO SUSCRIBIÓ A NOMBRE DE PERSONA MORAL, ANOTE EL CARÁCTER O CALIDAD CON QUE LA REPRESENTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/99. · Registro digital (IUS): 7358
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 278.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, resolvió el juicio de amparo directo 10474/97, promovido por Envases Nacionales de Cartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo las siguientes consideraciones:

"QUINTO.-Son esencialmente fundados algunos de los argumentos que hace valer la impetrante de garantías, y suficientes para conceder el amparo.-Tienen estas características, aquéllos donde en síntesis alega que el título base de la acción no reúne los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al no mencionar el nombre del apoderado que lo acepta por un tercero, máxime que la firma plasmada es ilegible y no se desprende el nombre; y, por esta razón, resultaba improcedente ofrecer la prueba pericial en grafoscopía, ya que contrariamente a lo que razona la Sala responsable, dice la quejosa que, al contestarse la demanda en el juicio natural, no se argumentó la falsedad de la firma, sino que el pagaré no había sido aceptado por Envases Nacionales de Cartón, S.A. de C.V., al no mencionarse quién lo firmó en su nombre.-Previamente al análisis de estos argumentos, debe citarse lo que preceptúan los artículos 170, 8o., fracción II, 9o. y 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: (los transcribe).-Del numeral 170 se advierte, inmediatamente, una regla general con relación a los requisitos del título de crédito denominado pagaré; sin embargo, debe señalarse que aun cuando esta regla es rígida cuando se trata de una persona física y el aceptante del título de crédito también es el obligado, ya que resulta perfectamente acreditable el que la firma corresponda o no a esa persona; en cambio, esta regla no puede aplicarse rígidamente para el caso de que un pagaré se haya aceptado -firmado- por una persona que obra con el carácter de representante del obligado, pues lo dispuesto por el numeral 170 deberá interpretarse armónicamente con los demás artículos transcritos.-En este contexto, se advierte que el legislador ha considerado que contra un título de crédito procede la excepción fundada en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento -lo cual obviamente destruye la acción cambiaria directa que le es inherente- y, por otro lado, que la representación para suscribir u otorgar títulos de crédito debe llenar las formalidades del artículo 9o. ya citado, lo cual se hace necesario para determinar en una controversia quién es el realmente obligado.-Se colige entonces, que en cuanto a los pagarés que se aceptan en representación de un tercero, resulta indispensable, además de la firma del representante mediante la cual se acepta el pagaré, que sea patente el nombre de éste, ya que ello dará seguridad jurídica tanto a la parte beneficiaria como al obligado, ya que de acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si resulta que el representante carece de facultades legales para obligar al representado, se convertirá en el obligado propiamente dicho; de aquí que sea estrictamente necesario que en los pagarés que se aceptan por terceros deba hacerse constar el nombre de la persona que lo acepta.-Por otra parte, cuando el representado es persona moral, debe constar el carácter general -gerente, administrador, etc.- de quien firma el documento, que es la única manera de dar autenticidad a la voluntad de aceptar el título de crédito.-Se invoca por mayoría la jurisprudencia 252, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, del siguiente tenor: ‘ENDOSO DE UN TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER, CUANDO LO HACE UNA PERSONA MORAL.’ (la transcribe).-Pues si para transmitir el título de crédito se considera necesario que en el endoso conste la identidad de la persona física que obra a nombre de la moral, con mayor razón es necesario, si se trata de la creación del documento, con su aceptación.-Esto, incluso, es congruente con una de las características de los títulos de crédito, que es su literalidad, la cual consiste en el derecho que brota del título, es decir, que en su contenido, extensión y modalidad debe estarse exclusivamente al elemento objetivo del tenor del título.-Por consiguiente, cuando se pretenda que la obligada cambiaria sea una persona moral, debe asentarse, en el documento, el nombre de aquélla, la firma y el nombre de quien suscribe en su representación y la indicación del cargo que desempeña, ya que si sólo se estampa una rúbrica ilegible, no es posible sostener, como ya se vio, que quien se obligó fue la persona moral, pues en tal supuesto, el obligado será la persona física a quien corresponde la firma.-Concluir en la forma indicada genera seguridad, firmeza y confianza en la transmisión de este tipo de títulos-valor, acorde con su finalidad, que es la de dar agilidad y fluidez a la circulación de la riqueza en beneficio de las transacciones mercantiles y del crédito entre los individuos particulares y personas dedicadas al comercio.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte y que aparece en la página 683, Tomo VI, Segunda Parte-2, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO. PERSONAS MORALES, REQUISITOS PARA CONSIDERAR COMO OBLIGADAS CAMBIARIAS A LAS.’ (la transcribe)."

De las anteriores consideraciones derivó el siguiente criterio:

"Novena Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, mayo de 1999. Tesis: I.4o.C.21 C. Página: 1047.

"PAGARÉ SUSCRITO POR PERSONA MORAL. REQUISITOS.-Del numeral 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se advierte que el pagaré debe contener la firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. No hay lugar a duda cuando el suscriptor mismo firma el documento, pero cuando lo hace por él un tercero, en armonía con los artículos 8o., 9o. y 10 de la misma ley, resulta indispensable que además de la firma del representante, sea patente el nombre de éste, y cuando la obligada sea persona moral, además, debe constar el carácter -gerente, administrador, etc.- de quien firma el documento, pues ello representa la única forma de dar autenticidad a la voluntad de aceptar el título de crédito.

"Amparo directo 1047/97. Envases Nacionales de Cartón. 5 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Arquímedes Loranca Luna."

QUINTO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en fecha quince de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, resolvió el juicio de amparo directo civil número 494/88, promovido por Mario Baldini Gallina, al tenor de las consideraciones que a continuación se transcriben:

"CUARTO.-Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer.-En cuanto al tema que es motivo de la litis constitucional, el argumento en que descansa la sentencia reclamada consiste, según se vio, en que apareciendo en el pagaré fundatorio de la acción la firma del ahora quejoso, debe entenderse que lo suscribió en lo personal por no existir ‘alguna manifestación abajo de la antefirma, que la suscripción de dicho título haya sido en representación de Constructora Aztlán, de Octe., S.A.’.-Sin embargo, como con acierto lo refiere el quejoso, si las personas morales se obligan por medio de los órganos que las representan (artículo 27 del Código Civil del Distrito Federal, supletorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conforme lo señala el artículo 2o., fracción IV, de este último ordenamiento), es claro que contra lo afirmado por la Sala responsable no era indispensable que abajo de la firma del promovente, contenida en el pagaré, se especificara el carácter o la relación que tuviera para con la persona moral a quien obligó cambiariamente, si aparece el nombre de la persona moral al calce del documento, como ocurre en el caso. Porque, además, el artículo 170 de la mencionada ley de títulos, en su fracción VI, únicamente consigna como requisito, entre otros, del pagaré, que contenga ‘la firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su nombre’, pero no que se detalle el motivo por el que una persona física haga la suscripción en representación de una moral.-Si el problema que se analiza no debiera entenderse en la forma que se comenta, carecerían de objeto, o no tendrían razón de ser los artículos 10 y 11 de la ley aludida, sobre todo el primero de ellos, pues si éste establece que se considera obligado en lo personal todo aquel que suscribe un título de crédito a nombre de otro, sin ser su representante o no tener facultades para hacerlo, es obvio que esa deficiencia únicamente es viable probar en el juicio que primero se intente contra la persona moral, dado que es ahí donde ésta tendrá que demostrar la inexistencia del representante o de su falta de autorización para obligarla cambiariamente; sólo después de eso y luego que se pronuncie ejecutoria que absuelva a dicha persona moral, es cuando el acreedor podría demandar a la persona física, no antes, se reitera, dado que, también se insiste, sin haber ocurrido lo explicado no puede saberse si se dio o no (a fin de luego poder demandar a quien materialmente firmó el título de crédito) la falta de poder o la insuficiencia de facultades aludidas. Así, se deduce del contenido de las siguientes ejecutorias, consultables en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXXXII y LXXXIX, páginas 4152 y 2529, respectivamente, que en su orden dicen: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO, REPRESENTACIÓN PARA OTORGARLOS.’ (la transcribe) y ‘TÍTULOS DE CRÉDITO, REPRESENTACIÓN PARA SUSCRIBIRLOS A NOMBRE DE OTRO.’ (la transcribe)."

De las anteriores consideraciones derivó el siguiente criterio:

"Octava Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989. Página: 518.

"PAGARÉS SUSCRITOS EN REPRESENTACIÓN DE PERSONAS MORALES.-Al tenor del artículo 27 del Código Civil del Distrito Federal, supletorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme lo señala el artículo 2o., fracción IV, de este último ordenamiento, las personas morales se obligan por medio de los órganos que las representan y, por ende, resulta claro que no es indispensable que abajo de la firma del suscriptor, contenida en el pagaré, se especifique el carácter o la relación que tuviera para con la persona moral a quien aquél obligó cambiariamente si aparece el nombre de éste al calce del documento. Además, el artículo 170 de la mencionada ley de títulos, en su fracción VI, únicamente consigna como requisito del pagaré, entre otros, que contenga la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, pero que no se detalle el motivo por el que una persona física haga la suscripción en representación de una moral. De no entenderse así, carecerían del objeto, o no tendrían razón de ser, los artículos 10 y 11 de la aludida ley, sobre todo el primero de ellos.

"Amparo directo 494/88. Mario Baldini Gallina. 15 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia."

SEXTO.-Para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, estudio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben actualizarse los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Apoya lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial que comparte esta Primera Sala.

"Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 58, octubre de 1992. Tesis: 4a./J. 22/92. Página: 22.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres."

En el caso concreto, de las consideraciones vertidas en las ejecutorias y tesis transcritas, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que, de acuerdo con el artículo 170, en armonía con los artículos 8o., 9o. y 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es indispensable que quien suscribe un pagaré a nombre de un tercero, además de la firma debe anotar su nombre; y cuando la obligada sea persona moral, debe constar el carácter de gerente, administrador, etcétera, de quien firma el documento y que lo vincula con aquélla, ya que es la única forma de dar autenticidad a la voluntad de aceptar el título de crédito.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito determinó que no es necesario que el suscriptor de un pagaré que firme a nombre de persona moral, especifique el carácter o relación que tuviere con aquélla, si sólo aparece el nombre de ésta al calce del documento, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la legislación especial mercantil, las personas morales se obligan por medio de los órganos que las representan; que además, en términos del artículo 170, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se consigna como requisito del pagaré, entre otros, que contenga la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, pero no que se detalle "el motivo" por el que una persona haga la suscripción en representación de la persona moral; de no ser así, carecerían de objeto, o no tendrían razón de ser, los artículos 10 y 11 de dicho ordenamiento mercantil.

De lo anterior se sigue que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se pronuncia respecto de dos aspectos, el pagaré suscrito en representación de un tercero o persona física y el pagaré suscrito en representación de una persona moral, pues así lo diferencia. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sólo se manifiesta por cuanto hace al supuesto relativo a la persona moral.

En esta tesitura, no es objeto de contradicción respecto a la afirmación, por parte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de que es necesario que se señale el nombre y firma de quien suscribió el pagaré por un tercero (refiriéndose a persona física), pues, se reitera, el diverso Tercer Tribunal Colegiado no se pronunció ni analizó este aspecto.

Por tanto, la única cuestión jurídica que examinaron ambos Tribunales Colegiados fue sobre la suscripción de un pagaré en representación de una persona moral, y al respecto adoptaron posiciones discrepantes, porque un órgano jurisdiccional sostuvo que debe anotarse el nombre de la persona que lo suscribe y el carácter que lo vincula con la persona moral, mientras que el otro tribunal determinó que sólo basta la firma de quien suscribe el documento.

Además, la diferencia de criterios se encuentra en las consideraciones de las respectivas ejecutorias emitidas por los tribunales contendientes, como podrá notarse de la transcripción que de cada una de ellas se hizo en párrafos anteriores, y los criterios adoptados emanaron del examen de los mismos elementos, a saber, de la interpretación que se hizo de diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, concretamente de los preceptos 10 y 170.

Luego, en el presente asunto sí existe un conflicto de criterios, consistente en:

¿Quien suscribe el pagaré a nombre de una persona moral, debe o no anotar el carácter o calidad (gerente, administrador, etcétera) con que representa a aquélla?

SÉPTIMO.-Precisada la materia de la contradicción de criterios, procede determinar la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el sistema jurídico mexicano, al pagaré se le atribuyen dos características fundamentales sobre las que se sustenta su naturaleza jurídica, es considerado como título ejecutivo, y constituye una prueba preconstituida de la acción; esto último, significa que los documentos ejecutivos exhibidos por la actora para fundamentar su acción, son elementos demostrativos que hacen en sí mismo prueba plena del derecho que en ellos se consigna.

Dadas las dos características antes apuntadas, la legislación aplicable a los títulos ejecutivos (también llamados títulos de crédito o títulos-valor), los ha sujetado a ciertas formalidades que necesariamente deben reunir para que sean considerados como tales, de modo que si a dichos documentos les faltare uno de esos requisitos formales, la misma ley les niega eficacia jurídica como títulos ejecutivos.

Esta situación creada por la ley ha conducido, cuando menos al pagaré, a clasificarlo o identificarlo como un documento formal, precisamente porque su calidad de título ejecutivo y de ser una prueba preconstituida, depende necesariamente de que reúna ciertas formalidades legales, tal y como sucede con todo acto que por ley está sujeto a reunir determinados requisitos para adquirir validez, y este es el caso del pagaré.

Además, la exigencia de que se cumpla con determinados requisitos impuestos por la ley, hace adquirir al pagaré los principios que caracterizan a todo título de crédito, como son: literalidad, incorporación, obligación patrimonial, solemnidad, autonomía y circulación.

Por su trascendencia o los efectos jurídicos que producen los requisitos formales, en realidad son considerados elementos esenciales del título de crédito, porque, se reitera, ante la falta de alguno de esos elementos acarrea indefectiblemente que no se considere al documento como título de crédito y serán, por tanto, inexistentes todas las obligaciones derivadas del mismo.

Lo antes razonado se desprende del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que regula lo concerniente al pagaré, en armonía con el diverso precepto 14 del mismo ordenamiento legal, cuyo contenido se hace necesario transcribir.

"Artículo 170. El pagaré debe contener: I. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; IV. La época y el lugar del pago; V. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y VI. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre."

"Artículo 14. Los documentos y los actos a que este título se refiere, sólo producirán los efectos previstos por el mismo, cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta no presuma expresamente.-La omisión de tales menciones y requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto."

De una interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se advierte que el pagaré debe reunir los requisitos que señala la ley, porque de lo contrario, ante la ausencia de uno o de varios, no producirá sus efectos jurídicos, siempre y cuando no se trate de aquellos requisitos que la misma ley presuma su existencia.

Aquí es de precisar que de todos los elementos o requisitos esenciales que debe contener el pagaré, algunos son susceptibles de que la propia ley los supla ante su ausencia, tal y como lo dispone el artículo 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; verbigracia, lo relativo a la época y el lugar de pago, si se omite dicho requisito, el artículo 171 de la citada ley establece que el pagaré se considerará pagadero a la vista y se tendrá como lugar de pago el domicilio del suscriptor.

De modo que los requisitos que se consignan en el artículo 170 antes transcrito, no susceptibles de ser suplidos por la ley, en realidad son los elementos esenciales para que un documento se considere como título ejecutivo y se constituya como prueba preconstituida, como sucede con el previsto en su fracción VI, que dispone que el pagaré debe contener: "La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.".

Al respecto, cobra aplicación, por similitud, la siguiente tesis jurisprudencial, que comparte esta Primera Sala.

"Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 61, enero de 1993. Tesis: 3a./J. 28/92. Página: 48.

"PAGARÉS CARENTES DE LA EXPRESIÓN DEL LUGAR DE EXPEDICIÓN. NO SURTEN EFECTOS.-Los requisitos que debe contener el pagaré se encuentran regulados en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y al no preverse presunción expresa que supla la omisión de citar el lugar de su suscripción, el documento que carezca de tal requisito no puede producir sus efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la citada ley.

"Contradicción de tesis 22/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 24 de febrero de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretaria: Susana Alva Chimal."

Ahora bien, si se atiende al sentido gramatical de la fracción VI del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, basta que en un pagaré estampe su firma la persona que reconoce deber a otra y se obliga incondicionalmente a pagarle una cantidad determinada o, en su caso, lo haga quien firme a su ruego o en su nombre para estimar satisfecho dicho requisito, pues precisamente es a través de la firma que se expresa la voluntad de cumplir con la obligación consignada en dicho documento, por tanto, resulta innecesario exigir que se señale enseguida de ese signo inequívoco, el carácter de la persona con el que suscribe el documento en representación de una persona moral, pues si ello se omite, no trae como consecuencia negarle eficacia jurídica al título de crédito, pues precisamente ya se encuentra la firma, que es el elemento que se pide únicamente.

La determinación de que la sola firma del obligado en el pagaré es suficiente para cumplir con el requisito que se exige en la fracción VI del artículo 170, fue sustentada por esta Primera Sala, por unanimidad de cinco votos, al resolver la contradicción de tesis número 93/97, en sesión de primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, siendo ponente el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y cuyo criterio derivado de ese asunto fue el siguiente:

"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, agosto de 1998. Tesis: 1a./J. 43/98. Página: 166.

"PAGARÉ. NO ES NECESARIO QUE EN ÉL SE ASIENTE LA EXPRESIÓN GRAMATICAL ‘SUSCRIPTOR’, SI ÉSTE YA LO FIRMÓ.-Atendiendo al sentido literal del requisito previsto en el artículo 170, fracción VI de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, basta que en un pagaré la persona que reconoce deber a otra y se obliga incondicionalmente a pagarle una cantidad determinada, estampe su firma, o en su caso, lo haga quien firme a su ruego o en su nombre, para estimar satisfecho dicho requisito, pues precisamente, a través de la firma se expresa la voluntad de cumplir con la obligación consignada en dicho documento; de ahí que resulte irrelevante que se señale enseguida de ese signo inequívoco que tiene el carácter de ‘suscriptor’, pues si ello se omite, no puede dar lugar a que se considere que no puede producir sus efectos legales procedentes conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la ley antes citada.

"Contradicción de tesis 93/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 1o. de julio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño."

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito afirma que cuando la obligada sea una persona moral es indispensable que además de la firma del representante, sea patente el nombre de éste y el carácter con que lo hace, pues considera que, con ello, representa la única forma de dar autenticidad a la voluntad de aceptar el título de crédito.

Dicho órgano colegiado confunde la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, así como sus elementos esenciales que le atribuyen eficacia jurídica, porque ya se dijo que dichos títulos tienen la calidad de ejecutivos y de ser una prueba preconstituida, es decir, son elementos demostrativos que hacen en sí mismo convicción plena del derecho que en ellos se consigna, características que les es otorgada con sólo reunir los elementos esenciales previstos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y cuya fracción VI sólo exige la firma del suscriptor, y no algún otro dato adicional.

Por otro lado, si la preocupación del órgano colegiado es la autenticidad de la voluntad del obligado cuando se trata de una persona moral, tal circunstancia se encuentra implícita en los elementos de solemnidad y literalidad del título de crédito, pues ya se parte de la base de que el suscriptor se obligó en la forma como se consigna en el pagaré, por ser una prueba preconstituida.

Cuestión distinta sucede si en el procedimiento se combate la autenticidad de la voluntad del obligado, ya sea porque alegue que su representante no firmó el título de crédito, o quien lo hizo carecía de facultades de representación, porque en ese caso, sólo le corresponde a la persona moral demandada hacerlo valer como excepción y ofrecer las pruebas necesarias para demostrar sus afirmaciones, de conformidad con lo que establece el artículo 8o., fracciones II y III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

"Artículo 8o. Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas: ... II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento; III. Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien subscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11."

Cobran aplicación al respecto, los siguientes criterios de la Tercera Sala en su anterior integración:

"Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 75, Cuarta Parte. Página: 41.

"TÍTULOS EJECUTIVOS.-Los títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación probatoria que en éste se concede, es para que la parte demandada justifique sus excepciones; o bien para que el actor destruya las excepciones ofrecidas, o la acción no quede destruida con aquella prueba.

"Amparo directo 3798/73. Daniel Moreno Arellano y coags. 7 de marzo de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Secretario: Jo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7358-47cc37e9/pagare-no-es-necesario-que-quien-lo-suscribio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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