CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE SI UNO DE ELLOS DEJA DE SOSTENER EL CRITERIO QUE SE ESTIMA OPUESTO AL DEL DIVERSO ÓRGANO COLEGIADO CONTENDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión materia de la presente contradicción, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
En el amparo en revisión RC. 5545/98.
"CUARTO. Son fundados los agravios expresados por el representante de la sociedad recurrente, en cuanto en ellos se aduce, esencialmente, que el auto recurrido es ilegal porque, contrariamente a lo estimado por el Juez de Distrito, la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no establece la procedencia de recurso ordinario alguno en contra de resoluciones como la que constituye el acto reclamado. En efecto, asiste razón a la parte recurrente, según se pasa a demostrar: El acto reclamado consiste en la interlocutoria de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada por el Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal, en el procedimiento de suspensión de pagos de Inmobiliaria Gomar, S.A. de C.V., en la que se declaró infundada la falta de excepción de personalidad planteada por la suspensa quejosa recurrente, respecto de la personalidad de la acreedora Banca Serfín, S.A., que ostentó Lina Yolanda Torres Zapién. El artículo 469 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos dispone que: ‘Para el conocimiento y decisión de las diversas cuestiones que se suscitaren durante la tramitación de la quiebra o de la suspensión de pagos, se observarán los siguientes trámites: I. Del escrito inicial del incidente se correrá traslado por cinco días a la parte o a las partes interesadas en la cuestión. Se tendrá como confesa a la parte que no evacuare el traslado, salvo prueba en contrario; II. En los escritos de contestación a la demanda incidental, y en ésta, las partes ofrecerán pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar y que no sean extraños a la cuestión incidental planteada. Dentro del tercer día de concluido el emplazamiento, el Juez resolverá sobre la admisión de las pruebas y abrirá, en su caso, un término, que nunca excederá de quince días; III. Concluido el término del emplazamiento o del probatorio, se pondrán los autos del incidente a la vista de las partes, por el término común de cinco días, para que aleguen, y, sin necesidad de citación, el Juez dictará la interlocutoria relativa dentro del plazo, de ocho días.’. Por otra parte, el artículo 457 del ordenamiento legal citado establece que: ‘Contra los autos y decretos que conforme a esta ley no admiten apelación, procede el recurso de revocación. Éste deberá proponerse en el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación respectiva y se sustanciará con traslado de veinticuatro horas a la contraria. La resolución se dictará dentro del tercer día siguiente a la conclusión del traslado.’. Y en el diverso numeral 458 de la ley en cuestión prevé que: ‘La apelación procede en los casos que determina esta ley, en el efecto o efectos que ella fije y, en el devolutivo, en caso de su silencio, a menos que se trate de la sentencia de graduación o de resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos el recurso procede en ambos efectos.’. Ahora bien, ni en el precepto 469 de la ley en comento, ni en algún otro se señala si contra la interlocutoria dictada en los incidentes suscitados durante la tramitación del procedimiento de la quiebra o de suspensión de pagos, procede o no el recurso de apelación, por lo que es evidente que la resolución reclamada no es apelable. Por otra parte, debe decirse que contra dicha interlocutoria tampoco procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 457 de la citada ley, puesto que éste es claro al establecer su procedencia sólo contra autos y decretos, y no en contra de interlocutorias, como la que constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo, además, la tesis número 38, visible en la página 71 del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar, al terminar el año de 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del siguiente texto: ‘PERSONALIDAD EN JUICIO CONCURSAL. ES IRRECURRIBLE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE UN INCIDENTE DE FALTA DE, PORQUE EL CÓDIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. Este Tribunal Colegiado considera que, en materia de recursos, el Código de Comercio no es aplicable supletoriamente a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos supuesto que ésta constituye un ordenamiento legal específico con instituciones propias, en tanto que el invocado Código de Comercio es una ley general mercantil, y de la misma manera que tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, según lo tiene establecido el más Alto Tribunal de la nación en la tesis de jurisprudencia 308 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, Tercera Sala, página 933, puede afirmarse también que en materia de recursos, el Código de Comercio no es supletorio a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, porque ésta contiene su propio sistema de recursos en su capítulo I del título octavo, al cual deben concretarse las contiendas sobre quiebras y suspensión de pagos; debiendo señalarse que en algunos casos, para el trámite de los recursos establecidos por la ley de quiebras se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, conforme al artículo 6o. transitorio de aquélla, como ocurre en los casos señalados por los artículos 19, 20 y 21 de dicha ley de quiebras. Ahora bien, el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece que: «La apelación procede en los casos que determina esta ley, en el efecto o efectos que ella fije y, en el devolutivo, en caso de su silencio, a menos que se trate de la sentencia de graduación o de resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos el recurso procede en ambos efectos.», siendo exacto lo aseverado por el inconforme en el sentido de que el artículo 469 de la misma ley no concede a las partes el recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias que deciden un incidente. En tales condiciones, si el acto reclamado en el juicio de garantías está constituido precisamente por una interlocutoria que resolvió una cuestión de personalidad, dicha resolución es inapelable y, en esa virtud, la parte afectada puede acudir inmediatamente al juicio de amparo biinstancial a impugnarla, pues tal resolución es irrecurrible.’. De lo anterior se concluye que el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal desechó incorrectamente la demanda de garantías de la empresa hoy recurrente, toda vez que al no ser procedente ninguno de los recursos ordinarios previstos en la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos en contra de la resolución señalada como acto reclamado, es evidente que ésta sí es impugnable mediante el amparo indirecto, por lo que el auto recurrido infringe lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por inexacta aplicación de la fracción XIII del artículo 73 de dicha ley. Así pues, al ser fundados los agravios analizados, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar al Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal que admita la demanda, siempre y cuando no advierta la actualización clara y manifiesta de diversa causal de improcedencia."
En el amparo en revisión RC. 4395/98.
"CUARTO. Son fundados los agravios expresados por el representante de la sociedad recurrente, en cuanto en ellos se aduce, esencialmente, que el auto recurrido infringe lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII y 77 de la Ley de Amparo, porque contrariamente a lo estimado por el Juez de Distrito, la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no establece la procedencia de recurso ordinario alguno en contra de resoluciones como la que constituye el acto reclamado. En efecto, asiste razón a la parte recurrente, según se pasa a demostrar: El acto reclamado consiste en la interlocutoria de siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada por el Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal, en el expediente 88/96, en la que se declaró infundada la excepción de falta de personalidad y legitimación activa del Banco Nacional de México, S.A., para solicitar el reconocimiento de crédito en el procedimiento de suspensión de pagos de la empresa quejosa, Combustibles Hilario Suárez, S.A. de C.V. El artículo 469 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos dispone que: ‘Para el conocimiento y decisión de las diversas cuestiones que se suscitaren durante la tramitación de la quiebra o de la suspensión de pagos, se observarán los siguientes trámites: I. Del escrito inicial del incidente se correrá traslado por cinco días a la parte o a las partes interesadas en la cuestión. Se tendrá como confesa a la parte que no evacuare el traslado, salvo prueba en contrario; II. En los escritos de contestación a la demanda incidental, y en ésta, las partes ofrecerán pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar y que no sean extraños a la cuestión incidental planteada. Dentro del tercer día de concluido el emplazamiento, el Juez resolverá sobre la admisión de las pruebas y abrirá, en su caso, un término, que nunca excederá de quince días; III. Concluido el término del emplazamiento o del probatorio, se pondrán los autos del incidente a la vista de las partes, por el término común de cinco días, para que aleguen, y, sin necesidad de citación, el Juez dictará la interlocutoria relativa dentro del plazo, de ocho días.’. Por otra parte, el artículo 457 del ordenamiento legal citado establece que: ‘Contra los autos y decretos que conforme a esta ley no admiten apelación, procede el recurso de revocación. Éste deberá proponerse en el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación respectiva y se sustanciara con traslado de veinticuatro horas a la contraria. La resolución se dictará dentro del tercer día siguiente a la conclusión del traslado.’. Y en el diverso numeral 458 de la ley en cuestión prevé que: ‘La apelación procede en los casos que determina esta ley, en el efecto o efectos que ella fije y, en el devolutivo, en caso de su silencio, a menos que se trate de la sentencia de graduación o de resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos el recurso procede en ambos efectos.’. Ahora bien, ni en el precepto 469 de la ley en comento, ni en algún otro se señala si contra la interlocutoria dictada en los incidentes suscitados durante la tramitación del procedimiento de la quiebra o de suspensión de pagos, procede o no el recurso de apelación, por lo que es evidente que la resolución reclamada no es apelable. Por otra parte, debe decirse que contra dicha interlocutoria tampoco procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 457 de la citada ley, puesto que éste es claro al establecer su procedencia sólo contra autos y decretos, y no en contra de interlocutorias como la que constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo, además, la tesis número 38, visible en la página 71 del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar, al terminar el año de 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del siguiente texto: ‘PERSONALIDAD EN JUICIO CONCURSAL. ES IRRECURRIBLE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE UN INCIDENTE DE FALTA DE, PORQUE EL CÓDIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. Este Tribunal Colegiado considera que, en materia de recursos, el Código de Comercio no es aplicable supletoriamente a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos supuesto que ésta constituye un ordenamiento legal específico con instituciones propias, en tanto que el invocado Código de Comercio es una ley general mercantil, y de la misma manera que tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, según lo tiene establecido el más Alto Tribunal de la nación en la tesis de jurisprudencia 308 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, Tercera Sala, página 933, puede afirmarse también que en materia de recursos, el Código de Comercio no es supletorio a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, porque ésta contiene su propio sistema de recursos en su capítulo I del título octavo, al cual deben concretarse las contiendas sobre quiebras y suspensión de pagos; debiendo señalarse que en algunos casos, para el trámite de los recursos establecidos por la ley de quiebras se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, conforme al artículo 6o. transitorio de aquélla, como ocurre en los casos señalados por los artículos 19, 20 y 21 de dicha ley de quiebras. Ahora bien, el artículo 458 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos establece que: «La apelación procede en los casos que determina esta ley, en el efecto o efectos que ella fije y, en el devolutivo, en caso de su silencio, a menos que se trate de la sentencia de graduación o de resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, en cuyos casos el recurso procede en ambos efectos.», siendo exacto lo aseverado por el inconforme en el sentido de que el artículo 469 de la misma ley no concede a las partes el recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias que deciden un incidente. En tales condiciones, si el acto reclamado en el juicio de garantías está constituido precisamente por una interlocutoria que resolvió una cuestión de personalidad, dicha resolución es inapelable y, en esa virtud, la parte afectada puede acudir inmediatamente al juicio de amparo biinstancial a impugnarla, pues tal resolución es irrecurrible.’. De lo anterior se concluye que la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal desechó incorrectamente la demanda de garantías de la empresa hoy recurrente, toda vez que al no ser procedente ninguno de los recursos ordinarios previstos en la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos en contra de la resolución señalada como acto reclamado, es evidente que ésta sí es impugnable mediante el amparo indirecto, por lo que el auto recurrido infringe lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por inexacta aplicación de la fracción XIII del artículo 73 de dicha ley. Así pues, al ser fundados los agravios analizados, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar a la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal que admita la demanda, siempre y cuando no advierta la actualización clara y manifiesta de diversa causal de improcedencia."
TERCERO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los asuntos materia de la presente contradicción, sostuvo lo siguiente:
En el RC. 3424/97.
"PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, fracción IV, 38 y 39, así como el quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia pronunciada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir tanto las consideraciones de la sentencia recurrida como los agravios formulados por la recurrente, pues no serán analizados en virtud de que se actualiza una causa de improcedencia del juicio de garantías. El acto reclamado por la quejosa es la interlocutoria pronunciada por el Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal, el ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, en el incidente promovido por ella dentro del expediente relativo a la suspensión de pagos 109/95, del índice de ese juzgado. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo dispone: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. ...’. En el caso concreto, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución emitida por el Juez responsable en la que resolvió la excepción de falta de personalidad opuesta por la quejosa contra Banpaís, S.A., banco que compareció al juicio de suspensión de pagos para que el Juez natural hiciera el reconocimiento de adeudo que tiene la suspensa con la recurrente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, contra los autos o decretos que no admitan el recurso de apelación procede el recurso de revocación. Por su parte, el numeral 458 del mismo ordenamiento legal señala que sólo procede la apelación en los casos que la propia ley así lo determine. De los anteriores artículos válidamente podemos sostener que la Ley General de Quiebras y de Suspensión de Pagos acoge el principio de derecho denominado ‘de la impugnación’, principio que es definido por Hernando Devis Echandía, en su libro ‘Teoría General del Proceso’, tomo I, Editorial Universidad, edición 1984, página 46, como sigue: ‘Es fundamental en el procedimiento que todo acto del Juez que pueda lesionar los intereses o derechos de una de las partes, sea impugnable, es decir, que exista algún recurso contra él, para que se enmienden los errores o vicios en que se haya incurrido. Pero varían los remedios que la ley ofrece, según la naturaleza del acto y la clase de funcionario que lo haya dictado; y de ellos no puede hacerse uso indiscriminadamente, sino en los términos y condiciones que la ley procesal señala.’. Tal consideración y principio encuentran sustento legal, en lo que interesa, en el sistema mexicano de impugnación, a través de la jurisprudencia número 603 de este tribunal, visible en la página 441 del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es: ‘RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del tribunal superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea apelable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad.’. En estas condiciones, es factible sostener que en la mayoría de los procedimientos en México, al establecerse la fórmula descrita en la jurisprudencia citada, se acoge el principio de impugnabilidad referido. Además, dicho principio es natural para la gran mayoría de los procesalistas; así, Eduardo J. Couture, en su libro ‘Fundamentos del Derecho Procesal Civil’, Ediciones Depalma, edición 1993, páginas 339, 340 y 342, dice: ‘Los recursos son, genéricamente hablando, medios de impugnación de los actos procesales. Realizado el acto, la parte agraviada por él tiene, dentro de los límites que la ley le confiera, poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación ... Esa posibilidad de impugnación consiste en la facultad de deducir contra el fallo los recursos que el derecho positivo autoriza. Esos recursos son de tal vastedad y variedad en el derecho hispanoamericano, que hacen dificultosa toda sistematización ...’. José Becerra Bautista, en su libro ‘El Proceso Civil en México’, Editorial Porrúa, S.A., decimoquinta edición, página 566, deja asentado: ‘... El nombre de recurso, responde a la idea elemental de impugnación, en cuanto se vuelve a trabajar sobre la materia procesal, ya decidida, para que su nuevo curso permita depurar la exactitud o inexactitud de las conclusiones procesales primariamente obtenidas. Tal nuevo curso o recurso define al proceso montado con una finalidad impugnativa, lo cual no quiere decir, sin embargo, que ello suponga una reproducción del proceso primitivo, puesto que la impugnación puede consistir en una alteración o modificación de ese proceso de manera abreviada o de manera modificada. ...’. De los artículos 457 y 458 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, válidamente podemos sostener que contra las resoluciones judiciales dictadas en los procedimientos que regula dicha ley, por regla general, cabe algún recurso, salvo que la propia ley determine lo contrario. Para arribar a tal consideración resulta necesario fijar que la expresión contenida en el artículo 457 del cuerpo de leyes citado ‘autos y decretos’, no es otra cosa que el término jurídico conocido como resoluciones judiciales, no únicamente los términos que en estricto sentido contiene tal expresión. Lo anterior es así, porque la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos contiene un sistema de impugnación propio, lo que impide acudir a otros cuerpos de leyes, y a diferencia de lo establecido en el Código de Comercio y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el capítulo respectivo la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no refiere en forma genérica qué recurso procede contra las sentencias, ya sean éstas interlocutorias o definitivas, en los procedimientos de quiebra o de suspensión de pagos. En efecto, tanto el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal como el Código de Comercio establecen, en el capitulado de recursos, una distinción entre qué recurso procede contra la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria, los autos y los decretos, tal y como se aprecia de los artículos 1334 al 1342 del Código de Comercio y del 683 al 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En cambio, la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en su capítulo relativo a recursos, es omisa en establecer qué recurso procede contra las sentencias definitivas en los procedimientos de quiebras, suspensión de pagos o sentencias interlocutorias, salvo lo referente a la sentencia de graduación de créditos o resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación, casos en los cuales, dice el artículo 458, la apelación procede en ambos efectos. Sin embargo, tal omisión es justificada, pues respecto al recurso de apelación el legislador federal quiso acotar su procedencia, al establecer que el recurso de apelación sólo resulta procedente cuando así lo determine la propia ley, ello en atención a la importancia que en la economía nacional tiene el hecho de que las personas que se dedican al comercio están imposibilitadas para cumplir con sus obligaciones mercantiles contraídas al ser declaradas, o pretender serlo, en estado de quiebra o suspensión de pagos. De ahí que sólo las sentencias definitivas e interlocutorias que la propia ley señala y a las que específicamente otorga la procedencia del recurso de apelación, son contra las que cabe tal medio de impugnación. Lo anterior no significa que contra las resoluciones judiciales catalogadas como sentencias definitivas o interlocutorias, contra las cuales la propia ley no señale la procedencia de un recurso, no procede ni la revocación ni la apelación pues, como se sostuvo, la ley de la materia establece como procedencia genérica el recurso de revocación, lo que se deduce del citado artículo, que refiere que para el caso de no procedencia de la apelación procede la revocación, de ahí que no obstante la frase ‘autos y decretos’, es factible considerar que contra tales sentencias interlocutorias procede el recurso de revocación. Por otra parte, de la lectura íntegra de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos se advierte que no está totalmente codificada la forma en que deben resolverse las excepciones perentorias que se lleguen a oponer en los procedimientos que regula, ni mucho menos establece qué recurso procede en contra de dichas resoluciones, omisión que se extiende, incluso, sobre las resoluciones que se dictan en los incidentes a que se refiere el capítulo II de dicha ley. En este orden de ideas, establecido que el recurso de apelación sólo procede en los casos específicos, razón por la cual no es factible acudir a otra normatividad para establecer analogía, que dentro de la normatividad de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no está reglamentado cómo se resuelven las excepciones perentorias, ni qué recurso procede en contra de las sentencias interlocutorias o incidentales, y que la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos acoge el principio de impugnabilidad de las resoluciones judiciales, de todo lo anterior se deduce que la expresión contenida en el artículo 457 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos ‘autos y decretos’, incluye, dentro de la denominación de ‘autos’, a las sentencias interlocutorias. La omisión referida, sin embargo, ha dado lugar a establecer erróneamente que resultan inimpugnables las sentencias interlocutorias o sentencias dictadas en los incidentes contra las cuales la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no establece la procedencia del recurso de apelación; consideración que resulta infundada, porque, por una parte, se estaría atentando contra el principio de impugnación anteriormente establecido y porque, como se estableció, la connotación ‘autos’ comprende también a las sentencias interlocutorias. Lo anterior se corrobora si se considera que tradicionalmente por auto se puede entender toda resolución judicial, incluidas las interlocutorias; Eduardo J. Couture, en su ‘Vocabulario Jurídico’, Editorial Depalma, edición 1993, página 119, establece: ‘Autos. I. Definición. 1. Expediente; legajo de actuaciones escritas que constituyen el proceso judicial (véase, además expediente, proceso). 2. Providencias, decretos, resoluciones judiciales mereinterlocutorias, dictados en el curso de una instancia y dirigidos normalmente a asegurar el impulso procesal de la misma. ...’. Por su parte, Eduardo Pallares, en el ‘Diccionario de Derecho Procesal Civil’, Editorial Porrúa, S.A., en su página 109, dice: ‘Auto. Resolución judicial que no es de mero trámite y que tiene influencia en la prosecución del juicio y en los derechos procesales de las partes. Mediante él, el Juez ordena el proceso. ...’. Antonio de J. Lozano define, en su ‘Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicanas’, publicado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 1992, la palabra ‘auto’, como: ‘El decreto judicial dado en alguna causa civil o criminal. El Juez dirige el orden del proceso con sus autos interlocutorios o providencias, y decide la cuestión principal por medio de su sentencia o auto definitivo. ... Auto interlocutorio. El que no decide definitivamente la causa, sino que sólo recae sobre algún incidente o artículo del pleito, o dirige la serie u orden del juicio. Véase sentencia interlocutoria. ...’. Por último, se observa que en el Código Federal de Procedimientos Civiles se da indistintamente el nombre de ‘auto’ a las resoluciones judiciales que ‘decidan cualquier punto dentro del negocio’ y ‘sentencias’ sólo son las que ‘decidan el fondo del negocio’ (artículo 220). Dentro del capítulo de incidentes del propio Código Federal de Procedimientos Civiles se utiliza la misma terminología, pues se habla (artículo 363) de los ‘autos que en segunda instancia resuelvan un incidente’ y (artículo 364) ‘las resoluciones incidentales no surten efecto alguno’, etcétera. La Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos no establece precepto alguno que permita considerar qué debe entenderse por decreto, auto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17254-de563517/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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