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Modo: Corpus Pro

JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES, NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17436
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 176.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito emitió la tesis de jurisprudencia número VI.3o.C. J/33, que tuvo como precedentes los amparos directos números 561/96, 428/99, 500/99, 411/99 y 748/99, de los cuales se transcriben, en la parte que interesa, las consideraciones correspondientes a los expedientes 428/99 y 748/99, fallados el primero de julio y el tres de diciembre, ambos de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente:

"Por su íntima vinculación, este órgano jurisdiccional estudiará en su conjunto los conceptos de violación reseñados en líneas precedentes, los cuales son fundados. En efecto, el artículo 1348 del Código de Comercio, antes de sus últimas reformas (mismo que es aplicable en términos del artículo primero transitorio del ordenamiento legal citado, porque el pagaré controvertido se suscribió el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres) prescribe: ‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiese dentro del término fijado se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestará dentro de tres días fallando el Juez o tribunal dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá sino el recurso de responsabilidad.’. Cabe agregar que el actual artículo 1348 del cuerpo legal invocado establece: ‘Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo.’. Como queda de manifiesto de su transcripción, el precepto legal que regula la ejecución de sentencia en los juicios mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien en el escrito relativo se hace la liquidación de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidación se realiza de acuerdo con los datos que ya fueron aportados durante el trámite del juicio, pues, se repite, de lo establecido en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que se conceda un término probatorio, de ahí que al no haberlo estimado así la Sala responsable, se considera que en ese sentido infringió lo estatuido por el mismo y, por consiguiente, violó los artículos 14 y 16 constitucionales. No obsta para la conclusión anterior, el hecho de que en los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, anteriores a sus últimas reformas, así como los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad de aportar pruebas y se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de éstas, pues debe tenerse en cuenta que tales preceptos se refieren, como ya se indicó, a los incidentes en general en los juicios mercantiles y no a la ejecución de sentencia. Se afirma lo anterior porque los artículos 1357 y 1414 del ordenamiento legal que se estudia, anteriores a sus últimas reformas, mismo que es el aplicable como ya se vio, estatuyen: ‘Artículo 1357. En los juicios ejecutivos se observará lo dispuesto en el artículo 1414.’ y ‘Artículo 1414. Cualquier incidente que se suscitare en el juicio mercantil ejecutivo, se decidirá por el Juez sin sustanciar artículo, pero sin perjuicio del derecho de los interesados para que se les oiga en audiencia verbal siempre que así lo pidieren.’. Asimismo, el actual artículo 1357 del cuerpo de leyes que se comenta establece: ‘Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase.’; en la especie, la ejecución de sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o término probatorio en su sustanciación. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja cuatrocientos cinco del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO. En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagaré puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operación aritmética, bastará que el actor en su demanda, en forma genérica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, lógicamente, no queda en estado de indefensión. Sin embargo, cuando los intereses pactados sólo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el documento a fórmulas que no está al alcance del común de las personas conocer (como sucede con el llamado «costo porcentual promedio»), entonces resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensión al no poder impugnar en su contestación la cuantificación hecha por su contrario. No podría aducirse que la cuantificación de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto del incidente de liquidación de sentencia, pues no debe perderse de vista que, conforme al artículo 1348 del Código de Comercio, en dicho incidente no existe dilación probatoria, lo que determina, por una parte, que el Juez, por no ser experto en contabilidad, estaría imposibilitado para determinar si la cuantificación de intereses hecha por el actor es o no correcta y, por otra parte, que el demandado estaría imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificación realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los términos antes precisados, no podría estimarse que el título ejecutivo lo integraran tanto el pagaré como el referido certificado, pues no se está en el supuesto previsto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que aquí se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamación de intereses ordinarios pactados en el pagaré, cuando la cuantificación de los mismos no pueda realizarse por el común de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal prestación y la forma de su cuantificación o, en su defecto, se remita un certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.’."

Las consideraciones medulares del amparo directo 748/99 son las siguientes:

"Contrariamente a lo que señala la parte quejosa, como ella misma lo afirma en sus conceptos de violación, la Sala responsable, al igual que el Juez natural, concedieron pleno valor probatorio al estado de cuenta, tan es así que se tuvo por acreditada la acción ejercitada y se condenó al demandado al pago de la suerte principal y a los intereses moratorios, por lo que no se inobservó la tesis intitulada: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS EN MATERIA MERCANTIL.’, resultando, por tanto, infundados los conceptos de violación analizados. También son infundados los motivos de inconformidad en los que la quejosa afirma que es indebido que la Sala responsable no condene al demandado al pago de intereses ordinarios, al estimar que no se pueden causar simultáneamente con los moratorios, en virtud de que los intereses ordinarios se generaron desde la fecha en que se celebró el contrato hasta que se dio por vencido anticipadamente el mismo, y los intereses moratorios a partir del vencimiento hasta que se cubra el crédito; en consecuencia, se tuvo que condenar al pago de intereses ordinarios, quedando sujetos éstos a que en la liquidación de sentencia se estableciera correctamente su monto y la fecha a partir de la cual se generaron. En principio, debe decirse que, como acertadamente lo consideró la Sala responsable, no se puede condenar simultáneamente al pago de intereses ordinarios y a intereses moratorios, dado que del estado de cuenta de Alberto Allende Arámbula, expedido por la contadora de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, se desprende que a partir del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, hasta el veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se causaron intereses ordinarios (párrafos treinta y cinco al setenta de la enumeración mensual) y de la misma manera, en la columna intitulada ‘mora’, durante ese mismo lapso se originaron intereses moratorios sin explicación alguna, por lo que fue acertada la determinación del Juez natural al condenar sólo al pago de intereses moratorios. Se afirma lo anterior porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Comercio debe colegirse que los intereses moratorios que tiene que cubrir el obligado se generan en virtud del incumplimiento en el pago del adeudo, computándose a partir del vencimiento del pago convenido hasta que se pague el débito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se devengan a cargo del deudor durante el lapso comprendido desde la fecha de otorgamiento del crédito hasta el vencimiento del plazo para efectuar el pago, lo que implica que no puede conceptuarse que los indicados intereses ordinarios y moratorios se devenguen simultáneamente, esto es, que los primeros se sigan generando ya en la mora junto con los segundos, puesto que con esa pretensión se persigue un ilegal doble cobro de tales intereses, por lo que sus conceptos de violación son infundados. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que la parte quejosa refiera que en la liquidación de sentencia se establecería correctamente el monto y la fecha a partir de la cual se generaron los intereses ordinarios y los moratorios, porque el artículo 1348 del Código de Comercio, antes de sus últimas reformas (mismo que es aplicable porque el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria se suscribió el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y dos) prescribe: ‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiese dentro del término fijado se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestará dentro de tres días fallando el Juez o tribunal dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá sino el recurso de responsabilidad.’. Cabe agregar que el actual artículo 1348 del cuerpo legal invocado establece: ‘Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo.’. Como queda de manifiesto de su transcripción, el precepto legal que regula la ejecución de sentencia en los juicios mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien a través de un incidente se puede hacer la liquidación de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidación tendría que realizarse de acuerdo con los datos que se aportaran durante el trámite del juicio, pues, se repite, de lo previsto en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que se conceda un término probatorio en el cual pudieran allegarse los elementos necesarios para determinar y cuantificar las prestaciones reclamadas y, si en el caso, en la demanda no se mencionaron los datos ya referidos, tampoco podría hacerse mediante las probanzas ofrecidas, porque con éstas deben demostrarse los hechos de la demanda en la que se omitieron tales datos; por tanto, resultan infundados los conceptos de violación en los que se alega lo contrario. Lo anterior, con independencia de que los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, anteriores a las reformas de que fue objeto, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, así como los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contempla la posibilidad de aportar pruebas y que se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de éstas, ya que debe tenerse en cuenta que esos preceptos se refieren, como ya se indicó, a los incidentes en general en los juicios mercantiles y no al de ejecución de sentencia. Se sostiene eso porque los artículos 1357 y 1414 del ordenamiento legal que se estudia, anterior a las reformas de que fue objeto, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual es el aplicable como ya se vio, dicen: ‘Artículo 1357. En los juicios ejecutivos se observará lo dispuesto en el artículo 1414.’ y ‘Artículo 1414. Cualquier incidente que se suscitare en el juicio mercantil ejecutivo, se decidirá por el Juez sin sustanciar artículo, pero sin perjuicio del derecho de los interesados para que se les oiga en audiencia verbal siempre que así lo pidieren.’. Asimismo, el actual artículo 1357 del cuerpo de leyes que se comenta establece: ‘Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase.’; en la especie, la ejecución de sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o término probatorio en su sustanciación. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido, la tesis que este tribunal comparte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a fojas trescientos cincuenta y nueve, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 362 del Código de Comercio, 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo pactado en el documento ejecutivo base de la acción cambiaria deducida por el ejecutante, debe colegirse que los intereses moratorios que tiene que cubrir el obligado cambiario, se generan en virtud del incumplimiento en el pago del adeudo, computándose a partir del vencimiento de aquel documento hasta que se pague el débito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se devengan a cargo del deudor durante el lapso comprendido desde la fecha de suscripción del documento en mención o disfrute del crédito, hasta el vencimiento de aquél, lo que implica que no puede conceptuarse que los indicados intereses ordinarios y moratorios se devenguen simultáneamente, esto es, que los primeros se sigan generando ya en la mora junto con los segundos, puesto que con esa pretensión se persigue un ilegal doble cobro de tales intereses, que riñe con el espíritu de los preceptos legales invocados.’. También tiene aplicación, en lo atinente, la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas cuatrocientos cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO. En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagaré puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operación aritmética, bastará que el actor en su demanda, en forma genérica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, lógicamente, no queda en estado de indefensión. Sin embargo, cuando los intereses pactados sólo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el documento a fórmulas que no está al alcance del común de las personas conocer (como sucede con el llamado «costo porcentual promedio»), entonces resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensión al no poder impugnar en su contestación la cuantificación hecha por su contrario. No podría aducirse que la cuantificación de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto del incidente de liquidación de sentencia, pues no debe perderse de vista que, conforme al artículo 1348 del Código de Comercio, en dicho incidente no existe dilación probatoria, lo que determina, por una parte, que el Juez, por no ser experto en contabilidad, estaría imposibilitado para determinar si la cuantificación de intereses hecha por el actor es o no correcta y, por otra parte, que el demandado estaría imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificación realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los términos antes precisados, no podría estimarse que el título ejecutivo lo integraran tanto el pagaré como el referido certificado, pues no se está en el supuesto previsto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que aquí se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamación de intereses ordinarios pactados en el pagaré, cuando la cuantificación de los mismos no pueda realizarse por el común de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal prestación y la forma de su cuantificación o, en su defecto, se remita a un certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.’."

Las ejecutorias dictadas dieron lugar a la tesis de jurisprudencia número VI.3o.C. J/33, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, página 885, que a continuación se transcribe:

"ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO. En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagaré puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operación aritmética, bastará que el actor en su demanda, en forma genérica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, lógicamente, no queda en estado de indefensión. Sin embargo, cuando los intereses pactados sólo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el documento a fórmulas que no están al alcance del común de las personas conocer (como sucede con el llamado ‘costo porcentual promedio’), entonces, resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensión al no poder impugnar en su contestación la cuantificación hecha por su contrario. No podría aducirse que la cuantificación de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto de incidente de liquidación de sentencia, pues no debe perderse de vista que, conforme al artículo 1348 del Código de Comercio, en dicho incidente no existe dilación probatoria, lo que determina, por una parte, que el Juez, por no ser experto en contabilidad, estaría imposibilitado para determinar si la cuantificación de intereses hecha por el actor es o no correcta; y por otra parte, que el demandado estaría imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificación realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los términos antes precisados, no podrá estimarse que el título ejecutivo lo integraran tanto el pagaré como el referido certificado, pues no se está en el supuesto previsto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que aquí se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamación de intereses ordinarios pactados en el pagaré, cuando la cuantificación de los mismos no pueda realizarse por el común de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal prestación y la forma de su cuantificación o, en su defecto, se remita a un certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 561/96. Lourdes María Núñez Encinas por sí y como apoderada del Colegio Francés de Puebla, S.C. y del Instituto Internacional de Super Aprendizaje, S.C. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón.

"Amparo directo 428/99. Heli de Puebla, S.A. de C.V. y otra. 1o. de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.

"Amparo directo 500/99. Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín. 5 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona.

"Amparo directo 411/99. Cerón Yano, S.A. de C.V. y otros. 19 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.

"Amparo directo 748/99. Banco Nacional de México, S.A. 3 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona."

CUARTO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 843/2000-13 el dieciocho de enero de dos mil uno sostuvo, en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los quejosos aducen en la parte inicial de su concepto de violación que los intereses pactados no surten efectos, en virtud de que no son determinables; citan al efecto la jurisprudencia de rubro: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO.’, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Es infundado el motivo de inconformidad, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 1797 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al de Comercio establece: ‘La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.’. Por su parte, el numeral 1796 del ordenamiento en cita dispone: ‘Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.’. Del contenido del pagaré base de la acción número 628-2047, se advierte que en relación con los intereses las partes pactaron lo siguiente: ‘... El importe de este pagaré causará intereses ordinarios mensual vencido a la tasa que resulte mayor entre las señaladas a continuación, a la que se añadirán 11 puntos: 1) CPP Banxico: que para efectos de este título de crédito es la estimación referida al costo porcentual promedio de captación por concepto de tasa y, en su caso, sobretasa de rendimiento por interés o descuento de los pasivos en moneda nacional a cargo del conjunto de las instituciones de banca múltiple, correspondiente a: depósitos bancarios a plazo, depósitos bancarios en cuenta corriente, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias y papel comercial con aval bancario. Dicha estimación el Banco de México la da a conocer mensualmente a través del Diario Oficial de la Federación, según resoluciones del propio banco publicadas en ese diario los días 20 de octubre de 1981 y 17 de noviembre de 1988. 2) Cetes: que para efectos de este título de crédito se entiende como el promedio aritmético de las tasas de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de veintiocho días en colocación primaria que corresponda a las emisiones que se efectúen durante el mes anterior a la fecha del cálculo de intereses. 3) TIIP o tasa de interés interbancaria promedio: que para efectos de este título de crédito se entiende que es el promedio aritmético de las tasas de interés interbancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación y determinadas por el Banco de México, de conformidad con lo establecido en la Circular 1996/93 de fecha 13 de enero de 1993, emitida por el propio Banco de México. Dicho promedio aritmético será el que resulte de las publicaciones correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha en que se devenguen los intereses. 4) En su caso, el instrumento de mayor rendimiento que exista en ese momento en el sistema financiero mexicano, así como cualquier otro instrumento que emita el Gobierno Federal para allegarse recursos. Los intereses ordinarios consignados en el presente pagaré serán pagaderos mensual vencido, en el domicilio del acreedor, según se especificará más adelante, los días últimos de cada mes. La falta de pago de los intereses ordinarios dará lugar al vencimiento anticipado del presente pagaré. En caso de que el suscriptor no pague a su vencimiento el importe consignado en este pagaré, el suscriptor pagará al acreedor, a la vista, intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada, a razón de multiplicar por 1.5 veces la tasa de interés ordinaria, independientemente del derecho del acreedor para demandar de manera anticipada el pago total insoluto de este pagaré ...’. Como se ve de lo antes transcrito, se advierte que el acreditado y su avalista (codemandados) pactaron con la acreditante (actora) los términos en que serían los pagos por concepto de intereses ordinarios del crédito concedido, así como los intereses moratorios. En efecto, el acreditado se obligó a pagar al acreditante en el domicilio del acreedor los días últimos de cada mes con mensualidades vencidas, en términos de lo transcrito en líneas precedentes. Lo anterior pone de manifiesto que la tasa fue pactada y precisada por las partes, acreditante y acreditado, y admitida por el avalista en el pagaré base de la acción, señalando un índice inequívoco, que aunque es indeterminada, con una operación matemática la hace determinada, con independencia de que los quejosos la estimen compleja, ya que el procedimiento podrá resultarlo, pero ello no lo hace impreciso. Por tanto, como la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, pues los quejosos pactaron en el pagaré base de la acción el tipo, modo y condiciones en que sería el pago de los intereses tanto ordinarios como moratorios, es claro que lo resuelto por la ad quem es apegado a derecho respecto a la determinación del pago de los intereses ordinarios y moratorios. Ahora bien, sobre las tasas variables de intereses, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial 54/98, derivada de la contradicción de tesis 31/98, publicada en la página trescientos setenta y ocho, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS. El pacto de tasas variables, en operaciones activas se encuentra permitido, según se infiere de lo dispuesto en los artículos 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 78 del Código de Comercio, relacionados con las circulares que emite el Banco de México, por lo que la remisión a índices inequívocos no le resta precisión, pues si bien pudi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17436-a9b5ca98/juicios-mercantiles-cuando-se-reclaman-intereses-cuya-determinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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