CADUCIDAD DE LA SEGUNDA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE DECRETARLA CUANDO EN EL AUTO QUE ADMITE Y CALIFICA EL GRADO DEL RECURSO DE APELACIÓN, OMITE CITAR PARA SENTENCIA, AUN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE PARA SU ACTUALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
Ejecutoria del amparo directo 1564/2000, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito:
"V.-Los anteriores conceptos de violación son infundados.-De las constancias que remitió la responsable en vía de informe con justificación se deduce, en lo que interesa, que: 1. Juan Salvador Gradilla Anaya, abogado patrono del quejoso Miguel Tovar Santeño, en escrito de once de agosto de mil novecientos noventa y siete, interpuso recurso de apelación en contra del proveído de catorce de julio de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual el Juez decretó la caducidad de la instancia en el incidente de nulidad de actuaciones en los medios preparatorios del juicio civil sumario 1227/96.-2. La Sala responsable, en proveído de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, admitió el recurso de apelación (fojas 111 y 112 del juicio de amparo).-3. En escrito de veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, el tercero perjudicado contestó los agravios expresados por su contraparte, el cual fue acordado por la responsable en proveído de veintisiete de enero del referido año, en los términos conducentes siguientes: ‘... Visto su contenido y como lo solicita el promovente, se le tienen por hechas las alegaciones que de su ocurso de cuenta se desprenden, respecto de los agravios esgrimidos por el apelante, de conformidad con el artículo 439 del código procesal civil para el Estado.’ (foja 119 ídem).-4. La Sala responsable en resolución de ocho de septiembre, que es el acto reclamado, y en obsequio a lo solicitado por el tercero perjudicado Jesús Carlos Ortiz Garza, decretó la caducidad de la instancia en los términos textuales siguientes: ‘Por recibido el escrito de Jesús Carlos Ortiz Garza, el dos de septiembre ... tomando en cuenta que se ha dejado de actuar por más de ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, y no existe promoción de alguna de las partes tendientes a la prosecución del procedimiento, porque como se desprende, la última determinación fue el auto de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el cual se le tuvo a Jesús Carlos Ortiz Garza alegando respecto a los agravios expresados por su contraria, que fue notificado a las partes litigantes el veintinueve del mes y año citados, de lo anterior se deduce que ha transcurrido en exceso el término referido y, por tanto, al ser la caducidad una figura jurídica de orden público y ésta opera por el solo transcurso del tiempo antes señalado, por consiguiente, con fundamento en el numeral 29 bis de la ley adjetiva civil vigente, se decreta que ha operado la caducidad de esta instancia, la que tiene como efectos que se tenga por perdido el recurso de apelación interpuesto por Juan Salvador Gradilla Anaya, abogado patrono del demandado Miguel Tovar Santeño, lo que conlleva a declarar firme la resolución recurrida’.-En el contexto anterior, no asiste razón al quejoso al sostener que no procedía decretar la caducidad de la instancia, dado que según su parecer existía implícitamente citación para sentencia.-En efecto, en principio debe entenderse que el procedimiento es formal; de ahí que las partes deben promover los actos procesales tendientes a la prosecución del proceso en la forma y términos establecidos en el ordenamiento adjetivo local. Por su parte, el artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dispone que la caducidad operará de pleno derecho desde el emplazamiento hasta la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiera promoción de alguna de las partes tendientes a la prosecución del procedimiento. Esto es, los interesados están obligados a formular las promociones tendientes a la prosecución del procedimiento hasta la citación para sentencia, inclusive, para que no opere el término de la caducidad.-Ahora bien, del artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que preceptúa: ‘Llegados los autos a la Sala correspondiente, ésta resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso, pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia, la que pronunciará dentro de los treinta días siguientes. Si se declara inadmisible la apelación en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior y declarará ejecutoriada la resolución apelada.’; no se infiere de modo alguno que pueda sobreentenderse la citación para sentencia, sino que obliga a la Sala responsable a hacer la declaratoria en el propio proveído a que se refiere dicho precepto; debiéndose precisar que el aludido numeral adopta una fórmula distinta, como es la declaración judicial en lugar de la presunción legal que, por ejemplo, adopta en el diverso artículo 419 del mismo ordenamiento legal, en el que al acuerdo que da por concluida la etapa probatoria y abierta la de alegatos, le otorga efectos de citación para sentencia.-Corrobora la anterior interpretación la circunstancia de que de acuerdo con el artículo 449 de la ley adjetiva local, las partes pueden ofrecer la prueba confesional hasta antes de la citación para sentencia, en tanto que el diverso artículo 439 establece dicha citación como punto de partida del término para dictar sentencia en segunda instancia. De todo lo cual se infiere la necesidad de la declaratoria judicial o de la presunción legal de citación para sentencia, lo que no ocurre en la especie.-Luego, al no configurarse alguno de los casos de excepción previstos en la fracción VII del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en vigor y, por otra parte, ante el hecho claro de que la Sala responsable no había citado para sentencia, no se encuentra incorrecta la declaratoria de caducidad que se reclama.-Por tales razones, no se comparte el criterio judicial emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito al resolver el amparo directo 546/2000, el cual aparece publicado en la página 750 del Tomo XII, julio de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra dice: ‘CADUCIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA. NO PROCEDE SI EXISTE ACUERDO QUE IMPLÍCITAMENTE CITA PARA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia; en tanto que el 439 del propio ordenamiento legal preceptúa que llegados los autos a la Sala correspondiente, ésta resolverá, en definitiva, sobre la admisión y calificación de grado del recurso; pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia. Por lo tanto, si la Sala responsable, en un acuerdo resolvió sobre la admisión y calificación de grado del recurso interpuesto y tuvo a uno de los demandados por apersonado ante ella y, luego, en diverso proveído, puso a disposición de la otra demandada los agravios propuestos por el apelante, para que antes de que resolviera dicho medio de inconformidad, alegara lo que le conviniera, determinación que, además, se fundamentó en el numeral 439 citado, es patente entonces que, aunque no se hubiera expresado así textualmente, dicho acuerdo tuvo efectos de citación para sentencia, pues ninguna actuación, de las previstas en la aludida disposición legal, le faltaba para satisfacer ello y, en ese contexto, por disposición expresa del aludido precepto 29 bis del enjuiciamiento civil local, interpretado en sentido contrario, ya no procede la caducidad en segunda instancia.’.-Por ende, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios entre el sostenido en esta ejecutoria y el que sobre el mismo tema sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, transcrito en líneas precedentes.-Por consiguiente, ante lo infundado de los motivos de inconformidad hechos valer y al no advertirse la existencia de alguna violación manifiesta de la ley que coloque en estado de indefensión a la parte recurrente y permita suplir la deficiencia en sus agravios en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto atribuido al Juez Primero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, por reclamarse en vía de consecuencia, al tenor de la jurisprudencia número 105, que aparece en la página 68 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario a la letra dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.’."
Ejecutoria dictada en el amparo directo 546/2000, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito:
"SEXTO.-Es fundado el único concepto de violación que esgrime el excitante de la acción constitucional consistente, en esencia, en que la Sala por auto del once de febrero anterior, puso a disposición de la codemandada las copias del escrito de expresión de sus agravios para que alegara lo que le conviniera y que, atendiendo al artículo 428 del enjuiciamiento civil local, independientemente de que aquélla ofreciera alegatos al respecto, aquel proveído se fundamentó en el artículo 439 del propio cuerpo de leyes, lo que implica, sigue manifestando, que tuvo efectos de citación para sentencia, aun cuando el ad quem fue omiso en precisarlo textualmente; que por tanto, de conformidad con este último precepto legal, ya no procedía la caducidad de la instancia.-Obran en autos las documentales públicas consistentes en los originales del juicio civil sumario hipotecario número 174/98, del índice del Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial, como del toca número 2129/98, del que corresponde a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, las que hacen prueba plena al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. y de las que se advierte, entre otras cuestiones, que mediante escrito presentado el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Alberto Javier Ochoa Hermosillo, en su carácter de apoderado jurídico del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en la vía civil sumaria hipotecaria demandó de Ismael Cortés Sánchez y María de los Ángeles Olivia Covarrubias, entre otros conceptos, por la declaración de vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria (fojas 1 a 9); luego, en libelo que presentó el diecisiete de septiembre siguiente, Ismael Cortés Sánchez dio contestación a la demanda entablada en su contra y, además, de otras opuso la excepción de falta de personería del actor (fojas 14 a 67); después, en proveído del veinticinco siguiente, el Juez natural tuvo a aquél por contestando la demanda y admitió la excepción que opuso (foja 68); seguido el juicio por sus demás cauces, mediante interlocutoria del veintisiete de octubre del mismo año, el Juez original declaró fundada la excepción de mérito (fojas 74 y 75); contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, mismo que se le admitió, en el efecto devolutivo, mediante acuerdo del dieciocho de noviembre del mismo año (foja 98); el conocimiento de ese medio de impugnación correspondió a la ahora Sala responsable, la que en auto del ulterior quince de diciembre confirmó la calificación de grado efectuada por su inferior; tuvo al apelante expresando agravios, al demandado Ismael Cortés Sánchez por designando abogado patrono y señalando domicilio en la alzada para recibir notificaciones y respecto de la codemandada María de los Ángeles Olivia Covarrubias determinó levantar certificación en el sentido de que si no señaló domicilio para recibir notificaciones, las mismas se le practicarán de conformidad con el artículo 107 del código procesal civil (foja 10); posteriormente, la ad quem dictó con fecha once de febrero del año inmediato anterior, el acuerdo subsecuente: ‘Auto. Por hechas alegaciones. Notifíquese, déjese a disposición -toca: 2129/98- Guadalajara, Jalisco, 11 once de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve.-Esta Sala se encuentra integrada por los licenciados Magistrados Ernesto Chavoya Cervantes, Alfredo González Becerra y Miguel Ángel Estrada Nava, actúa en la secretaría la licenciada Socorro Sánchez Solis.-Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-A sus autos el escrito de Octavio García Maldonado, de fecha catorce de enero del presente año, visto su contenido y como lo solicita, se le tienen por hechas las alegaciones que de su ocurso de cuenta se desprenden, respecto de los agravios esgrimidos por el apelante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado -en razón de que la codemandada María de los Ángeles Olivia Covarrubias no se presentó a esta instancia a señalar domicilio para recibir notificaciones, en consecuencia hágasele ésta y las siguientes por Boletín Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del enjuiciamiento civil para el Estado-. Por otra parte déjese a disposición de la codemandada antes referida, los agravios esgrimidos por el apelante para que hasta antes de que se resuelva respecto del recurso de apelación que nos ocupa alegue lo que a su interés jurídico convenga, de conformidad con los numerales 428, último párrafo y 439 de la ley en cita -se habilitan días y horas inhábiles al C. Notificador de la Sala.-Artículo 55 de la ley adjetiva civil-. Notifíquese personalmente a la codemandada.’. Finalmente, el quince de noviembre último, aquélla decretó la caducidad de la instancia, que es precisamente la determinación que constituye el acto reclamado (foja 34).-Así, es pertinente ahora destacar el contenido del precepto 439 del código adjetivo civil del Estado, que dice: ‘Llegados los autos a la Sala correspondiente, ésta resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso, pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia, la que pronunciará dentro de los treinta días siguientes. Si se declara inadmisible la apelación en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior y declarará ejecutoriada la resolución apelada.’.-En esa tesitura es claro que, si en el acuerdo del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la Sala resolvió en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso interpuesto y tuvo a uno de los demandados por apersonado ante ella, en tanto que en el diverso acuerdo del once de febrero del año pasado, puso a disposición de la otra demandada (aquél y ésta son la parte contraria de la apelante y aquí quejosa), los agravios propuestos para que antes de que se resolviera dicho recurso, alegara lo que le conviniera; proveído que, por cierto, fundamentó en el precepto 439 del enjuiciamiento civil estatal, es patente que esta última determinación tuvo efectos de citación para sentencia.-Es así, porque el hecho de que en tal proveído, la responsable lo fundamentara en el artículo antes citado, que establece, justamente, que resuelta la admisión y calificación de grado y puestas a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios (lo que, como se advirtió, así sucedió en dicho acuerdo), en el mismo auto se citará para sentencia, significa que implícitamente hizo tal citación (a pesar de que no lo haya establecido así de modo textual), pues ninguna actuación, de las previstas en el numeral en cita, le faltaba por satisfacer para ello.-Y aunque de conformidad con el artículo 428, último párrafo, del mismo cuerpo de leyes (también citado en el aludido acuerdo del once de febrero de aquel año) ‘la parte contraria, desde que tenga conocimiento de los agravios formulados por el recurrente y hasta antes de resolverse un recurso, podrá alegar en relación al mismo lo que a su derecho corresponda’, ello no debe entenderse que hasta en tanto la contraparte haga esa manifestación, procede la citación para sentencia, puesto que, en primer lugar, tal alegación es optativa, tan es así, que la disposición legal en cita con absoluta claridad señala que la contraria ‘podrá’ (no deberá) alegar lo que corresponda y, por tanto, bien puede suceder que no desahogue la vista que se le corra con aquellos agravios; y en segundo lugar, porque la Sala no señaló algún plazo para que la contraria alegara lo que a sus intereses conviniera, antes bien, fue categórica al puntualizar que ello podría hacerlo hasta antes de resolverse el recurso, lo que de suyo implica que aquélla, aun citado el asunto para sentencia, ninguna restricción legal tenía para formular sus alegaciones, pues tenía opción para hacerlo hasta antes de resolverse el recurso.-Ahora bien, el dispositivo 29 bis del catálogo procesal en cita, en lo que interesa, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 29 bis. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de citación para sentencia, si transcurrido ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiera promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. ...’.-En esas condiciones es incuestionable que de conformidad con la transcrita disposición legal, interpretada a contrario imperio, una vez que el juicio es citado para sentencia, lo que en el caso, tal como se dilucidó previamente, así sucedió, ya no procede la caducidad de la instancia, pues ello solamente es permisible ‘... hasta antes de citación para sentencia ...’; por tanto, si la responsable, en acuerdo del once de febrero del año inmediato anterior citó a las partes para oír sentencia en el toca de apelación en cita, entonces ya no le era, jurídicamente, posible decretar la caducidad de la instancia.-Corolario de lo anterior, la resolución final vulnera, en detrimento de la querellante del amparo, las garantías de seguridad jurídica y debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales y, por ende, procede otorgarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión."
De la anterior resolución surgió la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, julio de 2000
"Tesis: III.4o.C.8 C
"Página: 750
"CADUCIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA. NO PROCEDE SI EXISTE ACUERDO QUE IMPLÍCITAMENTE CITA PARA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia; en tanto que el 439 del propio ordenamiento legal preceptúa que llegados los autos a la Sala correspondiente, ésta resolverá, en definitiva, sobre la admisión y calificación de grado del recurso; pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia. Por lo tanto, si la Sala responsable, en un acuerdo resolvió sobre la admisión y calificación de grado del recurso interpuesto y tuvo a uno de los demandados por apersonado ante ella y, luego, en diverso proveído, puso a disposición de la otra demandada los agravios propuestos por el apelante, para que antes de que resolviera dicho medio de inconformidad, alegara lo que le conviniera, determinación que, además, se fundamentó en el numeral 439 citado, es patente entonces que, aunque no se hubiera expresado así textualmente, dicho acuerdo tuvo efectos de citación para sentencia, pues ninguna actuación, de las previstas en la aludida disposición legal, le faltaba para satisfacer ello y, en ese contexto, por disposición expresa del aludido precepto 29 bis del enjuiciamiento civil local, interpretado en sentido contrario, ya no procede la caducidad en segunda instancia.
"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo directo 546/2000. Banco Nacional de México, S.A., integrante del grupo financiero Banamex Accival, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Villegas Hernández. Secretario: Gildardo Galinzoga Esparza."
TERCERO.-En primer lugar debe determinarse si existe contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados en comento, pues sólo en tal supuesto es dable pronunciarse acerca de cuál debe prevalecer.
Para ello, debe haber una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta la procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y
c) Que los criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.
"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."
Así, de las ejecutorias transcritas se advierte que el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito analizó el caso en el que el quejoso señaló como acto reclamado un acuerdo dictado en segunda instancia, que decretó la caducidad de la misma y, por consiguiente, las consecuencias legales de tal determinación de declarar perdido el recurso de apelación interpuesto y firme la resolución recurrida.
A ese respecto, dicho tribunal en principio consideró que los interesados (de un recurso de apelación) están obligados a formular las promociones tendientes a la prosecución del procedimiento hasta la citación para sentencia, para que no opere el término de la caducidad, y que de no configurarse algunos de los casos de excepción previstos en la fracción VII del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (relativos a cuando no tiene lugar la declaración de la caducidad), y ante el hecho de que la autoridad responsable no haya citado para sentencia en los términos del artículo 439 del citado código procesal, no es incorrecto ese pronunciamiento de caducidad, pues de este último precepto no se infiere que pueda sobreentenderse la citación para sentencia, sino que obliga a dicha autoridad a hacerla en el propio proveído en que resuelve sobre la admisión y calificación de grado del recurso, puesta a disposición de la contraria una copia del escrito de agravios, es decir, requiere de declaración judicial.
En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito analizó como acto reclamado el auto emitido por una Sala, en el que se decreta la caducidad de la instancia al haberse dejado de actuar por más de ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial.
En relación con tal cuestión, dicho tribunal sostuvo que como en el auto recurrido dicha Sala resolvió en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso de apelación interpuesto e, incluso, puso a disposición de la demandada los agravios propuestos, para que antes de que se resolviera tal recurso alegara lo que le conviniera, fundándose para ello en el artículo 439 del Código Procesal Civil del Estado de Jalisco, en tal virtud, resultaba patente que esta última determinación tuvo implícitamente efectos de citación para sentencia, a pesar de que no lo haya establecido de modo textual y, por ello, ya no le era jurídicamente posible decretar la caducidad de la instancia.
Por consiguiente, esta Primera Sala advierte que sí existe contradicción entre el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados a que se ha hecho referencia, al haber analizado los mismos elementos y por haber adoptado posiciones jurídicas distintas.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al analizar conjuntamente los artículos 29 bis, fracción VII y 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, estableció que sí es factible decretar la caducidad de la instancia al transcurrir el término legal para ello, cuando una Sala se limita a admitir y calificar de grado el recurso de apelación interpuesto, incluso pone a disposición de la contraparte copia del escrito de agravios, y omite citar para sentencia, es decir, al no hacer la declaración judicial correspondiente; mientras que el diverso Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, estima que no es factible decretar la figura jurídica de la caducidad de la instancia en ese mismo supuesto, dado que habiendo emitido ese auto de admisión y calificación de grado del referido medio de impugnación, y puesto a disposición de la contraria la copia del escrito de agravios, pues en esas condiciones su actuación tiene implícitamente efectos de citación para sentencia, a pesar de que no se hace de manera expresa.
CUARTO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que sustenta en la presente resolución, en atención a los siguientes razonamientos:
El punto esencial de contradicción consiste en determinar si es o no legalmente posible decretar la caducidad de la instancia, una vez que transcurre el término que la ley de la materia establece para ello, habiéndose proveído por parte de la Sala correspondiente una determinación judicial, en la que ya admitió y calificó el grado del recurso de apelación interpuesto e, incluso, habiendo puesto a disposición de la contraparte una copia del escrito de agravios, pero sin que se hubiera citado para sentencia.
Ahora bien, a fin de facilitar la resolución del presente asunto, resulta conveniente transcribir el contenido del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, a que se refirieron los tribunales contendientes al emitir su resolución y cuyo contenido íntegro es el siguiente:
"Artículo 29 bis. La caducidad de la instanc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16931-1be6c42e/caducidad-de-la-segunda-instancia-el-tribunal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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