QUEJA. ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESE RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los criterios que se estiman en contradicción son los siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 19/89, 20/89, 12/90, 2/90 y 27/90, promovidos, respectivamente, por Eduardo Mora Hernández, Carlota Villegas de Orduña, Jesús Paredes Cruz, María Dolores Izquierdo Villagómez y Luis Ricardo Cuevas Cuevas, emitió la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, abril de 1991
"Tesis: XI.2o. J/2
"Página: 117
"QUEJA. OBLIGACIÓN DEL INTERESADO DE ALLEGAR AL RECURSO LAS CONSTANCIAS QUE DEMUESTREN LAS IMPUGNACIONES EN QUE SE BASAN LOS AGRAVIOS. Tomando en consideración que una vez admitido el recurso de queja, se procede a requerir a la autoridad contra la que se haya hecho valer, para que dentro del término de tres días rinda su informe con justificación y transcurrido el cual, con informe o sin él, se da vista al Ministerio Público por igual término y que a continuación se dictará la resolución correspondiente; resulta evidente que al interesado incumbe demostrar no sólo la existencia de la resolución impugnada, a través de las constancias que estime necesarias, sino también aportar al expediente las pruebas tendientes a justificar las alegaciones en que funda sus agravios. De suerte que si la autoridad se limitó a remitir copia certificada de la resolución, materia del recurso y, por su parte, el recurrente no allegó las pruebas aludidas, es inconcuso que este Tribunal Colegiado no está en condiciones de resolver acerca de las violaciones argumentadas y, por ende, se declara infundada la queja.
"Queja 19/89. Eduardo Mora Hernández. 5 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Enrique Castillo Morales. Secretario: Victorino Rojas Rivera.
"Queja 20/89. Carlota Villegas de Orduña. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Enrique Castillo Morales. Secretario: José Gutiérrez Verduzco.
"Queja 12/90. Jesús Paredes Cruz. 18 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: María Cristina Torres Pacheco.
"Queja 2/90. Ma. Dolores Izquierdo Villagómez. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.
"Queja 27/90. Luis Ricardo Cuevas Cuevas. 20 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: María Cristina Torres Pacheco."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 463/2001, interpuesto por la sucesión a bienes de Andrés Aceves Guzmán, el veintiséis de junio de dos mil uno, sostuvo la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, septiembre de 2001
"Tesis: I.3o.C.263 C
"Página: 1352
"QUEJA, RECURSO DE. ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL RECABAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU RESOLUCIÓN. La finalidad perseguida por el artículo 78 de la Ley de Amparo es la de que el juzgador tenga a la vista todos aquellos elementos de convicción que son imprescindibles para resolver los planteamientos en torno a los cuales gira la controversia sometida a su potestad, para lo cual debe allegárselos oficiosamente, sin tener que sujetarse a rigorismos técnicos que deriven de la interpretación gramatical y literal de la norma. Por tanto, la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que sean necesarias para resolver, no debe limitarse al momento de pronunciar la sentencia en la audiencia constitucional, sino que debe aplicarse también a todo tipo de resoluciones que deriven del juicio de garantías, como son los recursos que están previstos en la Ley de Amparo, porque no es lógico que respecto de la cuestión principal sí haya tal obligación, y que para los recursos que atañen también a la materia del amparo y resultan trascendentes para lograr el objetivo de tutela del juicio de garantías, se desconozca una obligación de igual naturaleza; y ello tiene su fundamento en el principio de analogía, porque donde existe la misma razón debe regir igual disposición, ya que sólo así es factible que se pueda emitir un fallo ajustado a la realidad probada por las partes ante la responsable y, por consiguiente, se reconoce al órgano jurisdiccional su objetivo primordial de resolver las controversias y coadyuvar a la paz social, que constituye el bien común colectivo, con la impartición de justicia y la certeza jurídica. Por tanto, la obligación de recabar oficiosamente las pruebas necesarias también es aplicable para los recursos que prevé la Ley de Amparo, porque los artículos que regulan la procedencia y trámite del recurso de queja no prevén ninguna norma relativa a que la parte recurrente deba probar los hechos o datos en que apoye sus agravios, por lo que debe acudirse analógicamente a la tramitación del juicio de amparo, toda vez que la tramitación de la queja guarda similitud con la tramitación del juicio de garantías, como se advierte de los artículos 98, segundo párrafo y 100, ambos de la Ley de Amparo, que disponen que, dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja; y que la falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos. Consecuentemente, son aplicables a la queja las reglas contenidas en los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, para determinar en cada caso a quién corresponde la carga probatoria; por lo que si conforme al artículo 100 de la ley de la materia, hubiera presunción de certeza ante la falta del informe relativo a la materia de la queja, corresponderá al recurrente acreditar los extremos de sus afirmaciones y aportar los elementos necesarios tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida; pero si la autoridad rinde informe sobre la materia de la queja y remite las constancias que considera pertinentes para sostener la legalidad de su resolución o, como en el caso, para demostrar que no incurrió en el defecto o exceso que se le atribuye al haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entonces se actualizará lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, y el tribunal que conoce de la queja tendrá la obligación de requerir las pruebas y actuaciones necesarias para resolver la queja.
"Queja 463/2001. Suc. de Andrés Aceves Guzmán. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas."
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Establecido lo anterior, por razón de método debe estudiarse, en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción.
De las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes, se obtiene que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en las sentencias que pronunció en los recursos de queja 19/89, 20/89, 12/90, 2/90 y 27/90, promovidos respectivamente por Eduardo Mora Hernández, Carlota Villegas de Orduña, Jesús Paredes Cruz, María Dolores Izquierdo Villagómez y Luis Ricardo Cuevas Cuevas, concluyó que corresponde al interesado aportar las pruebas necesarias para la solución del recurso de queja y, por ende, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto no se encuentra obligado a recabarlas de oficio.
Lo anterior deriva del hecho de que al interesado incumbe demostrar no sólo la existencia de la resolución impugnada a través de las constancias que estime necesarias, sino también aportar al expediente las pruebas tendientes a justificar las alegaciones en que funda sus agravios, pues en términos del artículo 98, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en la queja se lleva el siguiente trámite: Se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto la queja, para que rinda informe con justificación dentro del término de tres días, y con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.
En esos términos, si la autoridad se limita a remitir copia certificada de la resolución materia del recurso y, por su parte, el recurrente no allega las pruebas aludidas, el Tribunal Colegiado respectivo no estará en condiciones de resolver acerca de las violaciones argumentadas y, por ende, habrá de declarar infundada la queja.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 463/2001, interpuesto por la sucesión a bienes de Andrés Aceves Guzmán, el veintiséis de junio de dos mil uno, sostuvo que, tomando en cuenta que la finalidad perseguida por el artículo 78 de la Ley de Amparo es que el juzgador tenga a la vista todos aquellos elementos de convicción que son imprescindibles para resolver los planteamientos en torno a los cuales gira la controversia sometida a su potestad, se obtiene que aunque la parte recurrente no adjunte las constancias relativas, corresponde al tribunal de amparo allegárselas oficiosamente, sin tener que sujetarse a rigorismos técnicos que deriven de la interpretación gramatical y literal de la norma.
Ello, toda vez que el juzgador de amparo tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que sean necesarias para resolver el asunto sometido a su potestad, sin limitarse al momento de pronunciar la sentencia en la audiencia constitucional, sino que dicha regla debe aplicarse también a todo tipo de resoluciones que deriven del juicio de garantías, como son los recursos que están previstos en la Ley de Amparo, porque no es lógico que respecto de la cuestión principal sí haya tal obligación, y no así para los recursos que atañen también a la materia del amparo y que resultan trascendentes para lograr el objetivo de tutela del juicio de garantías, desconociéndose una obligación de igual naturaleza.
Que lo anterior tiene su fundamento en el principio de analogía, porque donde existe la misma razón debe regir igual disposición, ya que sólo así es factible que se pueda emitir un fallo ajustado a la realidad probada por las partes ante la responsable y, por consiguiente, se reconoce al órgano jurisdiccional su objetivo primordial de resolver las controversias y coadyuvar a la paz social que constituye el bien común colectivo, con la impartición de justicia y la certeza jurídica.
Por tanto, la obligación de recabar oficiosamente las pruebas necesarias, también es aplicable al caso en estudio, ya que los artículos que regulan la procedencia y trámite del recurso de queja no prevén ninguna norma relativa a que la parte recurrente deba probar los hechos o datos en que apoye sus agravios, por lo que debe acudirse analógicamente a la tramitación del juicio de amparo.
Además, la tramitación de la queja guarda similitud con la tramitación del juicio de garantías, como se advierte de los artículos 98, segundo párrafo y 100, ambos de la Ley de Amparo, que disponen que, dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, y que la falta o deficiencia de los informes establecen la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, siendo aplicables las reglas contenidas en los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, para determinar en cada caso a quién corresponde la carga probatoria.
De lo relatado, se advierte lo siguiente:
1) Que al resolver los asuntos puestos a su consideración, los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica, esto es, si cuando se interpone un recurso de queja y el interesado no aporta las constancias necesarias para la resolución del asunto, el Tribunal de Amparo respectivo tiene o no la obligación de recabarlas, correlativo con la obligación o no del interesado de cumplir con tal requisito. Al respecto, ambos órganos colegiados adoptaron criterios discrepantes, pues mientras que para el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito no le corresponde al tribunal dicha obligación, sino que incumbe al interesado aportar las constancias necesarias, y de no cumplirse con tal obligación, no se está en condiciones de resolver las violaciones alegadas, declarándose infundada la queja; por el contrario, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que es obligación del tribunal recabar las pruebas necesarias para la resolución del recurso, sin tener que sujetarse a rigorismos técnicos que deriven de la interpretación gramatical y literal de la norma.
2) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias y tesis respectivas, como se advierte de su contenido.
3) Los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues ambos Tribunales Colegiados, atendiendo a las reglas previstas en la Ley de Amparo, arribaron a diferentes conclusiones respecto a que si en el caso de que la parte interesada, al interponer un recurso de queja, no aporta las constancias necesarias, el tribunal de amparo tiene la obligación o no de recabarlas para resolver la cuestión planteada.
Lo anterior permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.
No es obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que no todos los precedentes que se encuentran en contradicción derivan de la interpretación de la misma hipótesis (fracción) del artículo 95 de la Ley de Amparo, toda vez que si bien es cierto que cada una de ellas se refiere a la impugnación de determinaciones de diferente naturaleza (admisión de demandas notoriamente improcedentes, exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, etcétera), también es verdad que, con excepción a la hipótesis prevista en la fracción XI del dispositivo legal citado, en todas las hipótesis procede el mismo trámite y, por tanto, en ellas se presenta el mismo problema de interpretación que habrá de solucionarse.
En efecto, el trámite específico que se debe dar a los supuestos analizados por los tribunales contendientes, se encuentra previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, en relación con el párrafo segundo del numeral 98, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:
"Artículo 99. ... La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de diez días."
"Artículo 98. ... Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda."
Por tanto, al proceder el mismo trámite para los supuestos que dieron origen a las ejecutorias en contraposición, y al haber arribado los tribunales a diferentes soluciones respecto de un problema que se presenta en la referida tramitación, es evidente que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Tampoco obsta a lo anterior, la circunstancia de que uno de los criterios en contraposición no constituya jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, no imponen dicha condición.
Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: VI, Parte SCJN
"Tesis: 187
"Página: 127
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia.
"Contradicción de tesis 27/83. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de febrero de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Contradicción de tesis 24/83. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de julio de 1985. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 19/83. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de enero de 1986. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 1/86. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. 28 de enero de 1987. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 3/85. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de cuatro votos."
Ahora bien, conviene destacar que en la presente contradicción de tesis no participa el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el veinte de agosto de mil novecientos noventa el recurso de queja 27/90, promovido por Luis Ricardo Cuevas Cuevas (fojas 123 a 127 del toca).
Lo anterior, pues si bien es cierto que en ese asunto el Tribunal Colegiado también sostuvo el criterio que se encuentra en contradicción con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, también es verdad que el estudio relativo se centró en la hipótesis a que alude la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, respecto de la cual procede un trámite diferente al de todos los demás asuntos mencionados.
Los artículos 95, fracción XI y 98, último párrafo, de la ley de la materia, dicen:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"...
"XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."
"Artículo 99. ...
"...
"En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Los Jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda."
Como se advierte de lo transcrito, en la hipótesis analizada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, la litis se centraba en determinar si causaba o no agravio al recurrente, el hecho de que el Juez de Distrito del conocimiento hubiera negado la suspensión provisional del acto reclamado, supuesto en el cual no existe la incertidumbre que se trata de esclarecer en la presente contradicción, en relación con la posición que debe tomar el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de queja, ante la eventualidad de que el interesado no aporte las pruebas necesarias para resolver el medio de impugnación, ni que el Juez de Distrito o el superior del tribunal responsable, en su caso, hayan cumplido con tal circunstancia, pues como se desprende claramente del último párrafo del artículo 99 de la Ley de Amparo, al tratarse de un recurso de queja que debe resolverse dentro del término fatal de cuarenta y ocho horas, el legislador literalmente obligó a la autoridad que conoce de la demanda de amparo, a que remita de inmediato los escritos correspondientes, con las constancias pertinentes, a fin de que el Tribunal Colegiado pueda resolver cabalmente tal medio de impugnación.
Por tanto, es indudable que en este supuesto del artículo 95 de la Ley de Amparo, si el recurrente no aporta las constancias que se estiman necesarias para la resolución del recurso de queja y, por su parte, el Juez de Distrito o el superior del tribunal responsable, en su caso, tampoco las remiten, el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra obligado a requerirlas oficiosamente.
SEXTO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La materia de la contradicción versa en determinar si en aquellos casos en que se interpone un recurso de queja y el recurrente no aporta las constancias necesarias para su resolución, es obligación del tribunal recabarlas de oficio, o si, por el contrario, dicha carga recae exclusivamente en el interesado.
Los artículos 95 a 101 de la Ley de Amparo, que regulan la figura del recurso de queja, literalmente disponen:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;
"II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;
"III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;
"IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;
"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;
"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;
"VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;
"VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;
"IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;
"X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, y
"XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."
"Artículo 96. Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción VII del propio artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de queja las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza."
"Artículo 97. Los términos para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17335-881d543d/queja-es-obligacion-del-tribunal-recabar-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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