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Modo: Corpus Pro

DILIGENCIA DE EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA DECLARATORIA QUE EN LA PRÁCTICA REALIZA EL ACTUARIO, RELATIVA A QUE SOBRE LOS BIENES DESIGNADOS SE TRABA FORMAL EMBARGO U OTRA SIMILAR, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE LOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL PARA LA VALIDEZ DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17257
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 43.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo en el recurso de revisión número 1101/92, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Son inatendibles los anteriores agravios, en la parte en la que se aduce que la Juez Federal no analizó todos los conceptos de violación, porque además de que de la lectura de la sentencia se desprende lo contrario, sin que los recurrentes indiquen si alguno de ellos en concreto dejó de analizarse y, en su caso, qué perjuicios o lesiones le causa la pretendida omisión. Son infundados los diversos motivos de queja en los que se dice que la diligencia de embargo, del diez de abril de mil novecientos noventa y dos, fue practicada por el apoderado de la actora, hoy tercera perjudicada, quien carece de atribuciones y facultades para realizarla; pues tal y como lo sostuvo la Juez constitucional, mediante argumentos que deben quedar firmes por falta de impugnación, si bien es cierto que fue la indicada actora quien señaló bienes para ser embargados, ello se debió a que los demandados, hoy inconformes, no hicieron uso del derecho correspondiente, por lo que el mismo pasó a la actora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de este último ordenamiento legal, lo que significa que su actuación no puede considerarse graciosa ni carente de fundamento jurídico. Asimismo, la Juez de Distrito en forma correcta sostuvo, mediante argumentos que también deben quedar intocados por falta de impugnación, que si bien es verdad que la única persona facultada para realizar una diligencia de embargo ordenada por un Juez, es un fedatario adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, acorde con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, ello fue precisamente lo que ocurrió en la especie, al haber sido un actuario adscrito a dicha oficina quien llevó a cabo la diligencia de mérito. Cabe decir que se estiman correctos los razonamientos de referencia, porque los mismos se encuentran cabalmente ajustados a lo dispuesto en los preceptos legales invocados, así como a las constancias procesales que obran en el expediente constitucional (ver fojas 108 y 109 del expediente de amparo). También son infundadas las diversas inconformidades en las que se aduce que en la cuestionada diligencia, del diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, no se llevó a cabo el pretendido embargo que se ordena inscribir en el Registro Público de la Propiedad, ya que esa diligencia no contiene la frase ‘se traba formal embargo’. En principio, debe decirse que lo infundado de las inconformidades de referencia proviene del hecho de que tan existió embargo en la diligencia indicada que en ella, incluso, se señaló depositario de los bienes embargados, sin que, además, en su contra se haya hecho valer oportunamente algún medio de impugnación por considerar, los hoy inconformes, que el acta respectiva carecía de alguna formalidad esencial (ver fojas 108, 108 vta. y 109 del expediente constitucional). Asimismo, aunque con total independencia de lo anterior, lo infundado de las inconformidades a estudio también se da porque la omisión de la indicada frase solemne relativa a la traba del formal embargo, no desvirtúa la eficacia jurídica de la actuación pública consistente en la diligencia de embargo practicada el diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, en atención a que, como lo reconocen los propios impetrantes recurrentes, ni en el Código de Comercio ni en el Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, existe precepto legal alguno en el que se ordene la inclusión de esa frase como formalidad legal necesaria para que se tenga por practicado un embargo. Ciertamente, la práctica ha consignado el empleo por el actuario, en términos solemnes en el acta que levanta después de indicarse los bienes que han sido señalados para embargo, manifestando al efecto que traba formal embargo sobre esos bienes designados; no obstante lo anterior, esa práctica no puede traer como consecuencia la exigencia de ella como una formalidad legal, pues no debe olvidarse que el procedimiento mercantil es de orden público, sin que en contra de su observancia se pueda alegar costumbre o práctica en contrario, tal y como lo establece el artículo 10 del Código Civil. Respecto de la aplicación de la doctrina que los inconformes invocan a su favor, apoyados en el artículo 19 del Código Civil, con la finalidad de demostrar que la multirreferida frase sacramental sobre la traba del embargo constituye una formalidad legal de la que debe estar revestida toda diligencia de ese tipo, debe decirse que el referido numeral sólo tiene aplicación, en cuanto se refiere a la doctrina, cuando no existe precepto legal aplicable, lo que no ocurre en la especie; sin que por otro lado pase inadvertido que los recurrentes no indican los autores y las obras jurídicas en que pretenden fundar su postura. En realidad, no es trascendental la inclusión textual de la multirreferida frase solemne, lo que interesa es que existan elementos suficientes en el acta respectiva para concluir que el actuario efectuó el embargo, tal y como ocurre en la especie, en que, incluso, se designó depositario de los bienes secuestrados, quien además aceptó el cargo. Por otro lado, son inatendibles los motivos de inconformidad en los que se alega que en la diligencia de embargo en cuestión no existió requerimiento, pues independientemente de que esa presunta omisión debió reclamarse en su oportunidad, lo que no ocurrió en la especie, de la lectura de la actuación judicial en cuestión se desprende que el actuario que la practicó hizo del conocimiento del representante de las demandadas el juicio instaurado en su contra, requiriéndoles de pago, en estricto cumplimiento del auto de exequendo dictado el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno (ver fojas 107, 108, 203 y 203 vta. del expediente constitucional), ya que en los correspondientes citatorios, así como en el acta respectiva, aparecen acreditados que el mencionado representante manifestó que, no obstante que conocía el adeudo en cuestión, no hacía pago ni señalaba bienes para embargo, por no estar autorizado para ello (ver foja 107 del expediente constitucional). Además, como correctamente lo advirtió la Juez de Distrito, en el escrito de demanda de amparo los propios quejosos, hoy recurrentes, admitieron la existencia del requerimiento de pago, sin que sobre ello nada digan dichos recurrentes. Es conveniente insistir una vez más que cualquier defecto o vicio que hubiera tenido la diligencia de embargo en comento, incluyendo la supuesta falta de requerimiento, debió reclamarse oportunamente a través de los medios de impugnación procedentes, sin esperar a que el Juez responsable dictara la orden de inscripción del embargo, máxime que, como se dijo en esa actuación, incluso se designó depositario de los bienes embargados, lo que no dejaba duda sobre el cuestionado embargo. No es obstáculo a lo expuesto en el párrafo anterior y en renglones precedentes, lo que aducen los inconformes en cuanto a que no tenían obligación de impugnar la diligencia multimencionada, ya que las alegaciones que al efecto se vierten pretenden apoyarse en los motivos de queja que han quedado desestimados en párrafos anteriores. Finalmente, son inatendibles las alegaciones en las que se arguye que la Juez constitucional no apreció el acto reclamado como aparece probado, así como las restantes argumentaciones que se hacen valer, toda vez que las mismas pretenden apoyarse en el hecho de que no existió el embargo que el Juez responsable ordenó inscribir en el proveído que constituye el principal acto reclamado en el juicio de amparo en revisión, para lo cual insisten en las inconformidades que han quedado desestimadas en el cuerpo de esta ejecutoria, fundamentalmente en cuanto a las pretendidas formalidades que en su concepto deben revestir las diligencias de embargo. Al resultar inatendibles e infundados los agravios analizados, procede confirmar la sentencia recurrida, sin que este tribunal advierta queja deficiente que suplir, porque exista en contra de los recurrentes una violación manifiesta a la ley que los haya dejado sin defensa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo."

La anterior ejecutoria originó la formulación de la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, enero de 1993

"Página: 251

"EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, USO REITERADO POR LOS ACTUARIOS DE FRASES TRADICIONALES EN LAS ACTAS DE. NO CONSTITUYE UNA FORMALIDAD LEGAL. La práctica ha consignado el empleo por el actuario de ciertas locuciones tradicionales en el acta que se levanta después de indicarse los bienes que han sido señalados para el embargo, manifestando al efecto que ‘traba formal embargo’ sobre los bienes designados; no obstante lo anterior, esa práctica no puede traer como consecuencia la exigencia de ella como una formalidad legal, pues no debe olvidarse que el procedimiento mercantil se rige por el Código de Comercio que constituye una ley de orden público, y contra su observancia no puede alegarse costumbre o práctica en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Código Civil, para el Distrito Federal.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 1101/92. Rafael Jiménez Cortés. 24 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Cárdenas. Secretaria: Marcia Claudia Torres Quevedo."

A su vez, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 195/2001, expuso lo siguiente:

"CUARTO. El agravio transcrito es infundado. La corporación quejosa reclamó en el amparo indirecto, la resolución pronunciada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, el trece de febrero de dos mil uno, en el toca 1635/00/2, en la cual revocó la interlocutoria dictada por la Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 607/00, que declaraba fundado el incidente de nulidad de embargo planteado por la demandada, ahora quejosa y, por ende, nula la diligencia de embargo practicada el seis de octubre de dos mil, por la falta del requisito formal de declaración de embargo por parte del ejecutor, para, en su lugar, declarar infundada la consabida incidencia. El Juez de Distrito negó el amparo por estimar que, no obstante tratarse de una jurisprudencia, el criterio invocado en los conceptos de violación era inaplicable al caso concreto, porque en él se interpretaban disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, amén de que ni en el Código de Comercio ni en el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se establecía como requisito una declaración formal de embargo al momento de la diligencia. Por ello, sostuvo el resolutor federal, si en la ley no se establecía requisito alguno en el sentido de que el ejecutor esté obligado a expresar sacramentalmente que ‘declara formalmente trabado el embargo sobre los bienes respectivos’, el practicado en el juicio natural era válido y legalmente existente, aunque no se haya producido la frase sacramental de referencia. Como apoyo a su determinación, el a quo invocó la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 251 del Tomo XI, enero de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: ‘EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, USO REITERADO POR LOS ACTUARIOS DE FRASES TRADICIONALES EN LAS ACTAS DE. NO CONSTITUYE UNA FORMALIDAD LEGAL.’ (la transcribe). En el único motivo de impugnación planteado, el apoderado de la empresa quejosa sostiene, medularmente, que el Juez Federal transgredió en perjuicio de su representada los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, por no aplicar la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, también invocada en su pliego de demanda, cuyo tenor es: ‘EMBARGO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EXISTENCIA DEL.’ (la transcribe). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito resulta obligatoria para diversas autoridades, entre las cuales se encuentran los Jueces de Distrito. Sin embargo, la hipótesis contenida en este numeral no se actualiza cuando existe un criterio contrario sustentado por diverso Tribunal Colegiado, y menos aún cuando esa tesis contradictoria ha sido sustentada por un Tribunal Colegiado de su propio circuito, que es su superior jerárquico y que, por su propia naturaleza, debe ser el que guíe y encauce los criterios que han de seguirse en los asuntos de su competencia, porque en este evento el a quo debe aplicar la tesis que más se adecue con su opinión jurídica, ya que si ambas le son obligatorias, de conformidad con el artículo indicado, y no puede aplicarlas en forma simultánea, dada su contradicción, es incuestionable que su fallo debe ajustarse al criterio más acorde con su opinión. En este caso, debe tenerse en cuenta el apotegma jurídico referente a que nadie está obligado a lo imposible, lo que conduce a que la norma legal en comento tendrá que respetarse únicamente en la medida de lo posible, y esto sólo se logra mediante la observancia de una tesis y la inobservancia de la o de las otras; y, a su vez, esta necesidad de optar por un solo criterio y la falta de elementos lógicos o jurídicos con los que se pueda construir un lineamiento objetivo para regular o por lo menos guiar u orientar la elección, pone de manifiesto que la autoridad correspondiente goza de arbitrio judicial para hacerla. Estimar lo contrario implicaría obligar a lo imposible al juzgador, ya que cualquiera que fuese la tesis que aplicara incurriría fatalmente en infracción al artículo 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior no significa inseguridad jurídica permanente para el gobernado, ya que el legislador, previendo esa situación, estableció en el artículo 197 de la ley de la materia, el sistema de acuerdo con el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir cuál tesis ha de prevalecer, resolución que se estimará obligatoria para todos los Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito y demás juzgadores del fuero federal y local. Sobre el tópico, este tribunal comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, plasmado en la tesis impresa en la página 273 del Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, así como el del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 188 del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del epítome antes citado, cuyos respectivos sumarios son: ‘JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU APLICACIÓN CUANDO EXISTEN TESIS CONTRADICTORIAS.’ (la transcribe). ‘JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU OBLIGATORIEDAD PARA LOS JUECES DE DISTRITO CUANDO EXISTE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE DICHOS TRIBUNALES.’ (la transcribe). Por consiguiente, si, como en la especie, sobre un mismo punto litigioso existen dos o más criterios contradictorios entre sí, sustentados por diversos Tribunales Colegiados de Circuito de la misma especialidad, y dicha contradicción de tesis no haya sido denunciada y resuelta, no debe estimarse infringido el dispositivo legal mencionado, por el hecho de que, para fundar su sentencia, el Juez de Distrito se haya apoyado en el criterio adverso a los intereses de la quejosa. Por lo demás, este órgano colegiado coincide con el criterio que sostiene el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sintetizado en la tesis invocada por el juzgador federal pues, como en ella se sostiene, si bien la práctica judicial ha hecho que los actuarios empleen ciertas locuciones tradicionales en el acta levantada después de indicarse los bienes señalados para el embargo, en el sentido de que ‘traba formal embargo’ sobre los bienes designados, lo cierto es que esa práctica no puede derivar en la exigencia de tal frase sacramental como una formalidad legal, ya que las controversias mercantiles se rigen por el Código de Comercio, que constituye una ley de orden público, y contra su observancia no puede alegarse costumbre o práctica en contrario, acorde con lo establecido en el artículo 10 del Código Civil. En esa virtud, si bien es verdad que en la diligencia de seis de octubre de dos mil, la actuaria que la practicó omitió manifestar formalmente que trababa embargo sobre los bienes señalados por las partes, no menos verídico resulta que la diligencia de embargo debe realizarse en términos de lo establecido en los ordinales 1392, 1393, 1394 y 1395 del Código de Comercio, sin que en tales dispositivos se prevea la necesidad del uso de frases sacramentales, ni que en la diligencia deba señalarse que queda formalmente trabado el embargo, por lo que debe estimarse que el secuestro quedó trabado desde el momento en que se requirió de pago a la deudora y tanto ésta como la actora señalaron bienes para embargo; máxime si se toma en consideración que fue la propia demandada quien señaló la negociación para embargo y solicitó, inclusive, la inscripción en el Registro Público de Comercio, por lo que resulta incongruente que ahora alegue que el embargo no se concretizó. Por ello, este órgano colegiado no comparte la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, intitulada: ‘EMBARGO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EXISTENCIA DEL.’, en la cual sostiene que el simple señalamiento de bienes para embargo no configura ese gravamen, sino que es requisito indispensable la manifestación expresa del ejecutor de que los bienes designados quedan sujetos a la traba, pues como se estableció en parágrafos precedentes, si bien por costumbre los actuarios emplean ciertas locuciones tradicionales en el acta levantada después de indicarse los bienes señalados para el embargo, en el sentido de que ‘traba formal embargo’ sobre los bienes designados, esa práctica no puede derivar en la exigencia de frases sacramentales como formalidad legal, ya que las controversias mercantiles se rigen por el Código de Comercio, ley de orden público, y contra su observancia no puede alegarse costumbre o práctica en contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código Civil, sin que en los ordinales 1392, 1393, 1394 y 1395 de la legislación mercantil preindicada, rectores del embargo, se prevea la necesidad del uso de frases sacramentales, o que en la diligencia deba señalarse que queda formalmente trabado el embargo. En consecuencia, lo procedente es remitir copia certificada de esta ejecutoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del párrafo final del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que se resuelva sobre la posible contradicción de tesis entre lo considerado por este tribunal en la presente ejecutoria, que es sustancialmente coincidente con el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sintetizado en la tesis visible en la página 251 del Tomo XI, enero de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro: ‘EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, USO REITERADO POR LOS ACTUARIOS DE FRASES TRADICIONALES EN LAS ACTAS DE. NO CONSTITUYE UNA FORMALIDAD LEGAL.’, la cual fue anteriormente transcrita, y la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable con el número 536, en la página 478 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el epígrafe: ‘EMBARGO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA EXISTENCIA DEL.’, reproducida con antelación. En las condiciones apuntadas, ante la ineficacia jurídica del único motivo de impugnación planteado, y toda vez que el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, ni se advierte en contra de la inconforme violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, circunstancias que obligarían a este órgano colegiado a suplir la deficiencia de los agravios, de conformidad con lo estatuido en el artículo 76 bis, fracciones I, V y VI, de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia recurrida."

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los juicios RP. 337/86, RP. 257/89, AP. 84/92, RP. 717/93 y RP. 70/94, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

Recurso de revisión 337/86.

"II. Son esencialmente fundados los agravios uno, tres y cinco, en los que se abarca el mismo tema, según se pasa a demostrar: Este Tribunal Colegiado estima que para la clara comprensión de la solución que se adopta, es indispensable citar la opinión vertida por algunos tratadistas de derecho acerca del embargo, en el punto debatido. El licenciado Eduardo Pallares (Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, páginas 515, 517 y 518), en lo que interesa, expone: ‘Embargo. 1. Hay que distinguir, para precisar conceptos, el auto de embargo, la diligencia de embargo, el embargo propiamente dicho y los derechos que de él dimanan tanto sustantivos como procesales. ... Diligencias de embargo. La diligencia de embargo comprende los siguientes actos: ... 3. El señalamiento de bienes para la traba de la ejecución; 4. El embargo propiamente dicho que practica el actuario; ... Embargo propiamente dicho. Hecho el señalamiento, el actuario ejecutor practicará el embargo propiamente dicho, que consiste en sujetar los bienes embargados a la jurisdicción del Juez y a las resultas del juicio para que con ellos se hagan efectivas las responsabilidades del deudor ...’. Jesús Zamora-Pierce (Derecho Procesal Mercantil, edición 1986, página 173), afirma: ‘... Hecho el señalamiento de los bienes, éstos quedan a disposición del órgano jurisdiccional para ser embargados. El actuario, una vez que los haya descrito e inventariado, deberá declarar solemnemente que «hizo y trabó formal embargo sobre los bienes designados». Sin esta declaración formal los bienes no quedan sujetos a embargo ...’. Incluso, el propio autor al aseverar esto último, y en pie de página, cita la obra jurídica intitulada ‘El Proceso Civil en México’, de Becerra Bautista, página 316. El licenciado Marco Antonio Téllez Ulloa (El Enjuiciamiento Mercantil Mexicano, edición 1973, páginas 319 y 320), expone: ‘... Para que sea plenamente válido el embargo, y se pueda oponer a tercero, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Cuando se afecten bienes muebles, es indispensable que éstos se tengan a la vista. Señalarlos, para que después cuando aparezcan, trabar embargo, hace nula la diligencia. b) Identificación particularizada plena de los bienes embargados. c) Declaratoria formal, esto es, manifestación formal de la traba. d) Nombramiento del depositario cuando sean muebles. ...’. En fin, el jurista José Ovalle Favela (Derecho Procesal Civil, páginas 238 y 239), explica: ‘... Pallares advierte que para analizar el embargo es preciso distinguir los siguientes elementos: 1) El auto que ordena el embargo; 2) La diligencia de embargo; 3) El embargo propiamente dicho; y 4) Los derechos que derivan del embargo ... 2. La diligencia de embargo comprende los siguientes actos procesales: ... c) El señalamiento de bienes ... d) El embargo propiamente dicho. Una vez designados los bienes por el deudor o el ejecutante, el secretario-actuario debe hacer la declaración formal de que dichos bienes quedan embargados. Becerra Bautista considera que, para que se realice válidamente el embargo, se requiere que el secretario-actuario exprese la fórmula ‘haciendo y trabando formal embargo sobre los bienes designados, en cuanto basten a cubrir la suerte principal, consecuencias «legales y costas». Sin esta declaración formal, opina el citado maestro, no hay embargo.’. Podrían invocarse numerosos puntos de vista expuestos sobre el tópico a estudio por diversos tratadistas nacionales o extranjeros que, en lo esencial, coinciden con los anteriores, pero éstos bastan para darse cuenta que la doctrina es coincidente en el criterio de que el simple señalamiento de bienes para el embargo no configura este gravamen, sino que es requisito sine qua non la manifestación expresa del ejecutor, de que los bienes designados quedan sujetos a la traba; de ahí que si dicho ejecutor no hace tal declaratoria, jurídicamente no es posible sostener que hay embargo. Ahora bien, a juicio de este Tribunal Colegiado tal criterio encuentra bases firmes en el derecho positivo mexicano, pues los artículos 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco (aplicable supletoriamente a la materia mercantil, por disposición expresa del artículo 1051 del Código de Comercio), estatuyen, en lo conducente, el primero, que el derecho de designar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor, y sólo que éste se rehuse a hacerlo o que esté ausente podrá ejercerlo el actor o su representante; y, el segundo, que el actor o su representante pueden señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro, prevenciones de las que se aprecia claramente la distinción entre la designación de bienes sobre los cuales han de recaer la traba y el embargo propiamente dicho a que alude la doctrina, que consiste en la declaratoria hecha por el ejecutor de que los bienes designados quedan sujetos a la traba, declaración sin la cual, obviamente, no hay embargo. En la especie, de la fotocopia certificada del acta de ocho de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, levantada con motivo de la diligencia por medio de la cual el primer secretario del Juzgado Sexto de lo Civil de este partido judicial emplazó a José Marcelo Solís Rizo al juicio ejecutivo mercantil 1011/84, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Torreón, Coahuila, se advierte, en lo esencial, que la parte actora señaló para embargo, entre otras cosas ‘... los derechos hereditarios que le corresponden al demandado dentro del juicio testamentario a bienes de Rosa Cerpa viuda de Rizo, que se tramita en el Juzgado Primero de lo Civil de esta capital, bajo el expediente 5128/82, y respecto de la finca urbana comprendida con los números 1889, 1891, 1893, 1895, 1897 y 1899 de la calle Alvaro Obregón, así como los números 53, 55, 57, 59, 61 y 63 de la calle 76 del Sector Libertad, ubicada en la delegación municipal de Villa Mariano Escobedo, Jalisco ...’, en torno a lo cual, el secretario mencionado expresó tener ‘únicamente por señalados para embargo los derechos hereditarios mencionados en esta diligencia, por no tenerse a la vista la documentación correspondiente’. No cabe duda, pues, que ni siquiera se señaló directamente para la traba el inmueble descrito con anterioridad, sino que tan sólo se designaron, con tal objeto, los derechos que respecto de ese bien corresponden a José Marcelo Solís Rizo en la sucesión de Rosa Cerpa viuda de Rizo, y el secretario que llevó a cabo la diligencia, como puede verse, sólo se concretó a tener por hecho el señalamiento sin hacer manifestación alguna implicativa de que los referidos derechos quedaban embargados. Desde esa perspectiva, es incuestionable que no existe embargo sobre tales derechos, menos sobre el inmueble de referencia, como acertadamente lo asevera la recurrente en sus agravios. Por tanto, a pesar de que María Eugenia Nuño López adquirió el bien en conflicto el cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, es decir, con posterioridad a la práctica de la diligencia estudiada, no es factible catalogarla como causahabiente de José Marcelo Solís Rizo. En tal virtud, si el procedimiento del que emanan los actos reclamados fue promovido por José Alberto Ibarra de la Rosa, como endosatario en procuración de Manuel Fernández Fernández, contra José Marcelo Solís Rizo, es indiscutible que la quejosa resulta tercera extraña a dicho juicio, en el que, evidentemente, no fue oída ni vencida; razón por la cual los actos que reclama del Juez responsable, así como el que le atribuyó al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, consistentes en la inscripción de la escritura de adjudicación respectiva, son violatorios, en perjuicio de la agraviada, de la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política del país."

Recurso de revisión 257/89.

"II. Los anteriores agravios son inoperantes e infundados. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el Juez Federal estuvo en lo correcto al considerar que el juicio que se revisa era improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que según se desprende del acta en la que consta la diligencia de embargo (fojas 59 y 60 del juicio de amp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17257-069d4bf7/diligencia-de-embargo-en-juicio-ejecutivo-mercantil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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