FIANZAS POR TIEMPO INDETERMINADO. PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE COBRO, DEBE APLICARSE EL PLAZO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN BAJO CUYA VIGENCIA SE OTORGARON E HICIERON EXIGIBLES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SEXTO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco el amparo directo administrativo 2943/95, promovido por La Guardiana, Sociedad Anónima, Compañía General de Fianzas, por mayoría de votos de la Magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos y la secretaria autorizada Lourdes Margarita García Galicia, contra el voto del Magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor emitieron la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, marzo de 1996
"Tesis: I.3o.A.17 A
"Página: 943
"FIANZAS, CADUCIDAD DE. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, CONFORME A LA REFORMA DEL CATORCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. El artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establecía hasta antes de la reforma de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres (en vigor a partir del día siguiente), que las acciones derivadas de la fianza prescribían en tres años, interrumpiéndose la prescripción por el requerimiento escrito de pago, o, en su caso, por la presentación de la demanda. Conforme al texto de las reformas del aludido precepto, en los casos de afianzadoras obligadas por tiempo indeterminado, operará la caducidad cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelve exigible. Ahora bien, el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma señala que los procedimientos derivados de las reclamaciones contra una institución de fianzas con motivo del otorgamiento de pólizas de fianza, que se hubieren iniciado antes de la vigencia de la reforma, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos en la ley reformada. Así las cosas, las reclamaciones de pago de una fianza que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la reforma continuarán su trámite hasta su conclusión, aplicando las normas previstas en la ley antes de su reforma, en tanto que si el reclamo de pago se hizo al amparo de la nueva ley, la autoridad goza únicamente de ciento ochenta días naturales para ello. Lo anterior, dado que independientemente de la naturaleza jurídica que tengan las figuras de la prescripción y caducidad, la norma transitoria claramente indica que únicamente aquellos asuntos que se encuentren en trámite al momento de la reforma se regularán por la ley anterior, hipótesis que excluye los negocios cuyo procedimiento inicie después de reformada la ley, mismos que se regirán por los nuevos artículos.
"Amparo directo 2943/95. La Guardiana, S.A., Compañía General de Fianzas. 23 de noviembre de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco."
QUINTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivado de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo 9226/97, 2176/98 y 4566/98, los días nueve de enero y treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, y el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, promovidos en su orden por el Instituto Mexicano del Seguro Social y Ferrocarriles Nacionales de México el último de los citados, por unanimidad de votos de los Magistrados Gustavo R. Parrao Rodríguez, Adalid Ambriz Landa y la secretaria autorizada Ana María Nava Ortega el primer asunto; los citados Magistrados y su homólogo Gilberto Chávez Priego el segundo, así como los dos primeros; y el licenciado Raúl González González, por impedimento del Magistrado Gilberto Chávez Priego el tercero, sostuvieron la tesis que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, abril de 1999
"Tesis: I.6o.C.168 C
"Página: 545
"FIANZAS, CADUCIDAD DE LAS. El artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, que entraron en vigor al día siguiente, establecía que las acciones derivadas de una fianza prescribían en el término de tres años y que el requerimiento de su pago por escrito o de la presentación de la demanda en su caso, interrumpían la prescripción; sin embargo, a partir de la fecha en comento, el numeral en cita preceptúa que cuando una institución de fianzas se obligue por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad si el beneficiario de la fianza no presenta su reclamación dentro del término que se haya estipulado en la póliza, o en su defecto dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza. Ahora bien, el artículo 4o. transitorio del decreto de reformas, precisa que los procedimientos derivados de las reclamaciones que se hubiesen iniciado con anterioridad a su vigencia, seguirán su trámite hasta quedar concluidas; pero también debe entenderse que en aquellos casos en que la exigibilidad de una fianza se dio con anterioridad a las reformas y no se exigió su cumplimiento, empezarán a contar a partir de éstas los ciento ochenta días naturales para reclamarla, so pena de caducidad y lo mismo ocurrirá con las pólizas cuyos contratos se celebraron antes y su exigibilidad fue posterior, sin que se pueda aducir retroactividad de la ley o alegar derechos adquiridos, por tratarse de cuestiones de procedimiento.
"Amparo directo 2176/98. Instituto Mexicano del Seguro Social. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: David Jesús Velasco Santiago.
"Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz.
"Amparo directo 9226/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 9 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Juan Manuel Hernández Páez."
SEXTO. Por su parte, el Tribunal Colegiado que denuncia la contradicción, Décimo Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, el veinticinco de junio de dos mil uno, al resolver el amparo directo 406/2001 promovido por La Guardiana, Sociedad Anónima, Compañía General de Fianzas, por unanimidad de votos de los Magistrados Arturo Ramírez Sánchez, Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo y Martín Antonio Ríos, con fundamento en el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo medular sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Los motivos de inconformidad son infundados. La quejosa aduce que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, antes de la reforma del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, establecía que las acciones derivadas de una fianza prescribían en el término de tres años y que el requerimiento de pago interrumpía el plazo de la prescripción; sin embargo, a partir de la reforma, el numeral en comento dispone que cuando una institución de fianzas se obligue por tiempo determinado quedará libre de su obligación por caducidad si el beneficiario de la fianza no presenta su reclamación dentro del término que se haya estipulado en la póliza de fianza o, en su defecto, dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza y, asimismo, el artículo 4o. transitorio del decreto de reformas dispone que los procedimientos derivados de las reclamaciones que se hubiesen iniciado con anterioridad a las reformas y no se exigió su cumplimiento, empezarán a contar a partir de éstas los ciento ochenta días naturales para reclamarlas, so pena de caducidad y lo mismo ocurrirá con las pólizas, cuyos contratos se celebraron antes y su exigibilidad fue posterior, sin que se pueda aducir retroactividad de la ley o alegar derechos adquiridos, por tratarse de cuestiones de procedimiento; de modo que si al momento de la entrada en vigor de las reformas antes aludidas aún no se había iniciado el trámite de reclamación, el día quince de julio de mil novecientos noventa y tres empezó a correr el término de ciento ochenta días para que el derecho de reclamación caducara, situación que en el caso se actualizó porque el contrato base de la acción lo dio por rescindido el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, y el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro presentó la reclamación, fecha en la que ya habían transcurrido los ciento ochenta días calendario que establece el citado artículo 120, por lo que operó la caducidad del derecho de reclamación y, agrega, que el tribunal responsable interpretó en forma indebida que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas contiene normas sustantivas, cuando en realidad son normas de procedimiento. Tales argumentos son infundados, porque el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al establecer el plazo en el que el beneficiario de una fianza debe presentar su reclamación, contiene una norma sustantiva y no de procedimiento. Lo anterior es así, porque la expedición de una póliza de fianza da nacimiento a la vida jurídica un conjunto de derechos y obligaciones para las partes, como lo son el fiado y el fiador y, a su vez, para el beneficiario y, asimismo, el derecho de la beneficiaria para hacerla exigible deriva de las estipulaciones contenidas en la propia póliza de fianza; por tanto, el término que establece el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para que la beneficiaria reclame el pago de una póliza de fianza, no puede considerarse como un término adjetivo, pues al derivar el derecho de la beneficiaria para reclamar su pago de lo estipulado por las partes en la póliza de fianza, da lugar a que tenga la naturaleza de una norma sustantiva. Esto se corrobora por el hecho de que cuando la beneficiaria de la póliza de fianza exige su pago, por haber incumplido el fiado con las obligaciones garantizadas, sólo le presenta a la institución fiadora un escrito donde especifica las razones por las que reclama el pago de la garantía, sin que se encuentre obligada a cumplir con determinadas formalidades que sean propias de un proceso; ese escrito la ley de ninguna manera lo equipara a una demanda, prueba de ello es que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no le otorga a la institución de fianzas el derecho de contestar lo aducido en el requerimiento de pago a través de un escrito en el que se cumpla con las formalidades que la ley establece para contestar una demanda, ni tampoco existe un periodo probatorio con motivo del requerimiento de pago de la fianza y mucho menos se llega a dictar una sentencia que declare procedente o improcedente la reclamación de pago de la fianza, lo cual impide que al artículo 120 de la ley de materia (sic) se le pueda considerar como una norma de procedimiento; por tanto, habrá de concluirse que se trata de una norma sustantiva, porque si la afianzadora asumió en el contrato de fianza la obligación de pagar si la fiada incumplía con el contrato de obra pública (es la obligación garantizada), con la que se creó a favor de la beneficiaria una situación jurídica concreta, es evidente que esa obligación, al derivar de un contrato, tiene la naturaleza jurídica de una norma sustantiva, y como tal habrá de regirse por las disposiciones legales aplicables en el momento en que las pólizas de fianza fueron expedidas. Al respecto son aplicables las tesis que refiere el tribunal responsable en la sentencia reclamada (las que invoca el apelante en el escrito de expresión de agravios del recurso de apelación) y cuyos rubros son: 'CONTRATOS. SE RIGEN POR LA LEY SUSTANTIVA VIGENTE CUANDO SE CELEBRAN.', 'CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.', 'CONTRATOS, ILEGAL APLICACIÓN DE LAS LEYES NUEVAS A LOS.', 'CONTRATOS. LEY QUE LOS RIGE.' y 'CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.', dado que su aplicabilidad no se vio destruida a través de los conceptos de violación que al respecto vierte la quejosa, ya que este tribunal es de la opinión de que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas contiene una norma sustantiva, porque desde el momento en que las pólizas de fianza fueron expedidas, las partes crearon una situación jurídica concreta, dando lugar al nacimiento de derechos que entraron a formar parte de su patrimonio. Consta en autos que la ahora quejosa al oponer la excepción de caducidad cuestionó que en el caso es aplicable el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, reformado mediante decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, y basó su pretensión en la aplicabilidad del artículo cuarto transitorio de dicho decreto, el cual por la importancia que tiene se transcribe a continuación. 'Cuarto. Los procedimientos derivados de reclamaciones contra una institución de fianzas, con motivo del otorgamiento de pólizas de fianza, que se hubieren iniciado antes de la vigencia de este decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos en la ley que se reforma y adiciona conforme a este decreto.'. Si bien es cierto que el artículo cuarto transitorio antes transcrito, dispone que los procedimientos derivados de reclamaciones de una póliza de fianza, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos en la ley en vigor a partir del quince de julio de mil novecientos noventa y tres, no menos cierto lo es que el referido artículo transitorio no tiene el alcance de modificar los derechos sustantivos creados por las partes en el momento de la celebración de los contratos de fianza que dieron lugar a la expedición de la póliza de fianza base de la acción, los cuales se regulan por las normas que estuvieron vigentes en el momento de su celebración, como lo es el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas anterior a las reformas del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, por ser esta disposición legal de carácter sustantivo, además de que el citado artículo transitorio, al hacer referencia a los procedimientos en trámite, no se refiere al caso en que se reclame el pago de una póliza de fianza, porque el requerimiento de pago de una fianza no da lugar a la tramitación de un procedimiento en el que se cumpla con las formalidades propias de un juicio. La circunstancia de que la beneficiaria de las pólizas de fianza base de la acción se haya visto obligada a tramitar el procedimiento administrativo de rescisión del contrato de obra pública para poder hacerlas efectivas, y que la quejosa sostenga que el contrato de obra pública fue rescindido el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, no constituye un motivo para que se aplique el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que el procedimiento administrativo de rescisión que se tramitó previo al requerimiento de pago de las pólizas de fianza, sólo da lugar a que el término que establece el citado artículo 120 empiece a correr desde el momento en que la beneficiaria está en aptitud de requerir su pago; sin embargo, de ahí no surge la necesidad de que se aplique el artículo 120 reformado, porque al ser éste una norma sustantiva, el precepto legal que se aplica es aquel que estuvo vigente en el momento en que se expidieron las pólizas de fianza base de la acción, es decir, el que estuvo en vigor con anterioridad a las reformas del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, que contempla la figura de la prescripción como el medio extintivo de las obligaciones garantizadas y que prevé un plazo de tres años para tal efecto. En consecuencia, no es posible que en el caso se aplique el contenido del artículo 120 vigente de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que se refiere a la caducidad de las fianzas, a un contrato que se celebró con anterioridad a la reforma del citado numeral, porque como quedó aclarado el citado precepto legal contiene una norma sustantiva, lo que impide que en el caso sea aplicable la tesis: 'RETROACTIVIDAD. TRATÁNDOSE DE LEYES PROCESALES, RESULTA INAPLICABLE LA.' y, por ende, no puede estimarse que la sentencia reclamada carezca de una debida fundamentación y motivación, porque en la misma se señalan las consideraciones que la responsable tuvo para emitir su determinación y se citaron los preceptos legales aplicables, cuya legalidad no se vio destruida a través de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, dadas las razones expuestas. Este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido en la tesis I.6o.C.168 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de abril de 1999, Novena Época, Tomo IX, página 545, cuyo contenido literal es: 'FIANZAS, CADUCIDAD DE LAS.' (la transcribe). Tampoco comparte este tribunal el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.3o.A.17 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1996, Novena Época, Tomo III, página 943, que dice: 'FIANZAS, CADUCIDAD DE. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, CONFORME A LA REFORMA DEL CATORCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.' (la transcribe). Lo anterior es así, porque el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no es una disposición de carácter adjetivo, sino sustantivo, y por esa razón tratándose del requerimiento de pago de las pólizas de fianza la disposición legal que resulta aplicable es la que estuvo vigente en el momento en que se expidieron las pólizas de fianza base de la acción, es decir, que éstas al haberse expedido con anterioridad a la reforma del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, el artículo 120 de la ley de la materia que debe ser aplicado es el que estuvo en vigor antes de las reformas; por tanto, el artículo cuarto transitorio no tiene el alcance de dejar sin efectos los derechos sustantivos creados por las partes en el momento de la celebración de los contratos de fianza que motivaron la expedición de las pólizas respectivas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la contradicción suscitada en cuanto a la interpretación que se le debe dar al artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y al artículo cuarto transitorio del decreto de reformas de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, en lo relativo a la ley aplicable cuando la exigibilidad de una fianza se dio con anterioridad a las reformas referidas." (fojas 54 vuelta a 60 del cuaderno principal).
SÉPTIMO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto son aplicables las siguientes jurisprudencias:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 72, diciembre de 1993
"Tesis: 3a./J. 38/93
"Página: 45
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción.
"Contradicción de tesis 21/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo y Tercero, por una parte, y Quinto por la otra, al resolver los amparos directos números 3027/88, 1078/89 y 3045/89, respectivamente. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.
"Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales.
"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.
"Contradicción de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primero y Tercero Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García.
"Tesis jurisprudencial 38/93. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García."
OCTAVO. Establecido lo anterior, es necesario analizar las diferentes ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.
I. De la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 2943/95, se llega al conocimiento de los siguientes hechos:
a) La Guardiana, Sociedad Anónima, Compañía General de Fianzas, el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa, expidió póliza de fianza para garantizar por su fiado (no se cita el nombre) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crédito fiscal derivado de la liquidación de cuotas obrero-patronales, pactando que la fianza se haría exigible hasta en tanto quedara firme la resolución que se dictara en alguno de los medios de defensa que el fiado utilizara para impugnar el crédito fiscal garantizado.
b) El fiado controvirtió el crédito fiscal mediante el correspondiente juicio de nulidad, radicado con el número 15726/91 en la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, quien resolvió reconocer su validez en resolución de uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos.
c) Contra dicha resolución el fiado promovió el juicio de amparo directo radicado con el número 411/93-1, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que dictó sentencia el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, negando el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que le fue notificada el doce de abril de mil novecientos noventa y tres.
d) El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó el requerimiento de pago a la afianzadora La Guardiana, Sociedad Anónima, Compañía General de Fianzas, el uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro; el que fue impugnado por ésta, mediante el juicio de nulidad 11352/94 de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, aduciendo la caducidad del reclamo por haberse presentado fuera del plazo de ciento ochenta días que señala el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, reformado por decreto publicado el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres en el Diario Oficial de la Federación.
e) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia que integra esta contradicción, dictada en el juicio de amparo directo 2943/95, en que se reclamó la resolución destacada en el inciso anterior, concedió el amparo a la quejosa La Guardiana, Sociedad Anónima, Compañía General de Fianzas, por considerar que, contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal responsable, la autoridad demandada no contaba con el plazo de tres años para requerir el pago de la fianza, sino con el término de ciento ochenta días que establece el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, interpretando éste en relación con el cuarto transitorio del decreto que lo reformó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, con vigencia a partir del día quince siguiente, ya que el reclamo de pago se hizo al amparo de esta reforma; sin embargo, no se establece en la sentencia el momento en que este término debería empezar a computarse.
II. En relación con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cabe destacar de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 9226/97 que:
a) Mediante la póliza de fianza número 00-C-000321-001-01 de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y dos, La Guardiana, Sociedad Anónima, se constituyó como fiadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para garantizar por parte de Evaporadora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cumplimiento de las especificaciones y obligaciones contraídas mediante el pedido de suministro de productos lácteos.
b) El catorce de abril de mil novecientos noventa y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16996-e89fd313/fianzas-por-tiempo-indeterminado-para-efectos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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