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Modo: Corpus Pro

FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/99-PS. · Registro digital (IUS): 7243
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 163.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-De las ejecutorias de las que deriva la presente contradicción de criterios procede enunciar, en primer término, por razón de orden cronológico, la pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 125/99, promovido por Blanca Araceli Cárdenas Torres, mediante ejecutoria de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve que, en su parte conducente, señala:

"CONSIDERANDO: ... CUARTO.-Los agravios formulados por Lenin Cuauhtémoc Ríos Checa, autorizado de la quejosa Blanca Araceli Cárdenas Torres, son por una parte infundados y, por otra, inoperantes.-Por razones de método y prioridad se procede a estudiar, en primer término, los atinentes a violaciones procesales, ya que de asistir razón a la inconforme, este colegiado quedaría impedido para abordar el estudio de las cuestiones de fondo.-Se duele la recurrente del desechamiento de la prueba testimonial ofrecida durante la tramitación del juicio de garantías, argumentando que aun cuando la anunció fuera del término previsto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional fue diferida de oficio y, por tanto, había oportunidad en exceso para desahogarla.-Ahora bien, del examen de las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación del recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena por tratarse de documentales públicas, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se infiere que, efectivamente, por auto de cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho (foja 78 del principal), el Juez de Distrito negó la admisión de la prueba testimonial ofrecida por la quejosa, hoy recurrente; sin embargo, de lo actuado no se advierte que dicho proveído se hubiese impugnado a través del recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia. Consecuentemente, acertada o no la determinación del juzgador, debe tenerse por consentida la misma y los agravios resultan inoperantes en este aspecto.-Tocante a la valoración de las pruebas allegadas por la quejosa para demostrar la propiedad de los bienes embargados, es pertinente hacer notar, como bien lo estableció el Juez Federal, que éstas fueron objetadas por el tercero perjudicado mediante escrito de cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 79 a 81), señalando con precisión las irregularidades que a su juicio se observaban en cada una de ellas y que básicamente se hicieron consistir en lo siguiente: a) Que la nota de remisión sin registro federal ni sello de la Secretaría de Hacienda, no especifica la marca de la computadora; b) Que la factura de la impresora no contiene la serie de la misma, solamente la marca; c) Que el recibo expedido por Gallo de Juárez, no especifica a qué aparato se refiere; d) Que el contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado con esa empresa, no es el idóneo para demostrar la propiedad, además, de que ya debería contar con la factura del refrigerador objeto de la operación, por haber transcurrido el plazo de pago; e) Que la factura relativa a la videograbadora, se expidió el diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, o sea, tres días después del embargo, ello aunado a la circunstancia de que tampoco se menciona en ese documento la marca, ni el modelo, ni el número de serie.-Basta una simple lectura a las documentales referidas que obran agregadas en los autos del juicio (fojas 4 a 10), para evidenciar que ciertamente cada una de ellas adolece de las irregularidades apuntadas, advirtiéndose además, que el contrato de compraventa con reserva de dominio, no especifica el número de serie del refrigerador que ampara.-No pasa inadvertida para este colegiado, la circunstancia de que en la nota de remisión aludida, fechada el 97/02/11, se menciona el número de serie de una computadora; empero, los datos relativos al monitor de la misma son diferentes de los asentados en el acta de embargo, ya que en ésta se dice: ‘Monitor IBM, NOM. 018. M/N 2238-MO3. P/N 96G2007’; y en dicha documental allegada como prueba se contiene: ‘Monitor IBM SVGA color de 14 número de serie 5529438’. Y lo más importante es, que tanto esa probanza como la diversa factura número 3133 que también se exhibió, no contienen ni el nombre, ni el carácter, ni la firma de la persona física que supuestamente las expidió en representación de la empresa o persona moral vendedora, circunstancia que les resta toda eficacia probatoria, de acuerdo a los siguientes razonamientos: El artículo 1308 del Código Civil para el Estado de Jalisco (correlativo del 1832 del sustantivo civil para el Distrito Federal), preceptúa que cuando se exija forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas que en el acto deben intervenir; lo que demuestra, que la firma es el medio por excelencia, a través del cual debe exteriorizarse la voluntad de las partes para que se produzcan los efectos o consecuencias legales inherentes al acto. Firma que, en tratándose de personas morales, corresponde a los órganos que las representan, por ser éstos a través de los cuales se obligan, según lo dispone el artículo 163 del mismo código.-Y aun cuando el primero de los citados preceptos habla de contratos, también resulta aplicable a otro tipo de actos que constan por escrito, como es el caso de las facturas que expiden las casas comerciales en donde se hace constar la transmisión por compraventa de determinados bienes muebles. Esa aplicación extensiva de la ley, encuentra su apoyo en el artículo 1329 del propio código, que dispone: ‘Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se oponga a la naturaleza de éstos ...’.-De esta suerte, es inconcuso que cuando un documento privado exhibido en juicio, al que la parte oferente le atribuye la calidad de factura, no se encuentra signado por la persona física que lo expidió en representación de la sociedad mercantil que aparece como vendedora, sólo puede ser considerado como un simple papel que ni siquiera tiene la categoría de documento privado (factura) y, por tanto, carece de efectos jurídicos y eficacia probatoria en juicio; sin perjuicio, desde luego, de las acciones que pudiera tener el tenedor de esa documental en contra de quien la expidió. Criterio acorde al sustentado por este órgano jurisdiccional al decidir las revisiones números 235/98, 312/95, 805/95 y 915/95.-Deficiencias que impiden la identificación plena de los bienes a que se refieren las documentales, con los que fueron objeto del embargo en la diligencia practicada el siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, ya que en el acta respectiva se contienen detalladamente las características de éstos, las que como se ha venido repitiendo, no coinciden con las contenidas en dichos documentos privados, amén de los otros vicios apuntados; todo lo cual debe ser observado al sentenciar, hayan sido objetados o no por el tercero perjudicado, pues el valor de las documentales no puede ir más allá de su contenido. En cuanto a este punto, es aplicable la tesis publicada en el página 173, Tomo VIII, octubre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es del tenor literal siguiente: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS NO PROCEDENTES DE LAS PARTES.-Si bien no es suficiente la simple objeción de un documento privado aportado en el juicio, ya que deben señalarse las causas en que se funda la objeción y demostrarse, según lo ha resuelto el Máximo Tribunal de Justicia de la nación, ese criterio se refiere a documentos privados procedentes de las partes cuya objeción puede referirse a su contenido o a la firma que lo calza, debiendo aportarse pruebas respecto del punto concreto de que se hace consistir la objeción, puesto que si el documento procedente de un tercero, consiste en la factura expedida por la casa vendedora de un artículo, cabe decir que, independientemente de que sea objetada o no, el juzgador tendrá que examinar el valor probatorio que le corresponda como documento privado, en relación con las demás pruebas existentes en autos. Es más, ni siquiera la contraparte está en obligación de aportar pruebas ya que no procediendo de él el documento en mención, queda a cargo del oferente adminicularlo con otro tipo de probanzas.’.-Así pues, no obstante la circunstancia de que las objeciones formuladas por el tercero perjudicado en contra de las pruebas rendidas por la agraviada no se hicieron consistir precisamente en la falsedad de las mismas, de cualquier manera, en virtud de las irregularidades mencionadas, resultan ineptas para demostrar que se trata de los mismos muebles supuestamente propiedad de aquélla y, por ende, tampoco se acredita que los actos reclamados afecten a su esfera jurídica. Sobre el particular es aplicable la tesis visible en la página 527, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que en lo conducente reza: ‘INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE LA IDENTIDAD DE LOS BIENES MUEBLES, CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL EMBARGO DE LOS MISMOS.-El artículo 2427 del Código Civil para el Estado de Puebla, dispone que sólo pueden embargarse bienes que pertenezcan a la persona en contra de quien se decretó el secuestro judicial, por lo tanto, si un tercero extraño al juicio natural reclama en un juicio de garantías el embargo trabado sobre bienes de su propiedad, para acreditar su interés jurídico en términos del artículo 4o., de la Ley de Amparo, deberá demostrar la identidad de los mismos, esto es, que los bienes de su propiedad son los mismos que fueron objeto del embargo, y en caso de no hacerlo, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de la materia.’.-Cabe agregar que como dichas probanzas tienen la calidad de documentales privadas, por sí solas no son aptas para desvirtuar la eficacia probatoria que de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, corresponde a las documentales públicas, como lo es el acta de la diligencia de embargo en donde se hace constar, que el secretario ejecutor del Juzgado Noveno del Primer Partido Judicial, se cercioró de que el domicilio donde se practicó la diligencia era el del demandado Christopher Villanueva Aguilar y no el de la quejosa hoy recurrente.-Asimismo, debe hacerse hincapié en que las facturas, notas de remisión o los contratos privados de compraventa, tampoco son idóneos para demostrar, por sí mismos, el domicilio de la persona que aparece como adquirente, puesto que es del conocimiento general, que esa clase de documentos se confeccionan con los datos que de manera unilateral proporciona aquél, que bien puede ser un sujeto distinto de la persona en cuyo favor se transmite el bien.-Por último, la circunstancia de que el Juez Federal no se hubiese referido a las actuaciones del juicio de amparo, no es suficiente para revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo impetrado, pues, como ya se vio, la quejosa no demostró la propiedad de los bienes embargados, ni tampoco desvirtuó la actuación judicial en donde se hace constar, que el domicilio en donde se practicó la diligencia de embargo, es el de la parte demandada.-En tal virtud, como de lo actuado no se infiere alguna violación manifiesta de la ley que hubiese dejado indefensa a la recurrente y se esté en el caso de suplir los agravios deficientes, en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la ley de la materia, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión que decretó el sobreseimiento en el juicio."

Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada III.2o.C.23 C, visible en las páginas 1015 y 1016 del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"FACTURA CARENTE DE FIRMA Y NO OBJETADA, EFICACIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Una factura sin firma, aunque no sea objetada por tal circunstancia, carece de valor probatorio si se toma en consideración que el artículo 1308 del Código Civil para el Estado de Jalisco (correlativo del 1832 del sustantivo civil para el Distrito Federal) preceptúa que, cuando se exija forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas que en el acto deben intervenir; lo que demuestra, que la firma es el medio por excelencia, a través del cual debe exteriorizarse la voluntad de las partes para que se produzcan los efectos o consecuencias legales inherentes al acto. Firma que, en tratándose de personas morales, corresponde a los órganos que las representan, por ser éstos a través de los cuales se obligan, según lo dispone el artículo 163 del mismo código. Y aun cuando el primero de los citados preceptos habla de contratos, también resulta aplicable a otro tipo de actos que constan por escrito, como es el caso de las facturas que expiden las casas comerciales, en donde se hace constar la transmisión por compraventa de determinados bienes muebles. Esa aplicación extensiva de la ley, encuentra su apoyo en el artículo 1329 del propio código, que dispone: ‘Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se oponga a la naturaleza de éstos ...’. De esta suerte, es inconcuso, que cuando un documento privado exhibido en juicio, al que la parte oferente le atribuye la calidad de factura, no se encuentra signado por la persona física que lo expidió en representación de la sociedad mercantil que aparece como vendedora, sólo puede ser considerado como un simple papel que ni siquiera tiene la categoría de documento privado (factura) y, por tanto, carece de efectos jurídicos y eficacia probatoria en juicio; sin perjuicio, desde luego, de las acciones que pudiera tener el tenedor de esa documental en contra de quien la expidió; todo lo cual debe ser observado al sentenciar, hayan sido objetados o no por el tercero perjudicado, pues el valor de las documentales no puede ir más allá de su contenido.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 125/99. Blanca Araceli Cárdenas Torres. 19 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Ricardo Lepe Lechuga."

Mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver, con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisión 751/98, promovido por Autos Nazas, S.A. de C.V., a través de su representante legal Jesús Alberto Sánchez de Valle, en la parte que interesa, señaló lo siguiente:

"CONSIDERANDO: ... QUINTO.-El recurrente en el agravio que hace valer, aduce esencialmente que el Juez a quo valoró en forma inexacta las facturas que acompañó a su demanda de garantías, toda vez que fueron objetadas dichas documentales por no contener firma y nombre de la persona que en su caso las expidió y, por ende, consideró el a quo carecen de eficacia probatoria para demostrar que la quejosa es propietaria de los bienes muebles que en ellas se describen. Sin embargo, el recurrente estima que la costumbre mercantil establece que la expedición de las facturas que cumplan con los requisitos fiscales como lo son: contener la razón social, el domicilio y el registro federal de contribuyentes, como acontece en la especie, son suficientes para documentar la compra de bienes y servicios, sin que exista disposición alguna que establezca que para que una factura tenga valor probatorio deberá ser firmada por su emisor.-Resulta fundado el agravio formulado por la parte quejosa recurrente.-En efecto, el Juez de Distrito consideró sobreseer en el juicio de garantías, toda vez que las documentales que acompañó el ahora quejoso y recurrente a su demanda de garantías, relativas a las facturas con las que pretende acreditar su interés jurídico, no debería de otorgárseles valor probatorio, en atención a que fueron objetadas por la parte tercero perjudicada porque carecían de firma.-Sin embargo, este órgano colegiado estima, contrario a lo considerado por el a quo, que la objeción formulada por el tercero perjudicado a las pruebas documentales consistentes en las facturas que obran a fojas 15 a 22 de autos, con las que pretendió la parte quejosa acreditar su interés jurídico respecto de los bienes muebles en ellas descritos, es insuficiente para restarles valor probatorio pleno, toda vez que si bien dichas documentales fueron objetadas por carecer de firma, ello no es obstáculo para considerar que carecen de eficacia probatoria, en virtud de que como bien lo afirma el aquí recurrente, el Juez de Distrito del conocimiento no cita fundamento legal que apoye su consideración y, en cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, la aseveración del Juez constitucional se encuentra controvertida, en atención a que en el dispositivo legal citado se señalan los requisitos de los comprobantes que se expiden por las actividades que se realicen y que de acuerdo con el mismo son: 1. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida.-2. Contener impreso el número de folio.-3. Lugar y fecha de expedición.-4. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.-5. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.-6. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número y (sic) letra.-Los anteriores elementos que deben contener los comprobantes que se expidan, se encuentran esencialmente contenidos en las documentales exhibidas por la parte quejosa aquí recurrente, es decir, contienen impresos el nombre de la empresa, clave del registro federal de contribuyentes, número de folio, lugar y fecha de expedición, clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expide, cantidad y clase de mercancía vendida y el valor unitario e importe total de los bienes muebles en ella descritos. Por lo tanto, si dichos aspectos no fueron objetados por el tercero perjudicado, ello conlleva un consentimiento implícito de la veracidad del continente y del contenido que amparan las documentales en comento, lo cual encuentra fundamento legal en el precepto legal antes precisado y que robustece la eficacia probatoria de los mismos, en contra de la simple objeción de la parte tercero perjudicada y la cual sirvió de fundamento al a quo para sobreseer sin apoyo legal en el juicio de garantías que ahora se revisa.-En consecuencia, si las documentales multicitadas contienen los requisitos legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y dentro de ellos no se establece el requisito de que las facturas deben contener firma de la persona, representante o encargado de expedirlas, resulta evidente que son aptas y suficientes para acreditar el interés jurídico del recurrente respecto de la propiedad de los bienes muebles descritos en ellas.-Además, a mayor abundamiento, hay que precisar que el Código de Comercio no contiene disposición alguna sobre el valor probatorio de las facturas, sin embargo, es práctica comercial de aceptación general que esa clase de documentos pueden servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han sido objeto de una operación comercial, por lo que exigir como un requisito trascendente la firma de quien expide la factura es aventurado y carente de fundamento, sobre todo cuando no son objetadas debidamente; lo cual adminiculado con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación ya citado, que establece los requisitos que debe reunir una factura, hacen prueba de la compraventa a que se refieren y establecen per se una presunción juris tantum.-Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 1097, que a la letra dice: ‘FACTURAS. PRUEBAN EL ACTO DE COMERCIO Y LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA POR EL COMPRADOR.-De un adecuado y correcto análisis del contenido de los artículos 75, fracciones I y XXIV, 78, 371, 374, 375, 378 y 383 del Código de Comercio, se desprende que aunque el aludido código no contiene disposición alguna sobre el valor probatorio de las facturas, probablemente por haberse expedido en una época en que no se había generalizado el uso de esos documentos por los comerciantes, con la experiencia de las costumbres y las prácticas comerciales, en los que la adquisición de mercancías por parte de los comerciantes a sus proveedores ordinariamente se ha venido documentando con facturas o recibos, que se remiten al adquirente para justificar la recepción y, en su caso, el pago de la mercancía que se recibe, han dado lugar a que esa clase de documentos pueda servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han sido objeto de una operación comercial, sobre todo cuando no son objetados debidamente. Lo anterior se robustece aún más, si se toma en cuenta que de acuerdo con las leyes fiscales, las facturas que reúnen los requisitos que las mismas señalan, hacen prueba de la compraventa a que se refieren.’.-Aunado a lo anterior, hay que señalar que la objeción que se formule a determinados documentos debe fundarse en causas que pueden motivar la invalidez del documento y que dichas causas se acrediten con pruebas idóneas para que, de ese modo, resulte ineficaz para los fines perseguidos y no nada más señalar dogmáticamente que se objeta determinado documento, máxime cuando la objeción se basa en condiciones o requisitos que ninguna disposición legal prescribe como necesarias, como en el caso de la firma, pues la objeción formulada en esos términos resulta insuficiente e inatendible per se.-Y todavía a mayor abundancia, cabe considerar que las objeciones a documentos allegados al juicio deben ser lo suficientemente sólidas y precisas como para dar pauta al oferente de la prueba a que provea su perfeccionamiento, lo cual es imposible cuando la objeción es vaga o imprecisa o bien se hace depender de requisitos o condiciones no regulados, como en el caso serían la falta de firma en una factura, lo cual permite equipararlos a condiciones imaginarias que no pueden ser obstáculo para dificultar el tráfico mercantil ni poner en duda la buena fe de las actividades mercantiles en abstracto.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 74, correspondiente al mes de febrero de 1994, página 80, que a la letra dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.-Para negarles valor probatorio a los documentos privados no basta con que una de las partes se limite a decir «Que carece de eficacia probatoria», sino, que deben señalarse las causas en que se funde la objeción y demostrarse, para que tales documentos carezcan de eficacia probatoria al aparecer algún vicio que lo haga inútil.’.-En las relacionadas condiciones y al resultar fundado el agravio analizado, lo procedente es modificar el sobreseimiento decretado; en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se procede a analizar los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa.-SEXTO.-La parte quejosa sustancialmente aduce en su primer concepto de violación que se viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que siendo extraña al juicio de donde emanan los actos reclamados se embargaron bienes de su exclusiva propiedad, con lo que se pretende afectar los derechos de propiedad y posesión que tiene sobre los mismos.-Resulta fundado el concepto de violación que se analiza.-En efecto, de autos aparece que la parte quejosa acudió al juicio de garantías reclamando esencialmente el embargo y la orden de privación sobre los bienes que describe en su demanda de garantías, practicado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil número 348/98, de los cuales argumenta tener la posesión y la propiedad, manifestando al respecto que es extraña al indicado juicio y exhibiendo diversas facturas en original (fojas 15 a la 22 de autos).-Ahora bien, como ya se vio anteriormente, la parte quejosa, a fin de acreditar el interés jurídico que le asiste para promover el juicio de amparo, exhibió originales de las facturas números 0059, 0060, 0064, 0051, 0054, 0627 y 997, expedidas por Farhass, S.A. de C.V., Servicios Orientados a la Informática y Lógica Optimizada de Negocios, S.A. de C.V., que amparan entre otros, los siguientes bienes: ‘Computadora marca Digital con las siguientes características: Pentium de 75 Mhz., disco duro de 1.8 Gb. unidad de 3.5, monitor SVGA, teclado y mouse; impresora Epson FX 1170; computadora Lanix, 286-20 slim, disco duro de 40 Mb., 1Mb. en ram y monitor VGA, monocromático 14"; computadora usada Lanix 386, disco duro de 40 megas, 33 Mhz., memoria en ram 640 Kb. y monitor Lanix monocromático 14", teclado IMB (sic); computadora usada IBM 486, SX 33 Mhz., disco fijo 170 Mb., memoria de 4 Mb., teclado IBM, monitor usado marca IBM 14" SVGA color, impresora Epson FX 1050; computadora marca Digital, modelo 742 WW, disco duro 170 Mb., memoria en ram 8 Mb. y teclado, con monitor IBM 14" color.’.-Por su parte, en la diligencia practicada el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se embargaron los siguientes bienes: ‘Una computadora con monitor y CPU marca Digital y teclado IBM en color beige; una computadora con monitor marca Digital, CPU marca Vectra y teclado sin marca a la vista en color beige; una impresora marca Epson modelo FX 1170; una computadora con monitor Haro letl (sic), CPU marca Lanix y teclado sin marca aparente a la vista; una computadora con monitor marca Lanix, CPU sin marca aparente a la vista y teclado e impresora sin marca aparente a la vista en color beige; una computadora con monitor IBM, CPU IBM y teclado IMB (sic), impresora Epson FX 1052; una computadora con monitor IBM, CPU marca Digital y teclado.’.-Lo anterior conduce a establecer que los bienes muebles que fueron embargados con motivo del juicio ejecutivo mercantil seguido en contra de Renta de Autos, S.A. de C.V., coinciden en lo esencial con los que son propiedad y posesión de la parte quejosa, según se advierte de las documentales en comento. Por lo tanto, se puede concluir que el proceder de las autoridades responsables lesiona la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, pues el hecho de embargar diversos bienes muebles y pretender privar a la parte quejosa del uso, goce y disfrute de los mismos, afecta sus derechos de propiedad y posesión sobre los muebles relacionados, ya que sin ser parte en el juicio y por lo tanto sin ser oída y vencida previamente, se le afectan sus derechos subjetivos públicos, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.-Luego entonces, siendo suficiente el concepto de violación analizado para conceder el amparo solicitado, no es el caso de analizar los demás, ya que en nada se alterarían las anteriores conclusiones.-En este sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia. ..."

De la anterior ejecutoria derivaron las tesis aisladas identificadas con los números VIII.1o.31 C y VIII.1o.32 C, mismas que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, correspondiente a los meses de julio y agosto de 1999, páginas 865 y 753, respectivamente, que señalan:

"FACTURAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES EN ELLAS DESCRITOS SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES.-La objeción formulada por el tercero perjudicado a las pruebas documentales consistentes en las facturas con las que pretendió la parte quejosa acreditar su interés jurídico respecto de los bienes muebles en ellas descritos, es insuficiente para restarles valor probatorio pleno, toda vez que si bien dichas documentales fueron objetadas por carecer de firma ello no es obstáculo para considerar que carecen de eficacia probatoria, en virtud de que el Juez de Distrito del conocimiento no cita fundamento legal que apoye su consideración y, en cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, la aseveración del Juez constitucional se encuentra controvertida en atención a que en el dispositivo legal citado se señalan los requisitos de los comprobantes que se expiden por las actividades que se realicen. Por lo tanto, si dichos aspectos no fueron objetados por el tercero perjudicado ello conlleva un consentimiento implícito de la veracidad del continente y del contenido que amparan las documentales en comento, lo cual encuentra fundamento legal en el precepto legal antes precisado y que robustece la eficacia probatoria de los mismos, en contra de la simple objeción de la parte tercero perjudicada y la cual sirvió de fundamento al a quo para sobreseer sin apoyo legal en el juicio. Además, a un mayor abundamiento, hay que precisar que el Código de Comercio no contiene disposición alguna sobre el valor probatorio de las facturas, sin embargo es práctica comercial de aceptación general que esa clase de documentos pueden servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han sido objeto de una operación comercial, por lo que exigir

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7243-576193f5/facturas-no-requieren-estar-firmadas-para-tener-eficacia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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