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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIONES. LOS NOTIFICADORES DEBEN SEÑALAR CLARA E INDUBITABLEMENTE LA RAZÓN POR LA QUE LOS COMPARECIENTES NO FIRMARON EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/97. · Registro digital (IUS): 5611
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, POR UN LADO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, , Pág. 241.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, POR UN LADO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO POR EL OTRO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión número 342/95, en lo que interesa, sustentó lo siguiente:

"TERCERO.-Son ineficaces los agravios acabados de transcribir, que por cuestión de orden de este tribunal pasa a su análisis en la forma siguiente.-En esa tesitura cabe decir que no se advierte alguna violación, a las reglas que sustancian el procedimiento de garantías, que si bien los recurrentes señalan, omiten explicar, para proceder, en un momento dado, en términos de lo estatuido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; ni de la apreciación de la sentencia recurrida se puede arribar a la conclusión de revocarla, habida cuenta de que, contra lo esgrimido por aquéllos, el Juez de Distrito obró con acierto al negar la protección de la Justicia Federal que impetraron, en síntesis, porque no llegaron a demostrar de manera fehaciente y contundente, cuál era su obligación procesal, que la diligencia de emplazamiento, reclamada ciertamente ‘fuera indebido, ilegal, pero sobre todo falso’, como se apuntó en la demanda constitucional, o bien, que dicha actuación judicial se practicó ‘en ausencia de los quejosos’, según ahora reiteran en agravios, y agregan, de ahí que no firmaran el acta respectiva, dado que a más se encontraban, ese día, en la ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz, o sea en un lugar distinto y distante de donde se llevó a cabo el llamamiento a juicio (Veracruz, Veracruz), todo lo cual, se reitera, destacó el Juez a quo, no se acreditó con los medios de convicción ofrecidos exprofesamente.-En efecto, la sola circunstancia de que en el acta en que se consigna el emplazamiento (foja cien del expediente de garantías) no consten las firmas de los demandados, es decir los ahora recurrentes, no es demostrativo de que se infringiera, principalmente el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, supletorio del Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de este cuerpo de leyes, pues al asentar el diligenciario al calce de la misma que ‘concluida la diligencia levantándose el acta respectiva la firmaron los comparecientes que quisieron hacerlo’ (el apoderado legal de la acreedora y el depositario judicial, amén del actuario, según se anotó en el fallo que se revisa, concluyéndose correctamente que ello implica que si en esa acta no aparecen las firmas de los demandados y ahora quejosos, ello se debió a que no quisieron firmar la repetida acta, lo cual resulta evidente y si bien no es una razón o certificación judicial pormenorizada, sí reúne la legalidad que la elemental lógica jurídica exige para hacer constar lo que el aludido artículo 84 prevé, mas no como se aduce en el escrito de la revisión, deviniendo inexacto que al sostener las consideraciones anteriores, el Juez del amparo haya realizado ‘una aplicación totalmente subjetiva del citado numeral’, ya que, a mayor abundamiento, si el precepto legal preinvocado establece: ‘Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esta circunstancia;’, esto es, asentado en autos la razón o razones de cuenta correspondiente, no puede ni debe convenirse con los argumentos de los recurrentes, en el sentido de que el diligenciario de mérito ‘debe hacer constar la razón o bien las razones que tuvieron algunos de los comparecientes para haberse negado a firmar’, supuesto que tales asertos carecen de sustento en derecho, como fácil se deduce de lo contemplado en la hipótesis normativa transcrita, esto es, no se requiere asentar la razón o motivo por el cual se hubiese negado a firmar."

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 602/97, sostuvo el mismo criterio, en los siguientes términos:

"CUARTO.-Los agravios antes descritos, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida, por las razones que se precisarán.-Previamente cabe destacar que la Constitución y la ley reglamentaria del juicio de garantías, no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; pues, por el contrario la Constitución Federal en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar ‘las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo’, o sea, que no cualquier violación del procedimiento produce la nulidad de un acto procesal, sino sólo aquellas que causan un real y efectivo estado de indefensión, de manera tal que la parte quejosa quede imposibilitada para interponer los recursos y oponer las excepciones o medios de defensa que prevea la ley a su favor; sin que pueda afirmarse que el aludido precepto constitucional sólo se refiera al amparo directo, porque las violaciones procesales que prevé también quedan comprendidas en las hipótesis que señala el propio artículo 107 de la Constitución Federal, en su fracción III, incisos b) y c), y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo.-El anterior criterio tiene su fundamento en lo dispuesto por la jurisprudencia 61, de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 39 y 40 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del sumario: ‘AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.’ (La transcribe).-Hechos los anteriores señalamientos, debe decirse que, en el caso a estudio, resulta aplicable el anterior criterio, ya que como lo sostiene la recurrente en sus agravios, al practicarse la diligencia de emplazamiento en el juicio de origen, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, en razón de que, del contenido del acta respectiva de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco (fojas 101 del amparo), se advierte que a la parte reo se le emplazó por cédula, ajustándose sustancialmente a lo dispuesto por los artículos 112 y 112 bis de la reformada ley procesal civil del Estado, pues como lo señala la disconforme, dicho emplazamiento se llevó a cabo corriéndole traslado, con las copias simples del escrito inicial de demanda, así como de los documentos fundatorios exhibidos por la actora y fiduciaria, y cédula del auto que se cumplimentó (auto que admitió la demanda), haciéndole saber a la demandada, el juzgado que conoce del proceso, el número de expediente, la clase de juicio entablado en su contra, así como el hecho de que disponía del término de tres días para oponerse a la venta del inmueble fideicomitido; circunstancias que se hicieron constar en el acta levantada con motivo de la diligencia de emplazamiento.-En consecuencia, como lo señala la recurrente, al haberse hecho saber a la parte reo todos los datos antes mencionados mediante cédula, resulta inconcuso que se cumplió con el objetivo principal del emplazamiento, lo que, por otra parte, se verá al analizar los conceptos de violación y por lo tanto, la sola circunstancia de que el secretario que lo practicó no hubiera asentado en el acta respectiva, la razón por la que no la firmó la persona que recibió la cédula y las copias simples de ley, no puede considerarse que constituya la omisión de un requisito esencial del procedimiento que invalide el emplazamiento, en razón de como se deja visto, el acto procesal de mérito, cumplió su objetivo al haber quedado debidamente enterada la demandada del procedimiento de origen existente en su contra, así como de la persona moral que lo entabló, del número de expediente y del juzgado en que está radicado, por lo que, resulta inconcuso que a aquélla no se le dejó en estado de indefensión, y por ende, no se violó en su agravio la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional.-En otro orden de ideas, este Tribunal Colegiado advierte, que el a quo federal para amparar a la peticionaria de garantías, suplió la deficiencia de los conceptos de violación, con apoyo en el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, sin ocuparse por ello de analizar tales conceptos, por lo que a efecto de que no quede indefensa la quejosa, en el trámite de esta revisión, con plenitud de jurisdicción, este tribunal federal procede al análisis de los conceptos de violación, cuyo estudio omitió el Juez de Distrito.-QUINTO.-La quejosa expresa los siguientes conceptos de violación: (los transcribe).-SEXTO.-Se anticipa que los pretranscritos conceptos de violación, son infundados, sin embargo, para una mejor comprensión del análisis que se hace de los mismos, previamente cabe hacer notar, que en el juicio de amparo, la peticionaria de garantías, señaló como acto reclamado la violación en su agravio a la garantía de audiencia dentro del juicio de origen, por defectuoso emplazamiento, para lo cual afirmó que el secretario que lo practicó, no asentó en las actas respectivas, la manera como se cercioró de que en el lugar en que se llevó a cabo dicha diligencia (finca número 209 de la calle Alfredo R. Plascencia de esta ciudad), viviese la persona con quien se atendió la misma, esto es, Francisco González Flores, no habiéndose tampoco cerciorado de la identidad de esta persona, omitiendo asentar igualmente, la filiación de la misma, por lo cual estima que dicho funcionario incumplió con lo dispuesto por los artículos 70 y 112 en los últimos párrafos, del enjuiciamiento civil del Estado; habiendo agregado la quejosa que, en la fecha en que se llevó a cabo el citatorio y emplazamiento de mérito, ella se encontraba de viaje y la finca donde se practicó la multicitada diligencia se encontraba sola, razones por las que también considera que se violaron en su agravio los artículos 11 y 112 bis del citado ordenamiento legal, reclamando también todo lo actuado con posterioridad a dicha diligencia.-Igualmente, cabe señalar que de las copias certificadas de lo actuado en el juicio de origen, remitidas por las responsables, en vía de informe justificado obran, entre otras, las actas levantadas con motivo de la diligencia de citatorio y emplazamiento efectuadas en dicho proceso (fojas 101 de amparo), diligencias que fueron practicadas en los siguientes términos: ‘Citatorio.-Siendo las 15:30 horas del día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el suscrito secretario del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, acompañado de la parte actora, con el objeto de cumplimentar en sus términos lo ordenado por el auto de fecha 12 de julio del año en curso, me constituí legalmente en la finca marcada con el número 209 de la calle Alfredo R. Plascencia y cerciorado plenamente de ser el domicilio convencional de la parte fideicomitente Ma. del Socorro Leyva Valdez por así indicármelo mi acompañante y sobre todo por el dicho de una persona que dijo llamarse Francisco González Flores y no encontrándolo presente, le hago saber por conducto de la persona que proporciona los datos del objeto de la diligencia y le dejo citatorio con esta misma persona para que espere al suscrito secretario al día siguiente hábil a la misma hora en que se actúa, con el apercibimiento de que en caso contrario la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre en este domicilio, concluyendo con lo anterior mi actuación judicial, levantando esta acta para constancia que firma solamente el suscrito secretario ya que los demás intervinientes consideraron que no es necesario hacerlo.-Doy fe.-Firmado: Una firma ilegible.-Siendo las 15:30 horas del día tres 3 de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el suscrito secretario del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, con el objeto de cumplimentar lo ordenado por el auto inicial, de nueva cuenta me constituí en la finca ubicada en la calle Alfredo R. Plascencia, número 209 descrita en el acta citatorio que antecede, y cerciorado plenamente de ser el domicilio del fideicomitente Ma. del Socorro Leyva Valdez por así indicármelo mi acompañante y sobre todo por el dicho de una persona que dijo llamarse Francisco González Flores, quien dijo ser su sobrino y que vive allí, a quien requiero por la presencia del fideicomitente, y no encontrándole presente a pesar del citatorio con apercibimiento que antecede, procedo a entender la diligencia con esta persona y previa identificación del suscrito, le hago saber del objeto de la misma y bien enterado que es, por su conducto se le corre traslado con las copias simples de ley de la solicitud y de los documentos exhibidos por la fiduciaria y cédula del auto que se cumplimenta haciéndole saber el término de tres días para oponerse a la venta del inmueble fideicomitido, condicionándose la oposición a la exhibición del importe del adeudo contraído en el mencionado fideicomiso, apercibida que de no ser así se autorizará a la venta previo avalúo que al efecto se realice, de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley de Instituciones de Crédito, igualmente la requiero por la entrega material de la posesión del inmueble fideicomitido, a lo que manifiesta que en estos momentos no le es posible hacerlo. Con lo anterior doy por concluida la diligencia levantando la presente acta para constancia que firma la suscrita secretario que actúa y da fe.-Conste.’.-Firmado: una firma ilegible.-Hechos los anteriores señalamientos, debe decirse que, como se anticipó, adverso a lo que sostiene la peticionaria de garantías, la diligencia de emplazamiento practicada en el natural, no viola en su agravio las formalidades que para tal acto procesal prevén los artículos 70, párrafo último, 111, 112, párrafo último y 112 bis del reformado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, pues, del contenido de las respectivas actas de citatorio y emplazamiento del dos y tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se advierte, que tal diligencia fue practicada con apego a lo dispuesto por los artículos 112 y 112 bis de la ley procesal civil, siendo éstos los únicos que cobran aplicación en la especie, no así el 111 del mismo ordenamiento legal, pues, este precepto se refiere en términos genéricos a la primera notificación que se realice en el procedimiento, mas no contiene una regla que sea específicamente aplicable a la diligencia de emplazamiento, pues éste, se rige por las reglas especiales contenidas en los numerales 112 (excepción hecha, en la especie, del último párrafo), y 112 bis, de dicha codificación que señalan, respectivamente: ‘Artículo 112. Sólo si se tratare de emplazamiento a juicio o de requerimiento y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera se le hará la notificación por cédula, que contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución. II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente. III. Breve relación de la resolución que se notifica. IV. Día y hora en que se hace la notificación. V. Nombre de la persona en poder de quien se deja. VI. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa.-Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehusen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se asentará razón en los autos dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior.-Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.’.-‘Artículo 112 bis. La cédula copias y citatorio, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios. De todo lo cual se asentará razón en la diligencia incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada.’.-Ahora bien, en lo tocante a la forma como se llevó a cabo el emplazamiento, del contenido de las multirreferidas actas, se advierte como se deja visto, que el secretario del juzgado que lo realizó se ajustó estrictamente a los requisitos que imponen los numerales antes transcritos, pues, según se señaló, se cercioró del domicilio de la demandada y se constituyó en este por primera ocasión el dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a quien por no encontrarla presente, le dejó citatorio en poder de Francisco González Flores (sobrino de la demandada), para que la esperara a hora fija del día tres del mismo mes y año, con el apercibimiento de que en caso de no esperar, la diligencia sería atendida con la persona que se encontrare en tal domicilio.-También del contenido del acta de emplazamiento, se advierte, según se destacó, que dicho funcionario se constituyó nuevamente en el domicilio de la demandada, el tres de agosto del citado año, habiéndose cerciorado previamente de que éste era correcto, y al no estar presente la mencionada parte reo, realizó la diligencia respectiva por cédula que dejó en poder de Francisco González Flores (sobrino de la enjuiciada), corriéndole traslado con las respectivas copias de ley, haciéndole saber del auto admisorio de la demanda y, por ende, de la naturaleza del juicio de origen, del juzgado donde está radicado, el nombre de la actora y el número de expediente, de lo cual asentó razón el secretario del juzgado, motivos todos los anteriores, por los que, la multialudida actuación practicada en el natural, resulta correcta y apegada a lo dispuesto por los artículos 112 en lo conducente y 112 bis del reformado código procesal civil.-Por otra parte, contra lo que afirma la quejosa, es inexacto que el secretario que practicó el aludido emplazamiento, tuviese obligación de cerciorarse de la identidad de Francisco González Flores con quien lo entendió, pues, el aludido requisito únicamente debe acatarse cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, mas no cuando la actuación se lleve a cabo con una persona distinta al enjuiciado, que viva en el domicilio de la parte reo, como aconteció en la especie, en que Francisco González Flores, manifestó vivir en dicho domicilio, sin que se hubiera desvirtuado este último, mediante prueba de que efectivamente viviera en otro lugar, razones por las que, contra lo que estima la quejosa, no cobran aplicación en el caso a estudio, ni resultan violados en su agravio los artículos 70 y 112, párrafo último, de la ley adjetiva civil; y en cuanto a que el secretario no asentó en el acta la media filiación de la persona con quien entendió la diligencia, éste no es un requisito que imponga la aludida ley procesal; y, en lo tocante a que el domicilio de la peticionaria de garantías se encontraba solo al practicarse la referida actuación, aquélla no aportó al amparo ninguna prueba tendiente a acreditar tal circunstancia.-A mayor abundamiento, debe decirse que, de lo actuado en el juicio de amparo, no se advierte que la peticionaria de garantías, hubiese negado que la finca en que se practicó la multialudida diligencia fuera efectivamente su domicilio, pues, por el contrario reconoció expresamente que tal finca es el domicilio convencional que tiene señalado para juicio, y que además nunca aportó al juicio de amparo prueba alguna con la cual justificara que en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento tuviera un domicilio distinto a aquél donde se realizó la diligencia.-En consecuencia, aun cuando es cierto que la peticionaria de garantías manifestó que en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia cuestionada, se encontraba de viaje y, por ende, ausente de la ciudad, y que para justificar tal circunstancia hubiera ofrecido la prueba documental privada (fojas 68 del amparo), consistente en la factura número 2334, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, expedida por Motel María Isabel, la cual adminiculó con la testimonial rendida a cargo de Juana María Salinas Banda y Norberto Artemio Torres Pérez (fojas 112 a la 114), quienes declararon sobre tal aspecto; también lo que es que, como se deja visto, al no controvertirse que la finca donde se llevó a cabo el emplazamiento sea efectivamente el domicilio de la quejosa, resulta intrascendente que temporalmente no estuviera en su domicilio, pues, legalmente no puede sostenerse que tal diligencia se invalide por la sola circunstancia de que la demandada, presuntamente se encontrara alejada provisionalmente de su domicilio, toda vez que la ley procesal civil no establece requisito de espera para llevar a cabo el emplazamiento, cuando la parte reo se ausente eventualmente de su domicilio, pues de aceptarse tal criterio se retardaría indefinida e injustificadamente el trámite de los juicios, en detrimento de la expeditez en la administración de justicia a la que están obligadas las autoridades jurisdiccionales, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Por todas las razones antes señaladas, no cobran aplicación al caso la jurisprudencia y tesis que invoca la quejosa de los rubros: ‘EMPLAZAMIENTO.’ y ‘EMPLAZAMIENTO ILEGAL, CARGA DE LA PRUEBA.’.-Finalmente se advierte que existe contradicción entre el criterio aquí sustentado por este tribunal federal y el diverso que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostenido en la jurisprudencia 6/97 del rubro: ‘EMPLAZAMIENTO FORMALIDADES DEL. EL SECRETARIO O ACTUARIO QUE LO PRACTIQUE DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE LAS RAZONES POR LAS QUE LA PERSONA BUSCADA NO SUSCRIBIÓ EL ACTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, criterio este último que no comparte este órgano colegiado, en razón de que controvierte la diversa tesis jurisprudencial número 61, invocada en párrafos precedentes de la ejecutoria, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es del rubro: ‘AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.’, cuyo cabal contenido comparte este tribunal, toda vez que, en esta última, la Corte interpreta los artículos 107, fracción III, incisos a), b) y c) de la Constitución Federal, y 114, fracciones III, IV y V y 158 de la Ley de Amparo, y determina que la Constitución y la Ley de Amparo, establecen que el juicio de garantías no procede contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial, sino solamente contra aquellas que necesariamente afecten ‘las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo’; o sea que no cualquier violación del procedimiento produce la nulidad de un acto procesal, sino sólo aquellas que causan un real y efectivo estado de indefensión, de tal suerte de que el quejoso quede imposibilitado para interponer los recursos, contestar la demanda y oponer las excepciones y medios de defensa que prevea la ley a su favor, por lo que si la violación procesal de que se trata no genera tal estado de indefensión, la misma no es reclamable en amparo; razones todas las anteriores, por las que, este tribunal federal discrepa del referido criterio que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito."

CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo en revisión números 613/96, 636/96, 1073/96, 1203/96 y 199/97, en lo que interesa sustenta lo siguiente:

Revisión principal 613/96, que a la letra dice:

"IV.-Dado que el agravio que a continuación se examina es fundado y suficiente para revocar la sentencia sujeta a revisión, resulta innecesario el estudio de los restantes, de acuerdo con las razones que informan el contenido de la jurisprudencia 602, visible en la página 400 del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ‘AGRAVIOS, SI EL EXAMEN DE UNO LLEVA A LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO ESTUDIAR LOS RESTANTES.’ (La transcribe).-Es cierto que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la entidad, desacertadamente consideró, para desestimar uno de los conceptos de violación hechos valer, que como en el acta de emplazamiento que se impugna, en lo que interesa se asentó: ‘Con lo que termina la diligencia levantando para constancia la presente acta que firman los que en ella intervinieron quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito.-Doy fe.’, con ello se satisface la exigencia de asentar en la actuación respectiva las razones por las cuales no firmó la persona con quien se entendió la diligencia; lo cual es incorrecto, porque si el artículo 120 de la ley procesal del Estado, en lo conducente dispone: ‘deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen. Si éstas no supieren o no quisieren firmar, lo hará el secretario notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia ...’, es evidente que las expresiones asentadas en la actuación impugnada al no explicar la razón por la que la quejosa no suscribió la misma, en tanto que no especifica si fue porque no supo, no quiso, o no pudo hacerlo por tener alguna imposibilidad física o mental, resultan insuficientes para tener por satisfecho el requisito establecido en el precepto que se reproduce, poniendo de manifiesto la infracción a las formalidades que debe tener la diligencia de emplazamiento. En tales condiciones, lo procedente es revocar la resolución recurrida mediante la cual se negó el amparo y conceder la protección constitucional para que el Juez responsable deje insubsistente lo actuado en el juicio de origen inclusive el emplazamiento.-Al respecto es pertinente citar la tesis visible en la página 153 del Tomo VI, julio-diciembre de 1990, Segunda Parte-1, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe reza: ‘EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIA DE. DEBE EXPLICARSE EN ELLA POR QUÉ NO FIRMÓ LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (La transcribe), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este mismo circuito, y que este colegiado comparte y adopta, para apoyar su determinación."

En cuanto a la sentencia número 636/96 dice:

"TERCERO.-Es sustancialmente fundado el único agravio que se estudiará a continuación, y puesto que ello provocará que se revoque la sentencia que se revisa, será innecesario examinar, los restantes conforme lo establece la jurisprudencia 575 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (La transcribe).-En la sesión de ocho de agosto último, este colegiado resolvió la revisión principal 613/96, relacionada con el amparo 396/96-VI, promovido por Yolanda Barba Hernández, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado. En tal sentencia se sostuvo en lo conducente: ‘Es cierto que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la entidad, desacertadamente consideró, para desestimar uno de los conceptos de violación hechos valer, que como en el acta de emplazamiento que se impugna, en lo que interesa se asentó: Con lo que termina la diligencia levantando para constancia la presente acta que firman los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito.-Doy fe., con ello se satisface la exigencia de asentar en la actuación respectiva las razones por las cuales no firmó la persona con quien se entendió la diligencia; lo cual es incorrecto, porque si el artículo 120 de la ley procesal del Estado, en lo conducente dispone: Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen. Si éstas no supieren o no quisieren firmar, lo que hará el secretario notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia ..., es evidente que las expresiones asentadas en la actuación impugnada al no explicar la razón por la que la quejosa no suscribió la misma, en tanto que no especifica si fue porque no supo, no quiso, o no pudo hacerlo por tener alguna imposibilidad física o mental, resultan insuficientes para tener por satisfecho el requisito establecido en el precepto que se reproduce, poniendo de manifiesto la infracción a las formalidades que debe tener la diligencia de emplazamiento. En tales condiciones, lo procedente es revocar la resolución recurrida mediante la cual se negó el amparo y conceder la protección constitucional para que el Juez responsable deje insubsistente lo actuado en el juicio de origen, inclusive el emplazamiento.-Al respecto es pertinente citar la tesis visible en la página 153 del Tomo VI, julio-diciembre de 1990, Segunda Parte-1, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe reza: ‘EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIA DE. DEBE EXPLICARSE EN ELLA POR QUÉ NO FIRMÓ LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (La transcribe), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este mismo circuito, y que este colegiado comparte y adopta, para apoyar su determinación.-Toda vez que en el presente asunto el recurrente se duele también de que e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5611-b4ddfe4e/notificaciones-los-notificadores-deben-senalar-clara-e-indubitablemente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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