EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-EL Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 36/94, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.-Resulta esencialmente fundado el agravio que se hace consistir en el que el Juez de Distrito indebidamente estimó improcedente el juicio de amparo, dado que la causal que invoca no se actualiza.-En efecto, del análisis de la sentencia recurrida se observa que el a quo para sobreseer en el juicio consideró que los actos reclamados carecen de definitividad, en términos de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que el desechamiento del recurso que hizo valer la quejosa en el procedimiento de ejecución del convenio, que tiene como fin el remate de los bienes dados en garantía, debe reclamarse como violación en ese procedimiento de ejecución, hasta la última resolución que le ponga fin, o sea de aprobación del remate.-Lo anterior pone de manifiesto que el criterio del Juez Federal resultó contrario a la técnica del amparo al considerar improcedente el juicio por motivos que sirvieron de base al Juez natural, para desechar el recurso de apelación a través del auto que constituye el acto reclamado, pues en tal caso el aludido razonamiento constituye precisamente el problema de fondo de la litis constitucional; por tanto, no es correcto que se estudie tal cuestión de fondo para luego sobreseer en el juicio.-Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número 10, publicada en la página 51, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II Segunda Parte-1, que dice: ‘ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE POR.-Atenta contra la técnica del juicio de garantías el criterio de que, como se convalidó la notificación atacada de nula debido a que el afectado no la impugnó en la actuación subsecuente, es improcedente el amparo por actualizarse la causal de actos derivados de otros consentidos, si el indicado motivo de convalidación de la notificación, sirve de base al Juez natural, primero para desechar la demanda incidental de nulidad, y luego para desestimar el recurso de revocación a través del auto que constituye el acto reclamado, pues en tal caso el aludido razonamiento constituye precisamente el problema de fondo de la litis constitucional; por tanto, no es correcto que se estudie tal cuestión de fondo para luego sobreseer en el juicio.’.-En consecuencia, procede revocar la sentencia y analizar los conceptos de violación que hacen valer los peticionarios de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: ‘Conceptos de violación: Se viola el artículo 14 constitucional, porque el auto que combato me priva del derecho de obtener la reparación de los agravios jurídicos que me causa el auto de fecha veintiuno de abril del año en curso, ya que dicha resolución reclamada denegó el recurso de apelación que oportunamente interpuse contra el primero, y al hacerlo el auto y resolución reclamadas en esta demanda de garantías, no se ajustó a las formalidades esenciales del procedimiento, ni a las leyes aplicables y vigentes, sino contravino la letra y la interpretación de dichas leyes, sin fundarse por otra parte en principio general de derecho alguno que justificara el sentido denegatorio impugnado aquí. Y por lo mismo se viola consecuentemente el artículo 16 constitucional, ya que en virtud del acto reclamado se me causa la máxima molestia posible en la esfera de derecho jurídicamente tutelado cuando se desecha y no admite el recurso de apelación que interpuse para obtener la reparación de los agravios jurídicos que me causa la no admisión de las excepciones que en estricto derecho proceden, y aún más dicho auto decreta fecha y hora de remate de los bienes de mi propiedad, sin haber sido oídas y desahogadas las excepciones opuestas contra dicha ejecución, puesto que a pesar de que el mandamiento relativo tiene la forma escrita y fue dictado por autoridad competente tanto material, como territorialmente, en cambio, y eso es lo que me agravia y conculca el expresado precepto, no funda ni motiva una causal legal, ya que el precepto que invoca resulta incorrectamente aplicado, y en cambio deja de aplicar el derecho adecuado, todo ello como se pasa a analizar y demostrar siguientemente: 1. El Juez responsable para tratar de fundar y motivar el sentido denegatorio de la resolución que le reclamamos, invoca el artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles local aplicado supletoriamente al Código de Comercio, lo que implica que no admite la apelación interpuesta por los suscritos porque la resolución apelada fue dictada «para la ejecución de una sentencia» y por ende según dicha responsable, no admitirá recurso alguno. 2. Sin embargo la resolución que el suscrito apeló no fue dictada para la ejecución de una sentencia, sino que lo fue en el mismo sentido de hacer valer las excepciones que me asisten conforme lo establece el artículo 1397 del Código de Comercio, y de las cuales he hablado en el punto nueve que precede, y cuya inadmisión por la autoridad responsable, acarrea como consecuencia la ejecución del acto reclamado, es decir, la verificación del remate de los bienes de los suscritos, ejecución que de realizarse causaría daños irreparables a los suscritos, y sí por el contrario la denegación de la apelación me privará del derecho de hacer valer las excepciones que me asisten en justicia y que invariablemente cambiarán el resultado final o inmediato del juicio, los actos reclamados se encuentran contemplados en lo establecido por el artículo 114, fracciones III y IV de la Ley de Amparo. 3. Independientemente de lo anterior, debe decirse que la disposición contenida en el referido artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles local, es una excepción prevenida por este ordenamiento para las reglas generales que el mismo establece en relación con la ejecución de sentencias y convenios, y las relativas a los recursos que el mismo código local prevé y reglamenta, de modo que si el Código de Comercio, que es el ordenamiento legal aplicable en primer término en los juicios mercantiles y los convenios que en ellos se celebren entre las partes, no establece una excepción idéntica o equivalente, es decir, no dispone que las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencias y convenios no admitan ninguno de los recursos que este ordenamiento mercantil estatuye. Por lo que no resulta válido aplicar esta inexistente disposición ni tampoco aplicar supletoriamente la contenida en el código de procedimientos local. En concreto, el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, no es aplicado supletoriamente a las transacciones celebradas en los juicios mercantiles, ni aun en los que se cursan en esta entidad federativa, sobre todo porque la supletoriedad implica que existe un detalle omitido en la ley a suplir que fuera necesario para atender o aplicar los demás conceptos o instituciones jurídicas sí contempladas en la misma pero no cuando se trata de dar un tratamiento excepcional a una clase de disposiciones (las de ejecución) consistente en la no admisibilidad de los recursos, si el legislador no quiso hacer esta excepción en la ley que se pretende suplir o sea, si el Código de Comercio no contempla como recurribles las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencias y convenios debe estarse únicamente a los requisitos y condiciones que en forma general señala este ordenamiento mercantil en cuanto a la admisión de los recursos que el mismo prevé, por lo que no resulta válido ni jurídico traer de otro cuerpo de leyes una excepción no querida ni prevista por el comercio. 4. Como corolario de todo lo anterior, se viola por indebida aplicación el precepto legal que el resolutor responsable invoca para fundar el auto que se le reclama y consecuentemente se violan los preceptos constitucionales ya expresados, por tratarse de la resolución que viola y me priva de mis derechos de obtener la reparación de otro auto que considero asimismo violatorio, pero sin estar debidamente fundado en la ley aplicable al caso concreto. Por todo ello el resolutor aquí responsable no puede de ninguna manera motivar ni fundar en derecho el sentido denegatorio de la resolución que se reclama en esta demanda de amparo, y por ende son claras las violaciones constitucionales y legales en que incurrió dicho resolutor lo que hace necesario en justicia repararlas al dictar sentencia de fondo de este juicio de garantías, concediéndome el amparo y protección de la Justicia Federal sobre los actos reclamados tal y como fundadamente solicitamos.’.-QUINTO.-Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las cuestiones de procedencia del juicio, por ser éstas de orden público, de conformidad con las tesis de jurisprudencia número 158, visible a fojas 262, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo Común al Pleno y a las Salas que dice: ‘IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías.’.-El tercero perjudicado Banco Nacional de México, S.A., por conducto de su apoderado legal Manuel J. Canto, por escrito agregado a foja 402 del cuaderno de amparo, alega la improcedencia del juicio en base a las causales contenidas en las fracciones XI, XII, XIII y XVIII en relación con el 114 fracción III, todos de la Ley de Amparo.-En primer lugar, aduce que por el hecho de que el acto que se reclama al haber sido pronunciado en el curso del procedimiento para llevar a cabo el remate de los bienes embargados, el amparo es improcedente en términos del artículo 114 fracción III, pues aún no se ha dictado la última resolución en dicho procedimiento.-Lo anterior resulta infundado por los mismos razonamientos sostenidos en el considerando cuarto de esta resolución, los que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.-Por otra parte, alega que es improcedente el amparo, en virtud de que el quejoso consintió el remate del bien hipotecado y embargado al ratificar el convenio judicial celebrado entre el tercero perjudicado y los ahora quejosos.-Lo anterior también deviene infundado porque en el caso el acto que se reclama consiste en el auto que desecha la apelación promovida contra el auto de siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, y no el remate en sí, luego entonces, no se trata de actos expresamente consentidos y por ello no se actualiza la causal prevista en la fracción XI de numeral 73 de la Ley de Amparo.-Asimismo alega que el juicio es improcedente, porque la parte quejosa contra el desechamiento del recurso de apelación debió agotar previamente el recurso de revocación.-Argumento que también es infundado de acuerdo con el criterio sostenido por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 322, publicada en la página 934 del Apéndice de 1985, Tercera Sala, Cuarta Parte, que dice: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.-En virtud de que si esta Tercera Sala sustenta jurisprudencia en el sentido de que los recursos de denegada apelación y de queja por denegada apelación, son improcedentes en los juicios mercantiles por no estar regulados por el código de la materia, ni se puede aplicar al respecto supletoriamente la ley común que los establece, por ser el Código de Comercio un ordenamiento especial, que se estima privilegiado entre cuyos propósitos figura el de la celeridad de los juicios mercantiles, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos, se colige que el recurso de revocación contenido en el artículo 1334 del Código de Comercio, también es improcedente para impugnar el auto que deseche el recurso de apelación, pues al no haber regulado el legislador el recurso de denegada apelación ni establecido el de queja, claramente se pone de relieve que su intención fue la de suprimir en el Código de Comercio la procedencia del recurso ordinario alguno contra el desechamiento de una apelación. De lo anterior resulta que en el supuesto de admitir la procedencia del recurso de revocación, implicaría la creación de un nuevo recurso, es decir el de «revocación por denegada apelación», desconocido en nuestro sistema jurídico, tanto en materia del procedimiento civil como del mercantil. Además cabe precisar que no puede hacerse valer un recurso en contra del auto que desecha otro, si no está expresamente regulado en la ley para el caso concreto. En las relacionadas condiciones al no existir recurso ordinario alguno o medio de defensa legal, en el Código de Comercio mediante el cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse el auto que desecha la apelación en materia mercantil, el juicio de amparo es procedente para combatirlo.’.-Por último estima el tercero perjudicado que en el caso se trata de actos consentidos tácitamente, lo que también resulta inexacto, toda vez que no se aprecia que la demanda de garantías haya sido presentada fuera del término de que se refiere el artículo 21 de la ley reglamentaria en comento, pues de las constancias remitidas por el Juez Federal aparece que la quejosa presentó su demanda el día catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro y el día veinticuatro de ese mismo mes y año fue recibida por la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, según se aprecia del sello respectivo, por lo que es claro que de ninguna manera resulta extemporánea la referida demanda ya que únicamente habían transcurrido siete días hábiles contados a partir de la notificación respectiva.-Por tanto al resultar infundadas las causales de improcedencia hechas valer por el tercero perjudicado Banco Nacional de México, S.A. y al no advertirse que exista ninguna otra, se procede a analizar el fondo del asunto.-SEXTO.-En parte resultan infundados los conceptos de violación antes transcritos y por otra fundados pero inoperantes.-Para mejor comprensión del asunto, debe hacerse relación de los hechos que aparecen probados en autos.-En el juicio ejecutivo mercantil promovido con fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, por Banamex, entonces S.N.C. hoy S.A., en contra de los ahora quejosos, se dictó sentencia en la que se condenó al pago de las prestaciones reclamadas por la actora (quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos), misma que causó ejecutoria por auto de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y tres; con fecha tres de mayo del mismo año la institución de crédito y los recurrentes celebraron el contrato transaccional respecto a la controversia planteada en el juicio mercantil (fojas 161-188); con fecha veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cuatro se notificó a los amparistas el auto en que se les otorgaba cinco días improrrogables para el cumplimiento voluntario del citado convenio judicial; contra dicha resolución los quejosos hicieron valer las excepciones de ilegalidad en el pacto, nulidad de la transacción y ad cautelam la excepción de pago; con fecha veintiuno de abril del año próximo pasado el Juez de primera instancia decretó la inadmisión de los incidentes relativos a las excepciones antes mencionadas; contra dicho auto los peticionarios de garantías interpusieron recurso de apelación y con fecha siete de junio del mismo año el Juez responsable desechó dicho recurso.-Del análisis del proveído de siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, hoy combatido se advierte que contiene dos acuerdos, uno en el que se fijó fecha para que tenga verificativo el remate de bienes propiedad de los quejosos y otro en el que se desecha el recurso de apelación que los amparistas interpusieron contra el acuerdo de veintiuno de abril del año próximo pasado.-Respecto al primer acuerdo, debe decirse que atinadamente lo estimó el Juez responsable como acto para la ejecución del convenio judicial antes aludido, pues se está señalando fecha para el remate de los bienes embargados, en cumplimiento al multirreferido convenio; contra el cual no procede recurso alguno, acorde a lo dispuesto por el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, supletorio al Código de Comercio, motivo por el cual el desechamiento que se reclama, en este aspecto, se encuentra ajustado a derecho.-Sin que sea obstáculo para lo anterior lo alegado por la parte recurrente, en cuanto que la legislación mercantil no dispone que las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencia y convenios no admitan ninguno de los recursos que este ordenamiento mercantil estatuye, por lo que no es válido aplicar supletoriamente lo dispuesto por el citado artículo 481 del código procesal mencionado.-Lo anterior se concluye en razón de que, si bien es cierto que el Código de Comercio no contempla como recurribles las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencias y convenios, también lo es, que la supletoriedad se sustenta en los términos del artículo 1051 de la ley mercantil, el cual previene que a falta de ordenamiento convencional en materia mercantil, se observarán las disposiciones de la ley de procedimientos local respectiva.-Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que aparece publicada en la página 2317, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, Tercera Sala que dice: ‘SUPLETORIEDAD EN CASO DE EJECUCIÓN DE (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ).-Como el Código de Comercio no tiene disposiciones especiales sobre la ejecución de las sentencias, dado los términos del artículo 1051 de dicho ordenamiento, es aplicable el 433 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, como supletorio del mencionado Código de Comercio, cuando se trata de ejecutar una sentencia en el citado Estado.’.-En relación al segundo acuerdo contenido en el auto reclamado, que se hace consistir en el desechamiento del recurso de apelación contra el auto de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, resultan fundados, pero inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.-En efecto, el Juez de primera instancia al desechar el recurso de apelación de la parte quejosa que interpuso en contra del auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, promovido en virtud de no admitir los incidentes de legalidad del pacto, nulidad de la transacción y la excepción de pago propuesto por los amparistas, argumentó que tales actos fueron pronunciados en ejecución del convenio celebrado en aquel procedimiento.-Ahora bien, contrario a lo que sostiene el Juez responsable, los incidentes de ilegalidad del pacto, nulidad de transacción y la excepción de pago, interpuestos por la ahora quejosa en el juicio natural, aun cuando se hayan promovido durante la ejecución del convenio celebrado en aquél, se advierte que tales actos tienen autonomía propia y destacada, por lo que no pueden estimarse reparables en el auto que aprueba, o no, el remate de los bienes embargados, ya que dicho auto sólo se ocupará de examinar si se observaron, o no los procedimientos relativos al mismo, tales como el avalúo, las convocatorias, la forma de celebrar las almonedas, pero no sobre la admisión o desechamiento de los incidentes antes descritos, razón por la cual éstos no podrán ser materia de estudio del acuerdo que pone fin a la ejecución y por ende, dichos autos son recurribles.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis pronunciada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1671, Quinta Época, al Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AMPARO CONTRA LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN LA.-Tratándose de una resolución que, aun cuando recaída en el periodo de ejecución de sentencia, pone fin a un incidente que tiene autonomía propia y destacada, en la relación con la ejecución que se pretende, tal acto no es de aquellos que pueden estimarse reparables en el auto que aprueba, o no, el remate de los bienes embargados y que deben hacerse valer hasta entonces, en el juicio de garantías, pues los vicios de una notificación surgida durante el período de ejecución de sentencia, no pueden ser materia del auto que aprueba un remate, el cual sólo debe ocuparse de examinar si se observaron, o no, los procedimientos relativos al mismo, tales como el avalúo, las convocatorias y la forma de celebrar la almoneda, pero nunca la validez o la invalidez de una notificación, para lo cual la ley establece un procedimiento especial; y la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, al disponer que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo puede interponerse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso, se contrae, necesariamente, a la ejecución y no a las que, en rigor, tienen autonomía propia y que no deben ser materia de estudio en el auto que pone fin a la ejecución, circunstancia por la que en estos incidentes, que entrañan un periodo de conocimiento, no pueden reclamarse desde luego las violaciones procesales que en la tramitación se cometan, sino que tienen que hacerse valer hasta que recaiga la interlocutoria que les pone fin, y contra ésta, agotados los recursos ordinarios, cabe inmediatamente el amparo, y es por ello que el propio artículo 114 de la ley reglamentaria citada, estatuye expresamente que tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe, disposición que resultaría innecesaria en el caso de darse a la anterior un alcance diverso.’.-Sin embargo se arriba a la conclusión de que el concepto de violación antes analizado es fundado pero inoperante toda vez que este tribunal advierte otra razón referida al fondo de la cuestión, por lo cual dicho concepto resulta ineficaz para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la parte quejosa, y por lo tanto en aras de la economía procesal, procede negar el amparo, por lo siguiente: Una interpretación armónica y racional de los artículos 1341 y 1344 del Código de Comercio, conduce a establecer, que en tratándose de juicios mercantiles, los autos que se dictan durante el periodo de ejecución de sentencia en agravio de cualquiera de las partes, son revocables.-Lo anterior se concluye habida cuenta que las condiciones que establece el artículo 1341 del código mercantil en cita, para la procedencia de la alzada contra los autos, o sea, que también proceda dicho recurso contra la sentencia definitiva y que causen un gravamen que no pueda repararse en ésta, lógicamente se refieren a los acuerdos dictados, antes de que se pronuncie la sentencia, porque considerar lo contrario, nos llevaría a concluir que ningún auto dictado para las autoridades judiciales después de la sentencia definitiva es revocable, sino que todos serían aplicables, lo que legalmente no es posible, ya que el Código de Comercio dispone que el artículo 1334 que: ‘Los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó ...’, es precisamente para aplicarse en casos como el presente o análogos.-En consecuencia a lo anterior, como el auto que motivó el acto reclamado, se dictó en el periodo de ejecución de un convenio judicial, y no es de aquellos en los que expresamente la ley disponga que sean apelables, sino más bien de los que causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, porque ésta ya se dictó, es evidente que es revocable y, por ende, el auto de desechamiento que se reclama aun cuando se concediera el amparo, como se asentó anteriormente a nada práctico conduciría, puesto que aun reparada la violación por cuanto a los motivos que tuvo el Juez responsable para desechar el recurso en comento, al final, se llegaría a la misma conclusión de desechamiento, dado que el recurso procedente en el caso a estudio, es el de revocación.-Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 1 visible en la página 43, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 7, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo criterio este tribunal comparte y que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisiones esgrimidas por el quejoso, como sucede ante la falta de análisis y valoración de pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones referidas al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta ineficaz para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la parte quejosa, este concepto aunque sea fundado, debe declararse inoperante, y por tanto, en aras de la economía procesal procede negar el amparo en vez de concederse para efectos, es decir, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido; toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso el Tribunal Colegiado de Circuito por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe negarse.’.-En tales condiciones, al resultar infundados en parte y fundados en otra, pero inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte recurrente, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan."
Con motivo de la resolución anterior el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito sustento la tesis XIV.2o.2 C, publicada en la página 615, del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes:
"REVOCACIÓN. JUICIOS MERCANTILES, PROCEDE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO APELACIÓN.-Con base en lo preceptuado por los artículos 1341 y 1334 del Código de Comercio, debe decirse, que en tratándose de juicios mercantiles que se encuentren durante el periodo de ejecución de sentencias, los autos que se pronuncien en él, de autonomía propia y destacada son revocables, ya que, el numeral invocado en primer término establece que son apelables las sentencias interlocutorias, si lo fueren las definitivas y, con esa misma condición, los autos sí causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva o si la ley expresamente lo dispone; refiriéndose a los proveídos pronunciados antes de la sentencia, porque considerar lo contrario, nos llevaría a concluir que ningún auto de la naturaleza en comento, después de dictada la sentencia sería revocable, sino todos apelables, lo que no es posible; ya que el diverso numeral 1334, informa, que los proveídos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez o tribunal."
TERCERO.-Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver los amparos en revisión 565/92, 158/96, 155/96, 358/96 e improcedencia 205/96, resolvió:
Amparo en revisión 565/92:
"TERCERO.-Los motivos de inconformidad expresados por el tercero perjudicado Benigno Pedro Palencia Hernández, son por una parte inoperantes y, por otra, infundados.-En efecto, del examen a las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación del recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena por tratarse de documentales públicas, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se advierte, que el revisionista en su escrito de expresión de agravios, por una parte se concreta a formular una amplia narración de lo actuado en el procedimiento de ejecución de donde emanan los actos reclamados, así como a reproducir lo argumentado ante el Juez de Distrito en la sentencia impugnada.-La manifestación así vertida resulta inoperante, pues como se puede observar, no combate de manera alguna, las consideraciones en que se sustenta la determinación del Juez Federal y, por ende, tampoco satisfacen los requisitos del artículo 88 de la Ley de Amparo, el cual dispone que el recurso de revisión debe interponerse por escrito, en el que deben expresar los agravios ocasionados por la resolución impugnada; esto es, los razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho, en el caso jurídico determinado tendientes a demostrar y puntualizar, que los fundamentos del fallo combatido son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia número 1, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, susceptible de consulta en la página 67, del Informe correspondiente al año de 1989, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los razonamientos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5609-40fa2d3b/ejecucion-de-sentencia-en-materia-mercantil-recursos-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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