RENTA, EL MONTO DE LA, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDE ACREDITARLO AL ARRENDADOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo en revisión 1223/96, promovido por Guillermo Ramos Solorio, sustentó las siguientes consideraciones:
"IV. Los conceptos de violación son infundados en parte y en el resto inoperantes.
"Una recta interpretación de la tesis de jurisprudencia que invoca el quejoso permite constatar que asiste la razón a la Sala al imponerle la carga procesal de justificar el monto de las pensiones rentísticas, por ser éste uno de los elementos constitutivos del contrato, según lo define el artículo 2316 del Código Civil local, vigente hasta el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, aplicable a la tramitación del juicio natural del que emanan los actos reclamados, cuyo texto, en la parte conducente, define: 'Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto ...'; a su vez, el artículo 2317 de la ley en cita corrobora esta apreciación cuando señala: 'La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.'.
"En efecto, si consta que la tesis mencionada exige al arrendador justificar la existencia de la obligación del inquilino, es evidente que esa prueba debe incluir la convención de las pensiones rentísticas y sólo cuando se haya acreditado el pacto arrendaticio, con todos sus elementos, la carga de la prueba podría invertirse para imponer al inquilino la obligación de justificar el pago en los términos que establece el criterio invocado. En este punto es pertinente advertir que la interpretación de la jurisprudencia a que se alude por parte de este Tribunal Colegiado resulta opuesta a la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece publicada en el Tomo IV, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, página 111, bajo el rubro: 'ARRENDAMIENTO. PRUEBA DEL MONTO DE LA RENTA.- Como de acuerdo a la jurisprudencia del rubro «ARRENDAMIENTO PRUEBA DEL PAGO DE LAS RENTAS.», sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 67, a página 169 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, en los juicios de rescisión por falta de pago de las pensiones adeudadas, el inquilino tiene la carga de probar el pago de las rentas, es concluyente que también la tendrá para probar su monto, cuando haya controversia sobre ese punto, ya que lo primero lleva implícito lo segundo.', razón por la cual deberá procederse a formular la denuncia correspondiente, en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
"En relación con lo anterior, carece de sustento la afirmación del quejoso, en el sentido de que no debe imponérsele la obligación de justificar el monto de las pensiones porque ello sería jurídicamente imposible, ya que además de que el concepto de violación se observa dogmático, puesto que no explica los motivos de la imposibilidad, lo cierto es que se trata de un hecho positivo, en este caso, la concertación de las partes sobre una suma determinada de dinero que puede y debe probar por cualquiera de los medios que la ley autoriza y que, sin embargo, no fue reconocida durante el trámite de los medios preparatorios de juicio, en el monto que el arrendador reclama y éste no llegó a justificar por ninguno de los medios de prueba aportados, de ahí que la condena al pago de esa prestación sólo haya podido fincarse sobre la cantidad que el inquilino reconoció en forma expresa, sin prueba en contrario.
"En cuanto a la apreciación de los diversos elementos de prueba que concurren en torno a la cantidad pactada, es inexacto que el inquilino hubiese reconocido de manera expresa, en su escrito de contestación de la demanda, que se operó el incremento, ya que la transcripción que inserta el quejoso, la cual sugiere que su contraparte lo aceptó, es parcial y no permite interpretar el verdadero sentido de la frase, de la que se deduce con absoluta claridad que no fue así, ya que al referirse a la audiencia convocada por la delegación, en la que se le propuso que pagara $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M. N.) mensuales, el demandado textualmente relata: '... negándome en un principio, aunque al final le acepté la propuesta, con la condición de que me rentara por cinco años, a lo que no accedió (de este hecho también tengo testigos que no se dieron cuenta de esto (sic), y los presentaré si es preciso) ...', como es fácil advertir, dicha manifestación corresponde a una contrapropuesta, condicionada a la prolongación del arriendo que finalmente no fue aceptada, dejando subsistente el rechazo al incremento que pretendía aplicar el arrendador.
"De acuerdo con las razones que determinan la imposición de la carga de la prueba relativa al monto de las pensiones rentísticas al arrendador, se tornaron inoperantes los conceptos de violación en los que se cuestiona la valoración de los elementos aportados por el inquilino para justificar que se obligó por una cantidad inferior, puesto que aun cuando resultaran fundados no podría producirse una condena por cantidad superior debido a la insuficiencia de pruebas del actor. A mayor abundamiento, no es verídico que el demandado hubiese omitido la exhibición de cierto recibo, y que con ello se hubiese privado al quejoso de la oportunidad de objetarlo, ya que si bien no obra en el legajo de actuaciones deducidas del expediente 1888/93, existe evidencia de que fue recibido por el tribunal y se dispuso su custodia en el secreto del juzgado; en cuanto a su objeción, aun cuando la Sala no fue precisa en su fallo y se limitó a concluir que hubo aceptación tácita del documento, sin explicar los motivos de su apreciación, consta en autos que el recibo se objetó en forma extemporánea y que la resolución que así lo declaró fue consentida tácitamente por su falta de impugnación. En lo que toca a la valoración de la prueba testimonial, este tribunal ha sostenido el criterio de que el interrogatorio, por sus características, necesariamente induce las respuestas de los testigos, sin que por ello pierdan credibilidad; la tesis de jurisprudencia relativa fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 67, página 43, con el rubro y texto siguiente: 'PRUEBA TESTIMONIAL. INTERROGATORIO SUGERENTE.- (se transcribe).'.
"En otro orden de ideas, se descarta que la determinación de la Sala, desestimatoria de la condena al pago de los intereses moratorios, resulte violatoria de los artículos 2312 y 2313 del Código Civil derogado, por tratarse de disposiciones especialmente aplicables al contrato de mutuo con interés, que no se ven reproducidas por ninguno de los preceptos relativos al arrendamiento, en tanto que por disposición del artículo 1754, relativo a la forma de los contratos civiles en general, cada una de las partes se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse y, a su vez, el diverso artículo 1757 consigna la posibilidad de estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida, pero sólo como un derecho potestativo de las partes, de ahí que la condena de intereses no proceda en tanto no se demuestre que se estipularon en el contrato. Sobre el particular son atendibles las razones que informan la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, octubre de 1991, páginas 204 y 205, que dice: 'INTERESES MORATORIOS. NO SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LOS INTERESES ORDINARIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- (se transcribe).'.
"No resulta obstáculo para desestimar el concepto de violación en tanto, el hecho de que se aduzca infracción al diverso artículo 270, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que las razones de orden procesal que pudieran trascender a la condena por concepto de intereses a partir de la disposición mencionada no fueron propuestas a título de agravio en la apelación y dicha omisión, imputable al apelante, hoy quejoso, imposibilitó a la Sala para pronunciarse al respecto, ocasionando con ello que el órgano de control constitucional, a su vez, no esté en condiciones de hacerlo, atento el contenido de la tesis de jurisprudencia 175, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, página 121, del rubro y texto siguientes: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN.- Aun cuando el Juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atento la técnica del juicio de garantías.'.
"De acuerdo con los motivos de inoperancia y ante la falta de fundamento de los conceptos de violación en trato, no (sic) procede negar el amparo y protección solicitados.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo se resuelve:
"PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guillermo Ramos Solorio en contra de la autoridad y el acto que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.
"SEGUNDO.- Hágase la denuncia de contradicción de tesis en los términos propuestos en el considerando cuarto."
Con apoyo en dicha resolución, el Tribunal Colegiado emitió la siguiente tesis: "RENTAS, MONTO DE LAS. CORRESPONDE AL ARRENDADOR DEMOSTRARLO.- Una interpretación de la tesis jurisprudencial 67, publicada en el Apéndice de 1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 169, de la voz: 'ARRENDAMIENTO, PRUEBA DEL PAGO DE LAS RENTAS.', permite concluir que a la par que impone al inquilino la obligación de demostrar el pago de las pensiones rentísticas, en igual forma reconoce que será obligación del arrendador acreditar la existencia del contrato; de ello se sigue que también le corresponderá justificar el monto de las rentas por ser éste un elemento constitutivo del arrendamiento, según lo disponen los artículos 2316 y 2317 del Código Civil del Estado de Jalisco, al indicar que hay contrato de arrendamiento cuando las partes se ponen de acuerdo una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero o su equivalente.".
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 336/89, consideró lo siguiente:
"CUARTO.- El primer concepto de violación resulta inatendible en una parte e infundado en otra.
"Es inatendible el argumento relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 325, fracciones VII y VIII, 380, 381 y 389 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, pues el quejoso sólo aduce que lo dejaron sin defensa, pero sin expresar ningún razonamiento jurídico concreto encaminado a poner de relieve tal indefensión, atento lo exigido por el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo.
"En otro aspecto, carece de razón el quejoso al esgrimir que no se aportó al procedimiento natural la constancia del aviso sobre el deseo del actor de dar por terminado el contrato inquilinario que los unía, pues del examen de las diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, que en copia fotostática certificada el Juez responsable acompañó a su informe justificado, se advierte la existencia del acto relativo a la diligencia de fecha seis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en la que consta que el actuario adscrito al citado juzgado notificó personalmente al inconforme la voluntad del ahora tercero perjudicado de dar por terminado el arrendamiento que tenían concertado. Más aún, en el auto de doce de septiembre del mencionado año, por el que se admitió a trámite la demanda que dio origen al juicio de donde proviene la sentencia reclamada, se hace constar que el actor acompañó, entre otros documentos, la copia fotostática certificada en cuestión.
"También es infundado que la solicitud, origen de las mencionadas diligencias de jurisdicción voluntaria, no contiene la firma autógrafa del actor Víctor Alanís Silva, puesto que de la simple observación de esa promoción se advierte lo contrario.
"En otra parte, es inoperante el argumento consistente en que la diligencia de emplazamiento es nula por no reunir los requisitos consignados en los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, pues como el quejoso produjo en el juicio natural oportunamente su contestación a la demanda, los posibles vicios que pudieran haberse cometido al efectuarse el citado emplazamiento estarían purgados, de acuerdo con las tesis relacionadas con la jurisprudencia número 137, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 404 y 405 de la Cuarta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dicen: 'EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL, EN CASO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.- Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, también lo es que dicho precepto debe ser interpretado en el sentido de que la excepción a que alude, respecto de la no revalidación de la nulidad por defecto en el emplazamiento, únicamente tiene lugar cuando por motivo del defectuoso emplazamiento, se deja en estado de indefensión al demandado, por tener éste oportuno conocimiento del juicio; pero de ninguna manera puede estimarse que el demandado queda en estado de indefensión, cuando contesta en tiempo la demanda, pues al hacerse sabedor de la existencia del juicio entablado en su contra y salir oportunamente al mismo en defensa de sus derechos, los vicios de que pudo haber adolecido el emplazamiento quedaron purgados, toda vez que ello implica que la mencionada actuación cumplió con su cometido principal, que es hacer saber a los demandados la existencia del juicio para que si lo estiman conveniente, salgan oportunamente al mismo a defender sus derechos.' y 'EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL, EN CASO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- Si los quejosos contestaron en tiempo la demanda, los vicios de que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, puesto que al cumplir con su principal cometido dicha diligencia, que fue el de hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra, no se dejó al quejoso en estado de indefensión.'.
"El segundo concepto de violación es infundado.
"No es verdad que en la cláusula tercera del contrato base de la acción se contenga la renuncia del actor a la facultad que le otorga el artículo 2372 de dar por concluido el arrendamiento, pues del examen de dicha cláusula se advierte que lo que se pactó fue que el contrato podría darse por terminado a voluntad de cualquiera de las partes contratantes previo aviso por escrito con treinta días de anticipación. Luego entonces, no era menester el consentimiento del quejoso para que se diera por concluido el arrendamiento.
"El tercer concepto de violación es inatendible en una parte e infundado en otra.
"Es inatendible en cuanto se aduce que el Juez responsable fue parcial al valorar las pruebas del actor, pues el quejoso no razona su afirmación.
"Es infundado, porque no le desecharon al quejoso las pruebas que ofreció en apoyo de sus excepciones, pues mediante auto de veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez responsable admitió todos y cada uno de los elementos de convicción que el promovente ofreció de su parte (31 a 33).
"El cuarto concepto de violación resulta inoperante.
"La circunstancia de que la sentencia reclamada ordene la desocupación de la finca marcada con el número 1517 de la calle Ayutla, de la colonia Nuevo Repueblo, de esta ciudad (este domicilio se señala tanto en la demanda inicial del juicio natural como en el contrato base de la acción), y que la casa que habita el quejoso, según afirma, a dicho número 1517 está agregada la letra 'A', es una cuestión que no puede ser examinada en el presente juicio de garantías, pues en la contestación a la demanda se adujo (sic) que la finca cuya desocupación y entrega exigía el actor, aquí tercero perjudicado, no fuera la misma que ocupaba el demandado; luego entonces, lo que argumenta resulta ajeno a la litis natural, y de ahí su inoperancia.
"Finalmente, el quinto concepto de violación es infundado.
"Las diligencias de consignación de renta promovidas por el quejoso ante el Juez Tercero Menor Letrado de esta ciudad, fueron debidamente valoradas, pues en el considerando cuarto de la sentencia reclamada se estableció que de tales probanzas se desprendía que se habían consignado las pensiones rentarias hasta el mes de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, motivo por el cual, en concepto del Juez responsable, la condena al pago de las pensiones rentarias debía ser a partir del mes de octubre siguiente.
"Tampoco asiste razón al inconforme en lo que alega, en el sentido de que el actor no aportó ninguna prueba que acreditara que al incoarse la acción rescisoria el monto mensual de las pensiones rentarias era de sesenta mil pesos, pues tal evento no era necesario, ya que al quejoso correspondía probar que las pensiones mensuales se habían pactado por una cantidad menor, tal y como lo adujo en la contestación a la demanda. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del rubro: 'ARRENDAMIENTO. PRUEBA DEL PAGO DE LAS RENTAS.', sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 67, en la página 169 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, el contrato de arrendamiento exhibido en un juicio sobre rescisión por falta de pago de las pensiones adeudadas, es la prueba de la existencia de la obligación del inquilino de pagar sus rentas desde la fecha del contrato, ya que éste es, en sí mismo, la prueba fundamental del derecho para exigir las pensiones pactadas, y basta que el actor demuestre la existencia del contrato y que afirme la falta de pago de las pensiones, para que proceda tramitar tanto la acción rescisoria como la de pago de todas las rentas desde la fecha del contrato, y al inquilino incumbe demostrar que hizo los pagos, puesto que exigir tal prueba al arrendador equivaldría a obligarlo a probar una negación. Teniendo, pues, la carga de probar el pago de las rentas, es concluyente que también la tendrá para probar su monto cuando haya controversia sobre ese punto, ya que lo primero lleva implícito lo segundo.
"Sin embargo, supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que con las diligencias de consignación de rentas promovidas por el quejoso ante el Juzgado Tercero Menor Letrado de esta entidad y que aportó al procedimiento natural, se prueba que el monto mensual de las pensiones rentarias era por la cantidad de treinta mil setecientos cincuenta pesos. En efecto, en el expediente relativo a dichas diligencias de consignación de rentas consta que en fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (12 días ante de incoarse la acción rescisoria) el actor compareció personalmente ante el aludido Juzgado Tercero Menor Letrado y recibió de entera conformidad cinco billetes de depósito que por la cantidad de treinta mil setecientos cincuenta pesos cada uno, había consignado el aquí quejoso a su favor por concepto de las pensiones rentarias correspondientes a los meses de abril a agosto de mil novecientos ochenta y ocho, lo que constituye una aceptación de que al momento de incoarse la acción rescisoria el monto mensual de las pensiones rentarias correspondía a la citada cantidad. Por tanto, la determinación del Juez responsable de condenar al quejoso a pagar las pensiones rentarias vencidas y que se siguieran venciendo a partir del mes de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, a razón de sesenta mil pesos mensuales, viola, en perjuicio del inconforme las garantías individuales consignadas por los artículos 14 y 16 constitucionales.
"En estas condiciones, procede otorgar al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que el Juez responsable, en relación con la condena relativa al pago de las pensiones rentarias vencidas y que se sigan venciendo a partir del mes de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, dicte una nueva resolución en la que decrete que tales pensiones deben ser a razón de treinta mil setecientos cincuenta pesos mensuales."
Con base en la sentencia transcrita, el Tribunal Colegiado de referencia sostuvo la tesis siguiente:
"ARRENDAMIENTO. PRUEBA DEL MONTO DE LA RENTA.- Como de acuerdo a la jurisprudencia del rubro 'ARRENDAMIENTO PRUEBA DEL PAGO DE LAS RENTAS.', sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 67, a página 169, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, en los juicios de rescisión por falta de pago de las pensiones adeudadas, el inquilino tiene la carga de probar el pago de las rentas, es concluyente que también la tendrá para probar su monto, cuando haya controversia sobre ese punto, ya que lo primero lleva implícito lo segundo."
TERCERO.- Las transcripciones de las tesis de referencia, así como de las ejecutorias en que se sustentan, ponen de manifiesto la contradicción denunciada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, pues mientras que este órgano jurisdiccional sostiene, en esencia, que al arrendador le corresponde justificar el monto de las rentas por ser éste un elemento constitutivo del arrendamiento, según lo disponen los artículos 2316 y 2317 del Código Civil del Estado de Jalisco, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito considera lo contrario, o sea, que el inquilino (arrendatario) al tener la carga de probar el pago de las rentas, es concluyente que también debe acreditar su monto cuando haya controversia sobre ese punto, ya que lo primero lleva implícito lo segundo.
CUARTO.- De la contraposición de criterios se observa que los Tribunales Colegiados de Circuito que los emiten analizan el problema jurídico, a saber, cuando existe controversia sobre el monto de las pensiones rentísticas derivadas del contrato de arrendamiento, a quién de las partes, es decir, al arrendador o al arrendatario, le corresponde probarlo, a la luz de los ordenamientos y disposiciones diferentes; por ende, por razón de método, en primer lugar, cabe precisar, que los preceptos en que se apoyaron los tribunales para examinar la cuestión jurídica mencionada sí son coincidentes, como enseguida se verá, de ahí que es procedente que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aboque al estudio de la contradicción de tesis de que se trata a fin de establecer cuál de los dos criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en cita, que motivan la denuncia formulada, es el que debe prevalecer.
Los preceptos 223 y 224 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, de similar contenido, en su orden, textualmente establecen:
"Artículo 223. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero sólo cuando el actor pruebe los hechos que son el fundamento de su demanda, el reo está obligado a la contraprueba que demuestre la inexistencia de aquéllos, o a probar los hechos que sin excluir el hecho probado por el actor, impidieron o extinguieron sus efectos jurídicos."
"Artículo 224. El que niega sólo está obligado a probar:
"I. Cuando su negación no siendo indefinida envuelva la afirmación de un hecho, aunque la negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepción.
"Los Jueces en este caso no exigirán una prueba tan rigurosa como cuando se trate de un hecho positivo, pero sin dejar de observar el artículo 387;
"II. Cuando desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante."
Por otra parte, los artículos 286 y 287 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, respectivamente, disponen:
"Artículo 286. El actor debe probar los hechosconstitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."
"Artículo 287. El que niega sólo estará obligado a probar:
"I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
"II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;
"III. Cuando se desconozca la capacidad;
"IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción."
La transcripción de los preceptos de los invocados ordenamientos legales ponen de manifiesto que, en cuanto al tema de la distribución de la carga de la prueba, coinciden en establecer el principio general de que el peso de la prueba recae sobre el que afirma el hecho y no sobre quien lo niega, a no ser que implique una afirmación expresa.
Precisado lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es oportuno traer a colación algunos puntos importantes acerca del derecho probatorio y la forma de operar de acuerdo con la ley positiva que rige en nuestro país.
La carga procesal se define como una situación jurídica instituida en la ley, que consiste en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él.
En este sentido, la noción de carga se diferencia claramente del derecho; en tanto que el derecho a realizar un acto de procedimiento es una facultad que la ley otorga al litigante en su beneficio (facultad de contestar la demanda, de producir prueba), la carga es una conminación o compulsión a ejercer el derecho.
Desde este punto de vista, carga de la prueba quiere decir, en primer término, en un sentido estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos.
La ley, en algunos supuestos, distribuye por anticipado entre los contendientes la fatiga probatoria, señala expresamente al actor o demandado las circunstancias que han de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas en el juicio.
Pero en segundo término, casi siempre en forma implícita porque no abundan los textos expresos que lo afirmen, la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas; el litigante puede desprenderse de esa peligrosa suposición si demuestra la verdad de aquéllas.
Es así que la carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que, quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito, y puede quitarse esa carga de encima probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley le señala.
Las premisas descritas conducen a establecer, como principio fundamental, que aquel que afirma está obligado a probar, esto es, el que toma la iniciativa en la contienda judicial, a quien se designa con el nombre de actor, debe probar la existencia del derecho que afirma tener, y aquel a quien se exige el cumplimiento de una obligación, se llama demandado o reo, debe probar a su vez el hecho en el cual funda su defensa.
Es consecuencia del principio relatado, que el que niega no está obligado a probar sino en el caso en que su negativa importe la afirmación de un hecho.
El primero de los principios expuestos tiene aplicación, aun cuando se trate de hechos negativos, porque negar un hecho es afirmar otro en contrario, por ejemplo, negar que Jorge otorgó libremente su consentimiento para la celebración de un acto jurídico, es afirmar que se ha ejercido sobre él coacción o violencia, hecho susceptible de ser probado.
La regla fundamental que sirve para determinar a quién incumbe la obligación de la prueba, reposa sobre la presunción que la razón y la lógica sugieren, según la cual todo hombre se reputa libre de todo vínculo jurídico, porque la libertad es el estado normal de los hombres, y se reputan sus bienes libres de toda responsabilidad, por la misma causa.
En otros términos, de acuerdo con la mencionada regla, reporta la carga de la prueba aquel de los litigantes que trata de invocar el estado actual y normal de las cosas o de una situación adquirida, de otra manera se cometería un atentado contra la justicia y la ley, imponiendo esa carga al que invoca en su defensa la situación jurídica en que se encuentra.
Algunos doctrinarios han coincidido en clasificar tres tipos de defensas que el demandado puede oponer al actor: a) oponer una defensa negativa, negando en todo o en parte el acto jurídico que es el fundamento de la acción; b) oponer una defensa positiva, oponiendo al hecho alegado y probado por el actor otro hecho del que resulte la extinción del derecho de aquél; c) alegar una excepción, oponiendo al derecho del actor otro derecho que lo haga ineficaz en todo o en parte.
Estos principios son los que en la actualidad rigen y los que sirven para determinar a quién incumbe la carga de la prueba mediante las reglas que han merecido la sanción de la ley:
1. El que afirma está obligado a probar y,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4618-8eeab03b/renta-el-monto-de-la-estipulado-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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