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Modo: Corpus Pro

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA RESPONSABILIDAD DIRECTA E ILIMITADA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY RELATIVA, SE ACTUALIZA SI SE ACREDITA QUE EL FUNCIONARIO ES EMPLEADO DEL BANCO Y QUE REALIZÓ LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN AUN CUANDO NO SE DEMUESTRE QUE FUE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/97. · Registro digital (IUS): 5624
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, , Pág. 175.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 6435/96, promovido por Rogelio Gutiérrez Díaz, sustentó el siguiente criterio:

"SEGUNDO.-Son ciertos los actos reclamados de la Sala responsable, porque así lo reconoce en su informe justificado y porque de las actuaciones originales que remitió para justificarlo se advierte la existencia de la resolución reclamada.-TERCERO.-La sentencia reclamada sustenta las siguientes consideraciones: ‘II. Los tres primeros agravios expresados por los actores, los cuales se estudian en conjunto por su relación, resultan parcialmente fundados, pero inoperantes para revocar la sentencia recurrida, pues si bien es cierto que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1302 y 1304 del Código de Comercio, el valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez, quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los cuales ha versado, cuando no haya por lo menos dos testigos en quien concurran las circunstancias que enumera el primero de dichos preceptos, y que un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes personalmente convengan en pasar por su dicho, supuestos que no se dan en el presente caso, razón por la cual el a quo indebidamente le dio valor al testimonio de la testigo singular María del Carmen Badillo Vargas, argumentando que su testimonio resultaba de los recibos exhibidos por el actor como base de su acción. Sin embargo, como dicha prueba fue ofrecida por la demandada y a la parte actora le corresponde la obligación de probar su acción, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, resulta irrelevante la declaración de tal persona, dado que los hoy apelantes para probar sus afirmaciones únicamente ofrecieron y desahogaron como prueba, la documental consistente en ocho recibos para acreditar, según ellos, el importe total de las inversiones efectuadas en la institución demandada en las fechas que aparecen en los recibos señalados; la comunicación privada de veintitrés de enero de 1991 del Banco BCH al licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, en la cual se comunica por el banco que no existe ningún antecedente de operaciones a nombre del señor Rogelio Gutiérrez Díaz; las presuncionales y la instrumental de actuaciones, así como la cesión de derechos y reconocimiento de adeudo de veintiuno de febrero de 1990, suscrito por Rodolfo Gutiérrez Díaz y Octavio Sánchez Montes de Oca, relacionados con la venta de la bodega y estacionamiento de la central de abastos de Iztapalapa, con las cuales no se demuestran la entrega de dinero al banco demandado por las inversiones y en las fechas especificadas en la demanda, en los términos precisados por el a quo. Los hoy apelantes no exhibieron ningún contrato celebrado entre las partes, y solamente en el recibo número 98732 se menciona que el mismo se relaciona con el contrato de comisión mercantil 17-143-4, cuya existencia no se demostró, pues la demandada negó su celebración; porque los recibos exhibidos fueron objetados, en virtud de que de los mismos no se deriva la circunstancia de que consta una entrega de dinero; porque sólo demuestran una instrucción girada al banco para la compra de instrumentos financieros cuya duración y rendimiento lo señala el comitente; porque en ninguno de los recibos obra la firma de comisión mercantil y porque los recibos tienen una nota de que no serán válidos, si no llevan el sello y firma de la cajera, de tal manera que las mismas se desprenden de los propios recibos presentados y, por lo tanto, como fueron objetados, para que hicieran prueba plena, debieron perfeccionarse mediante otras pruebas y como los hoy apelantes no lo hicieron, resulta obvio que no probaron la acción ejercitada, con mayor razón si los recibos exhibidos son copias fotostáticas y no los originales. Resulta inexacto que al no contar los recibos con la firma y el sello del cajero, se estaría en presencia de una invalidez, la cual hubiera tenido que invocarse por el banco demandado contrademandando la nulidad de los documentos, como se argumenta en los agravios, mediante una interpretación muy subjetiva, pues no es necesario que el juzgador decretara la nulidad de tales documentos para privarlos de valor, dado que los mismos son documentos privados, que fueron objetados y cuyo contenido no fue perfeccionado, ni adminiculado con otras pruebas y, por lo tanto, es falso que el banco al no pedir su nulidad, les haya dado valor, pues la carga de la prueba de las afirmaciones efectuadas en la demanda le correspondía al actor conforme a lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, quien al haber objetado los recibos exhibidos debió perfeccionarlos con otras pruebas, en cumplimiento de la jurisprudencia invocada por el a quo, dado que el mismo estimó que los recibos exhibidos por los recurrentes, dada la objeción, eran insuficientes para acreditar la acción y no que dichos recibos eran inválidos y nulos como se alega en los agravios, razón por la cual, resultan inexistentes las violaciones alegadas. Los hoy apelantes no demostraron las entregas de dinero mencionadas en la demanda y, por lo tanto, no pueden alegar a su favor la aplicación del artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues los recibos no tienen el sello y el recibo de la cajera del banco y, por lo tanto, de acuerdo con la leyenda que los mismos contienen, no tienen ningún valor y, por lo tanto, no puede hablarse de que las instituciones de crédito, responden directa e ilimitadamente de los actos realizados por sus funcionarios y empleados en el ejercicio de sus funciones, pues dichos recibos no fueron expedidos conforme a derecho, por alguien autorizado y en cumplimiento de un contrato; además de que la acción principal ejercitada se refiere al pago total de las inversiones y la aplicación del artículo 91, se refiere al pago de daños y perjuicios, los cuales no se precisaron específicamente y tampoco se demostraron, y como no son consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de alguna obligación existente entre las partes, resultan improcedentes. El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles que invoca como violado, resulta inaplicable al presente juicio, dado que el Código de Comercio tiene su propio sistema de valoración de pruebas, como lo son los artículos 1287 a 1306 del Código de Comercio. Tal como se precisó con anterioridad, las objeciones se desprenden de los propios documentos y las mismas se efectuaron desde el escrito de contestación a la demanda. El hecho de que los hoy apelantes tuvieran recursos económicos, no demuestra que efectivamente hayan efectuado las inversiones mencionadas en la demanda, y la comunicación enviada por el banco al licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, únicamente demuestra que según el banco no existen a nombre del señor Rogelio Gutiérrez Díaz antecedentes de operaciones realizadas con el banco, y si bien el a quo no valoró la documental ofrecida mediante escrito de veinte de septiembre de 1995, esta Sala supliendo la omisión cometida precisa que la misma no tiene ningún valor conforme a lo dispuesto por el artículo 1297 del Código de Comercio, por tratarse de una copia fotostática simple, sin firma, de tal manera que es falso que mediante tal documento se acredite que el señor José Gutiérrez Sánchez fue inversionista del banco, como se alega en los agravios, siendo pertinente relatar que los recurrentes hablan en tiempo pasado.-III. El cuarto agravio no tiene relación con la sentencia definitiva, dado que se refiere a una supuesta violación de procedimientos ajena a la sentencia definitiva y que es motivo de estudio en el diverso toca 1560/96, de tal manera que sobre el particular deberá estarse a lo ahí resuelto.-IV. El quinto agravio resulta igualmente infundado, toda vez que no existen hechos conocidos de los que puedan deducirse hechos desconocidos, que lleven al juzgador a la convicción de que efectivamente la parte actora realizó una inversión en el banco, dado que no exhibió ningún contrato, y es de explorado derecho que tal acto jurídico es el primer paso necesario para establecer los derechos y obligaciones entre las partes, los recibos fueron objetados, no tienen el sello y firma de la cajera y la acción ejercitada no se refiere a la responsabilidad del banco, por sus empleados, funcionarios o factores, sino por una inversión que no se demostró, razón por la cual las presunciones legales y humanas no operan a favor de los recurrentes, ni la instrumental de actuaciones, dado que no existen elementos que apoyen sus afirmaciones.-V. Siendo infundados los agravios procede confirmar la sentencia impugnada, condenando al apelante (sic) al pago de costas de ambas instancias con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio.’.-CUARTO.-Los conceptos de violación que expresan Rogelio Gutiérrez Díaz y José Gutiérrez Sánchez se sintetizarán y analizarán simultáneamente, estudiándose en primer término el segundo motivo de inconformidad por aducirse en él transgresiones a las leyes del procedimiento.-Dicen los quejosos que la autoridad responsable se abstiene de entrar al estudio de la violación procesal que se encontraba pendiente de resolver en el diverso toca 1560/96, la cual consiste en la transgresión de lo dispuesto por el artículo 402 en relación con los artículos 288, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles. Señalan que el Juez del conocimiento declaró improcedente el incidente de tachas que promovieron en contra de la declaración rendida por María del Carmen Badillo Vargas, estimando que la Juez del conocimiento no llevó a cabo una correcta valoración de esa prueba, en virtud de que del oficio que envió el reclusorio femenil al juzgado de origen se desprende que no estuvo completo, porque se debió haber requerido a los Jueces Trigésimo Cuarto Penal y Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, para que remitieran copia certificada de los expedientes referentes a los procedimientos penales que se siguen en contra de esa persona, como lo solicitaron al darles vista con el oficio de la directora del reclusorio, a pesar de que el juzgado gozaba de la facultad de requerir a las autoridades para que proporcionaran la información y documentación solicitada; por lo que consideran falso que los quejosos no hayan acreditado sus aseveraciones, sino más bien fue la Juez la que les impidió probarlas; señalan también que el estudio de lo antes apuntado fue resuelto en la sentencia de trece de septiembre de mil novecientos noventa y seis por la Sala del conocimiento, en la que infundadamente se resolvió confirmar el auto recurrido, lo que se traduce en una violación procesal que trasciende al resultado del fallo.-Este concepto de violación es inoperante, toda vez que al combatir los quejosos la sentencia de trece de septiembre del año en curso, pronunciada por la Sala responsable en el toca 1560/96, en la que resolvió el recurso de apelación que interpusieron contra el auto de ocho de febrero del presente año, a través del cual el Juez natural determinó no acceder a la petición de los actores respecto a la prueba que ofrecieron para acreditar la tacha de la testigo María del Carmen Badillo Vargas, únicamente se limitan a precisar que la ad quem responsable infundadamente confirmó el auto recurrido, lo que se traduce en una violación procesal, en virtud de que el oficio que envió el reclusorio femenil al Juez del conocimiento resultó incompleto por las razones que señalan; pero no impugnan las argumentaciones del tribunal de alzada vertidas en ese toca, que sustancialmente consistieron en que esa prueba ‘... se desahogó en los términos del informe rendido por dicha directora (del reclusorio), del que se desprende que la misma dio cumplimiento a la información que se le solicitó y si no remitió la copia certificada de los autos que integran las causas penales, se debió a que manifestó que no contaba con dichas copias e información, de tal manera que existe una imposibilidad material para hacerlo y como ya concluyó el término de prueba y el presente juicio es mercantil, no es posible ordenar el desahogo de tal prueba, sea o no la misma, tanto lo dispuesto por el artículo 1201 del Código de Comercio.’; agregando el tribunal de alzada que ‘... los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, le conceden al juzgador una facultad, pero no lo obligan a desahogar pruebas contra derecho y en contra de disposiciones expresas del Código de Comercio’ y que ‘como además ya se dictó sentencia definitiva y se determinó que los hoy apelantes no probaron su acción, resultaría ocioso ordenar el desahogo de una prueba en un incidente de tachas que no influyó en el resultado del estudio de la acción principal.’.-Los quejosos debieron exponer para ello un conjunto de razonamientos jurídicos que permitieran a este tribunal de amparo determinar si la referida Sala actuó en forma contraria a derecho, lo que no hicieron; de tal suerte que esta omisión conduce a calificar el concepto de violación que se analiza como inatendible por inoperante, atento a lo que dispone la jurisprudencia número 699 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dispone lo siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES SI NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO.’ (La transcribe).-QUINTO.-En el primero y tercero conceptos de violación sustentan los quejosos que se cometieron diversas violaciones por el Juez del conocimiento, al otorgarle pleno valor probatorio a la prueba testimonial de un solo testigo, no reuniendo los requisitos de idoneidad, probidad e imparcialidad, porque no obstante que Banco BCH, S.A. (actualmente Banco Unión, S.A.), reconoció que la persona que suscribió los recibos base de la acción era funcionaria de la institución demandada, el Juez consideró que no era aplicable el artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, además de que no expuso los fundamentos de valoración jurídica de la totalidad de las pruebas ofrecidas en juicios; y la Sala responsable en el considerando segundo de su sentencia intenta justificar la supuesta parcial fundamentación de los agravios que refiere, precisando los quejosos en torno a lo sustentado por la ad quem, que no es cierto que la prueba testimonial resulte irrelevante, porque el Juez del conocimiento la calificó de importante, porque con ella la institución demandada pretendió acreditar las objeciones e impugnaciones que hizo de los documentos base de la acción, además de que la autoridad responsable no entra al estudio de la violación al artículo 1303 del Código de Comercio, transgresión que es suficiente para dejar sin valor probatorio a ese medio de convicción, porque el Juez no tomó en consideración que se trataba de un testigo parcial, careciendo de probidad por estar cumpliendo una condena por delito patrimonial, habiendo prestado sus servicios como funcionaria de la institución demandada.-Señalan que para la ad quem las pruebas que ofrecieron fueron insuficientes para demostrar su acción, considerando en relación con lo anterior que sí acreditaron la acción que intentaron, pero que por la forma en que se dieron los hechos que motivaron el juicio, no es posible material ni jurídicamente aportar otro tipo de pruebas, pues hay que tomar en cuenta que el contrato de comisión mercantil celebrado fue verbal, no habiendo sido ratificado por escrito como consecuencia de los hechos que se presentaron y que obligaron al banco deudor que despidiera a su empleada, pero sin que incida en la validez del contrato, porque el artículo 78 del Código de Comercio establece que la validez de un acto comercial no depende de la observancia de formalidades o requisitos determinados; indican asimismo que la Sala del conocimiento no toma en cuenta que el dinero que se le entregó a la institución lo hicieron en efectivo, y que como constancias de su recepción se les expidieron los recibos que aportaron como documentos básicos de la acción, y que si se objeta su validez es imposible probar la entrega del dinero en efectivo; aducen respecto a la nulidad de los recibos, que la interpretación de la Sala responsable carece de sustento, porque se trata de documentos privados que pueden ser objeto de nulidad por la ausencia o imperfección de elementos esenciales o de forma que pueden convalidarse, y si en el caso concreto su contraparte objetó los recibos porque carecían de la firma del cajero, se está ante la carencia de un requisito de forma que puede ser convalidable, más aún si el interesado no promovió su nulidad por vía de acción o excepción, la cual estaba obligada a promover conforme a los precedentes jurisprudenciales cuyos rubros señalan lo siguiente: ‘ACTOS JURÍDICOS, NULIDAD POR FALTA DE FORMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUERRERO).’ y ‘NULIDAD. DEBE SIEMPRE INVOCARSE POR VÍA DE ACCIÓN O EXCEPCIÓN.’. Continúan señalando que la autoridad responsable considera inaplicable el artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero si bien es cierto que los recibos correspondientes no contienen la firma del cajero sí tienen el sello de dicho banco y la firma de la que fue subdirectora del mercado de dinero de esa institución bancaria, y que era competente en lo que respecta a comisiones mercantiles; que tampoco se puede afirmar que los recibos no se expidieron conforme a derecho por la leyenda que se encuentra incluida en ellos, porque en materia de convenciones mercantiles la validez de los actos no depende de la observancia de formalidades o requisitos determinados, tal como lo establece el artículo 78 del código mercantil; y de ubicarse en el supuesto contrario, estarían en presencia de un requisito de forma que origina la nulidad relativa, que si no es promovida convalida el acto; precisan que no es obligación de quien acude a un banco que requiera a los funcionarios con quienes trata, que demuestren sus facultades, y mucho menos cerciorarse de su calidad moral, probidad y honradez, porque se contrata con la institución de crédito y no con el funcionario en lo personal; asimismo, la autoridad responsable le niega valor probatorio al escrito de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que ofrecieron como prueba, lo que es incorrecto porque si ofrecieron esa probanza no obstante que carecía de firma, fue porque así acostumbra extenderlos el banco demandado.-Estos motivos de inconformidad son en parte inatendibles y en parte infundados.-Son inatendibles porque los quejosos impugnan en su demanda de garantías la valoración que el a quo le otorgó a la prueba testimonial que ofreció Banco BCH, S.A. (ahora Banco Unión) a cargo de María del Carmen Badillo Vargas, pues no es el acto de esa autoridad el que puede ser objeto de estudio en el presente juicio de garantías, sino exclusivamente la sentencia que haya pronunciado el tribunal de alzada, porque a través de ella resolvió los agravios que hicieron valer los quejosos, constituyendo una sentencia definitiva, y que es la única que se puede impugnar en el juicio de amparo directo, de acuerdo con lo que señalan los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo.-Por otra parte, las consideraciones emitidas por la Sala responsable, en relación a los agravios que adujeron los inconformes en contra de la valoración que el a quo le otorgó a la prueba testimonial desahogada por María del Carmen Badillo Vargas, ninguna afectación les ocasiona a los quejosos en sus derechos individuales, ya que de las mismas se desprende que atendiendo a los motivos de inconformidad que le fueron planteados, le negó valor probatorio a ese atestado, al haberles indicado sobre el particular lo siguiente: ‘... si bien es cierto que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1302 y 1304 del Código de Comercio, el valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez, quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los cuales ha versado, cuando no haya por lo menos dos testigos en quien concurran las circunstancias que enumera el primero de dichos preceptos, y que un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes personalmente convengan en pasar por su dicho, supuestos que no se dan en el presente caso, razón por la cual el a quo indebidamente le dio valor al testimonio de la testigo singular María del Carmen Badillo Vargas, argumentando que su testimonio resultaba importante, porque se le atribuía la expedición de los recibos exhibidos por el actor como base de su acción ...’ (fojas 50 y 51).-Tampoco es factible considerar que se actualice alguna violación a los derechos constitucionales de los peticionarios de garantías, por la valoración que el tribunal de apelación le otorgó a los diversos medios de convicción que aportaron, ya que por lo que se refiere al contrato de comisión mercantil que dicen los quejosos celebraron con el banco tercero perjudicado, aun cuando se debe aceptar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 274 del Código de Comercio, éste se puede celebrar verbalmente, era necesario que se hubiese ratificado por escrito antes de que el negocio concluyera, por establecerlo así ese mismo dispositivo legal, lo que no sucedió, reconociéndolo los propios quejosos; no pudiendo considerarse que se haya probado la celebración de ese contrato y, como consecuencia, la existencia de alguna obligación a cargo de la institución de crédito para responder de las prestaciones que le son reclamadas por Rogelio Gutiérrez Díaz y José Gutiérrez Sánchez, con los diversos recibos que exhibieron (fojas 17 y 18), toda vez que fueron objetados por el banco enjuiciado (fojas 38 a 41), por las diversas razones que expuso en su escrito de contestación de demanda, las cuales la autoridad señalada como responsable consideró fundadas por desprenderse de los propios recibos, sin que los quejosos expongan algún motivo de inconformidad sobre ese punto de controversia, insistiendo únicamente en que su contraparte debió haber reclamado la nulidad de los recibos, lo que no hizo, quedando convalidados; argumento que tampoco puede estimarse fundado, porque bastaba que se objetaran para que el juzgador estuviera en aptitud de determinar si era fundada o no la objeción planteada, no siendo necesaria la exigencia de que se reclamara su nulidad, siendo por estos motivos que las tesis que transcriben los quejosos en su demanda de amparo son inaplicables; pues a mayor abundamiento, si el banco enjuiciado objetó los recibos exhibidos por los actores porque consideró que la firma que aparecía en ellos no correspondía a la de su cajera, sino a la de una empleada bancaria cuyas funciones eran diversas a las de aquélla, es indudable que no se está en presencia de un requisito de forma, el cual constituye un requisito de validez que para su observancia requiere que las partes externen su voluntad de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley, pudiendo ser ésta por escrito (en documento público o privado) o en forma consensual; sin que de la objeción planteada por la demandada se desprenda que ésta la hizo consistir en la falta de forma; no pudiendo tampoco considerarse que los demandantes hubieran acreditado la responsabilidad del banco enjuiciado, porque haya admitido que María del Carmen Badillo Vargas fue su empleada, ni porque los recibos que aportaron como documentos básicos de la acción hayan sido suscritos por aquélla y aparezca estampado el sello del banco, en virtud de que para que pudiera establecerse responsabilidad a cargo de éste, se requería, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, que los actos llevados a cabo por María del Carmen Badillo Vargas, y que dieron origen a la reclamación de los quejosos, hubieran sido realizados por aquélla en cumplimiento de sus funciones, lo que no acontece por haber demostrado la tercera perjudicada que carecía de atribuciones para celebrar contratos de comisión mercantil con sus clientes, limitándose sus funciones a verificar que se cumplieran los programas y estrategias implantados por la Dirección del Mercado de Dinero, la de revisar y controlar que la compraventa de papel con las casas de bolsa fuera la requerida, y que las cifras correspondientes al cierre de las operaciones efectuadas fueran correctas, reportándolas a su jefe inmediato, comprobándose estas atribuciones del documento que describe su puesto (foja 97); de tal suerte que no pueden considerarse como satisfechos los supuestos exigidos por el artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que se pueda establecer alguna responsabilidad a la tercera perjudicada; debiendo tomarse en cuenta que no existe dato alguno que demuestre que María del Carmen Badillo Vargas, se encontraba facultada por el banco enjuiciado para recibir dinero por parte de los actores, no pudiendo afirmarse que por la sola circunstancia de ser funcionaria bancaria sí tuviera esa facultad, ya que el banco tercero perjudicado sólo estaría obligado a responder por los actos de su empleada si constara de manera evidente que expresamente la autorizó para el manejo de contratos de esa naturaleza, pero de las pruebas aportadas por los actores no quedó demostrada tal circunstancia, siendo a éstos a quien correspondía la carga probatoria; de ahí que si la citada funcionaria procedió de ese modo, ello sólo implicaría que actuó bajo su propio riesgo y sin ninguna responsabilidad para el banco, por no desprenderse que éste le tuviera encomendado ese tipo de actividades conforme a lo que dispone el artículo 321 del Código de Comercio, que establece: ‘Los actos de los dependientes obligarán a sus principales en todas las operaciones que éstos les tuvieran encomendadas.’; debiendo señalarse, que a diferencia de las facultades que corresponden al factor de algún establecimiento mercantil conforme al artículo 309 del Código de Comercio, quien por el solo hecho de serlo se encuentra capacitado para contratar a nombre de aquél respecto de todos sus negocios, por contar con un amplio control de la empresa o establecimiento; para el dependiente tales facultades se encuentran expresamente limitadas para realizar sólo aquellas funciones que le hubiere conferido su principal, y en el caso concreto María del Carmen Badillo Vargas sólo tenía dentro del banco demandado el carácter de mera dependiente y no de factor y, por lo tanto, sus atribuciones se encontraban establecidas de manera limitativa de acuerdo con el nombramiento que exhibió la tercera perjudicada, de manera que sólo cualquier actividad que desempeñare con motivo de ellas sería lo que pudiera obligar a la institución solidariamente frente a los quejosos, pero fuera de ellas ninguna otra más.-Por otra parte, debe señalarse que la valoración que le otorgó la Sala responsable al documento privado de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que exhibieron los amparistas mediante su escrito de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (fojas 244 a 246), es correcta, porque al carecer de firma no se le puede atribuir al banco demandado; por lo que acorde con todo lo señalado con anterioridad, debe arribarse a la conclusión de que la Sala responsable actuó apegada a derecho al pronunciar su sentencia.-Resta añadir que ninguno de los recibos exhibidos por los actores hace referencia específica al contrato de comisión mercantil que se debió haber celebrado, con excepción del recibo número 89,732, ni consta la firma de alguna cajera que es la única autorizada para recibir la sumas de dinero; de manera que la sola firma de María del Carmen Badillo Vargas no demuestra que tuviera facultades para recibirla o que la hubiera recibido en nombre de la institución bancaria, además de que los recibos de referencia no demuestran que los actores hicieron entrega al banco demandado de las sumas que en los mismos se mencionan, porque de su mismo texto se desprende que constituye sólo una orden para proceder a la compra de valores por cuenta y en representación de los quejosos, pero no que el dinero se hubiese recibido.-En este orden de ideas, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación expresados por los amparistas, debe negárseles la protección constitucional que reclaman."

TERCERO.-Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 348/95, promovido por Multibanco Mercantil Probursa, Sociedad Anónima, sustentó el siguiente criterio:

"PRIMERO.-Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c) de la Constitución Federal; 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo directo en el que se reclama una sentencia emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, que pertenece a este circuito.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó plenamente acreditada con los expedientes originales que el tribunal responsable remitió en vía de informe justificado, en donde aparece la sentencia que se combate de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-TERCERO.-La sentencia reclamada dice en su parte impugnada lo siguiente: ‘IV. Debido a la íntima relación que guardan entre sí los conceptos de agravio hechos valer por el recurrente, la Sala que revisa se ocupará de su estudio en forma conjunta por cuestión de orden práctico, arribando a la conclusión de que son infundados e inoperantes para el buen éxito de la alzada, en atención a lo que a continuac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5624-ef42ca67/instituciones-de-credito-la-responsabilidad-directa-e-ilimitada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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