ARRENDAMIENTO FINANCIERO. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES ARRENDADOS NO ES NECESARIO SOLICITAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver en el toca 564/97, interpuesto por la parte quejosa, derivado del juicio de amparo en revisión 169/97, pronunció la resolución que en la parte trascendental dice:
"Mérida, Yucatán. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, correspondiente al veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete.-Vistos ... QUINTO.-Los agravios que hace valer el recurrente contra el sobreseimiento decretado respecto de las autoridades ejecutoras, por lo que hace al acto relativo a la suspensión de operaciones de la aeronave objeto del contrato de arrendamiento financiero, son fundados pero inoperantes. Los que se enderezan para controvertir la negativa del amparo contra los actos inherentes al desposeimiento de dicho bien, son infundados. Por cuestión de método se estudiarán en primer término los acabados de mencionar. De manera previa es menester subrayar que la promovente del juicio constitucional reclamó la suspensión de operaciones de la aeronave marca Sabreliner, modelo NA-265-60, serie 306-42, matrícula XA-VEL, objeto de un contrato de arrendamiento financiero celebrado con la ahora tercero perjudicada, así como los actos de desposesión de dicha aeronave; atribuyó los mismos a la Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, como autoridad ordenadora; al comandante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, al director de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al jefe de la IV Región de Inspección Aérea y al jefe del Departamento de Inspección de Aeronáutica, dependiente de la mencionada secretaría de Estado, atribuyéndoles la calidad de autoridades ejecutoras. El Juez de Distrito negó el amparo por lo que hace a los actos de desposesión, con base en los argumentos contenidos en el considerando quinto del fallo recurrido, tanto el que se atribuyó a la ordenadora como los que se atribuyeron a las ejecutoras. Contra esa determinación del a quo, la recurrente aduce en su escrito de agravios que el Juez de amparo no estudió debidamente las constancias que se ofrecieron como prueba en el juicio de garantías, pues de ellas se advierte que la ahora tercero perjudicada al comparecer ante el Juez para promover juicio ejecutivo mercantil en su contra, en forma dolosa no hizo del conocimiento de la autoridad que respecto de la demandada, ahora quejosa, ya se había resuelto que se encontraba en suspensión de pagos, mediante sentencia de dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco dictada por la Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; que ello hacía improcedente el juicio ejecutivo porque el de suspensión de pagos es atrayente, máxime que la contraria ya había comparecido ante la Juez que resolvió acerca de la suspensión de pagos, lo que implica su sometimiento; que hasta la fecha la ahora quejosa no ha sido emplazada en el juicio ejecutivo mercantil. También aduce como agravios que el correcto estudio de las constancias de autos revela que no es aplicable el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que le sirvió de fundamento a la autoridad ordenadora de la detención del bien, porque de acuerdo con dicho precepto es procedente solicitar la posesión del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero únicamente cuando el arrendador opta por la rescisión del contrato, lo que no aconteció en la especie ya que la tercero perjudicada nunca demandó dicha rescisión, no obstante que debió hacerlo porque así se convino en la cláusula vigésima novena del contrato de referencia, de lo cual deriva la ilegalidad de la orden combatida en esta vía constitucional. Sustenta su argumento con el criterio contenido en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro: ‘ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES ARRENDADOS SÓLO PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.’. Se duele igualmente la recurrente de que el Juez de Distrito soslayó que la actora en el juicio ejecutivo mercantil debió más bien de acudir al juicio en que se decretó la suspensión de pagos de la peticionaria del amparo, porque respecto de dicho bien le fue transmitido el dominio, ya que el contrato aunque se denomine de arrendamiento financiero constituye en realidad una compraventa, según diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro agravio se hace consistir en que el resolutor federal de primer grado dejó de pronunciarse sobre temas controvertidos, tales como que la tercero perjudicada debe estar a las resultas del incidente que promovió en el juicio de suspensión de pagos; y que la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos tiene preeminencia sobre el juicio ejecutivo mercantil, por lo que las acciones posteriores a la sentencia dictada en el juicio de suspensión de pagos resultan violatorias de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sobre el particular, el a quo consideró que la orden de entrega de la aeronave objeto del contrato de arrendamiento financiero, dictada por la Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, no era violatoria de garantías, porque fue emitida con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que permite al arrendador, ante el incumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario, solicitar la posesión del bien en la vía ejecutiva; y siendo sólo una medida provisional dicho acto desposesorio, no es menester observar la garantía de previa audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional. Citó en apoyo de su razonamiento la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, AL PREVER, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARRENDATARIO, UNA MEDIDA CAUTELAR Y PROVISIONAL, NO ES INCONSTITUCIONAL AL NO CONSTITUIR UN ACTO PRIVATIVO DE NATURALEZA DEFINITIVA.’. Sostuvo el a quo, también, que no era fundada la pretensión de la quejosa respecto de que las acciones posteriores a la sentencia en el juicio de suspensión de pagos, deban acumularse a éste; porque ello sólo acontece cuando se reclama contra el suspenso el cumplimiento de obligaciones personales de la que responde con sus propios bienes, pero no comprende las reclamaciones de una prestación que debe satisfacer con bienes que tiene por virtud de un contrato mediante el cual no se le transfirió el dominio, como acontece con el arrendamiento financiero objeto del bien de que se trata; que el hecho de que la tercero perjudicada haya comparecido al juicio de suspensión de pagos, no implica sometimiento alguno, pues ello lo hizo para manifestar su inconformidad y pedir, en la vía incidental, la separación del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero, por no ser propiedad del ahora quejoso. Aquí, apoyó su razonamiento en las tesis cuyos epígrafes son: ‘SUSPENSIÓN DE PAGOS, ACUMULACIÓN EN LA.’ y ‘SUSPENSIÓN DE PAGOS. LOS BIENES PROVENIENTES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PUEDEN EXCLUIRSE DEL PROCESO DE.’. Ahora bien, lo que debe precisarse en primer lugar para el examen de los agravios, es el contenido y alcance del artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, pues ello constituye la premisa inicial para dicho estudio. Dicho precepto legal a la letra dice: ‘En los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento. El Juez decretará de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio, siempre que se acompañe el contrato correspondiente debidamente ratificado ante fedatario público y el estado de cuenta certificado por un contador de la organización auxiliar del crédito de que se trata, en los términos del artículo 47 de esta ley.’. En lo que aquí interesa, de la lectura de la primera parte de este artículo se advierte que el presupuesto para pedir judicialmente la posesión del bien, consiste en que la obligación se haga exigible por el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el contrato de arrendamiento financiero. Esto es, no se indica lo que debe pedir o reclamar judicialmente el arrendador cuando se está en el caso de que el arrendatario ha incumplido con las obligaciones a su cargo, o como específicamente, aduce la recurrente apoyándose en la tesis con el rubro: ‘ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES ARRENDADOS SÓLO PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.’, que se demande la rescisión del contrato y no el cumplimiento forzoso del mismo. Se sostiene lo anterior, porque al establecer el legislador la procedencia de la vía ejecutiva ante el incumplimiento del contrato por el arrendatario, señalando como medida cautelar que la posesión se otorgue al arrendador, se persigue como objetivo proteger el bien ante la posibilidad de su desaparición, ocultamiento o destrucción, en tanto se resuelve judicialmente en forma definitiva, lo cual tiene sentido porque es el propietario del bien y sólo ha concedido el uso o goce de la cosa, en términos del artículo 25 de la ley de la materia. Por otra parte, es inexacto que del propio contrato de arrendamiento financiero, de la cláusula vigésima novena, se desprenda que el arrendador sólo pueda optar por la rescisión del mismo para obtener la devolución del bien, pues de la lectura de la misma se observa que bajo el rubro de ‘ejercicio de acciones’ se establece la posibilidad del arrendador de optar por exigir el cumplimiento anticipado del contrato o por la rescisión del mismo, sin que se condicione la entrega del bien al ejercicio de alguna de ellas (foja 212). Esto es congruente con lo que establece la cláusula décima del contrato referida a la devolución de bienes arrendados, que remite a la cláusula relativa a la rescisión del contrato y establece a cargo de la arrendataria la obligación de devolver los bienes en cuanto fuere requerida para ello (foja 206); y a su vez la cláusula vigésima tercera que contiene las causas de rescisión, señala que las partes expresamente convienen que el presente contrato podrá ser resuelto o a elección de la arrendadora podrá exigirse su cumplimiento forzoso, si se incumpliere, entre otras, la obligación de pago (inciso ñ); concluyendo dicha cláusula con la siguiente leyenda: ‘La arrendadora podrá rescindir el presente contrato en el momento en que se origine cualquiera de las causales antes citadas o previstas en las leyes aplicables o, a su elección, exigir el cumplimiento forzoso. El hecho de no rescindir este contrato al presentarse alguna de las causales de rescisión, no implica su renuncia, ni aceptación en forma alguna.’ (foja 211). Lo anterior permite concluir que ni la ley ni el contrato objeto de estudio limitan la solicitud judicial del bien objeto del contrato del arrendamiento financiero, al ejercicio de una acción rescisoria, habida cuenta que, se reitera, la ley no lo establece de esa manera, y por otra parte, las partes contratantes convinieron en que ante el incumplimiento del contrato de marras, la arrendataria tiene la opción de rescindir o de exigir el cumplimiento forzoso del mismo, pudiendo solicitar, desde luego, la posesión del bien. Esta conclusión también permite disentir del criterio contenido en la tesis aislada que sustenta el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en que apoya sus argumentaciones el recurrente, con el rubro: ‘ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES ARRENDADOS SÓLO PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.’ (transcrita en las fojas 21-22 de esta resolución). En otro aspecto, en lo concerniente a que el Juez de Distrito consideró infundada la pretensión de la quejosa de que el acto reclamado que se estudia no es legal, porque las acciones posteriores a la suspensión de pagos decretada, son atrayentes al juicio respectivo; pues debido a la naturaleza del contrato de arrendamiento financiero no es válido sostener, como lo hace la inconforme, que se le transmitió la propiedad del bien objeto del contrato y por ello las controversias que sobre él se susciten tendrían que resolverse en el juicio de suspensión de pagos; por el contrario, cabe reiterar que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el arrendamiento financiero tiene por objeto la concesión del uso y goce temporal del bien arrendado, no puede hablarse de que exista, por consiguiente, la transmisión del dominio. Es importante señalar que el ahora recurrente deja intocada la consideración del a quo acerca de que la emisión del acto tendiente a la desposesión reclamada, por tratarse de una medida cautelar y provisional no hace operante que se cumpla con la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Respecto del diverso acto reclamado, que se hizo consistir en la suspensión de operaciones de la aeronave objeto del contrato de arrendamiento financiero, atribuido a diversas autoridades y acerca de las cuales el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías, se estima fundado pero inoperante lo aducido por la recurrente. Es verdad, resulta inconsistente la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que al advertirse del informe justificado de la ordenadora su inexistencia, no podía hacerse pronunciamiento acerca de los que se atribuyeron a las diversas autoridades ejecutoras no obstante haberlos reconocido. En efecto, la autoridad ordenadora, la Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, no hizo manifestación expresa en su informe pero remitió las constancias del expediente de origen en donde consta que ordenó la detención y entrega de la aeronave, girando oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección de Aeronáutica Civil, Departamento de Transporte Aéreo Nacional. Consta también que todas las autoridades ejecutoras reconocieron la ejecución de dicho acto, haciéndola consistir en la suspensión de operaciones de la aeronave de que se viene hablando. En particular, el comandante del Aeropuerto Internacional de esta ciudad de Mérida, reconoció haber ordenado la suspensión de operaciones en cumplimiento de la orden dada por el jefe de Departamento de Inspección de Operaciones, el director de Aeronáutica Civil, en principio negó el acto, pero a fojas 71 se encuentra un oficio donde informa a la Juez de origen que había sido ordenada ya la suspensión de operaciones; el jefe de Inspección de Operaciones y el de la Cuarta Región de Inspección, ambos reconocieron la certeza del acto reclamado. Sin embargo, a partir del reconocimiento y existencia concreta de esos actos de ejecución reclamados, inherentes a la suspensión de actividades de la aeronave mencionada, no puede accederse a la pretensión de la recurrente, esto es, a considerar que son inconstitucionales porque carecen de fundamentación y motivación, o bien porque se excedieron de lo ordenado por la Juez civil que conoció de la demanda ejecutiva, porque finalmente deben considerarse actos de ejecución dictados en cumplimiento de lo resuelto por la ordenadora, aun cuando ésta no se haya referido expresamente a la suspensión de operaciones, ya que ello resulta ser el presupuesto necesario para obtener la detención del bien y su entrega a la actora en el juicio ejecutivo, pues no puede perderse de vista la naturaleza del bien y el uso que tiene, ya que una aeronave está sujeta a diversas disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En suma, los actos de ejecución que se examinan al ser emitidos en cumplimiento del acto atribuido a la autoridad ordenadora, y no habiéndose reclamado por vicios propios, deben comprender la negativa del amparo decretada contra el acto de la ordenadora, consistente en la orden de detención y entrega de la aeronave objeto del contrato de arrendamiento financiero; y esto, conduce a revocar el sobreseimiento decretado por el Juez, y en cambio negar la protección constitucional solicitada."
TERCERO.-La resolución anterior dio lugar a la tesis: XIV.2o.70 C, visible en la página 765, del Tomo VII, de fecha marzo de 1998, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:
"-El artículo 33 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece: ‘En los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento. El Juez decretará de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio, siempre que se acompañe el contrato correspondiente debidamente ratificado ante fedatario público y el estado de cuenta certificado por un contador de la organización auxiliar del crédito de que se trata, en los términos del artículo 47 de esta ley.’. De la lectura de este precepto de la ley se infiere que, ante la omisión por parte del arrendatario de acatar las obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento financiero, sólo prevé la posibilidad de solicitar por la vía judicial la posesión de los bienes afectos al mismo, mas no que la pretendida devolución proceda únicamente en el caso de que se demande la rescisión del contrato, de ahí que si las partes no pactaron esta última condición, la orden de desposeimiento por parte de la autoridad con base en el precepto invocado no resulta contraria a derecho, cuenta habida que al señalar como medida cautelar que la posesión se otorgue al arrendador, se persigue como objetivo proteger el bien ante la posibilidad de su desaparición, ocultamiento o destrucción, en tanto se resuelve jurídicamente en forma definitiva y no que el acuerdo de voluntades sea rescindido."
CUARTO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 5235/96, el cual fue recurrido por la parte actora, en lo relevante sostuvo lo siguiente:
"México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa y seis. Vistos ... QUINTO.-En el primer concepto de violación, el apoderado legal de la sociedad quejosa, argumenta que la Sala responsable infringió en perjuicio de su representada lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, porque no agotó el principio de exhaustividad de las sentencias que previene dicho numeral, al no haberse pronunciado, conforme a los agravios de apelación, respecto de la solicitud del reclamo de su mandante, en relación a la entrega de los bienes materia del contrato de arrendamiento financiero base de la acción; asimismo, el ad quem transgredió el fondo de la litis planteada en el juicio natural, al apartarse de sus límites y apoyarse en razonamientos que no fueron planteados como excepciones por la parte demandada ahora tercera perjudicada.-Tal alegato es infundado, porque no es cierto que la Sala responsable infrinja en perjuicio del mandante el precepto legal que menciona, pues por lo que se refiere a que el ad quem no se pronunció con respecto a la solicitud de su representada en relación a la entrega de bienes materia del contrato de arrendamiento financiero del texto de la sentencia reclamada aparece que el tribunal de alzada, acorde con el examen que realizó del agravio planteado por el apoderado de la sociedad apelante ahora quejosa, determinó que no era legalmente posible declarar procedente la prestación marcada con el inciso e), del capítulo respectivo de la demanda inicial, consistente en la entrega inmediata de la posesión de los bienes objeto del contrato de arrendamiento financiero, así como la documentación y elementos de control y registros oficiales de los bienes que constituyeron el objeto del contrato, en virtud de que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la facultad de pedir la posesión de los bienes arrendados está otorgada exclusivamente para el caso de que la arrendadora demande la rescisión del contrato, ante el incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, ya que de esa manera se da por terminado el contrato y se obtiene de inmediato, en la vía ejecutiva mercantil, la entrega de los bienes dados en arrendamiento, pues de otra manera, se le cobra el costo anticipado del financiamiento, y por tales motivos, resultaba procedente confirmar la sentencia de primer grado. En ese orden de ideas, es inconcuso que el tribunal responsable no sólo se ocupó del estudio de la cuestión planteada en la alzada, sino que además se pronunció acerca de ella.-En relación al restante argumento, es igualmente falso que la Sala se aparte de los límites de la litis de primera instancia, al apoyarse en razonamientos que no fueron planteados como excepción por la arrendataria demandada, porque si bien es verdad que de las constancias de autos aparece que la empresa demandada hoy tercera perjudicada no contestó la demanda instaurada en su contra, y que ello originó que el Juez natural mediante proveído de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, le tuviera por acusada la correspondiente rebeldía; también es cierto que el tribunal de apelación se encuentra facultado para examinar la procedencia o improcedencia de la acción, siempre y cuando como sucede en el asunto, en el escrito de expresión de agravios se hagan los planteamientos correspondientes y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, esto es, que el tribunal de segunda instancia sí puede examinar los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos; de manera que, como se dejó precisado en párrafos anteriores, toda vez, que la sociedad apelante ahora quejosa alegó en su agravio de apelación la cuestión relativa a la procedencia de la prestación marcada con el inciso e), de su demanda inicial, es claro que acorde con tal planteamiento, el examen que realizó el ad quem de la procedencia de la acción intentada por la inconforme, se ajusta a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado en lo conducente, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 9, publicada en la página 16, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 54, junio de 1992 que dice: ‘ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos.’.-El segundo concepto de violación, el apoderado de la quejosa lo hace consistir en que el tribunal responsable indebidamente dejó de observar lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, porque en la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento financiero básico, los contratantes convinieron en que para que la parte arrendataria pudiera ejercer las opciones terminales contempladas en el artículo 27 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, su contraria debería cumplir puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones, por lo tanto, en virtud de que en el caso, la ahora tercera perjudicada no llegó a tener derecho de disposición alguna con respecto de los bienes materia del contrato fundatorio, no se actualizó la condición suspensiva pactada estrictamente por las partes en la cláusula mencionada.-El alegato que se estudia es infundado, porque de la lectura de la demanda inicial, se advierte que la sociedad mercantil actora demandó, de la ahora tercera perjudicada, el pago de la cantidad de quinientos noventa y siete mil veinticinco nuevos pesos con noventa y seis centavos, por concepto de saldo insoluto del pagaré exhibido como documento base de la acción, además reclamó el pago de doscientos setenta mil ciento sesenta y cuatro nuevos pesos con setenta y ocho centavos, por concepto de intereses moratorios que se han generado hasta el día treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, inclusive; así como el pago de los intereses que sigan generándose a razón de cincuenta puntos más del último costo porcentual promedio anual dado a conocer por el Banco de México, conforme a lo establecido en el título base de la acción, hasta la fecha de pago total. Como hechos fundatorios de dicha demanda relató, entre otras cosas, los términos en que fue celebrado el contrato de arrendamiento financiero, destacando en forma esencial, la obligación de la arrendadora de adquirir diversos bienes seleccionados por la arrendataria, para concederle a ésta el uso y goce temporal de los bienes objeto del contrato, descritos en la demanda, mediante el arrendamiento financiero (el cual tendría un término de duración de cuarenta y ocho meses forzosos para ambas partes, que se contaría a partir del día veinticinco de junio de mil novecientos noventa y tres y concluiría el día veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete), el precio total del arrendamiento sería de quinientos veintiún mil seiscientos sesenta y ocho nuevos pesos con sesenta y tres centavos; a fin de documentar el crédito financiero, fue suscrito un pagaré único por el importe total de la renta, con tantos vencimientos mensuales sucesivos como abonos estipulados. En el capítulo de declaraciones del contrato de arrendamiento financiero, se establecieron las bases para determinar la tasa del financiamiento, y para determinar, en su caso, el interés moratorio, en el título base de la acción se calculó el mismo. En el hecho tercero de la demanda, se destacó el derecho de la arrendadora para exigir el cumplimiento forzoso del contrato si la arrendataria incumplía con el pago de cualquiera de los abonos mensuales. De lo anterior se establece fundadamente que la parte actora hoy quejosa demandó el saldo insoluto del precio total del arrendamiento financiero, así como los intereses moratorios pactados generados y que sigan generando respecto de las rentas vencidas anticipadamente; de manera clara expuso que la arrendadora daba por vencido anticipadamente el contrato. En esa tesitura, del planteamiento de la demanda inicial, se advierte que la actora optó por el cumplimiento anticipado del pago de las rentas, por incumplimiento de la demandada.-En ese orden de ideas, la cuestión que ahora plantea el representante legal de la sociedad mercantil quejosa, constituye una figura jurídica diversa a la que sustenta la acción ejecutiva mercantil a que se hizo referencia en el párrafo anterior, toda vez que si bien es cierto que el supuesto que contempla el artículo 27 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en que se apoya la mencionada cláusula cuarta de arrendamiento financiero, en el sentido de que al vencimiento del contrato, la arrendataria debe optar por alguna de las opciones terminales que ese numeral, exige que se actualicen dos requisitos, el primero, que el contrato concluya al cumplirse el plazo de cumplimiento forzoso, y el segundo que la arrendataria haya cumplido todas las obligaciones a las que se sujetó como contraprestación del arrendamiento financiero, sin embargo, en el asunto, no es legalmente posible la aplicación, en sentido contrario, del numeral en comento, como lo pretende la inconforme, ya que el mismo precepto legal sólo previene el ejercicio del derecho de la arrendataria a recibir una retribución por el cumplimiento puntual de todas las obligaciones a que se sujetó en el contrato respectivo, mediante la compra o prórroga del arrendamiento del mueble financiero a un precio o renta inferior de los que realmente le corresponda, o bien, a tener una participación en el precio que se obtenga de su venta a terceros; pero la falta de los requisitos que establece ese dispositivo legal, sólo tiene como consecuencia jurídica que la arrendataria pierda el derecho de adoptar alguna de las opciones terminales que enumera, y de ninguna manera implica que cuando como en el caso, la arrendadora opta por demandar el vencimiento anticipado del financiamiento, por incumplimiento en el pago de la respectiva contraprestación por parte de la arrendataria, también le corresponda el derecho de recibir anticipadamente el mueble objeto del contrato, pues como se analizará con posterioridad, la consecuencia ordinaria del incumplimiento de las obligaciones es la rescisión del contrato.-Por otro lado, en el tercer concepto de violación, el representante legal de la sociedad quejosa aduce que la Sala responsable indebidamente dejó de observar lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, porque la orden judic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5169-b9b66293/arrendamiento-financiero-para-la-entrega-de-la-posesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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