GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la ejecutoria dictada en la improcedencia 385/93, en lo que interesa sustentó lo siguiente:
"TERCERO. Los agravios transcritos son fundados. En efecto, asiste la razón al recurrente al decir que no estuvo en lo correcto la Juez Segundo de Distrito en el Estado, al desechar la demanda de amparo que promovió contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de Hidalgo, Michoacán, consistentes en la interlocutoria de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 308/989, instaurado por Martín Torres Soria frente a María Concepción Durán Bucio y Luis López Arizmendi, sobre pago de pesos; dado que dicha resolución versó sobre la liquidación de la suerte principal, los intereses y el pago de costas del asunto, lo cual implica que no se trataba, simplemente, de regular el último de tales conceptos, para que así pudiera sostenerse, en forma válida, que la interlocutoria de referencia era impugnable a través del recurso de apelación, en términos del artículo 1341 del Código de Comercio, como pretende el Juez Federal, con arreglo a la tesis que sobre el particular invoca, sino que, como dicha resolución también se ocupa de la liquidación de sentencia, porque el Juez del conocimiento aprobó la planilla correspondiente, determinando que la suerte principal ascendió a trescientos ochenta y ocho millones ciento once mil doscientos pesos antiguos, y los intereses a mil seiscientos setenta y seis millones seiscientos cuarenta mil trescientos veinticuatro pesos, y ello evidencia que resulta aplicable lo dispuesto por el numeral 1348 del propio cuerpo normativo, según el cual, en caso de ejecución de sentencia, con base en planilla de liquidación aprobada, ante la inconformidad de la contraparte, no procede más recurso que el de responsabilidad, y si éste no constituye un medio de defensa por el cual pueda modificarse, nulificarse o revocarse la resolución que se impugna, es claro que puede atacarse en amparo indirecto, a la luz del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, el acuerdo de diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres, pronunciado en el expediente número 111-340/993, que desechó la demanda de garantías, por notoria improcedencia, causa agravio a la quejosa y lo procedente es revocarlo y ordenar que se admita aquélla, al menos que exista algún otro motivo que la haga improcedente de manera indudable."
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 471/92, sostuvo el criterio siguiente:
"QUINTO. Los agravios aducidos son sustancialmente fundados. Por lo que atañe al pago de las costas del juicio, este tribunal advierte que este rubro está regulado en los artículos 1081 al 1089 del Código de Comercio, en el que se incluyen los honorarios del abogado que intervino en la dirección del juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el diverso 1082 del propio ordenamiento legal, que dice: ‘Artículo 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva: en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, sino cuando fuere agente de negocios titulado, ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, sólo comprenderá sus honorarios la condenación, cuando él mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.’, y los artículos 1085, 1086 y 1087, regulan el procedimiento para cuantificarlo, en los términos siguientes: ‘Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado.’; ‘Artículo 1086. Presentada la regulación de las costas al Juez o tribunal ante el cual se hubieren causado, se dará vista de ella por tres días a la parte condenada, para que exprese su conformidad o inconformidad.’; ‘Artículo 1087. Si nada expusiere dentro del término fijado la parte condenada, se decidirá el pago. Si en el término referido expresare no estar conforme, se dará vista de las razones que alegue a la parte que presentó la regulación, la que dentro de igual término contestará a las observaciones hechas.’, y se concluye en el diverso 1088: ‘En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al artículo anterior, el Juez o tribunal fallarán lo que estimen justo dentro del tercer día. De esta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación.’. En tales condiciones, la interlocutoria que resuelve las costas del juicio, sí resulta apelable, tal como lo consideró el a quo, con fundamento en lo señalado en el artículo 1341 del Código de Comercio, el que determina que las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueren las definitivas, así como lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en las páginas mil seiscientos cuarenta y nueve y mil seiscientos cincuenta, Tomo V, de los criterios publicados de los Tribunales Colegiados, de mil novecientos setenta y nueve a mil novecientos ochenta y siete, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL, RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE DE, ES APELABLE. Al regular el Código de Comercio la ejecución de las sentencias en los artículos 1346 a 1348, se refiere a hipótesis diversa de la liquidación de gastos y costas que se regulan en los artículos 1081 a 1089 de ese mismo ordenamiento; ya que los preceptos que se citan en primer orden se refieren a la ejecución de sentencias por lo que hace a la suerte principal o a los intereses si no están establecidos en cantidad líquida, y la resolución que en ellas se dicte no admite otro recurso que el de responsabilidad de conformidad con el artículo 1348 del código mercantil aludido; pero no así el fallo que se pronuncie para determinar los gastos y costas, el cual admite el recurso de apelación, lo que se comprueba no sólo por la regulación que se hace de éstos en los artículos 1081 a 1089 de ese ordenamiento, sino también porque en ambos casos se establecen los procedimientos a seguir con objeto de retener su determinación, ya que de haber estimado el legislador que aquéllos se deberían fijar conforme lo que se dispone en el capítulo de ejecución de sentencias hubiese hecho remisión a éste; además de que tal interpretación se deriva de lo dispuesto por el artículo 1088 del código citado, disposición que es opuesta a la contenida en el artículo 1348 del ordenamiento en consulta.’. Sin embargo, como los gastos y costas del juicio fueron calculados conjuntamente con los intereses normales y moratorios a que fueron condenados los demandados, y la interlocutoria que resuelve sobre intereses como más adelante se verá, no es recurrible, en razón del principio de atracción y para evitar la división de la continencia de la causa, lo relativo a gastos y costas debe correr la misma suerte que la interlocutoria que resuelve sobre intereses, por estar comprendidos ambos supuestos. Ahora bien, asiste la razón a la parte recurrente, en cuanto a que la resolución combatida que contiene y resuelve sobre intereses normales y moratorios, así como gastos y costas del juicio, no admite recurso alguno, y, por ende, el sobreseimiento decretado por no cumplirlas sin el principio de definitividad en el amparo, resulta ilegal, toda vez que contrario a lo apreciado por el Juez de Distrito, el artículo 1348 del Código de Comercio establece que contra la resolución que determina el monto de la liquidación, al no haberse determinado en la sentencia, como en el presente asunto que comprende pago de intereses y gastos y costas del juicio, no habrá más recurso que el de responsabilidad, lo cual no es propiamente un recurso, sino un juicio que se sigue en contra del Juez, por indebida aplicación de la ley; de ahí que incorrectamente el a quo apoya su resolución en el diverso 1341 del Código de Comercio para decretar el sobreseimiento, pues el caso particular está regulado por el artículo 1348 citado, en lo referente a ejecución de sentencias, que establece: ‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestará dentro de tres días, fallando el Juez o tribunal dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá sino el recurso de responsabilidad.’. En esta tesitura, es claro que si contra la interlocutoria aludida no cabe recurso alguno por el cual pueda ser modificada o revocada, los promoventes al acudir en demanda de amparo no incumplen con el principio de definitividad; lo anterior de acuerdo a la tesis visible en la página doscientos setenta y cinco, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del Informe de labores que rindió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: ‘INTERLOCUTORIA QUE CONDENA PAGAR INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Resulta equivocado el criterio emitido al desechar la demanda de amparo indirecto interpuesto contra tal interlocutoria, si se toma en cuenta que el capítulo XXVII del Código de Comercio, especialmente el artículo 1348, referidos a la ejecución de sentencias, establece que contra tal sentencia incidental no procede más recurso que el de responsabilidad, que jurídicamente no es un medio de defensa que pueda modificar, variar o revocar lo que se impugne en aquélla; por lo que resulta procedente el amparo indirecto.’, así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este tribunal hace suya, aplicable por su sentido, visible en las páginas trescientos cincuenta y uno y trescientos cincuenta y dos, octubre de mil novecientos noventa y dos, Tomo X, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que es del tenor siguiente: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, IRRECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EL. Como la parte actora en el ejecutivo mercantil presentó su planilla de liquidación solicitando se abriera el incidente respectivo para los efectos del artículo 1348 del Código de Comercio, y dado que en esos términos se admitió la petición, ello significa que el juzgador sujetó el trámite a la normatividad comprendida en el capítulo XXVII del código citado. Consiguientemente, se considera que el Juez Federal incurrió en una indebida apreciación de los hechos al afirmar que la incidencia debió ajustarse a las reglas del capítulo VII del referido código mercantil, relativo a las costas, ya que, se insiste, además de que el promovente la planteó como incidente de liquidación, la responsable lo admitió y sujetó a trámite bajo esa denominación, sin que exista constancia de que el demandado incidentista se hubiese inconformado. Aparte de que la interlocutoria aprobó la liquidación y no la planilla de gastos en exclusiva. No es óbice la circunstancia de que el numeral citado cobre aplicación sólo con respecto a sentencias que no contengan cantidad ni que el fallo de fondo en el juicio, de acuerdo con su propia naturaleza, comprenda en el rubro de condena el concepto relativo al capital en cantidad líquida, ya que además incluyó el pago de intereses moratorios y los gastos y costas del juicio, prestaciones que deben ser liquidadas en ejecución de sentencia. Esa circunstancia obliga a considerar que se trata de una resolución que condenó al pago de una cantidad líquida y otra ilíquida y en ausencia de disposición del Código de Comercio que prevea dicha hipótesis, tendrían aplicación supletoria los artículos 489 y 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y se arribaría a idéntica conclusión, en tanto que el primero de los dispositivos en cita autoriza a que, en esos casos, se haga efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda, pero ello es potestativo y cuando acontece, como en el justiciable, que se provee su ejecución conjunta, es incuestionable que la incidencia debe comprender la liquidación y ésta queda sujeta a la normatividad del artículo 490, que al igual que el 1348 del Código de Comercio, no admite más recurso que el de responsabilidad contra la interlocutoria respectiva.’. En consecuencia, siendo fundados los agravios hechos valer, procede revocar el sobreseimiento decretado, y con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, entrar al estudio de fondo del asunto sobre este particular."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver los amparos 820/97 y 572/97, respectivamente sostuvo los criterios siguientes:
Juicio de amparo 820/97:
"CUARTO. Son ineficaces en parte y parcialmente fundados en otra los agravios que en el caso se expresan, aunque para arribar a esta conclusión deban de suplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 519, consultable en la página doscientos cuarenta y uno, Tomo VI, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.’. Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que, por razón de técnica jurídica, procede el estudio, en primer orden, de aquellos argumentos que ven a la improcedencia del juicio de garantías por cuanto a las consideraciones contenidas en el acto reclamado, con relación a los gastos y costas. En principio cabe precisar que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, en la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil número 934/94, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, relativa a la planilla de liquidación de capital y accesorios legales que se reclaman, y gastos y costas del juicio, aprobándose parcialmente por los conceptos apuntados, siendo prudente mencionar que dicha resolución fue pronunciada en términos de lo estatuido por el artículo 1348 del Código de Comercio. Por otra parte, también es de significarse que para una mejor comprensión del asunto la palabra intereses, proviene del vocablo interese y éste del latín interesse, que significa importar, y cuyo concepto es: Provecho, ganancia, utilidad. Valor que en sí tiene una cosa. Lucro producido por el capital, acorde a la definición contenida en el Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel (Editorial Mayo Ediciones, S. de R.L., México, D.F., 1981); o bien, precio que se paga en el mutuo o préstamo, cuando se ha acordado, que puede ser legal o convencional (que no tiene más limitación que la de que no sea usuario (sic). Lucro o renta del capital, atentos al Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara (Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1983, decimoprimera edición); y por último: En un sentido estricto, se identifica con el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del capital (dinero). Asimismo, puede considerarse como el beneficio económico que se logra de cualquier clase de inversión. En un sentido más amplio: compensación en dinero o en cualquier valor que recibe el acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligación, según la definición habida en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1994); así pues, en materia mercantil se reputa interés a toda prestación pactada en favor del acreedor, que consta por escrito, el cual deberán satisfacer los deudores, desde el día siguiente al del vencimiento de la obligación, acorde a lo estatuido por los artículos 361 y 362, primer párrafo, del Código de Comercio; en ese orden de ideas, se establece que el pago de intereses constituye una obligación que tiene el carácter de accesoria a la obligación principal de restituir las cosas prestadas y, por ende, es claro que aquella obligación no puede nacer con independencia de ésta, ni subsistir cuando la obligación principal se haya extinguido, dado los precisos términos del numeral 364 del código mercantil citado; en esa tesitura, se concluye que la condena al pago de intereses, bien ordinarios o bien moratorios, deviene del incumplimiento de la obligación principal reclamada, esto es, de la demora en el pago de la suerte principal, siempre que se haya causado desde el día del vencimiento y que el acreedor hubiese reclamado su pago (artículo 152, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito); cabe citar al respecto, por su contenido, las tesis jurisprudenciales números 136 y 300, visibles en las páginas ochenta y nueve y doscientos dos, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice editado al Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años 1917-1995, intituladas: ‘CHEQUES. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO POR FALTA DE PAGO DE LOS, NO EXCLUYE EL DERECHO AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS RESPECTIVOS.’ y ‘OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACIÓN DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO.’, respectivamente; así como el de las diversas tesis sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas mil novecientos diecisiete del Tomo LXXXV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época y trece del Tomo 35, de la misma obra, Cuarta Parte, Séptima Época, cuyos rubros son: ‘INTERESES MORATORIOS.’ y ‘ACCIÓN CAMBIARIA, CONDENA AL PAGO DE COSTAS, INTERESES MORATORIOS Y OTROS ACCESORIOS.’, respectivamente; igualmente, cabe citar por la misma razón, las tesis publicadas en las fojas trescientos noventa y quinientos noventa y dos, del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, correspondientes a los meses marzo y junio, ambos del año de mil novecientos noventa y cuatro y, seiscientos sesenta y tres del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de mil novecientos noventa y seis, cuyas voces son: ‘INTERESES MORATORIOS, PAGO DE LOS. PROCEDE SU CONDENA EN JUICIO, AUNQUE NO SE HAYAN PACTADO EN EL DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN.’, ‘INTERESES MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL, CONDENA AL PAGO DE. SU MONTO PUEDE EXCEDER LA CUANTÍA DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, Y SON INAPLICABLES SUPLETORIAMENTE A LA LEGISLACIÓN MERCANTIL, LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PENA CONVENCIONAL PREVISTAS EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.’ e ‘INTERESES MORATORIOS Y PENA CONVENCIONAL, NO ES DABLE CONDENAR INDISTINTAMENTE, A UNA U OTRA PRESTACIÓN.’, respectivamente; criterios éstos que este Tribunal Colegiado comparte. En otro aspecto, en lo que respecta a las costas, también es de significarse que, para una mejor exposición, las mismas se definen como: ‘Gastos ocasionados en el proceso, derivados directamente de él, sobre cuyo pago está obligado el Juez a resolver, ordenando a cuál de las partes corresponde abonarlos o declarando que no procede, en el caso especial, condenación en costas.’, acorde a la definición contenida en el Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara (op. cit.); igualmente, como: ‘Gastos judiciales’ y, vale precisar que las costas procesales son: ‘Gastos originados en un juicio y con motivo de él’; asimismo, condenar en costas significa: ‘En lo civil, hacerle pagar los gastos ocasionados a sus contrarios en el juicio ...’, atentos a las definiciones existentes en el Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel, supracitado; en otro aspecto, cabe decir que las costas judiciales son: ‘... las erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que están comprendidas dentro de la legislación aplicable, mismas erogaciones que serán soportadas por quien las realiza o la parte a quien condena el Juez a su pago’, acorde al concepto dado por el jurista Carlos Arellano García, en su obra intitulada Práctica Forense Mercantil (Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1994, pág. 201); por su parte, el doctrinario José Ovalle Favela, en su obra denominada Derecho Procesal Civil, sostiene que las costas judiciales son sólo una especie del género costas procesales, mismas que ‘... comprenden todos los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso, tales como el pago de los honorarios a los abogados, los gastos de publicación de edictos, etc. ...’, aseverando que en nuestra legislación no se deben cobrar costas judiciales pero sí las procesales (Editorial Harla, México, D.F., 1984, pág. 171); al respecto, es oportuno precisar que nuestro más Alto Tribunal del país, funcionando en Pleno, en la tesis número LXXXVII/97, aprobada en sesión privada de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, bajo la voz: ‘COSTAS JUDICIALES, PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS.’, determinó que están prohibidas las costas judiciales, acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna. En otro aspecto, es de destacarse que, el jurista Giuseppe Chiovenda, en su obra intitulada Curso de Derecho Procesal Civil, establece que: ‘La obligación de las costas no surge durante la litis, dando lugar a un crédito eventual o condicional; por ello, no puede hablarse durante el pleito de un crédito o de un derecho a las costas. Sólo en el momento de fallarse sobre la demanda, esto es, cuando se determina el vencimiento, nace no sólo el derecho del vencedor a las costas, sino el deber del Juez de condenar al derrotado en las mismas, y sólo de la condena ya pronunciada nace el derecho y la obligación de las costas’, agregando que: ‘... el Juez debe pronunciarse sobre este punto de oficio, y que la sentencia es siempre constitutiva en cuanto a la condena en las costas, porque no declara un preexistente derecho a las costas, sino que lo constituye como derecho provisto al propio tiempo de ejecutoriedad.’ (Colección Clásicos del Derecho, Editorial Harla, S.A. de C.V., México, D.F., 1997, pág. 502); asimismo, precisa el maestro Eduardo Pallares, en su obra denominada Diccionario de Derecho Procesal Civil: ‘La obligación de pagar las costas sólo existe por virtud de la sentencia que pronuncia la condenación, la cual tiene carácter constitutivo según opinión uniforme de los jurisconsultos’, y, agrega: ‘La obligación de pagar las costas no puede ser materia de un convenio, deriva de una ley que no tiene el carácter de supletoria de la voluntad de las partes’ (Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1977); por su parte, el jurista Arellano García, sostiene que la condena en costas tiene como fundamento dos aspectos: unos inmediatos y otros mediatos, que en los primeros, la condena es respaldada en dos formas jurídicas: a) general y b) individualizada, siendo aquélla ‘... la ley que autoriza, en ciertas condiciones fácticas, que se condene a una de las partes al pago de las costas causadas a la otra’ y, ésta ‘... es la sentencia que aplica la ley al caso concreto que se haya controvertido. El juzgador concluye que una de las partes se halla dentro de los extremos fácticos previstos por la norma para que opere la condena en costas y la establece a cargo de una de las partes’; y los segundos, que la condena en costas puede estar apoyada en varias razones que la justifican: ‘a) La condena en costas limita los abusos de quienes someten a la parte contraria a molestias y gastos de un proceso injustificado o innecesario; b) La condena en costas sanciona la temeridad y la mala fe; c) Quien causa un daño innecesario y además, injustificadamente, debe repararlo. En un juicio se producen daños a quien es llevado obligadamente a él, sin haber dado causa a ello; d) El titular de un derecho no debe sufrir detrimento patrimonial por la actitud de incumplimiento del sujeto pasivo de una relación jurídica patrimonial o no patrimonial; e) La actitud de una de las partes en el juicio, calificada discrecionalmente por el juzgador, la hace merecedora de que cubra los gastos de la parte contraria; f) Conviene la existencia de una restricción a la ilimitada libertad de llevar a juicio a las personas pues, de esa manera se frenará el litigio en los casos dudosos y en los casos en que la parte actora carezca de elementos para demandar, o cuando su situación le sea desfavorable en esencia’ (op. cit. pág. 203); Jesús Zamora Pierce, en su obra intitulada Derecho Procesal Mercantil, asevera que son dos los criterios que justifican la condena en costas: a) El criterio subjetivo, que se funda en la temeridad y mala fe de aquel que litiga a sabiendas de que carece de razón, cuya conducta sanciona obligándole a pagar a su contraria los gastos que le ocasionó el proceso. b) El criterio objetivo establece, como regla general, que el vencido en juicio debe pagar las costas del mismo, independientemente de que su conducta haya sido de buena o mala fe, temeraria o no. Las costas representan así una indemnización debida al vencedor de los gastos que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado el vencido (Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, México, D.F., 1991, pág. 124); y por último, cabe citar lo expuesto al respecto por Giusseppe Chiovenda, quien sostiene que ‘El fundamento de esta condena es el hecho objetivo de la derrota; y la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tienen lugar; pues es interés del Estado que la utilización del proceso no se resuelva en daño para quien tiene la razón, y por otro lado, es interés del comercio jurídico que los derechos que tengan un valor a ser posible, preciso y constante.’ (op. cit., pág. 501); es oportuno precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis número 11/96, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, sostuvo el criterio jurisprudencial que con el número 1a./J. 29/96, aparece publicado en la página ciento diecisiete del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y seis, voz: ‘COSTAS. PROCEDE LA CONDENA DE, EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA EL QUE OBTIENE RESULTADO ADVERSO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.’, ejecutoria en la que, en su parte considerativa, se ocupó del análisis de los preceptos legales del Código de Comercio que regulan las costas (artículos 1081 al 1089), determinando que, para la condenación por ese concepto, deben observarse los criterios, a saber: ‘a) El sistema subjetivo, conforme al cual sólo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se hubiese conducido en el proceso con temeridad y mala fe, en este supuesto se toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta reprobable asumida dentro del proceso por alguna de las partes con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el juicio. b) El sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de costas a la parte que haya sido vencida en juicio. El sistema adoptado por el Código de Comercio en materia de costas, combina para justificar la condena, el principio de temeridad relativo a la conducta procesal de las partes y el vencimiento en relación con el sentido de la sentencia, principios que influyen para apreciar que la finalidad de las costas del juicio es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones en que haya incurrido por razón del desarrollo del proceso.’; en ese orden de ideas, cabe concluir que la condena en costas, descansa en el supuesto de no haber obtenido un resultado favorable en el proceso, ya sea el actor o el demandado, bien por temeridad o mala fe o bien por actualizarse algunas de las hipótesis establecidas en la ley, adoptando en este supuesto la teoría del vencimiento; cabe citar al respecto, por su contenido las tesis jurisprudenciales números 188, 189 y 191, visibles en las páginas ciento veintinueve y ciento treinta del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice editado al Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años 1917-1995, voces: ‘COSTAS. APRECIACIÓN DE LA TEMERIDAD O MALA FE.’; ‘COSTAS, CONDENA EN.’ y ‘COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE ACTORA SI SE REVOCA EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA.’. Asimismo, dada la particularidad del asunto a estudio, cabe destacar el significado de ‘continencia de la causa’; así pues, ésta se define como: ‘Unidad que debe existir en todo juicio; esto es, que sea una la acción principal, uno el Juez y unas las personas que lo sigan hasta la sentencia.’, acorde al Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel (op. cit.); o bien: ‘La expresión «continencia de la causa», empleada como equivalente a contenido del proceso, hace referencia a la unidad que tradicionalmente se ha estimado requisito de éste en relación con sus elementos fundamentales, en virtud de la cual, cuando de seguirse simultáneamente dos pleitos ante órganos jurisdiccionales distintos se divid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5613-e8258c24/gastos-y-costas-en-materia-mercantil-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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