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PAGO DE PASIVOS. ESTÁ DEROGADO EL ARTÍCULO 8o. INCISO B DEL REGLAMENTO SOBRE LAS INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CRÉDITO, QUE PROHÍBE OTORGAR CRÉDITOS PARA ESE FIN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/98. · Registro digital (IUS): 6006
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, , Pág. 257.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-La ejecutoria pronunciada el seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 4457/97, promovido por Imelda del Socorro Hernández Mojica de García y Alfredo García Suárez, en la parte relativa a la temática de contradicción, contiene estas consideraciones:

"... Un tercer motivo para concederles la razón a los solicitantes de garantías, es que el crédito adicional diseñado por el banco demandado, constituye un préstamo para pago de pasivos, no permitido por la ley.-En efecto, para que opere tal hipótesis, han de darse los siguientes supuestos: la existencia de un crédito, el pacto de pago de intereses a una tasa determinada, el pago de una suma mensual, la posibilidad de que los pagos mensuales no alcancen a cubrir el monto de los intereses devengados y la existencia de un crédito adicional, diseñado para pagar los intereses devengados no cubiertos.-Cuando esto sucede, se está en presencia de un crédito para pagar un pasivo, consistente en los intereses devengados y no cubiertos con el pago mensual realizado.-Por tanto, el esquema de refinanciamiento establecido en el contrato base, significa que el banco, hoy tercero perjudicado, concedió un crédito para el pago de pasivos en favor de sí mismo, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, aún vigente, el cual dispone expresamente que no les está permitido a las instituciones bancarias conceder préstamos para pago de pasivos ..."

Consideraciones que fueron condensadas en esta tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 809:

"PAGO DE PASIVOS, NULIDAD DEL PRÉSTAMO PARA, OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.-De conformidad con el inciso b) del artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, dichos organismos están impedidos para efectuar financiamientos para pago de pasivo, salvo casos especiales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en consecuencia, resulta nula de pleno derecho la operación consistente en el otorgamiento de un crédito adicional en un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, por tratarse de un esquema de refinanciamiento que el banco acreditante realiza a través de movimientos contables de cargo y abono, tomando del crédito adicional el importe necesario para que el acreditado, sin recibir ningún dinero, pague los intereses devengados y no cubiertos con la mensualidad realizada, simulando el cobro por su cuenta de cantidades adeudadas, lo que constituye un préstamo para pago de pasivos." (fojas 157 y 157 vuelta del expediente remitido por el tribunal de referencia).

TERCERO.-Por otra parte, las ejecutorias pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en los juicios de amparo directo 776/97 y 642/98, promovidos respectivamente por Leonardo Arceo Ayala y coagraviados, y Aguacates Michoacanos, S.A. de C.V. y coagraviados, en la parte relativa al tópico de contradicción, establecen lo siguiente:

Amparo directo 776/97

"Deviene infundado en una parte el segundo concepto de violación por el que se impugna la determinación de que está derogada la disposición del artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito.-Lo anterior es así, en virtud de que dicha reglamentación concernía a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, publicadas ambas en el Diario Oficial de la Federación, ésta, el treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, y aquélla el veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve; asimismo es de establecerse que el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, fue publicada la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en el Diario Oficial de la Federación; pero dichas leyes fueron abrogadas tanto por la diversa Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito como por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito que se publicaron en ese medio -ambas- el catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, al disponer en sus transitorios relativos: una, lo siguiente: ‘Artículo segundo. Se derogan la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1941; la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982; así como todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.’.-Otra, que: ‘Segundo. Se deroga la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1941, en lo conducente a organizaciones auxiliares de crédito y a la actividad de personas o sociedades dedicadas a las operaciones de cambio de divisas extranjeras.’.-A su vez la Ley de Instituciones de Crédito que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de mil novecientos noventa, abrogó la ley reglamentaria últimamente citada, al establecer en su artículo segundo transitorio que: ‘Se abroga la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, pero deberá continuar aplicándose, en el caso de las personas que se encuentren procesadas o sentenciadas, de acuerdo a lo previsto en el capítulo III del título cuarto de la ley que se abroga por los hechos ejecutados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.’.-En ese orden de ideas, si bien el artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, preveía que las instituciones nacionales de crédito y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, no podían efectuar financiamientos para pago de pasivos, entre otras operaciones, obedeció a la regulación tanto de sus operaciones como de sus prohibiciones señaladas en los artículos 10 y 145 bis de la abrogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares del treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, consistentes las operaciones en el otorgamiento de préstamos o créditos de cualquier clase, con los requisitos y condiciones previstos al efecto, así como para la exportación de artículos manufacturados, adquisición de bienes de consumo duradero, de habilitación o avío y refaccionarios en los términos que lo preveía; cuando que en los artículos 30 y 31 de la abrogada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito del catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, la regulación de tales operaciones fue distinta, pues las instituciones de crédito podían lisa y llanamente otorgar préstamos o créditos, pero sin precisar el objeto del mismo ni otros requisitos de tiempo y modo, lo cual acontece con la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, según sus artículos 46, 47 y 77, sin que además una ni otra restringiesen el otorgamiento de préstamos o créditos para financiar el pago de pasivo; de ahí que la disposición de que se trata deba tenerse por derogada conforme al artículo segundo transitorio de dicha ley reglamentaria, aun cuando ésta señalara en su diverso transitorio cuarto que en tanto el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, dictaran las disposiciones administrativas de carácter general, seguirían aplicándose las expedidas con anterioridad a la vigencia de esa ley, porque lo cierto es que el impedimento de otorgar préstamos para financiar el pago de pasivos quedó derogado por pugnar con esa ley, cuanto más que la misma quedó abrogada por la posterior Ley de Instituciones de Crédito en vigor; y si la responsable consideró la derogación de la disposición cuestionada con base en aquella argumentación, la sentencia impugnada en esta vía constitucional no puede carecer de fundamentación y motivación, contra lo sostenido." (fojas 41 a 43 del expediente de contradicción).

Amparo directo 642/98

"Finalmente, no es ilegal la determinación de la autoridad señalada como responsable, a través de la cual aseveró que el artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito se encuentra derogada. Es así, porque, efectivamente, en ese sentido este órgano colegiado sustentó el siguiente criterio: ‘BANCOS. EL ARTÍCULO 8o. DEL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CRÉDITO, DEBE TENERSE POR DEROGADO.-Si bien dicho precepto preveía que las instituciones nacionales de crédito y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito no podían efectuar financiamientos para pago de pasivo, esa disposición se encuentra derogada, toda vez que el indicado reglamento concernía a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, del treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, la que disponía que esas instituciones podían otorgar préstamos o créditos de cualquier clase, con los requisitos y condiciones previstos al efecto, así como para la exportación de artículos manufacturados, adquisición de bienes de consumo duradero, de habilitación o avío y refaccionarios en los términos que lo preveía, estableciendo prohibiciones para ciertas operaciones (artículos 10 y 145 bis), en tanto que la posterior Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, del catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, dispuso que podían otorgar préstamos o créditos, pero sin precisar el objeto de los mismos ni otros requisitos de tiempo y modo, ni restringir su otorgamiento para financiar el pago de pasivos, sino que lo previó lisa y llanamente (artículos 30 y 31); de manera que si esta legislación estableció en su artículo segundo transitorio que se derogaban todas aquellas disposiciones que se opusieran a la misma, es inconcuso que la del artículo 8o. del reglamento en cita quedó comprendida en él, por pugnar con dicha ley.’." (fojas 95 y 96 del expediente de contradicción).

Como se señala en esta segunda ejecutoria, el criterio que la rige derivó de la enunciada en primer orden, conforme a la tesis que allí se transcribe, que puede consultarse en la misma Novena Época de la fuente oficial de publicación jurisprudencial antes citada, Tomo VII, febrero de 1998, página 483.

CUARTO.-Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero de la Ley de Amparo.

Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia que bajo el número 183 puede leerse en las páginas 124 y 125 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, en estos términos:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo se concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito."

QUINTO.-Antes de proceder al análisis correspondiente es preciso establecer, si en el caso sujeto a estudio, existe contradicción entre las tesis sustentadas por los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver los juicios de amparo directo, cuyas consideraciones relativas recién se han transcrito, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación al fondo del asunto.

Debiendo tener presente al realizar esa labor, lo que establece la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta Sala de este Máximo Tribunal del país en su anterior integración, visible a fojas 22 y 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de mil novecientos noventa y dos que a la letra dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En la especie, sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que el crédito otorgado para pago de pasivos, contraviene lo dispuesto por el artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, aún vigente, el cual contiene prohibición expresa para ese tipo de préstamos.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, estableció que si bien es cierto que el artículo 8o. en cita preveía que las instituciones nacionales de crédito y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito no podían efectuar financiamientos para pago de pasivos, también es cierto que esa disposición fue derogada, pues el reglamento que lo contiene concernía a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, del treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, la que disponía que esas instituciones podían otorgar préstamos o créditos de cualquier clase, con los requisitos y condiciones previstos al efecto, así como para la exportación de artículos manufacturados, adquisición de bienes de consumo duradero, de habilitación o avío y refaccionarios en los términos que lo preveía, estableciendo prohibiciones para ciertas operaciones (artículos 10 y 145 bis), en tanto que la posterior Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, del catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, dispuso que podían otorgar préstamos o créditos, pero sin precisar el objeto de los mismos ni otros requisitos de tiempo y modo, ni restringir su otorgamiento para financiar el pago de pasivos, sino que lo previó lisa y llanamente (artículos 30 y 31); de manera que si esta legislación estableció en su artículo segundo transitorio que se derogaban todas aquellas disposiciones que se opusieran a la misma, es inconcuso que la del artículo 8o. del reglamento en cita quedó comprendida en él, por pugnar con dicha ley.

Como se aprecia, al confrontar ambas posturas se evidencia la concurrencia de los elementos necesarios para arribar a la conclusión de que en la especie existe contradicción de tesis.

Ciertamente, al resolver ambos negocios se examinan cuestiones jurídicas iguales, pues parten de un mismo supuesto de hecho, a saber, que una institución de crédito otorgó un crédito para cubrir pasivos, concurren en la tarea de determinar si el artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, fue o no derogado, y adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes, pues el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito establece que tal reglamento aún conserva su vigencia y, con base en su aplicación, estima que el otorgamiento de un crédito para cubrir pasivos a favor del propio banco acreditante, es ilegal por cuanto que contraviene esa disposición reglamentaria; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, sostiene que tal disposición ya fue derogada tácitamente a virtud de la expedición de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que data de catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, pues aquel precepto reglamentario prohibía el otorgamiento de créditos para pago de pasivos, en tanto que en la nueva ley enunciada se dijo que se podían otorgar créditos sin restricción para cubrir pasivos.

No es obstáculo a ello el hecho de que ambos puntos de vista en conflicto no constituyan jurisprudencia, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, porque los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimirlo, no exige dicho requisito.

Es oportuno traer a colación la jurisprudencia que puede verse en la página 127 del tomo y Apéndice referido en párrafos previos, de estos rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS.-Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."

En suma, el punto a dirimir es si el artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito está o no vigente.

SEXTO.-También conviene preliminarmente puntualizar lo siguiente:

El siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 31/98, identificada como "Apertura de crédito, capitalización de intereses y refinanciamiento de intereses.", misma que se integró, originalmente, por la denuncia efectuada por el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en México, Distrito Federal, sobre la discrepancia de criterios entre este tribunal y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y posteriormente ampliada por la denuncia efectuada por el Ministro presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que involucraba a 207 ejecutorias provenientes de diversos Tribunales Colegiados de Circuito del país, con competencia en materia civil, por abordarse diversos aspectos que giraban en torno al tema que en ese momento se identificaba como "anatocismo".

Dicha ejecutoria fue íntegramente publicada en las páginas 6 a 335 del Tomo VIII, octubre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

En esa resolución, este Alto Tribunal advirtió que de los nueve puntos de contradicción denunciados, sólo en ocho se configuraba tal discrepancia, abordando en considerandos por separado, primero aquel en el que se concluyó que no existía el enfrentamiento de tesis planteado, y posteriormente, los que sí presentaban ese problema.

El considerando sexto se destinó el análisis del tópico que se tituló:

"¿La cláusula de crédito adicional para pago de intereses en un contrato de apertura de crédito, constituye una transgresión a la prohibición de financiamiento para pago de pasivos, establecida en el artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito?"

Se destacó que una de las partes en conflicto, integrada por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, sostenía que no resultaba de observancia obligatoria ese numeral reglamentario en base a cuatro argumentos. Uno de los cuales es éste:

"II. Como conforme al artículo 9o. del Código Civil, la emisión de una ley posterior deroga la anterior, aun cuando no se haya abrogado expresamente el Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Nacionales de Crédito, bastó para ello la emisión de las Leyes Reglamentarias del Servicio Público de Banca y Crédito, actualmente derogada por la Ley de Instituciones de Crédito, para que dejara de estar vigente el citado reglamento (Amparo directo civil 38/97, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 44 del legajo]; amparo directo civil 486/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito [número 78 del legajo]; y, amparo directo civil 209/98, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito [número 112 del legajo])."

Mientras que la otra parte, sustentadora de la idea de que sí se transgredía dicho ordinal, apoyó su posición en estos argumentos:

"‘El banco concedió un crédito para pago de pasivos en favor de sí mismo, en contra de lo dispuesto por el artículo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, que dispone que no está permitido conceder esa clase de préstamos. Los elementos que se requieren para acreditar el anterior extremo son los siguientes: a) Existencia de un crédito; b) Pacto de pago de intereses a una tasa determinada; c) Pago de una suma mensual; d) Posibilidad de que los pagos mensuales no alcancen a cubrir el monto de los intereses devengados; e) Existencia de un crédito adicional, diseñado para pagar intereses devengados no cubiertos.’ (Amparo directo civil 4457/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 31 del legajo]; amparo directo civil 6397/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 34 del legajo]; amparo directo civil 1037/97, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 36 del legajo]; y amparo directo civil 1887/98, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [número 38 del legajo])."

Y con vista del contenido de cada una de las ejecutorias involucradas en este conflicto se identificó este punto a dilucidar:

"... corresponde dilucidar, como punto de contradicción, si el mencionado artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, resulta o no de observancia obligatoria para las partes en el momento de celebrar un contrato de apertura de crédito, en el que se otorga un crédito adicional para el caso de que el deudor no pueda cumplir en su totalidad el pago derivado del crédito inicial." (fojas 179 y 180).

Finalmente, luego de efectuar un análisis exhaustivo de los puntos a debate, en ese considerando el Tribunal Pleno concluyó:

"De la transcripción precedente se advierte con toda claridad, que la Ley de Instituciones de Crédito que constituye el ordenamiento jurídico vigente y por tanto aplicable a las instituciones de banca múltiple, como lo son las involucradas en la presente contradicción de tesis, faculta expresamente a las citadas instituciones de crédito para otorgar préstamos o créditos; en la inteligencia de que el precitado artículo 106, que establece las prohibiciones a las que están sujetas dichas instituciones, en ninguna de sus fracciones prohíbe a tales organismos otorgar financiamientos para el pago de pasivos; por lo que debe concluirse que en la especie el artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, publicado en el Diario Oficial del veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, es inaplicable por las razones indicadas, a los contratos de apertura de crédito en los que se otorga un crédito adicional para el pago de pasivos.

"En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en este tema debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto a continuación se indican:

"APERTURA DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE PASIVOS. EL CONTRATO RELATIVO PACTADO CON INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PARA TAL FIN, NO ESTÁ REGIDO POR EL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CRÉDITO, NI ES CONTRARIO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.-Cuando en la celebración de un contrato de apertura de crédito, las partes convienen a la vez un crédito adicional que permita al acreditado, de serle necesario, cubrir el importe de los intereses a su cargo, evidentemente se está en presencia de un crédito para el pago de pasivos, operación que se encontraba prohibida por el artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito; sin embargo, tal disposición no resulta aplicable a la hipótesis examinada, en virtud de que, por una parte, en el propio artículo se restringió su aplicación exclusivamente a las instituciones que actualmente se conocen como banca de desarrollo, y a las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, por lo que tal precepto nunca fue aplicable a la banca comercial, conocida actualmente como banca múltiple. Asimismo, debe resaltarse que el artículo 46, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito, faculta a dichas instituciones para otorgar préstamos o créditos, y el artículo 106 de la propia ley que establece cuáles son las actividades prohibidas a tales instituciones, no contempla la prohibición de referencia."

Y en el cuarto punto resolutivo se estableció:

"CUARTO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del considerando sexto, en la tesis cuyo rubro es:

"APERTURA DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE PASIVOS. EL CONTRATO RELATIVO PACTADO CON INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PARA TAL FIN, NO ESTÁ REGIDO POR EL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CRÉDITO, NI ES CONTRARIO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO."

Ese tema de contradicción fue aprobado por unanimidad de once votos.

Hechas esas precisiones, esta Primera Sala advierte con claridad que si bien es cierto que el tema de la vigencia actual del artículo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito, ya fue analizado por el Tribunal Pleno en dicha ejecutoria, también es cierto que no constituyó el tema central del examen, sino que sólo ameritó un estudio accesorio o periférico, preliminar al examen del punto nodal de la disputa, y no se tradujo, por consiguiente, en pronunciamiento expreso del criterio que debía prevalecer.

Es así, porque sólo el primero de los grupos de colegiados confrontados en este tópico aludió de manera expresa a la vigencia del numeral reglamentario de mérito, que se tradujo en la conclusión de que ya la había perdido, en tanto que el otro no hizo análisis y pronunciamiento al respecto, antes bien, se abocó al estudio directo de si el otorgamiento de un crédito por el banco para el pago de pasivos en favor de sí mismo, contrariaba o no ese numeral, lo que significa que propiamente el tema de la vigencia de ese precepto no se integró a los puntos de contradicción que de manera específica debían ser dirimidos.

En congruencia con lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal identificó como punto medular de discrepancia el relativo a si el contrato de apertura de crédito para pago de pasivos estaba o no regulado por ese reglamento y si contrariaba o no a la Ley de Instituciones de Crédito, arribando a la conclusión, que se tradujo en el criterio que debía prevalecer, de que el contrato de apertura de crédito celebrado con instituciones de banca comercial, conocidas actualmente como banca múltiple, ni siquiera estuvo regido por el Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Crédito.

Luego, si bien para asumir esta postura también determinó la no vigencia de ese artículo, no lo concretizó en jurisprudencia, por lo tanto subsiste la necesidad legal de realizar esa labor.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CLXXV/89, sustentada por la Tercera Sala de la anterior conformación de este Alto Tribunal, publicada en la página 244 del Tomo IV, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, de este tenor:

"JURISPRUDENCIA. NO LA CONSTITUYE UNA TESIS SUSTENTADA EN UNA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN, SINO CUANDO DEFINE EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.-De conformidad con lo establecido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando se denuncia una contradicción de tesis, el órgano jurisdiccional encargado de resolverla -el Pleno de la Suprema Corte, respecto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6006-dd8c477c/pago-de-pasivos-esta-derogado-el-articulo-8o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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