Corpus
Modo: Corpus Pro

SEGURO DE AUTOMÓVIL. LA RELEVANCIA ESPECIAL QUE TIENE EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN MATERIA DE CONTRATOS DE SEGURO, PERMITE A LA ASEGURADORA CONSIDERAR COMO VERDADERO LO DECLARADO POR EL CONTRATANTE, SIN QUE LE SEA LEGALMENTE EXIGIBLE REALIZAR MAYOR INVESTIGACIÓN AL RESPECTO. SEGURO DE AUTOMÓVIL. SI RESULTA FALSA LA FACTURA CON LA QUE SE PRETENDIÓ AMPARAR LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ASEGURADO Y EL CONTRATO SE CELEBRÓ BAJO LA ERRÓNEA CREENCIA DE QUE EL CONTRATANTE ERA EL PROPIETARIO DEL AUTOMÓVIL, AQUÉL ADOLECE DE NULIDAD RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/98. · Registro digital (IUS): 6826
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, , Pág. 193.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo número DC. 3134/97, promovido por Seguros Comercial América, S.A. de C.V., en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Es parcialmente fundado el primer concepto de violación y fundado el tercero, y suficientes para conceder el amparo solicitado. Esto es así, ya que del primer concepto de queja, se desprende que como lo expresa la impetrante de garantías, el contrato de seguro, como el de la especie, al igual que la generalidad de los contratos, es una convención que se sustenta en la buena fe de las partes, se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, y desde entonces obliga a las partes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley, según el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal. Por lo que hace al contrato origen del litigio, debe hacerse notar que este tribunal no comparte la tesis de jurisprudencia en que la responsable funda la sentencia reclamada, del rubro: ‘CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES. CORRESPONDE A LA ASEGURADORA REVISAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ASEGURADO AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA Y NO DESPUÉS DE OCURRIDO EL SINIESTRO.’, ya que realmente, conforme a la costumbre que impera en materia de aseguramiento de automóviles, es normal que esto se haga con copias simples de la factura que exhibe el asegurado, la cual respalda con las declaraciones que hace por escrito a la empresa aseguradora, y en las que se basa esta última para otorgar el seguro. Así, el asegurado debe asumir la obligación de conducirse con veracidad al manifestar las circunstancias que declara, sabiendo que de no hacerlo así, se expone a que la aseguradora tenga excepciones que oponer cuando, ocurrido el siniestro, se exija el pago de la suma asegurada. Bajo estas circunstancias, no es sino hasta que ocurre el siniestro, cuando se solicita la documentación original, a fin de que la aseguradora pueda subrogarse en todos los derechos al bien asegurado, e intentar las correspondientes acciones, o bien hacer las reclamaciones que correspondan. En la especie, no se advierte de las constancias existentes en autos, que alguna de las partes contratantes se haya conducido con mala fe al momento de contratar, y que esto fuera motivo para que la parte contraria lo alegara en su favor; en consecuencia, si el asegurado declaró circunstancias, que aun sin saberlo, resultaron falsas, como es que él era el legítimo propietario del vehículo, ello no puede dar lugar a que la aseguradora tenga la obligación de indemnizarlo con motivo del siniestro y en virtud del contrato de seguro, pues además de que las cosas perecen para su dueño, en el caso, no habría posibilidad de que la aseguradora se subrogara en los derechos del legítimo propietario, al no haber contratado con éste. El tercer concepto de violación es fundado, ya que en lo que interesa, la impetrante de garantías manifiesta que contrariamente al razonamiento que da la Sala responsable, no procede la condena que le fue impuesta mediante el acto reclamado, ya que al emitirse éste no se tomó en cuenta que desde la contestación de la demanda se hizo valer la excepción consistente en la imposibilidad de que la aseguradora se subrogara en los derechos del asegurado, lo cual da como resultado que ésta se libere de sus obligaciones; excepción que tiene fundamento en el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y el contenido de la cláusula 15a. de las condiciones generales del contrato de seguro, y que respectivamente disponen a la letra: ‘Artículo 111. La empresa aseguradora que pague la indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado. La empresa podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado. Si el daño fue indemnizado sólo en parte, el asegurado y la empresa aseguradora concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente.’. ‘Cláusula 15a. Subrogación. En los términos de la ley, una vez pagada la indemnización correspondiente, la compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del asegurado, así como en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro y/o situación de asistencia; si la compañía lo solicita, a costa de la misma, el asegurado hará constar la subrogación en escritura pública. Si por hechos u omisiones del asegurado se impide totalmente la subrogación, la compañía quedará liberada de sus obligaciones. Si el daño fuere indemnizado sólo en parte, el asegurado y la compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente.’. Con base en esto, la quejosa señala que, al haberse acreditado la falsedad de la factura, con que la parte actora en el juicio natural, pretende acreditar la propiedad del vehículo siniestrado, materia de la litis de origen, da lugar a que la aseguradora no pueda subrogarse en los derechos que corresponderían al legítimo dueño de ese bien, ya que no se le podrían ceder los correspondientes derechos inherentes al documento que acredita la propiedad; y más aún, podría incluso incurrir en un ilícito penal, al permitirlo, ya que es del conocimiento de la aseguradora que la factura correspondiente es falsa. De las constancias existentes en autos, se advierte que la quejosa al contestar la demanda opuso, entre otras, la excepción señalada, y que en el desarrollo de la secuela procesal, José Canacasco Guiverra, rindió dictamen pericial, en su carácter de perito en el área de grafoscopía y documentoscopía, en relación a la factura 4312, de diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, con membrete de Distribuidora Chevrolet, S.A. de C.V., que ampara el vehículo camioneta Suburban, color plata, 1994, serie 3GCF26K7RM108084, a nombre del comprador Juan Carlos García Romero; documento en cuyo reverso se advierte una cesión de derechos a favor del enjuiciante en el natural. En el dictamen en comento se concluyó que la factura analizada era falsa; y esto fue tomado como base por el Juez de primera instancia, para declarar procedente, entre otras, la excepción de mérito, opuesta por la aseguradora demandada. Bajo este contexto, debe señalarse que si bien es cierto, es obligación de la aseguradora el revisar la documentación que pide, para con base en ella realizar un contrato de seguro, también lo es que, con base en la buena fe de los contratantes, esto se hace generalmente hasta que acontece el siniestro, y en el presente caso, la liberación a cargo de la enjuiciada se da en virtud de la imposibilidad para subrogarse en los derechos que podría tener el legítimo propietario sobre el bien asegurado materia de la litis natural, esto como consecuencia de la falsedad de la factura exhibida por el asegurado. Esto es así, ya que efectivamente al resultar apócrifa la factura con la cual pretende acreditarse la propiedad de la camioneta ya descrita, no pueden ser transmitidos los derechos que de ésta se derivan, a la aseguradora, y al no acontecer esto al momento de recuperarse el bien, no podría ejercer los derechos conducentes, ya sean de carácter penal, civil, o incluso para enajenar el bien; por ende, da lugar a la liberación de sus obligaciones en relación al pago de la unidad vehicular; consecuentemente, no son de aplicarse los razonamientos que sustenta el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.8o.C.136 C, del rubro: ‘CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES. CORRESPONDE A LA ASEGURADORA REVISAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ASEGURADO AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA Y NO DESPUÉS DE OCURRIDO EL SINIESTRO.’, que la responsable toma como base para emitir la sentencia reclamada. En virtud de lo anterior, al suscitarse la contradicción de tesis en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y como se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atento que ambos criterios se sustentan en juicios de amparo, procede realizar la denuncia correspondiente, por conducto del presidente del tribunal, para cuya sustanciación debe enviarse el toca en que se actúa. Al ser fundado el tercer concepto de violación y suficiente para conceder el amparo solicitado, es innecesario el análisis de los restantes conceptos de queja. Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 693, que comparte este órgano jurisdiccional, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 466, que a la letra dispone: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías.’."

El criterio sustentado por dicho tribunal, dio lugar a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, enero de 1999

"Tesis: I.4o.C.26 C

"Página: 916

"SEGURO DE AUTOMÓVIL. SI LA ASEGURADORA SE FIÓ DE LA INFORMACIÓN DADA AL CONTRATAR, Y ÉSTA RESULTA FALSA, QUEDA EXONERADA DE LA OBLIGACIÓN. El contrato de seguro, al igual que la generalidad de los contratos, es una convención que se sustenta en la buena fe de las partes; se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, y desde entonces obliga a las partes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, según el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal. Así pues, el asegurado asume la obligación de conducirse con veracidad al manifestar las circunstancias que declara, sabiendo que de no hacerlo así, se expone a que la aseguradora tenga excepciones que oponer cuando, ocurrido el siniestro, se exige el pago de la suma asegurada; debe señalarse entonces, que es normal que sólo cuando ya ocurrió el siniestro, la aseguradora solicite la documentación original, para poderse subrogar en todos los derechos al bien asegurado, e intentar las correspondientes acciones, o bien hacer las reclamaciones que correspondan; en consecuencia, si el asegurado declaró circunstancias que, aun sin saberlo, resultan falsas, como es que él era el legítimo propietario del vehículo asegurado, siendo que resulta robado, la aseguradora no queda obligada a indemnizarlo con motivo del siniestro, pues además de que las cosas se pierden para su dueño, no habría posibilidad de que la aseguradora se subrogara en los derechos del legítimo propietario, al no haber contratado con éste.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 3134/97. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de junio de 1998. Mayoría de votos. Disidente: Álvaro Ovalle Álvarez. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Arquímedes Loranca Luna.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 104/98, pendiente de resolver en la Primera Sala."

TERCERO. Por otra parte el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 849/96, promovido por Seguros Comercial América, S.A. de C.V., en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. ... Son igualmente infundadas las afirmaciones de la quejosa en el sentido de que la responsable indebidamente la condenó al pago de la suma asegurada, sin tomar en consideración que la base fundamental de los contratos de seguros es la buena fe, y en la especie, existen elementos comprobados en su opinión, de que la factura que ampara la propiedad del automóvil es apócrifa, dado que el número de serie que aparece en la misma (NN142821), no corresponde a los de los vehículos que Chrysler de México, Sociedad Anónima, fabricó en el año que aparece en la factura y que según dice, dicha circunstancia fue constatada tanto por Chrysler de México, Sociedad Anónima, como por Automóviles Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable; en la inteligencia de que aun cuando se percató de los datos falsos contenidos en la factura número A16662, con posterioridad a la fecha en que sucedió el siniestro, según dice, tenía el derecho a considerar la extinción de sus obligaciones en el mismo momento en que advirtió que los documentos que exhibió su contraparte para acreditar la propiedad del vehículo asegurado son falsos, ya que en su concepto, la ley le otorga la posibilidad de hacerlo, cuando, como aconteció, el asegurado pretenda hacerla caer en error; por tanto considera violado en su perjuicio el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que no fue aplicado en su detrimento, así como los artículos 47 y 48 de la propia ley, que considera fueron aplicados indebidamente, ya que según dice, éstos se refieren al momento de la celebración del contrato de seguro y, en la especie, tuvo conocimiento de las falsedades asentadas en la póliza, derivadas de la factura apócrifa que le fue exhibida por el asegurado, hasta después de acontecido el siniestro; por ende, en su concepto, debió aplicarse a su favor el mencionado artículo 70. Al respecto, cabe hacer notar que los artículos 66, 67, 68, 69 y 70 del capítulo IV de la Ley sobre el Contrato de Seguro, referente al riesgo y la realización del siniestro son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 66. Tan pronto como el asegurado o el beneficiario en su caso, tengan conocimiento de la realización del siniestro y del derecho constituido a su favor por el contrato de seguro, deberán ponerlo en conocimiento de la empresa aseguradora. Salvo disposición en contrario de la presente ley, el asegurado o el beneficiario gozarán de un plazo máximo de cinco días para el aviso que deberá ser por escrito si en el contrato no se estipula otra cosa.’. ‘Artículo 67. Cuando el asegurado o el beneficiario no cumplan con la obligación que les impone el artículo anterior, la empresa aseguradora podrá reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado oportunamente.’. ‘Artículo 68. La empresa quedará desligada de todas las obligaciones del contrato, si el asegurado o el beneficiario omiten el aviso inmediato con la intención de impedir que se comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro.’. ‘Artículo 69. La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo.’. ‘Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación de que trata el artículo anterior.’. En tales términos se advierte que el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se refiere al caso en que el asegurado disimula o declara inexactamente los hechos relacionados con el riesgo y el siniestro y al caso en que no entrega a tiempo a la aseguradora los documentos relacionados con este último; de manera que dicho numeral, contrariamente a lo afirmado por la quejosa resulta inaplicable al caso, dado que de un análisis integral de los preceptos copiados se llega a la convicción de que el precepto de que se trata, se refiere a la hipótesis en la que el asegurado pretende hacer incurrir en error a la aseguradora, respecto de los hechos y documentos concernientes tanto al riesgo como al propio siniestro, pero no respecto de los documentos referentes a la propiedad del bien asegurado, los cuales deben ser revisados por la aseguradora previamente a la aceptación de la solicitud de celebración del contrato de seguro. De manera que en la especie, es de estimarse que al extender la impetrante la póliza correspondiente y, al recibir el pago de la prima, el contrato base de la acción quedó perfeccionado y debe concluirse que ésta aceptó como idónea para la celebración del mismo la documentación relativa a la propiedad del automóvil materia del juicio natural que el asegurado le entregó con su solicitud y, si por su negligencia no revisó con cuidado dichos documentos en su oportunidad, es decir, antes de expedir la póliza y de recibir pago de la prima, y tampoco dio por rescindido el contrato dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tal omisión que sólo a la impetrante es imputable, no puede oponérsela al asegurado, pretendiendo que incurrió en un error a causa de aquél; porque se reitera, antes de la expedición de la póliza tuvo en su poder los documentos de que se trata y estaba obligada a revisarlos en ese momento y no hasta después de ocurrido el siniestro. Consecuentemente y tomando en consideración que es principio general de derecho que nadie puede alegar a su favor su propia torpeza, debe estimarse que el concepto de violación que se analiza es infundado. ..."

El criterio sustentado por dicho tribunal, dio lugar a la tesis con el rubro y texto siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, junio de 1997

"Tesis: I.8o.C.136 C

"Página: 734

"CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES. CORRESPONDE A LA ASEGURADORA REVISAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ASEGURADO AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA Y NO DESPUÉS DE OCURRIDO EL SINIESTRO. Al momento de la expedición de la póliza, los documentos referentes a la propiedad del bien asegurado deben ser revisados por la aseguradora previamente a la aceptación de la celebración del contrato de seguro y no después de ocurrido el siniestro. De manera que si extiende la póliza correspondiente y recibe el pago de la prima, debe concluirse que el contrato quedó perfeccionado y que la aseguradora aceptó como idónea para la celebración del mismo la documentación relativa a la propiedad del bien materia del juicio que el asegurado le entregó con su solicitud; y si por su negligencia no revisó con cuidado dichos documentos en su oportunidad, es decir, antes de expedir la póliza y de recibir el pago de la prima, y tampoco dio por rescindido el contrato dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tal omisión le es imputable y no puede oponerla como excepción al asegurado.

"OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 849/96. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 17 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez."

CUARTO. Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis aun sin que el procurador general de la República haya expuesto su parecer al respecto, pues debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto, tal como lo indica la tesis que señala:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"Página: 24

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.

"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 183, página 124."

QUINTO. Como cuestión previa, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues sólo en ese caso será posible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente.

Al efecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la tesis de jurisprudencia sostenida por la Cuarta Sala de esta Suprema Corte, que señala que:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis, deben reunirse los siguientes elementos:

A) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

C) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En la especie, todos los extremos anteriores se verifican, según se expone a continuación:

a) Los dos tribunales cuyos criterios se estudian en la presente examinan la misma cuestión jurídica, consistente en: determinar cuál es la responsabilidad a cargo de la aseguradora cuando ésta constata que la factura que ampara la propiedad de un automóvil asegurado es falsa y esto lo arguye una vez realizado el siniestro.

Al respecto, cada uno de los tribunales adopta un criterio distinto:

Por una parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo el criterio de que la empresa aseguradora queda exonerada del pago de la indemnización respectiva.

Y en cambio, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo el criterio de que la empresa aseguradora sí está obligada al pago de la indemnización.

b) Para sostener sus respectivos criterios, cada uno de los tribunales hizo sus propias consideraciones e interpretaciones jurídicas.

A saber, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo su criterio con base en lo siguiente:

1. El contrato de seguro es una convención que se sustenta en la buena fe de las partes y que se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, obligando a las partes al cumplimiento de lo expresamente pactado y las consecuencias que, según su propia naturaleza, son conformes a la buena fe, usos o a la ley.

2. En materia de aseguramiento de automóviles, es normal que el contrato de seguro se celebre con copia simple de la factura del automóvil y que se respalde con las declaraciones escritas del asegurado, teniendo éste la obligación de conducirse con la verdad, a sabiendas de que si declara circunstancias que resultan falsas, aun cuando no haya mediado mala fe:

(i) La aseguradora tendrá excepciones que oponerle, y

(ii) No se podrá obligar a la aseguradora al pago de la indemnización.

3. Si bien es cierto que la aseguradora tiene la obligación de revisar la documentación que solicita para la celebración del contrato, también es cierto que -con base en la buena fe que priva en los contratos de seguros- los documentos originales no se solicitan sino hasta que se realiza el siniestro, pues ello se hace con el fin de que la aseguradora pueda subrogarse en todos los derechos del bien asegurado.

4. Y como la falsedad de la factura le impide la subrogación en los derechos de legítimo propietario del automóvil asegurado, dicha falsedad da lugar a que la aseguradora quede liberada de la obligación de pago de la indemnización. Lo anterior es así porque:

(i) Para que la aseguradora esté obligada a pagar, debe tener la posibilidad de subrogarse en los derechos de legítimo propietario del bien asegurado, de manera que pueda intentar las acciones o hacer las reclamaciones correspondientes; y,

(ii) Si algún hecho impide dicha subrogación, eso le permite a la aseguradora liberarse del pago de la indemnización, pues no podrá ejercitar los derechos conducentes.

5. Adicionalmente, porque las cosas se pierden para su dueño.

Mientras que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo su criterio en base a lo siguiente:

1. La documentación relativa a la propiedad del automóvil asegurado debe ser revisada por la aseguradora pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6826-a2c63006/seguro-de-automovil-la-relevancia-especial-que-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.