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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA RELACIÓN DE ACREEDORES DE LA PRETENDIDA SUSPENSA, LOS LEGITIMA COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/97. · Registro digital (IUS): 5869
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCU
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 67.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 94/97-I, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.-Por razones de método procede estudiar en primer término el segundo de los conceptos de agravio, que resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones.-En efecto, este tribunal conviene con el recurrente, en que la institución bancaria quejosa Bancomer, S.A., carecía en el momento en que promovió el recurso de apelación contra la resolución que declaró en estado de suspensión de pagos a los terceros perjudicados, de legitimación procesal para intervenir en el procedimiento suspensorial, en tanto que para esa fecha aún no solicitaba el reconocimiento de acreedor de los suspensos en los términos de los artículos 220 y 221 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos que establecen que los acreedores del quebrado que requieran hacer efectivos sus derechos contra la masa, deberán solicitar el reconocimiento de los mismos que se efectuará por el Juez, previa la junta de acreedores especialmente convocada para tal efecto. El alcance y sentido literal de tales dispositivos es insoslayable para asumir la calidad de parte en el procedimiento de suspensión de pagos y, por ende, la legitimación para intentar cualquier impugnación en el mismo, se genera precisamente en el instante en que la calidad de acreedor es reconocida judicialmente, sin que obste que el artículo 6o., inciso c) de la ley antes mencionada ordene que el comerciante que pretenda la declaración de su estado de suspensión deba acompañar a su demanda suspensional una relación que comprenda los nombres y domicilios de todos sus acreedores y deudores así como la naturaleza y monto de sus deudas y obligaciones pendientes; lo que en la especie cumplieron las terceras perjudicadas, pero esa sola circunstancia resulta insuficiente para los efectos de la legitimación procesal de ésta ya que en estos casos no es el reconocimiento particular, sino el judicial el que confiere derechos adjetivos a los acreedores para impugnar la resolución inicial en la suspensión de pagos, de tal manera que mientras ello no suceda habrá de convenirse que quienes aparecen en la lista de acreedores, sólo tienen lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan ‘interés simple’.-En el caso concreto, si la quejosa Bancomer, S.A., presentó su recurso de apelación contra la sentencia de suspensión de pagos el día cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, cuando todavía no había presentado su demanda de reconocimiento de adeudo contra los suspensos, ni le había sido reconocido judicialmente su derecho de acreedor, es inconcuso que al momento de recurrir la resolución de referencia, aún no tenía la legitimación procesal para ocurrir al juicio y al no estimarlo así el Juez Primero de Distrito en el Estado, es claro que origina en perjuicio del ahora recurrente, el concepto de agravio de que se duele, el cual deberá repararse en esta instancia ordenando se revoque la resolución constitucional impugnada y dictando otra en donde se niegue a Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.-En este mismo sentido se pronunció este tribunal al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión número 372/92-I civil, mediante resolución de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y siete.-Por las razones que anteceden, innecesario resulta abocarse al estudio de los restantes conceptos de agravio que se vinculan con la extemporaneidad del recurso de apelación, pues si la quejosa carecía de legitimación ad procesum para interponerlo, irrelevante resulta pronunciarse a ese respecto."

TERCERO.-Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver los juicios de amparo directo civil 8/94 y 594/92, en la parte que es motivo de contradicción consideró:

Amparo directo civil 8/94.

"SEXTO.-Antes de examinar los cuestionamientos aducidos en el propio escrito de demanda de garantías, este órgano colegiado estima pertinente dar respuesta a los argumentos de índole adjetiva que la misma aquí impetrante del amparo, por conducto de apoderado, expuso en el ocurso que corre agregado a fojas setenta y seis a setenta y ocho del expediente federal, recibido en el Juzgado de Distrito que inicialmente conoció de este asunto el día veintidós de abril de mil novecientos noventa y tres, que en esencia dicen: a) Que si los acreedores en los juicios concursales tienen el carácter de parte desde el momento en que presentan su demanda de reconocimiento de crédito, cuando Banca Serfín, Sociedad Anónima, interpuso el recurso de apelación -que a la postre trajo como consecuencia que se revocara el fallo dictado por el Juez natural- lo hizo en su calidad de presunta acreedora, esto es, cuando aún no había promovido el reconocimiento de adeudos, por lo que carecía de legitimidad para interponer la apelación de referencia y por tanto el Juez de origen no debió admitir la apelación; b) Que si bien el auto de admisión del recurso no fue impugnado, el Juez natural ‘tiene obligación de vigilar la legitimación procesal de las partes, de hacerlo de oficio, tal y como lo ordena el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en los términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos ...’, por ser la personalidad y la legitimación presupuestos procesales indispensables, que así aun cuando tampoco se impugnó el auto que confirmó la calificación del recurso de apelación por parte del tribunal de alzada, éste debió rechazar su tramitación y desechar el recurso (invoca tesis para apoyar los argumentos); c) Que además la apelación debió desecharse, porque contra la sentencia que declara la suspensión de pagos de un comerciante no es procedente tal recurso, ya que de acuerdo con los artículos 457 y 458 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, la apelación sólo procede en casos determinados por la ley, sin que deba estarse a lo previsto por los artículos 429 y 19 de la misma ley, por no tener aplicación al caso, y demás cuestiones sobre el particular (cita tesis para apoyarlo).-Lo reseñado bajo los incisos a) y b) es inoperante, porque en ellos se confunde el análisis oficioso a que está obligado el juzgador común tanto de primera como de segunda instancia en determinados casos y en relación con supuestos jurídicos diversos, con la preclusión procesal y firmeza de las resoluciones judiciales que bien o mal se dictan en los juicios o en los procedimientos sui generis como del cual dimana el acto reclamado, que por incombatidas en el curso mismo del procedimiento deben seguir rigiendo, sin que puedan ser revocadas o modificadas motu proprio por la autoridad que las pronunció; luego, si como lo reconoce la inconforme, el auto que dictó el Juez de primer grado admitiendo el recurso de apelación, así como el emitido por la Sala resolutoria confirmando la calificación de grado, no fueron impugnados a través del medio de defensa idóneo, se debe concluir que se consintió esa situación procesal y que se incumplió con las taxativas a que se refiere el artículo 161 de la Ley de Amparo, de tal suerte que, bajo esa tesitura, este tribunal carece de aptitud legal para ocuparse de su estudio, atenta la técnica que rige en la materia del amparo, con independencia de que la aplicación supletoria del artículo 47 del citado Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de ese propio código, opera, según el artículo 6o. transitorio de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, de manera ‘... excepcional y sólo se refiere a los preceptos expresamente reglamentados por esta ley ...’. Además, cabe significar que la institución apelante, ahora tercera perjudicada, sí estuvo legitimada para recurrir el fallo emitido por el Juez de primera instancia, pues ello se generó del señalamiento de la pretendida suspensa, al identificarla como una de sus acreedores (véase foja sesenta y ocho de constancias del toca), por lo que resulta irrelevante para los efectos de la legitimación procesal que aquélla haya presentado o no demanda de reconocimiento de crédito para constituirse en parte dentro del procedimiento natural, ya que la sentencia declarativa de suspensión tiene como presupuesto lógico previo, la existencia de la parte acreedora, independientemente de la concesión de los créditos mismos en la fase posterior de reconocimiento; en suma, la legitimación del banco acreedor que apeló el fallo dictado por el Juez local nació o se derivó por su sola calidad de acreedor, otorgada o reconocida por la solicitante del estado de suspensión de pagos, como lo sostuvo este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 594/92, en sesión privada de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos. Lo que de suyo hace que devengan inaplicables las tesis ahí invocadas."

Amparo directo civil 594/92.

"QUINTO.-Son ineficaces los conceptos de violación que en el caso se expresan, sin que se advierta infracción alguna que deba ser reparada oficiosamente conforme a lo que dispone el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.-En el primero de los conceptos de violación, se sostiene, básicamente, que los presuntos acreedores que interpusieron el recurso de apelación en contra de la declaración de suspensión de pagos no están legitimados para recurrirla toda vez que sus créditos no se han reconocido por el Juez del proceso por no haberse presentado las demandas de reconocimiento de créditos que les dé el carácter de parte; que, por ello, se incumple con lo dispuesto en los artículos 220, 221 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos; que es ilegal lo sostenido por la Sala en cuanto a que el auto que admitió el recurso y el que califica de legal esa admisión ya había causado estado, porque, alega, corresponde al tribunal de apelación revisar la legitimación de las partes para interponer recurso; que también es ilegal tener legitimados a los apelantes por haber sido señalados como acreedores, ya que ello sólo los convierte en ‘presuntos’, y que lo que convierte en parte a los acreedores es el reconocimiento de su crédito, apoyándose para ello en la tesis invocada a la Sala responsable, citada en los conceptos de violación.-La anterior inconformidad deviene ineficaz en razón de que la calidad de parte en el procedimiento natural y, por ende, la legitimación para intentar cualquier medio de impugnación por los aquí terceros perjudicados como bien lo sostuvo la Sala responsable, se generó del propio señalamiento de la pretendida suspensa, al identificar a sus acreedores a través de una relación expresa plasmada en la relación de acreedores que como requisito debe cumplirse por quien pretende una declaración de suspensión de pagos atento el artículo 6o., inciso c), de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos y, contra lo sostenido, no resulta una simple enumeración de ‘presuntos’ acreedores (calificación muy personal del peticionario del amparo), sino del reconocimiento por la propia sociedad quejosa de la calidad de los a la postre apelantes, por lo que malamente puede desconocer esa calidad y la de partes quien expresamente se la reconoció, en tanto que, por otro lado, dado ese reconocimiento por la sociedad que pretende el privilegio de la suspensión de pagos, resulta irrelevante para los efectos de la legitimación procesal que los que reconoció como acreedores presenten sus demandas de reconocimiento de créditos para constituirse en parte en el procedimiento, ya que precisamente la sentencia declarativa de suspensión tiene como presupuesto lógico previo la existencia de esos acreedores con independencia de la concreción de los créditos mismos en la fase posterior de reconocimiento, siendo inadmisible, por tanto, que si tales acreedores fueron relacionados para efectos de la declaración de la suspensión de pagos pueda negárseles legitimación para impugnar la propia sentencia en que explícita o implícitamente fueron considerados, debiéndose agregar, sobre la tesis que se invoca, que tal criterio, bueno o malo, sólo se refiere de manera enunciativa a un caso de legitimación procesal en una etapa distinta a la que nos ocupa, mas no se sostiene ahí la carencia del acreedor del derecho de interponer recursos en una etapa previa al reconocimiento de créditos, si su calidad fue reconocida desde la demanda relacionada, motivos por los cuales este Tribunal Colegiado considera innecesario acoger o contradecir esa tesis a favor o en contra del peticionario del amparo, al no referirse al punto aquí debatido.-Por ello resulta inexacto que la Sala responsable hubiese incumplido con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, pues la obligación que se impone a los acreedores en el procedimiento de suspensión de pagos, de demandar el reconocimiento de sus créditos, se encamina a determinar una legitimación referida ya no sólo a las facultades de impugnación que en etapa previa tienen los acreedores inicialmente reconocidos, sino para participar y hacer efectivos sus derechos en las etapas procesales posteriores a la declaración de suspensión de pagos, relativas entre otras a la modificación, aprobación o desaprobación del convenio preventivo."

Las ejecutorias de referencia motivaron la formación de la tesis publicada en la página 613, Tomo II, septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es como sigue:

"SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA RELACIÓN DE ACREEDORES DE LA PRETENDIDA SUSPENSA LEGITIMA A ÉSTOS COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE.-La calidad de parte en el procedimiento de suspensión de pagos y, por ende, la legitimación para intentar cualquier impugnación en el mismo, se genera del señalamiento que la pretendida suspensa hace en la relación de acreedores que debe efectuar, en cumplimiento del artículo 6o. inciso c), de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos; por lo que resulta irrelevante, para los efectos de la legitimación procesal, que aquellos a quienes la pretendida suspensa reconoció como acreedores, presenten sus demandas de reconocimiento de créditos, ya que, precisamente, la sentencia declarativa de suspensión, tiene como presupuesto previo la existencia de esos acreedores, con independencia de la concreción de los créditos, misma que se hace en fase posterior."

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que apoya este mismo criterio, al resolver la improcedencia 334/94-VIII y el amparo en revisión 32/96-IV, consideró:

Improcedencia 334/94-VIII.

"CUARTO.-Es fundado lo que se aduce. En efecto, como bien lo señala el revisionista en los agravios, la materia del amparo lo fue la resolución recaída al recurso de revocación promovido en contra de la diversa interlocutoria de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se desechó de plano un recurso de apelación promovido contra la declaración de suspensión de pagos y desde ese punto de vista no afecta la procedencia de este juicio constitucional el hecho de que se haya agotado el recurso de revocación, pues de otra manera no hubiera adquirido definitividad la resolución reclamada.-Por otra parte, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada dentro del plazo de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues el quejoso se ostentó sabedor de la resolución reclamada el día veinte de septiembre del año próximo pasado y la presentación de la demanda fue el día once de octubre del citado año, esto último sin perjuicio de que durante el procedimiento pueda resultar fehacientemente acreditada alguna otra fecha de conocimiento de la resolución que se reclama.-Por último debe decirse que no puede considerarse la multicitada resolución como un acto intraprocesal, atento que el procedimiento se originó con motivo de la resolución que ordena la suspensión de pagos a la empresa ‘Consorcio Inmobiliario del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable’; y el banco quejoso tiene el carácter de acreedor, por lo tanto de la sentencia de amparo depende que el recurso de apelación contra esa interlocutoria sea admitido en su caso, y la multicitada resolución de suspensión de pagos es un acto que causa perjuicios materiales inmediatos a los acreedores como en el caso lo es la institución bancaria demandante de amparo.-En las relacionadas consideraciones, debe revocarse el acuerdo recurrido y ordenar admitir a trámite la demanda de garantías, en caso de que no haya alguna otra causal de improcedencia manifiesta a juicio del a quo."

Amparo en revisión 32/96-IV.

"SÉPTIMO.-Para la mejor comprensión del asunto cabe puntualizar que de autos se desprende que la empresa denominada Consorcio Inmobiliario del Noreste, S.A. de C.V., conjuntamente con otras negociaciones promovieron ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Matamoros, Tamaulipas demanda de suspensión de pagos; mediante proveído de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, el referido órgano jurisdiccional admitió la demanda y en la misma pieza de autos, declaró en estado de suspensión de pagos, entre otras, a la persona moral indicada; ordenó formar cuadernos independientes para cada uno de los suspensos; designó síndico, ordenó que no se hicieran pagos ni entregaran efectos o bienes de cualquier clase a sus acreedores; asimismo determinó que se citara a los acreedores señalados en la relación que para el efecto acompañó la demandante; se convocaron acreedores a la junta de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos; y que se inscribiera dicha resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.-En contra de la anterior determinación la institución bancaria denominada Banco Obrero, S.A., interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido provisionalmente por el Juez natural, el que ordenó su remisión al tribunal de alzada para la sustanciación correspondiente; mediante acuerdo de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, declaró que el recurso de apelación interpuesto, fue admitido debidamente y la calificación o efecto de dicho medio de impugnación fue legal, concediendo término a la parte apelante para expresar agravios y señalara domicilio en el lugar de residencia del tribunal de alzada, para oír notificaciones.-La empresa Consorcio Inmobiliario del Noreste, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado licenciado Jaime R. Guerra González, propuso a la Sala que conoció del recurso interpuesto, incidente de indebida admisión de apelación que fue admitido en trámite por la Tercera Sala Civil, ordenando se corriera traslado a la parte contraria, Banco Obrero, S.A., por conducto de su apoderado licenciado Jorge Max Castillo Treviño; y con fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, pronunció la resolución número 200 que puso fin a la citada incidencia, declarándola procedente y desechando de plano el recurso de apelación interpuesto por Banco Obrero, S.A., ante el Juez de primera instancia.-Inconforme con la anterior determinación, el apoderado legal de Banco Obrero, S.A., interpuso recurso de revocación en su contra, mismo que fue admitido por la responsable mediante acuerdo de fecha seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, dando vista a la parte contraria por el término de ley, y con fecha diecinueve de septiembre del mismo año, decidió el recurso declarándolo improcedente y confirmando la interlocutoria que por ese medio se combatió.-El revisionista expresa que el Juez de Distrito apreció indebidamente el acto reclamado, toda vez que el quejoso señaló como tal la resolución número 200 de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el Magistrado responsable que decidió el incidente de indebida admisión de apelación; y que solamente a esa determinación debió encaminarse el estudio del a quo. Lo anterior es infundado, habida cuenta de que el juzgador federal estimó que respecto al acto reclamado consistente en la resolución número 200 de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo debía sobreseerse en virtud de que el quejoso interpuso en su contra el recurso de revocación y que al decidirse este medio de impugnación, aquél cesaba en sus efectos y por lo tanto esta última determinación sustituyó a la señalada inicialmente; lo anterior se encuentra ceñido a derecho, toda vez que si bien es cierto que el quejoso Banco Obrero, S.A., no señaló concretamente en el capítulo referido al acto reclamado, la determinación que puso fin al recurso de revocación interpuesto, esta circunstancia se desprende del contexto de la demanda de amparo; siendo de explorado derecho que su estudio debe ser integral y apreciarse como un todo, de acuerdo al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto de armonizar los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman y determinar el verdadero sentido que quiso darle el particular. Esto no significa, contrariamente a lo que se afirma suplir la queja deficiente o integrar la acción que intenta el gobernado, sino únicamente el de armonizar la información con que se cuenta a fin de que se ubique con precisión el acto que se reclama, teniendo amplias facultades el juzgador de amparo para apreciar inclusive los documentos que se acompañen en la demanda y las aclaraciones o ampliaciones que se hagan a la misma.-Aduce el recurrente que la resolución impugnada debió declarar improcedente el juicio de garantías promovido, por carecer de personalidad legal el quejoso, toda vez que, en su concepto, no acreditó su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas. A lo anterior debe decirse que no le asiste la razón al disidente, en virtud de que el a quo tuvo por acreditado el carácter de apoderado del promovente de la acción constitucional, con la escritura número 23315, datada el veinte de enero de mil novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del notario público número 198, licenciado Enrique Almanza Pedraza, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que obra glosada a fojas 16 a 20 del expediente y de la cual se observa que Gustavo Romero Kolbeck en cuanto director general de Banco Obrero, S.A., Institución de Banca Múltiple, otorga poder general para pleitos y cobranzas al licenciado Jorge Max Castillo Treviño; y de la referida documental se desprende que el licenciado Gustavo Romero Kolbeck, en mérito a las atribuciones conferidas por el consejo de administración de la institución bancaria en comento, sí tenía facultades para otorgar poderes generales y especiales, contrariamente a lo afirmado por el inconforme. Por otra parte, es inexacto que Joaquín Cano Jáuregui le haya concedido la mencionada representación al licenciado Gustavo Romero Kolbeck, pues del mencionado instrumento público se desprende que aquél solamente intervino en la protocolización del acta de sesión del consejo de administración de Banco Obrero, S.A., como así lo reconoce el propio recurrente, misma sesión en la que se aprobó la designación para director general de dicha institución bancaria del licenciado Gustavo Romero Kolbeck, otorgándole poder general amplísimo para actos de administración y dominio y para pleitos y cobranzas, así como para otorgar, a su vez ‘... poderes generales y revocar las sustituciones y poderes que otorgare o que hubieren sido otorgados con anterioridad’.-Ciertamente, de la escritura 23315, volumen 365, foja 91, tirada ante la fe del notario número 198 de la ciudad de México, Distrito Federal, misma que obra a fojas 16 a 21, en copia debidamente certificada, contrariamente a lo estimado por los recurrentes aparecen correctamente acreditadas las facultades de representación de Jorge Max Castillo Treviño, como apoderado de Banco Obrero, S.A., Institución de Banca Múltiple; derivadas del poder otorgado a su favor por el licenciado Gustavo Romero Kolbeck, quien acreditó su personalidad como director general de esa institución bancaria, y sus facultades para otorgar poderes, con la certificación que exhibió del licenciado Joaquín Cano Jáuregui, en la que este último hizo constar en su carácter de secretario del consejo de administración, la designación para director general del licenciado Gustavo Romero Kolbeck y, a quien se le otorgó facultades para otorgar poderes generales y especiales, apareciendo al final del documento, una constancia y sello del Juzgado de Primera Instancia de Matamoros, Tamaulipas, de su registro con el número 1261, sello 258 del libro número 2 del Registro Público de Comercio, de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y dos, por lo que debe convenirse en que el documento que exhibió Jorge Max Castillo Treviño para acreditar su personalidad sí cumple con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, puesto que se hace constar la personalidad y facultad del funcionario de la institución de crédito, con la exhibición de la certificación de su nombramiento, expedida por el secretario del consejo de administración, habiéndose inscrito el documento correspondiente en el Registro Público de Comercio.-Advirtiéndose también que si bien el artículo 100 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, dispone que la simple protocolización acreditará la fecha y el depósito del documento ante el notario, no menos cierto lo es que de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, el poder otorgado a Jorge Max Castillo Treviño colma los requisitos del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito.-Con relación a los motivos de inconformidad referidos a que el quejoso tenía expedito un recurso en contra de la interlocutoria de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro que resulta intrascendente si lo agotó o no el quejoso, pues igualmente resulta improcedente el amparo promovido en contra de la interlocutoria de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que señaló como único acto reclamado en su demanda de garantías y que el a quo correctamente sobreseyó en el juicio, en relación a dicho acto; que la demanda de garantías fue presentada extemporáneamente y de que la declaratoria de suspensión de pagos no causa perjuicios materiales inmediatos a los acreedores, debe decirse que son inoperantes todas las consideraciones externadas en ese sentido, habida cuenta de que este tribunal mediante ejecutoria dictada el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, se pronunció respecto a dichos extremos, por lo que no pueden volver a ser materia de estudio en este juicio de amparo en revisión.-En efecto, obra a fojas 37 a 46 del juicio constitucional, la copia certificada de la ejecutoria número 25/95, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, relativa a la improcedencia número 334/94-VIII civil, dictada por este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la que se consideró que la demanda de garantías promovida por Jorge Max Castillo Treviño en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Obrero, S.A., fue presentada dentro del plazo de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo ‘pues la materia del amparo, lo fue la resolución recaída al recurso de revocación promovido en contra de la diversa interlocutoria de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro ...’, estimando que ‘es un acto que causa perjuicios materiales inmediatos a los acreedores como en el caso lo es la institución bancaria demandante del amparo’.-En lo atinente a la consideración del Juez de Distrito de que la parte aquí inconforme debió combatir la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto que declaró la suspensión de pagos, mediante el recurso de revocación y no mediante el incidente de indebida admisión de ese recurso, o sea, que debió seguirse la vía procesal y no la incidental; y que el recurrente estima infundada porque, en su criterio, las resoluciones que admiten un recurso no son impugnables; que no es válido subsumir un recurso de mayor jerarquía como lo es el recurso de apelación a un recurso inferior como lo es el de revocación; debe decirse que no le asiste la razón al disidente toda vez que, como bien lo afirma el resolutor federal el artículo 457 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos establece que los autos y decretos que conforme a esta ley no admiten apelación, procede el recurso de revocación; y es éste el medio de impugnación que debió haber utilizado el inconforme para combatir el acuerdo que declaró bien admitida la apelación y legal la calificación de grado, toda vez que dicho precepto no contempla excepción alguna, por lo que dicho proveído por haber sido emitido por el tribunal de alzada, no admitía apelación; por lo tanto, debió haberse promovido su revocación. No pasa inadvertido que el revisionista sustenta dicho alegato en una tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el rubro: ‘REVOCACIÓN, CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN NO ES PROCEDENTE EL DE.’; no obstante cabe señalar que dicha tesis se refiere al auto dictado por el Juez de primer grado que desecha el recurso, que no es el caso, atento a que fue el tribunal de alzada quien decidió de manera definitiva sobre su admisión y calificación de grado.-Aduce el inconforme que es por medio de un incidente como debe combatirse la admisión del recurso de apelación, dado que la ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5869-f49c197b/suspension-de-pagos-la-relacion-de-acreedores-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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