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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA. QUEJA. ESTE RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE CUMPLIR CON EL TRÁMITE PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/97. · Registro digital (IUS): 4866
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los criterios que se señalan como coincidentes son los sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en los asuntos que se indican a continuación:

En el recurso de queja número 16/96, en la parte conducente, el mencionado Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

"TERCERO. Son fundados los agravios hechos valer. Previo al estudio respectivo se estima conveniente hacer la aclaración siguiente:-La materia de la queja no sólo versa sobre la omisión de la responsable en proveer sobre la suspensión solicitada (hipótesis que encuadra exactamente en la fracción VIII del numeral 95 de la Ley de Amparo), sino también en lo tocante a la violación referente a que ha pasado más de un año sin que dicha autoridad hubiera enviado la demanda de garantías ni las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno dentro del término legal señalado; situación que si bien no encaja exactamente dentro de alguna de las fracciones del artículo mencionado, se estima, sin embargo, que por cuanto a ello la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la citada fracción VIII del precepto invocado, determinó que cuando la reclamación verse sobre la ’suspensión o sus diversas modalidades’, así como respecto a la tramitación que debe dar la responsable al amparo directo y que por su naturaleza cause daños o perjuicios notorios a la parte que interpone el recurso, debe aplicarse analógicamente el dispositivo aludido a fin de que el Tribunal Colegiado pueda abordar el examen correspondiente a través del recurso susodicho. Tal criterio, que por su claridad no amerita mayores comentarios, puede consultarse en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVII, página 793, que es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. El artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece los casos en que procede el recurso de queja contra los Jueces comunes, cuando en auxilio de la Justicia Federal dictan el auto de suspensión; pero si se tuviera en cuenta la forma literal en que está redactada esa fracción, la queja sólo procedería en los cinco casos que limitativamente enumera; mas la Primera Sala de la Suprema Corte, para interpretar la repetida fracción, lo ha hecho atendiendo no a su letra, sino a su espíritu, y a la razón filosófica que la inspira, y ha sostenido que la queja procede contra los actos que dicten las autoridades responsables, en el incidente de suspensión en amparo directo, del que conocen en auxilio de la Suprema Corte, siempre que el auto verse sobre la suspensión o sus diversas modalidades y cuando por su naturaleza cause daños o perjuicios notorios a la parte que interpone el recurso; pues de lo contrario, no sería posible revisar autos de las autoridades responsables que obren en auxilio de la Suprema Corte y que son de tanta o mayor trascendencia que las resoluciones a que aluden los cinco casos a que se refiere la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo; por otra parte, conforme al artículo 82 de este ordenamiento, en los juicios de garantías no se admiten más recursos que los de revisión, reclamación o queja, especificando la misma ley, los casos en que dichos recursos proceden, sin que para rechazar la queja, pueda alegarse la aplicación de las leyes de procedimientos civiles locales, puesto que la suspensión se rige exclusivamente por las disposiciones de la Ley de Amparo.’. Explicado lo anterior, de las actuaciones se advierte que desde el siete de febrero del año anterior (o sea, hace ya más de un año, se reitera), los promoventes interpusieron amparo directo contra la sentencia dictada por la Sala responsable el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el toca 920/91. Respecto de tal libelo, en proveído de veintiuno del propio febrero, la Sala responsable acordó:-‘Agréguese el escrito de Humberto Medina Romo, recibido el día siete de febrero del año en curso, mediante el cual se le tiene interponiendo demanda de amparo por conducto de esta Sala, ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en turno, en contra de la resolución o sea la sentencia definitiva del treinta de noviembre del año pasado, relativa al juicio mercantil ejecutivo 201/90, promovido por Telectra, S.A. de C.V. en contra de Filiberto Castillo González, Micro Maquinados Industriales S.A. de C.V. y Componentes Electro Telefónicos S.A. de C.V. Ríndase el informe con justificación, remitiéndolo en su oportunidad, y con carácter devolutivo los autos de primera y segunda instancia. Emplácese al tercero perjudicado en el domicilio señalado en autos y en su oportunidad, remítase constancia autorizada al mencionado tribunal federal.’. Después, en auto de catorce de agosto siguiente, dicho tribunal de alzada señaló: ‘Vista la notificación que antecede de José Adán Romero Meza, de fecha 13 trece de julio pasado y como lo solicita, gírese atento oficio al Juez Décimo Quinto de lo Civil para que a la mayor brevedad posible remita a esta Sala los documentos fundatorios de la acción que le fueron remitidos mediante oficio 2061 de fecha agosto 27 veintisiete de 1991, mil novecientos noventa y uno.’. Posteriormente la referida autoridad, mediante acuerdo de dieciséis de enero del año en curso, determinó: ‘Agréguese el oficio número 2130, recibido el día once de octubre del año pasado, procedente del Juzgado Décimo Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, visto su contenido, se le tiene informando que no ha sido posible la localización de los documentos fundatorios de la acción por lo que de nueva cuenta se ordena girarle atento oficio recordatorio para que de inmediato remita dichas documentales que le fueron remitidas mediante oficio 2061 de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y uno o en su caso informe la razón por la cual no los envía y estar en la posibilidad de cumplimentar el proveído de esta Sala del veintiuno de febrero del año pasado.’. Finalmente, como se narra en el considerando primero, a través del escrito de diecinueve del propio enero, los recurrentes solicitaron remitiera la demanda de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, al cual recayó el proveído de dos de febrero siguiente, en que la Sala acordó que se ‘esté a lo ordenado por el auto que antecede’, o sea, el de dieciséis de enero. Ahora bien, los numerales 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: ‘Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos.’, ‘Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión y mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las copias, a dicho tribunal, quien tendrá por no interpuesta la demanda. En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo no será motivo para tenerla por no interpuesta. En este supuesto, el tribunal que conozca del amparo mandará sacar las copias oficiosamente.’, y ‘Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe. Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento este en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique. La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto.’. Conforme a lo expresado, es indudable que la responsable ha omitido cumplir con la obligación que, respecto de la tramitación del amparo, le señalan los preceptos citados, puesto que desde que se presentó la demanda de garantías hasta la fecha ha transcurrido más de un año sin que se hubiera proveído sobre la suspensión, ni tampoco ha efectuado la remisión de su informe justificado junto con tal demanda y las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado. Procede, entonces, no sólo declarar fundado el presente recurso de queja con base en las razones expresadas, sino también imponerle la multa que previene el último de los preceptos transcritos, misma que, por el tiempo transcurrido y la morosidad con que se advierte ha tratado el caso, se estima justo fijar en cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a la fecha de la presente ejecutoria, la que habrá de hacerse efectiva por conducto de la Administración Local de Recaudación de Guadalajara de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual deberá enviarse el oficio respectivo con los datos necesarios para su cumplimentación. Finalmente, resulta innecesario ocuparse de las manifestaciones vertidas por el agente del Ministerio Público, toda vez que el sentido de este fallo es acorde a su pedimento."

En el recurso de queja número 136/96, resuelto por el mismo Tribunal Colegiado, en la parte que interesa, textualmente señala:

"III. Son fundados los agravios hechos valer, aunque para arribar a la conclusión respectiva en el segundo de ellos habrá que suplirse parcialmente la deficiencia de la queja, con base en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. Este propio tribunal en sesión de dos de abril de mil novecientos noventa y seis, al resolver el diverso recurso de queja 16/96, promovido por Filiberto Castillo González, sustentó el siguiente criterio, que aparece publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 719, del Tomo IV correspondiente a agosto del año en curso, que señala: ‘QUEJA, RECURSO DE. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIR CON LA TRAMITACIÓN QUE LE CORRESPONDE DEL AMPARO DIRECTO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. La materia de la queja no sólo versa sobre la omisión de la responsable en proveer sobre la suspensión solicitada (hipótesis que encuadra exactamente en la fracción VIII del numeral 95 de la Ley de Amparo), sino también en lo tocante a la violación referente a que pasó más de un año sin que dicha autoridad hubiera enviado la demanda de garantías ni las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno dentro del término legal; situación que si bien no encaja dentro de alguna de las fracciones del artículo mencionado, se estima, sin embargo, que por cuanto a ello la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la citada fracción VIII del precepto invocado, determinó que cuando la reclamación verse sobre «la suspensión o sus diversas modalidades», así como respecto a la tramitación que debe dar la responsable al amparo directo que por su naturaleza cause daños o perjuicios notorios a la parte que interpone el recurso, debe aplicarse analógicamente el dispositivo aludido a fin de que el Tribunal Colegiado pueda abordar el examen correspondiente (Quinta Época, Tomo LXVII, página 793).’. Luego, si la Sala responsable a pesar de que en el auto recurrido ya ordenó enviar tanto la demanda de garantías como las actuaciones y documentos relacionados con ella, no ha cumplido con esa determinación pues no justificó haberlo hecho, es obvio entonces que por esa razón causó a los promoventes el consiguiente agravio, debiéndose declarar fundado el presente recurso y con ello prevenir a la responsable para que remita tal libelo y sus anexos a la brevedad posible. En el concepto de que corresponde a tal autoridad la carga de la prueba sobre el particular debido a que exigirla a las quejosas equivaldría a obligarlas a demostrar un hecho negativo."

CUARTO. El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se estima contradictorio con los anteriormente transcritos, se contiene en la resolución recaída al recurso de reclamación número 4/96 y es del tenor siguiente:

"TERCERO. El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente:-Aduce el inconforme, que el auto recurrido, le causa perjuicio porque advierte que la autoridad responsable no ha dado trámite al juicio de amparo, siendo el caso que el recurso tiene fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Es infundado lo que se alega, toda vez que de las constancias que obran en el toca QT-231/96, materia de esta reclamación, se advierte que el inconforme promovió dicho recurso en atención a que no obstante que desde el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis presentó demanda de amparo directo, la autoridad laboral no le ha dado el trámite legal correspondiente, fundando su petición en lo dispuesto por el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, dicho precepto legal textualmente dispone lo siguiente: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados.’. Así las cosas, de lo anteriormente transcrito se pone de manifiesto que el recurso de queja no es procedente en contra de la omisión de la autoridad responsable de dar trámite a la demanda de amparo directo presentada ante ella, toda vez que la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, no se encuentra prevista en ninguna de las restantes fracciones del citado precepto 95 prevé tal hipótesis (sic). Por tanto, debe concluirse que el auto recurrido no causa agravio jurídico al inconforme. En tales condiciones, lo que procede es declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto por Gonzalo Pichardo Nuncio."

QUINTO. En principio debe precisarse que no vuelve improcedente la denuncia de contradicción de tesis, la circunstancia de que las resoluciones de las que se pretende derivar la diversidad de criterios sean de diferente naturaleza, en concreto, que unas se hayan dictado en recursos de queja, y otra al resolver un recurso de reclamación.

Al respecto, es menester tener en cuenta que el artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente: "Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ...".

De esta disposición legal se desprende que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es que las tesis que se estimen opuestas deriven de resoluciones definitivas emitidas por esos órganos jurisdiccionales en juicios de amparo de su competencia, siendo pertinente señalar que esa competencia constitucional no se agota en el conocimiento de los juicios de amparo sino que también comprende todos aquellos medios de impugnación vinculados con tales instancias constitucionales, como son los recursos de queja y reclamación, cuya resolución encomienda la Ley de Amparo a los Tribunales Colegiados. Por consiguiente, la contradicción de tesis puede actualizarse entre cualesquiera resoluciones de carácter definitivo que tales órganos, funcionando en pleno, dicten en relación con los juicios de amparo de su competencia.

Es aplicable en lo conducente la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, página 285, que dice:

"CONTRADICCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA SI LOS CRITERIOS OPUESTOS SE SUSTENTARON, UNO EN UNA RESOLUCIÓN Y OTROS EN ACUERDOS DE TRÁMITE. Para que pueda darse la contradicción de tesis a que se refieren los artículos 196 bis de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es menester que en las resoluciones definitivas pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de su competencia, se sustenten criterios opuestos o diferentes teniendo por objeto, la decisión que se adopte, establecer el que debe prevaler, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias. Ello con la finalidad de conservar la unidad de aquéllas en la impartición de justicia, mediante el estudio reiterado de las disposiciones vigentes. Ahora bien, si de las constancias del expediente se desprende que sólo un Tribunal Colegiado de Circuito, funcionando como tal, esto es, como cuerpo colegiado, al resolver en definitiva ha sustentado el criterio respecto del punto materia de la supuesta contradicción sosteniéndose el criterio contrario en autos de trámite dictados por los presidentes de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, debe concluirse que resulta improcedente la denuncia, pues un acuerdo de simple trámite, al no obligar al Tribunal Colegiado en el que fueron pronunciados, no es definitivo, de tal manera que puede ser modificado por este último ya sea de oficio al fallar el negocio sometido a su consideración, o a petición de parte, al resolver el recurso de reclamación que, en su caso, hubiese sido interpuesto, momento este en el que en dichas resoluciones pudiera darse la contradicción de tesis."

En el caso se surte el mencionado presupuesto legal, dado que la denuncia de contradicción se pretende derivar de las consideraciones externadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el Tercero, dos recursos de queja promovidos ante la omisión de la autoridad responsable de dar el trámite legal previsto en la Ley de Amparo, ante la presentación de la demanda de garantías y, el Primero, un recurso de reclamación intentado contra el desechamiento de un recurso de queja, interpuesto precisamente ante la señalada omisión de la responsable de remitir una demanda de amparo directo al Tribunal Colegiado respectivo, datos que ponen de manifiesto que ambas resoluciones fueron dictadas en relación con un juicio constitucional.

SEXTO. A efecto de establecer si existe o no la contradicción denunciada, se estima pertinente puntualizar el criterio sostenido por ambos tribunales.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene esencialmente, que es procedente el recurso de queja previsto en la fracción VIII, del artículo 95, de la Ley de Amparo, no sólo ante la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la suspensión solicitada, sino también cuando la citada autoridad a pesar del tiempo transcurrido, omite enviar la demanda de amparo directo y las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado respectivo, apoyando tal consideración en que si bien ese supuesto no encaja exactamente en la hipótesis señalada del mencionado precepto legal, ni en alguna otra de las que contiene, existe una tesis de la Primera Sala de este Alto Tribunal en la que se determinó que cuando la reclamación versa sobre la tramitación que debe dar la responsable al juicio de amparo directo y que por su naturaleza cause daños o perjuicios notorios a la parte que interpone el recurso, debe aplicarse analógicamente el artículo citado, a fin de que el Tribunal Colegiado pueda abordar el examen correspondiente a través del recurso de queja.

Es conveniente señalar que al respecto, el mencionado Tribunal Colegiado emitió la tesis número III.3o.C.18 K, visible en la página 719, del Tomo IV, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"QUEJA, RECURSO DE. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES DE LA RESPONSABLE EN CUMPLIR CON LA TRAMITACIÓN QUE LE CORRESPONDE DEL AMPARO DIRECTO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. La materia de la queja no sólo versa sobre la omisión de la responsable en proveer sobre la suspensión solicitada (hipótesis que encuadra exactamente en la fracción VIII del numeral 95 de la Ley de Amparo), sino también en lo tocante a la violación referente a que pasó más de un año sin que dicha autoridad hubiera enviado la demanda de garantías ni las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno dentro del término legal; situación que si bien no encaja dentro de alguna de las fracciones del artículo mencionado, se estima, sin embargo, que por cuanto a ello la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la citada fracción VIII del precepto invocado, determinó que cuando la reclamación verse sobre ‘la suspensión o sus diversas modalidades’, así como respecto a la tramitación que debe dar la responsable al amparo directo y que por su naturaleza cause daños o perjuicios notorios a la parte que interpone el recurso, debe aplicarse analógicamente el dispositivo aludido a fin de que el Tribunal Colegiado pueda abordar el examen correspondiente (Quinta Época, Tomo LXVII, página 793)."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que en términos de lo previsto por el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el recurso de queja no es procedente en contra de la omisión de la autoridad responsable de dar trámite a la demanda de amparo directo presentada ante ella, toda vez que esa omisión no encuadra en alguno de los supuestos previstos en las fracciones del mencionado precepto.

Sobre el particular, el citado tribunal formó la tesis número I.1o.T.9 K visible en la página 499, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala:

"QUEJA IMPROCEDENTE. OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR TRÁMITE A LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. El recurso de queja no es procedente cuando se impugna la omisión de la autoridad responsable de dar trámite a la demanda de amparo directo presentada ante ella, toda vez que la falta atribuida no se encuentra prevista en ninguna de las fracciones del artículo 95 de la Ley de Amparo."

Al respecto conviene circunscribir el punto de contradicción de los criterios sustentados.

En este aspecto cabe destacar que la procedencia del recurso de queja previsto en la fracción VIII, del artículo 95, de la Ley de Amparo, cuando se trata de la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre la suspensión, no constituye materia de la contradicción, porque si bien uno de los Tribunales Colegiados en parte aludió a ese supuesto, el otro no se ocupó de tal planteamiento, por lo que este punto debe quedar excluido de la controversia.

En cambio, respecto a la procedencia del recurso de queja contemplado en la fracción y precepto invocados, ante la omisión de la autoridad responsable de cumplir con el trámite previsto ante la presentación de una demanda de amparo directo, específicamente ante la falta de remisión de ese escrito y sus anexos al Tribunal Colegiado, los órganos contendientes aun cuando coinciden en considerar que este supuesto no se encuentra expresamente previsto en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, arriban a conclusiones distintas, pues mientras uno por aplicación analógica de ese dispositivo determina que es procedente el recurso de queja, el otro concluye que el mismo recurso es improcedente, consideración que tácitamente excluye aplicación por analogía.

De lo anterior se sigue que existe la contradicción denunciada, pues se trata de pronunciamientos que abordan el mismo problema y que arriban a conclusiones divergentes.

Al respecto conviene citar la tesis 2a. LXVIII/95, publicada en la página 283, del Tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que este Tribunal Pleno hace suya y que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO SE DAN CRITERIOS OPUESTOS Y SÓLO UNO SE SUSTENTA EN RAZONES EXPRESAS. La circunstancia de que en las resoluciones dictadas en los recursos de revisión fiscal, se advierta que un Tribunal Colegiado en forma expresa sostuvo que no procedía dicho recurso, y el otro simplemente lo admitió, no es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito si los criterios de éstos, resolvieron sobre una misma cuestión procesal, pero en sentido diverso."

SÉPTIMO. Definida que ha quedado la contradicción, este Tribunal Pleno considera que los criterios que deben prevalecer son los que aquí se sustentan, uno de los cuales es sustancialmente similar al del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por las siguientes razones:

En torno a la reglamentación que rige al juicio de amparo en la vía directa, es pertinente transcribir los artículos 107, fracciones V y VI, constitucionales y 158, 163, 164, 167, 168, 169 de la Ley de Amparo.

"Artículo 107. Todas la controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares;

"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales; y

"d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y transcendencia así lo ameriten.

"VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4866-e74727bd/demanda-de-amparo-directo-el-incumplimiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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