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Modo: Corpus Pro

TÍTULOS DE CRÉDITO REPRESENTATIVOS DE ACCIONES AL PORTADOR. SU CONVERSIÓN EN NOMINATIVOS (ARTÍCULO 20 DEL DECRETO QUE REFORMA EL 4o. TRANSITORIO DEL DIVERSO DECRETO QUE ESTABLECE, REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER MERCANTIL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/96. · Registro digital (IUS): 4620
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 178.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil número 504/96, sostuvo lo siguiente:

"10. Contra el fallo de alzada, Rafael González Oses, con el carácter de representante común de los actores en el procedimiento de cancelación y reposición de títulos de crédito, promovió el presente juicio de garantías e hizo valer, en lo sustancial, los siguientes conceptos de violación:-a) Que la responsable infringió lo dispuesto en los artículos 1336, fracción I, del Código de Comercio, 47, 48, 51 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que los quejosos promovieron un procedimiento de jurisdicción voluntaria conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solicitando la cancelación y reposición de acciones que representaban el capital social de Carrocerías Toluca, S.A. de C.V. y en el procedimiento presentaron su oposición tanto la persona moral referida como los señores Francisco Enrique, Armando Isidro, Enrique Ricardo, María Amalia y María Isabel, todos de apellidos Gómez de Orozco González, oposición desechada por no encontrarse apegada a derecho, ya que no alegaron un mejor derecho de propiedad ni exhibieron los títulos respectivos, resolución que al no haber sido impugnada en forma legal quedó firme.- Además, la sentencia de primera instancia decretó la cancelación y reposición de acciones que representaban el capital social de Carrocerías Toluca, S.A. de C.V., respecto de cuyos títulos no existió oposición fundada, aun cuando los ahora terceros perjudicados presentaron sus oposiciones, éstas fueron desechadas; por tanto, los opositores carecían de legitimación para agraviarse en cuanto a la sentencia de cancelación y reposición de títulos, por eso la Sala responsable no estaba en aptitud de llevar a cabo el análisis de sus agravios, por no ser parte en el procedimiento.- Agregaron que no importaba la circunstancia de que en el artículo 51 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se previera la oposición de quien no tuviera en su poder el título, pues, aun no teniéndolo, la oposición debe fundarse en un mejor derecho y, en la especie, Carrocerías Toluca, S.A. de C.V. no justificó un mejor derecho de propiedad sobre los títulos motivo del procedimiento. Además, el artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que las personas morales no pueden ser propietarias de sus acciones.- Por lo anterior, según la oposición de los señores Gómez de Orozco González, se advertía que aunque exhibieron copias certificadas de algunas acciones, no obstante, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, era necesario que el oponente depositara el documento a disposición del juzgado, además, asegurar con garantía real o personal el resarcimiento de daños y perjuicios que se ocasionaran con la oposición.- Asimismo, el artículo 30 (sic) de la propia ley mencionada señala que para ser (sic) el trámite a la oposición es necesario que se deposite el documento original para que el Juez, en caso de desecharla, devolviere el título al reclamante. En la especie, los opositores exhibieron copias certificadas de títulos diversos a los que los reclamantes solicitaron su cancelación y reposición, además, no exhibieron originales, razones por las cuales correctamente se desechó la oposición.- b) Que debió considerarse que lo relativo al carácter de los opositores a la cancelación y reposición de títulos mercantiles se resolvió desde la primera instancia y, en el caso, no demostraron su legitimación para oponerse al procedimiento de cancelación y reposición de títulos de crédito, desechándose la oposición planteada, sin que a la fecha los presuntos opositores hubieran promovido juicio de amparo señalando como acto reclamado el acuerdo en comento; que, por tanto, tal escrito quedó firme por falta de impugnación, incluso se determinó que los presuntos opositores carecían de legitimación para oponerse y expresar agravios en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de cancelación y reposición, por ello no debió admitirse la apelación, pues sólo podía expresar agravios la persona a quien se los causara el fallo apelado.- También dijeron que no era factible que existiera persona alguna con mejor derecho de propiedad sobre las acciones, pues las oposiciones que se presentaron, por no estar fundadas en derecho, fueron desechadas; tampoco era posible considerar que existiera alguna persona con mejor derecho de propiedad sobre las acciones, pues a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, según el decreto del honorable Congreso de la Unión, publicado el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, todas las acciones emitidas al portador con anterioridad se convirtieron en nominativas por ministerio de la ley y a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco, las mismas no podrían seguir circulando, pues en autos se acreditó que el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y seis se celebró una asamblea extraordinaria, en la cual se especificó la proporción de las acciones que integraban el capital social. En consecuencia, no existía legalmente la más remota posibilidad de que los quejosos hubieren enajenado de alguna forma las acciones que en esa fecha acreditaron detentar en tal asamblea, porque la venta sería contraria a lo dispuesto en el decreto y por tanto nula, por ello no era factible que alguna persona actualmente se ostentara como propietaria de las acciones.- De la misma forma, si de acuerdo con el artículo 436 del código procesal civil los agravios deberán expresarlos las personas a quienes se los cause la resolución apelada y según los artículos 47 y 51 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo podrían oponerse al procedimiento intentado quienes justificaran un mejor derecho de propiedad y, en la especie, los opositores no lo hicieron, por ello no podrían legalmente expresar agravios contra la sentencia que ordenó la cancelación y reposición de títulos de crédito que no eran propiedad de los apelantes.- Insistieron en que el agravio que se ocasionara al litigante es lo que da la legitimación para interponer el recurso; de ahí que el que resulte beneficiado o ningún agravio resienta con la resolución judicial, carezca de legitimación activa para interponer el recurso de apelación y expresar agravios.- c) Que el tribunal de apelación infringió el artículo cuarto transitorio del decreto promulgado por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, que establece, reforma y adiciona diversas disposiciones de carácter mercantil, así como el vigésimo del decreto promulgado por el Congreso de la Unión publicado el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- Al respecto, la responsable estimó necesario realizar un estudio de dichos decretos para determinar si en el caso se dio la conversión para que los títulos extraviados se consideraran nominativos, sin atender a que lo decretado para convertir las acciones al portador en nominativas implica que por ministerio de la ley a partir de la vigencia del decreto, todas las acciones emitidas al portador se convertían en nominativas, sin que fuera posible que sólo con la formalización de la conversión podían considerarse como nominativas, ya que esto último era por ministerio de la ley, y que la falta de formalización posterior no significaba la no conversión, pues estimarlo así sería considerar que el decreto promulgado estaba sujeto al capricho de los particulares hasta que quisieran o formalizaran la conversión de títulos al portador en nominativos. Citaron como ejemplos aplicables las siguientes tesis: 'INFORME JUSTIFICADO. NO EXISTE SUSTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME A TRAVÉS DE LAS DESIGNADAS POR MINISTERIO DE LEY.', 'ARRENDAMIENTO, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE. OPERA POR MINISTERIO DE LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).', 'SENTENCIAS QUE CAUSAN EJECUTORIA POR MINISTERIO DE LEY (LEGISLACIÓN DE PUEBLA).' y 'SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA, CAUSAN EJECUTORIA POR MINISTERIO DE LEY (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).'.- Reiteróse que las acciones emitidas al portador con anterioridad a los decretos de mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y tres, debían convertirse en nominativas y las acciones a que se refería el procedimiento del cual emanó el acto reclamado eran nominativas con independencia de que materialmente no se hubieran convertido, aun cuando no exista constancia que demostrara tal conversión(sic), pues de todas formas los efectos eran de carácter nominativo por disposición legal.- Agregaron que el primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro entró en vigor el artículo vigésimo del decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de carácter mercantil, y todas las acciones emitidas en nuestro país al portador, por disposición de ley se convirtieron en nominativas, por lo cual en la República Mexicana a partir de entonces dejaron de existir acciones al portador, dado que por medio del decreto se convirtieron en nominativas y la formalización de la conversión no tenía razón de ser, tan era así que en el propio decreto se establecía, en la fracción II, que la formalización en nominativos se realizaría mediante la anotación en los títulos al portador de la propia conversión a nominativos, expresando nombre, nacionalidad y domicilio del titular, la mención del artículo, así como el lugar y fecha en que se realizaba, el carácter y firma de quien lo llevare a cabo; refiere el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, en el recurso de revisión 229/95.- Concluyeron en que la consideración de la responsable, en el sentido de que el procedimiento elegido para obtener la cancelación y reposición, por tratarse de acciones al portador, fue incorrecto, no tenía razón, al no considerarse, precisamente, que ya no existían acciones al portador para representar el capital social de una persona moral y, por ello, lo indebido sería intentar la cancelación y reposición respectiva, de acuerdo con los numerales 69, 73 y 75 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, independientemente de que en la especie hubieran contado con tiempo suficiente para efectuar el trámite de carácter administrativo, dado que aun cuando el decreto aludido estableció en su artículo cuarto transitorio que las acciones emitidas al portador con anterioridad a la fecha de su entrada serían convertidas en nominativas por las emisoras cuando sus titulares así lo soliciten, sin necesidad de un acuerdo de asamblea, fue reformado el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y en su artículo cuarto dispuso que las acciones, los bonos de fundador, las obligaciones, los certificados de depósito y los certificados de participación emitidos al portador, se convertían en nominativos por ministerio de la ley, sin necesidad de acuerdo de asamblea; por tanto, todas las acciones emitidas al portador en México se convirtieron por tal ministerio legal en nominativas. Sin que obste que tal reforma estableciera el procedimiento a seguir para formalizar la conversión, porque en la fracción III de dicho dispositivo también se estableció que los títulos de crédito al portador no podrían seguir circulando, ni ejercerse los derechos incorporados a los mismos o cobrar, pagar intereses o dividendos, a menos que se formalizara su conversión a nominativos, lo cual significa que debía formalizarse dicha conversión para que su titular estuviera en aptitud de ponerlos en circulación o ejercer los derechos incorporados, etcétera, pero ello no indicaba que sus titulares no pudieran reclamar la cancelación y reposición de los mismos, por el robo que de ellos sufrieran, pues el ejercicio de tal derecho no debía interpretarse como el de los derechos incorporados a los títulos, pues no sería otra cosa que el ejercicio de un derecho para obtener la reposición de los títulos y poder ejercitar los derechos incorporados en ellos.- Que lo anterior podría corroborarse con el hecho de que la propia reforma estableció que la formalización en nominativos de los títulos al portador era de interés público, y no causaba contribuciones federales o locales, pues lo que el Estado realizó fue que todos los títulos o acciones del país emitidos al portador se convirtieran en nominativos por ministerio de la ley y, una vez que fueren nominativos, obligar a los particulares para formalizar su conversión y estar en aptitud de conocer a los titulares de los documentos.- Finalizaron al señalar que las acciones a que se refería el procedimiento de cancelación y reposición eran acciones nominativas, por no existir acciones al portador.- Reseñado lo precedente, en principio es conveniente apuntar que son títulos al portador los que no están expedidos en favor de persona determinada, contengan o no la cláusula al portador (artículo 69 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).- Ahora bien, atendiendo a la particular naturaleza de los títulos al portador, nuestro derecho no admite libertad absoluta de emisión, pues la prohíbe en cuanto a los que contengan la obligación de pagar una suma de dinero, exceptuando sólo aquellos casos que expresamente señala y en los que deberán observarse las reglas que prescriben (artículo 72 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).- Además, el legislador excluyó de los beneficios de la cancelación a los poseedores de títulos al portador, como lo demuestra el artículo 73 de la ley citada, el cual dispone: 'Los títulos al portador sólo pueden ser reivindicados cuando su posesión se pierda por robo o extravío y únicamente están obligados a restituirlos o a devolver las sumas percibidas por su cobro, o transmisión, quienes los hubieren hallado o sustraído y las personas que los adquieran, conociendo o debiendo conocer las causas viciosas de la posesión de quien se los transfirió ...'.- De acuerdo con ello, la naturaleza misma de estos títulos rechaza el procedimiento de cancelación, por lo cual, la ley sólo concede a quienes han perdido la posesión de un título al portador, la oportunidad de reivindicarlo, es decir, cuando la causa de la pérdida ha sido el robo o extravío, la acción reivindicatoria prosperaría si el poseedor fuera de mala fe, según el precepto 73 transcrito de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Por otra parte, el tratadista Felipe de J. Tena, en su libro Derecho Mercantil Mexicano (página 469), sostiene que si la pérdida se ha debido a otras causas, al desposeído sólo le quedan las acciones personales que pudieran derivarse del negocio jurídico o del hecho ilícito que la ha ocasionado o producido (artículo 73, último párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).- Se agrega en el libro en consulta que 'Cierto es que con arreglo al artículo 74, la víctima del robo o extravío puede pedir que éstos se notifiquen personalmente al deudor del título. Pero tal notificación no puede referirse en ningún caso a la suspensión del pago, y el único efecto que puede producir consiste en autorizar al deudor a que pague al denunciante después de prescritas las acciones que nazcan del documento.'.- En síntesis: de lo anterior puede concluirse que conforme a lo dispuesto por el referido artículo 73 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es improcedente la acción de cancelación y reposición de títulos de crédito al portador, pues, se insiste, para quienes han perdido por robo o extravío la posesión de un título al portador, sólo cuentan para recobrarlo con la reivindicación de quienes los hubieren hallado o sustraído y las personas que los adquieren conociendo o debiendo conocer las causas viciosas de la posesión de quien se los transfirió.- En esas condiciones preliminares, es menester precisar ahora que es inatendible el primer concepto de violación sustanciado en el inciso a) (sic) del resumen precedente.- Ahí, la parte quejosa alegó la infracción a lo dispuesto en los artículos 133, fracción I, del Código de Comercio, 47, 48 y 51 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que los quejosos promovieron un procedimiento de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 42, 44 y 45 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que la oposición presentada por Carrocerías Toluca, S.A. de C.V. y Francisco Enrique, Armando Isidro, Enrique Ricardo, María Amalia y María Isabel, todos de apellidos Gómez de Orozco(sic), fue desechada y, por tanto, el proveído relativo quedó firme.- Que en orden a ello, los opositores carecían de legitimación para agraviarse en cuanto a la sentencia de cancelación y reposición de los títulos y la Sala Civil no debió analizar los agravios.- Como se indicó, el anterior argumento es inatendible por lo siguiente.- El artículo 1337 en su fracción I, del Código de Comercio, dispone que puede apelar de una sentencia el litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio, es decir, quien no obtenga o fuere condenado.- Ahora, es cierto que en materia mercantil no hay supletoriedad en tratándose de recursos, como lo han sostenido los tribunales federales a través de la resolución de múltiples juicios de amparo; también es exacto que esto se refiere específicamente a la cita genérica de recursos, no así en cuanto a los planteamientos de cada recurso, puesto que en este aspecto el Código de Comercio es sumamente lacónico, tanto es así, que esto ha llevado al tratadista Carlos Arellano García, según su Práctica Forense Mercantil, Novena Edición, a establecer en la página 579, apartado tercero, lo siguiente: 'El dispositivo transcrito amerita algunos comentarios: a) El sujeto que, por antonomasia puede apelar, es quien ha obtenido en su contra un fallo condenatorio. Este enunciado del Código de Comercio es acertado, pero tiene el inconveniente de ser muy omiso, ya que se excluyen sentencias declarativas, además de que se excluyen autos y sentencias interlocutorias. b) También se concede el derecho a apelar al litigante que resultó vencedor en la controversia, pero se limita el ejercicio de su derecho a impugnar sólo para el caso de que no se le hayan concedido prestaciones accesorias como: restitución de frutos, indemnización de perjuicios o el pago de costas. Este enunciado del Código de Comercio tiene la desventaja de que omite hacer referencia a aquellos casos en que el vencedor sólo obtuvo una parte del principal, sin que haya sido condenado. c) El precepto que se comenta es omiso, pues no señala quiénes pueden apelar de una sentencia interlocutoria y quiénes pueden apelar de un auto. d) Consideramos que dadas las omisiones en que incurre el Código de Comercio, respecto de ellas cabe la aplicación supletoria del artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: «Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial.- No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también.»'.- Como puede observarse, es de estimar que, efectivamente, ante lo lacónico del tratamiento en cita de los recursos por el Código de Comercio, es permisible la supletoriedad, para complementar el desarrollo procesal de los recursos respectivos. Es muy significativo, para decidir el punto que se analiza, tener en cuenta que la legislación procesal civil del Estado de México, específicamente señala en los artículos 97 y 436, lo siguiente: 'Artículo 97. Puede intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga interés directo o indirecto en un negocio que amerite la intervención judicial.'.- 'Artículo 436. En el escrito en que el apelante se presente a continuar el recurso, expresará los agravios que le cause la resolución apelada, y los conceptos por los que, a su juicio, se hayan cometido.'.- Lo anterior significa que las personas que intervengan en cualquier procedimiento, de llegar a verse afectadas con alguna resolución, están legitimadas para impugnarla, pues así está reglamentado; ello en tanto es incuestionable que el legislador, en el primer precepto citado, estableció que: 'Puede intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga interés directo o indirecto en un negocio que amerite la intervención judicial.', y en el segundo se precisó que el apelante en su escrito de agravios deberá expresar lo que le perjudica, de donde se sigue que el principal elemento para combatir una resolución lo constituye la lesión a sus derechos e intereses que se causen al afectado o perdidoso, con independencia de que en actuaciones anteriores se hubiese rechazado su intervención, pues lo que legitimó a los apelantes, hoy terceros, fue la condena de que fueron objeto en la resolución que decidió en primera instancia la controversia. No considerarlo de esa manera, implicaría estar en presencia de la transgresión de derechos sustantivos y procesales, violándose el derecho fundamental de defensa consagrado en el artículo 14 constitucional, por un acto específico de autoridad decidido en perjuicio de los interesados y afectados.- A mayor abundamiento, la situación jurídica relativa a que la condena proveniente de una resolución sin duda perjudica y legitima al que se le impone, para así combatirla específicamente, aparece contemplada en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que generalmente es guía de las instituciones de los Estados, pues en su artículo 689 establece: 'Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial.- No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también.'; por tanto, si incluso pueden apelar los terceros que hayan salido a juicio, al ser afectados con la sentencia, con mayor razón están en aptitud de apelar quienes intervinieron en él y se les rechaza su oposición en el procedimiento, si en resolución posterior, pese a tal rechazo de su interés en el procedimiento, se les afecta o perjudica finalmente en éste al condenarlos a hacer algo, máxime si es en relación con cuestiones de las que no tuvieron oportunidad de defenderse, esto es, de ser oídos, sin que se les otorgara ahí la oportunidad de defensa y la posibilidad de probar y, en su caso, impugnar las resoluciones respectivas, en tanto esto último es lo que constituye la garantía de debida defensa.- En el caso concreto, es relevante que la sentencia de primera instancia condenó específicamente en sus puntos resolutivos a los ahora terceros perjudicados al pago de gastos y costas, daños y perjuicios, y declaró en su contra la cancelación y reposición de las acciones propiedad de los ahora inconformes, por lo que en esas condiciones es ineludible concluir, contra lo alegado por los quejosos, que en el procedimiento relativo estuvieron legitimados los hoy terceros para interponer la apelación, como legal y perfectamente lo indicó la responsable, máxime que los aquí quejosos, por sí, tácitamente continuaron y pidieron que concluyera la apelación, pues así se advierte del toca de apelación en el que comparecieron a la tramitación del indicado recurso, según se desprende del ocurso de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, que dice: 'Que habiéndose hecho saber a las partes la llegada de los autos de primera instancia, solicito atentamente de ustedes, se sirvan calificar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por Carrocerías Toluca, S.A. de C.V. y otros y, en caso de que proceda, ordenar que se nos corra traslado con el escrito de expresión de agravios ...' (foja 22 del toca).- En conclusión: si el numeral 1337 del Código de Comercio es limitativo al expresar quién puede apelar, no obstante, como ya se dijo, dadas las formas lacónicas del sistema de recursos de dicho Código de Comercio, respecto de ellas cabe la aplicación supletoria de los artículos 97 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por cuanto al intervenir el perdidoso en el procedimiento tiene interés directo en el negocio y de ahí que su intervenciónen el juicio esté legitimada por la autoridad judicial y, por ende, quien resulte afectado y al tener interés, puede apelar por los agravios que le cause el fallo discutido, máxime que, reitérase, quien es condenado puede apelar en defensa de sus intereses.- Carece de sustento jurídico, en otro orden de cosas, lo concerniente a que el tribunal de alzada omitió advertir que en la especie, Carrocerías Toluca no justificó el mejor derecho de propiedad sobre los títulos motivo del procedimiento y que, por ende, carecían de legitimación para agraviarse mediante la apelación, pues, reitérase, es evidente que la sentencia materia de dicho recurso en forma directa afectó y agravió los intereses de los apelantes, por ello la responsable correctamente dio el trámite respectivo en la segunda instancia, sin que importe que el Juez natural hubiera manifestado que no acreditaron tener mejor derecho que los actores porque no exhibieron los títulos respectivos.- Ahora, por las mismas consideraciones anteriores, es inatendible el segundo concepto de violación resumido en el inciso b), mediante el cual los ahora quejosos insistieron en que, en la especie, no se demostró la legitimación de los apelantes para oponerse al procedimiento de cancelación y reposición de títulos de crédito, atendiéndose a que fue desechado el ocurso de oposición y, por ende, la responsable no debió admitir la apelación ni analizar los agravios de los apelantes.- En efecto, como ya se indicó, y siguiendo los lineamientos jurídicos destacados con anterioridad, el afectado o agraviado con la resolución del Juez natural puede apelar.- En el caso, insístese, los apelantes fueron condenados al pago de daños y perjuicios, así como al de gastos y costas judiciales y a la emisión de los duplicados de los títulos a cargo de Carrocerías Toluca, S.A. de C.V., lo cual los legitimaba para interponer ante el tribunal de alzada el recurso correspondiente.- De esa forma, la circunstancia de que no se hubieren inconformado los opositores con el primer proveído que consideró que debían desecharse las oposiciones planteadas resulta intrascendente, porque lo de mayor importancia estriba en que las personas que resultaron agraviadas con lo resuelto en dicho procedimiento de cancelación y reposición de títulos mercantiles, oportunamente promovieron en su contra y se tramitó sin impugnación y correctamente el recurso de apelación previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio.- Resultan inoperantes e inatendibles los argumentos de los quejosos, concernientes a que no era posible considerar que existiera otra persona con mejor derecho de propiedad, porque a partir de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, las acciones al portador se convirtieron en nominativas por ministerio de la ley y a partir de mil novecientos ochenta y cinco las acciones al portador no podían seguir circulando, y que en autos acreditaron que el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y seis fue celebrada por la persona moral Carrocerías Toluca, S.A. de C.V. una asamblea extraordinaria, en la cual se especificó la proporción de las acciones que integraban el capital social y por ello no existía posibilidad de que los quejosos hubieran enajenado las acciones que en esa fecha acreditaron detentar, pues su venta sería contraria a lo dispuesto en el decreto y nula, por lo cual no era factible que dicha persona actualmente se ostentara propietaria de las acciones en controversia.- Insistieron y reiteraron que las acciones al portador, por virtud de los decretos que se mencionan, se convirtieron en nominativas, con independencia de que materialmente no se hubieran convertido.- Son inoperantes los argumentos de mérito porque no se combaten ahí las consideraciones en que se fundó la sentencia ahora combatida.- Ciertamente, puede advertirse del contenido del referido fallo que las consideraciones torales estimadas por la Sala Civil ad quem para revocar la sentencia de primer grado en sus resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto, en lo sustancial, consistieron en que: en primer término, debía establecerse si en el caso se trataba de acciones al portador y que por efectos de los decretos de veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y treinta de diciembre del año siguiente debían considerarse nominativos, para estar en posibilidad de señalar si fue correcta la vía elegida; en segundo lugar, debía analizarse si existió inexacta aplicación de dichos decretos y otros preceptos legales, al no considerar que los actores carecían de legitimación.- El tribunal de alzada inició diciendo que la cancelación y reposición de los títulos de crédito al portador se planteó respecto de que los promoventes fueron privados de su posesión mediante el robo de los mismos, pero como por virtud de los decretos aludidos se convirtieron en nominativos por ministerio de la ley, en razón de lo anterior consideró necesario hacer un análisis de los mismos y transcribió la parte que interesa d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4620-55675dcf/titulos-de-credito-representativos-de-acciones-al-portador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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