APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil 1494/97, promovido por Héctor Manuel Quiñones Olguín, el día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, sustentó en la parte que nos interesa las siguientes consideraciones:
"CUARTO.-El quejoso en los conceptos de violación expone que la Sala responsable infringe en su perjuicio las disposiciones legales que cita porque se negó a examinar las violaciones procesales que le propuso, pese a que está obligada a su estudio de acuerdo a los preceptos que invoca.-Los anteriores conceptos de violación son fundados.-En efecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República, las violaciones procesales pueden reclamarse en amparo directo siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario que proceda e invocada como agravio en la segunda instancia si se cometió en la primera. Esto quiere decir que por mandato constitucional los tribunales al resolver el recurso de apelación deben estudiar las violaciones procesales que se hagan valer en los agravios.-Acorde con el mandamiento constitucional referido, el artículo 161, en la fracción II, de la Ley de Amparo, establece que si el recurso interpuesto contra la violación procesal en el curso del procedimiento fuera desechado o declarado improcedente, el afectado deberá invocar la violación procesal como agravio en la segunda instancia si fue cometida en la primera. Esto significa que por mandato también del artículo 161, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, cuando el afectado con una violación procesal la hace valer en el recurso de apelación contra el fallo de primer grado que le fue adverso, la Sala debe examinar la violación procesal por mandato del artículo reglamentario en comento, que es una disposición no sólo reglamentaria directamente de mandamientos constitucionales, sino además federal, y por estos dos motivos se encuentra por encima de las legislaciones locales.-Lo anterior bastaría para concluir que en el recurso de apelación las Salas deben estudiar los agravios que se hagan valer tanto respecto de violaciones procesales como de fondo, pues así lo disponen la Constitución y la Ley de Amparo, y estas leyes fundamentales del país no señalan requisitos ociosos sino que, muy por el contrario, establecen la posibilidad de que sean las propias autoridades de instancia que emiten los actos reclamados, las encargadas de reparar las violaciones que se cometan en el curso del procedimiento instaurado ante ellas, y sólo facultan al órgano de control constitucional a través del juicio de amparo para que, cuando tales autoridades no reparen las violaciones procesales, sea el juzgador constitucional el que ordene su reparación.-Por si lo anterior fuera poco, en el caso concreto del Estado de México, el propio artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles señala que el recurso de apelación tiene por objeto que la Sala confirme, revoque o modifique la resolución recurrida en los puntos relativos a los ‘agravios expresados’. Así las cosas, si el precepto en comento no distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o a agravios que se refieran a la sentencia de primera instancia, es claro que no cabe al intérprete de la ley distinguir. De donde puede concluirse que la Sala, en la apelación contra el fallo de primer grado, no puede negarse a hacer el estudio de los agravios que se le hagan valer cuando versen sobre violaciones procesales.-Expuesto lo anterior debe decirse que la Sala únicamente estaría facultada para no examinar los agravios relativos a infracciones al procedimiento, cuando ya con anterioridad haya examinado tales violaciones al estudiar el recurso que contra ellas se hubiera hecho valer, antes de emitirse el fallo de primer grado, pues en tal caso no se le va a obligar a decidir dos veces la misma cuestión que ya resolvió.-Por todo lo anterior debe concluirse que, por mandato expreso de los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución y 161, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, las Salas deben estudiar en la apelación las violaciones procesales que se les hagan valer, y sólo dejarán de hacerlo cuando ya se hubieran pronunciado al resolver el recurso interpuesto contra la violación al momento en que ésta se produjo, ya que estos mandamientos, constitucional y reglamentario, son aceptados implícitamente por el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que ordena a la Sala que al conocer del recurso de apelación se pronuncie sobre los agravios que se hagan valer, sin distinguir si son de índole procesal o sustantivo. Por lo cual, cuando al resolverse el recurso de apelación la Sala se niega a estudiar las violaciones procesales que se le plantean en los agravios y no se está en el caso de excepción ya mencionado, tal proceder es contrario a las disposiciones legales señaladas y por ello resulta inconstitucional y origina el otorgamiento del amparo para que se subsane la omisión respectiva.-Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II, párrafos primero y segundo, III, inciso a), V, incisos c) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, incisos c) y d) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO.-En términos y para los efectos indicados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Manuel Quiñones Olguín, respecto de la autoridad y acto reclamado que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria."
El citado tribunal, al resolver el amparo directo civil 397/98, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, promovido por Ramiro Martínez Vilchis, sustentó en la parte que nos interesa las siguientes consideraciones:
"V.-Antes de examinar los anteriores conceptos de violación, es pertinente anotar los antecedentes que informan la litis constitucional: 1. Según el expediente 251/97 del Juzgado Tercero Civil de Toluca, México, Arturo Durán Lara y otros, en su carácter de endosatarios en procuración de la empresa ‘Automotriz Mexicana, Sociedad Anónima’, demandaron de Ramiro Martínez Vilchis las prestaciones siguientes: a) El pago de cuarenta mil quinientos treinta y tres pesos con cincuenta y tres centavos, por concepto de suerte principal; b) Los intereses pactados a razón del 6.5 % seis punto cinco por ciento mensual; c) El pago de los gastos y costas.-En los hechos de su demanda narraron los promoventes que el treinta de enero de mil novecientos noventa y cuatro el demandado suscribió doce pagarés, de los cuales adeuda nueve, cuya suma hacía la cantidad reclamada como suerte principal; que en los referidos títulos de crédito se pactó un interés mensual del 6.5% seis punto cinco por ciento; asimismo, que los documentos se hallan vencidos y que pese a las múltiples gestiones extrajudiciales el deudor no los ha pagado, por lo cual promovieron la vía ejecutiva para lograr se cubra lo debido.-2. Ramiro Martínez Vilchis contestó la demanda instaurada en su contra negando ahí las prestaciones que se le reclamaban; argumentó, que si bien era cierto que suscribió los títulos cuyo pago se le demandaba, lo cierto es que él cedió el crédito a favor de Pedro Sánchez Ángeles, a lo que la empresa automotriz demandante estuvo de acuerdo con ello, pues aceptó pagos del citado Pedro Sánchez Ángeles, comprometiéndose a esperarlo en el cumplimiento de la obligación subrogada.-Opuso como defensas y excepciones: la genérica denominada sine actione agis, la prevista por las fracciones VIII y IX del artículo 1403 del Código de Comercio; ello en razón de que adujo que la empresa automotriz se comprometió a esperar en el cobro a Pedro Sánchez Ángeles.-3. Abierto el periodo respectivo, las partes ofrecieron las pruebas que a su interés convino, desahogándose parcialmente, pues la testimonial ofrecida por el demandado no fue desahogada al no haber comparecido a la diligencia respectiva el oferente y sus testigos; contra el acuerdo de diez de septiembre de mil novecientos noventa y siete (foja 70 del expediente ordinario), donde se negó fijar nuevamente fecha para la recepción de la referida testimonial, Ramiro Martínez Vilchis intentó recurso de revocación, el cual fue admitido por acuerdo de diecisiete de dichos mes y año, y mediante resolución de treinta siguiente, se declaró procedente el recurso de revocación intentado, pero sólo para proceder a fundamentar y motivar adecuadamente la negativa a fijar nueva fecha para la recepción de la indicada prueba, según el citado acuerdo de diez de septiembre (fojas 77 y de la 85 a la 87 del expediente ordinario); luego, seguido el juicio por sus demás secuelas procesales, el once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, la Juez del conocimiento dictó sentencia condenando a Ramiro Martínez Vilchis al pago de la suerte principal reclamada, al de los intereses y gastos y costas.-4. Inconforme con dicha resolución, el demandado interpuso apelación, cuyo recurso resolvió la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante sentencia confirmatoria de la de primer grado pronunciada en el toca 2719/97 el trece de febrero del año en curso.-5. Al no estar de acuerdo con dicho fallo del tribunal ad quem, Ramiro Martínez Vilchis intentó la demanda de garantías de que se trata.-Sustancialmente adujo el promovente del amparo que la autoridad responsable infringió en su perjuicio las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental de la República federal porque apoyó su resolución ‘en una tesis «jurisprudencial» que no tiene obligatoriedad para los tribunales, pues es un criterio aislado; que es evidente que dentro de la tramitación del juicio natural se cometieron las violaciones procesales que ocasionaron se le dejara en estado de indefensión, y la responsable trata de evadir su obligación procesal apoyándose en la referida tesis; que es de explorado derecho que las violaciones al procedimiento se tienen que hacer valer en vía de agravio al tramitarse la apelación, por lo que si ahí se expusieron todos y cada uno de los preceptos que el Juez natural infringió, la Sala debió analizarlos en forma global; que son totalmente inaplicables los fundamentos utilizados por la ad quem; de ahí que se desatendieran las violaciones procesales, lo que viola totalmente el contenido de los artículos 148 y 149 del Código de Procedimientos Civiles, porque son evidentes las violaciones procesales que cometió el natural, pero la responsable ordenadora en un gesto paternalista olvida que tiene la obligación de revisar en forma exhaustiva los agravios planteados ...’.-Por su parte, la Sala Civil responsable determinó en el fallo combatido que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 376 del Código de Comercio y 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de aplicación supletoria a la legislación mercantil ‘el área de cognición que este cuerpo colegiado tiene autorizado al resolver sobre el recurso de apelación contra la definitiva, ha de limitarse al estudio de errores u omisiones cometidos durante su dictado, o sea, in judicando y no puede extenderse, por lo tanto, al estudio de errores u omisiones cometidos durante el procedimiento, es decir, in procedendo ...’ (foja 15 del toca).-Conforme a lo anterior, debe decirse que resultan fundados los argumentos del quejoso, de acuerdo con estas consideraciones: Está en lo correcto el impetrante de protección de garantías en cuanto alegó que el tribunal ad quem está obligado a analizar las violaciones procesales que se hicieron valer por vía de agravios en la apelación, y que como no lo hizo, con esa actitud infringió las garantías de legalidad y seguridad jurídica (debido proceso) contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República.-Lo anterior es fundado en razón de que, ciertamente, por imperativo constitucional, según lo previsto por el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Ley Fundamental de la Unión, las violaciones procesales deben ser examinadas cuando el afectado las haga valer en el recurso de apelación contra el fallo de primer grado, como así lo previene también el artículo 161, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; luego, no es legal que las Salas rehusen sin sustento alguno el estudio de tales inconformidades, ni siquiera bajo el argumento de que sus resoluciones ‘han de limitarse a errores u omisiones cometidos durante el dictado de la sentencia in judicando y no puede extenderse por lo tanto al estudio de errores u omisiones cometidos durante el procedimiento o in procedendo, puesto que, como se indicó, la propia Ley Suprema de la República establece la obligación de la autoridad de examinar la violación procesal correspondiente cuando ello se haga valer en los agravios; incluso, debe destacarse que así lo ordena el artículo 423 del código adjetivo en la materia, pues impone la obligación a las Salas Civiles de que al conocer del recurso de apelación se pronuncien sobre los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto si son de índole procesal o sustantivo.-Consecuentemente, rehuir el estudio de violaciones al procedimiento como lo hizo la Sala ad quem, injustificadamente, implica una evidente transgresión de garantías, tal como lo hizo valer el impetrante del amparo; ello conforme al criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho el amparo directo civil 1494/97, cuyo título y contenido rezan: ‘VIOLACIONES PROCESALES. LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN DEBEN ESTUDIARLAS SI SON MOTIVO DE AGRAVIO Y SÓLO PODRÁN DEJAR DE HACERLO SI ANTES LAS RESOLVIERON (ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe).-Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación examinado, ello es suficiente para otorgar la protección constitucional instada para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y luego, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que atendiendo a las inconformidades planteadas se pronuncie también respecto de las violaciones al procedimiento alegadas en los agravios, declarándolas procedentes o improcedentes, según corresponda en derecho."
Asimismo el citado tribunal, al resolver el amparo directo 473/98, promovido por Blanca Eugenia Rodríguez Bustos y otro, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, sustentó en la parte que interesa las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Parte de los conceptos de violación es fundada y suficiente para conceder el amparo.-En efecto, para una mejor comprensión del asunto conviene destacar que Blanca Eugenia Rodríguez Bustos viuda de Pineda, por sí y como representante de su hijo Raymundo Pineda Rodríguez, ante el Juzgado Primero de lo Civil de Tenango del Valle, Estado de México, y en ejercicio de la acción reivindicatoria, demandó a Raymundo Pineda Castañeda la declaración de que eran propietarios de un bien inmueble ubicado en el Municipio de Calimaya, México, la desocupación del mismo, el pago de frutos civiles, así como el de gastos y costas que originara la tramitación del juicio.-Raymundo Pineda Castañeda contestó la demanda negando las prestaciones reclamadas y reconvino la nulidad del título de propiedad de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y siete.-Contestada que fue la reconvención, el Juez de Primera Instancia se inhibió de conocer del asunto por recusación, y el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, México, dictó sentencia en el sentido de absolver al demandado de las prestaciones reclamadas y de dejar a salvo los derechos del actor en la acción de nulidad que en vía reconvencional se promovió; resolución que fue confirmada en apelación y que ahora constituye el acto reclamado.-Ahora bien, cuando en los juicios de amparo directo se plantea una violación procesal, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento citado, según sea el caso, civil o penal, respectivamente; si así fuera, el Tribunal Colegiado debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierto o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado, debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia; si fue observado este precepto legal, acto seguido, la autoridad federal debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso, previo a constatar si la violación trascendió al resultado del fallo; no debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo a las de fondo y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de estas últimas, porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales.-Luego, la parte quejosa propone como violación procesal que se le desechó un incidente de reposición de autos que hizo valer.-El artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo establece: ‘Art. 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.’.-La no admisión de un incidente de reposición de autos, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, porque únicamente afecta derechos adjetivos o de tipo procesal, por lo que al no obtener sentencia favorable la persona que sufrió dicha infracción al procedimiento la faculta para reclamarla en amparo directo; así se estableció en el recurso de revisión promovido por Blanca Eugenia Rodríguez Bustos viuda de Pineda, que se radicó con el número de improcedencia 19/98, el cual se resolvió por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo, Raúl Solís Solís y Virgilio A. Solorio Campos, en el sentido de confirmar el desechamiento de la demanda que hizo el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México.-La violación procesal es cierta, pues mediante promoción 4743, la hoy quejosa solicitó se le diera trámite a un incidente de reposición de autos (página 389 del expediente 377/97), petición que no fue acordada por auto de doce de noviembre del año próximo pasado (página 390).-La violación procesal está debidamente preparada porque en su contra se hizo valer recurso de revocación, el cual se declaró improcedente el ocho de diciembre del año pasado (página 403 del expediente de primera instancia).-La violación procesal fue reiterada en el escrito de agravios relativos al recurso de apelación que interpuso la promovente del amparo en contra de la sentencia de primer grado.-La violación procesal trascendió al resultado del fallo porque el incidente de reposición de autos se formuló para reponer la certificación del notario, correspondiente a la copia del documento base de la acción, con la que se pretendió acreditar el primer elemento de la acción reivindicatoria y, por lo tanto, de ser procedente, el Juez de primera instancia no hubiera tenido por incomprobado el título de propiedad de la acción mencionada.-Ahora bien, el quejoso alega que la Sala indebidamente omitió analizar el agravio que contenía la violación procesal argumentando que esta cuestión era ajena al recurso de apelación, consideración que es inexacta, porque el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no establece que esa cuestión sea ajena al recurso de apelación, sino por el contrario, tal precepto obliga a la Sala Civil del tribunal a llevar a cabo el estudio y resolución sobre todos los puntos relativos a los agravios que le sean planteados, máxime que el artículo 215 del Código de Procedimientos Civiles así lo determina al establecer que los Jueces y tribunales no podrán bajo ningún pretexto negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.-Lo anterior es fundado, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.’.-Por su parte, el artículo 161 de la Ley de Amparo, dice: ‘Art. 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.-Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.’.-De los preceptos legales transcritos se advierte que las violaciones procesales pueden reclamarse en amparo directo siempre que hayan sido impugnadas en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario que proceda, e invocadas como agravio en la segunda instancia si se cometieron en la primera y no se subsanaron, lo cual implica por mandato constitucional que cuando el afectado con una violación procesal la hace valer en el recurso de apelación contra el fallo de primer grado que le fue adverso, la Sala debe examinar la violación procesal por ordenarlo así la Constitución Fundamental y el artículo 161, fracción II, de la Ley de Amparo, que es una disposición no sólo reglamentaria de mandamientos constitucionales sino además federal, y por estos motivos se encuentran jerárquicamente sobre las legislaciones locales, lo que basta para concluir que en el recurso de apelación, las Salas deben estudiar los agravios que se hagan valer tanto respecto de las violaciones procesales como de fondo e, inclusive, debe señalarse que el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México ordena a las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia que al conocer del recurso de apelación se pronuncien sobre los puntos ‘relativos a los agravios expresados’ sin distinguir el precepto si son de índole procesal o sustantivo, como lo aduce el quejoso.-Ahora bien, relacionado todo lo anterior, debe establecerse que los tribunales federales a través del juicio de amparo han considerado que sólo se puedan dejar de estudiar las violaciones procesales en apelación, cuando ya las autoridades resolvieron sobre las mismas a razón de los recursos interpuestos en su contra.-Por todo ello debe concluirse que, cuando la Sala Civil responsable en la sentencia reclamada se niega a estudiar las violaciones procesales planteadas en los agravios, aduciendo que sólo está facultada para estudiar las violaciones de fondo y no las violaciones procesales, sin estar en el caso de excepción indicado, tal proceder es contrario a todos los preceptos referidos y, por tanto, resulta inconstitucional, lo cual motiva que deba otorgarse el amparo para que la Sala responsable subsane la omisión correspondiente; al respecto es aplicable la tesis aislada número TC024107.9 CI1 de este propio Tribunal Colegiado que sustentó al resolver por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo, Raúl Solís Solís y Virgilio A. Solorio Campos, siendo ponente el segundo de los nombrados, el juicio de amparo directo 1494/97, promovido por Héctor Manuel Quiñones Olguín, la cual es del tenor literal siguiente: ‘VIOLACIONES PROCESALES. LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN DEBEN ESTUDIARLAS SI SON MOTIVO DE AGRAVIO Y SÓLO PODRÁN DEJAR DE HACERLO SI ANTES LAS RESOLVIERON (ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe).-En tal virtud, si el quejoso propone como violación procesal la inadmisión de un incidente de reposición de autos y contra esta resolución se interpuso durante la secuela del procedimiento el recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente por el Juez de Primera Instancia, y se reiteró dicha violación en el escrito de agravios que se interpuso en contra de la sentencia de primer grado; sin embargo, como la Sala no resolvió el agravio respectivo, dicha actuación es violatoria de garantías en términos de los argumentos aludidos con antelación, por lo que procede otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en otra que dicte, conteste el agravio que contiene la violación procesal invocada; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente.-En consecuencia, al ser fundado uno de los conceptos de violación, es innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad planteados en la demanda de garantías, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el número 168 aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 113, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’."
El mismo tribunal, al resolver el amparo directo 955/98, promovido por Margarita Amaro Huertos, el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, sustentó, en la parte que interesa, las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Por razón de técnica, inicialmente se analiza el segundo concepto de violación donde la quejosa sostuvo que la responsable infringía lo previsto en el artículo 16 constitucional por virtud de que el acto reclamado carecía de fundamentación y motivación suficiente para considerar infundados los agravios de la quejosa y porque no tomaba en consideración la tesis: ‘APELACIÓN, RECURSO DE. ASPECTOS A LOS QUE DEBE CONSTREÑIRSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’.-Es infundado el argumento que precede en razón a que de la lectura a la sentencia que constituye el acto reclamado no se advierte que la responsable haya vulnerado lo dispuesto por el citado numeral 16 de la Constitución Federal.-Efectivamente, según la parte considerativa de la sentencia combatida, consta que la Sala Civil estimó infundados e inoperantes los agravios del apelante, por virtud de que el Juez a quo con acierto consideró que no beneficiaban al apelante las documentales, como fueron los recibos de pago de agua potable objetados por la parte actora, en términos de lo previsto por el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles, ya que no eran aptos para probar la posesión que dijo ostentar respecto del inmueble materia del litigio, pues únicamente justificaban el cumplimiento de una obligación de carácter fiscal, y en esas condiciones consideró aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: ‘POSESIÓN, LAS BOLETAS DE CONTRIBUCIONES NO SON PRUEBA FEHACIENTE DE LA, NI DE LOS REQUISITOS PARA PRESCRIBIR.’.-Enseguida señaló el tribunal de alzada respecto de las violaciones alegadas en el segundo agravio, que debieron impugnarse oportunamente durante la secuela procesal y que no era factible su estudio en la apelación contra la sentencia definitiva, en atención a lo establecido por el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles porque el recurso de alzada se debe constreñir a revocar, modificar o confirmar la sentencia definitiva en los puntos relativos a los agravios que tiendan a combatir sus fundamentos y motivos, pero no a los que atañen a las violaciones cometidas durante el procedimiento. Al respecto, consideró aplicable el criterio del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito titulado: ‘VIOLACIÓN PROCESAL, NO DEBE SER ESTUDIADA EN LA APELACIÓN CUANDO NO HAY REENVÍO.’.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7017-ad664c81/apelacion-recurso-de-es-improcedente-el-estudio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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