VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
Ejecutoria del amparo directo 596/96, promovido por Heliodoro Ruvalcaba Oropeza, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito:
"CUARTO.-Los conceptos de violación hechos valer son sustancialmente fundados.
"El artículo 73 (el propio Tribunal Colegiado que dictó la resolución, en aclaración de sentencia, corrigió la cita del precepto, aclarando que se refiere al artículo 75 del Código de Comercio), fracción I, del Código de Comercio, previene que: ‘La ley reputa actos de comercio: I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados.’. De lo acabado de transcribir es fácil deducir que como con acierto lo menciona el peticionario de garantías, en tal precepto sí se contempla la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento de naturaleza mercantil sobre muebles o inmuebles siempre que se verifiquen para fines de especulación comercial, habida cuenta que si el legislador hubiera querido excluir de esa clase de contratos a los bienes raíces, lo habría dispuesto así en ese propio precepto o en algún otro del mismo ordenamiento, pero como no lo hizo es obvio que el alquiler de inmuebles sí se encuentra reglamentado en esa disposición, lo anterior se corrobora porque la diversa fracción XXIV, del numeral en comento, establece en lo conducente que: ‘Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código ...’; por tanto, tiene razón el promovente acerca de que la Sala responsable hizo una interpretación indebida de ese precepto, al desestimar los agravios que el disidente formuló en la alzada, combatiendo precisamente el criterio que el a quo produjo en tal sentido, según se advierte enseguida.
"Es indudable que el ad quem perjudica al disconforme, al apoyar su resolución reclamada en las tesis y criterios doctrinales invocados, que se refieren a la interpretación de los contratos, sin atender a que en verdad el quejoso y su inquilina demandada, al suscribir el fundatorio de la acción, convinieron en designarlo de arrendamiento mercantil; que el mismo local sería ‘... utilizado precisamente para la explotación de una actividad mercantil.’, por más que se dijera en la cláusula segunda de ese propio documento, que el arrendatario requería de ese local ‘... para ser utilizado como despacho profesional.’, ya que en el precepto legal y sus fracciones que se citan al inicio de este razonamiento, se da a entender que es un acto de comercio el alquiler de un inmueble, verificado con propósito de especulación comercial, por incluirse en ‘... cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código ...’, lo que efectivamente debe entenderse que tiene carácter enunciativo y no limitativo. Sin que estorbe para tal conclusión, la determinación final de ese dispositivo legal en el sentido de que ‘... En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.’, porque como ya se precisó, no existe incertidumbre sobre la naturaleza del contrato de que se trata, ya que en la cláusula primera del mismo acuerdo de voluntades, se alude a que el inmueble propiedad del arrendador es un ‘local comercial’, o sea, un negocio de especulación comercial.
"Por lo anterior, cabe admitir que al caso resulta aplicable por su esencia, la tesis relacionada en primer término a la jurisprudencia 2 del Pleno del Máximo Tribunal del país, la que se invoca en el amparo que aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, páginas 24 y 25, Primera Parte, Sección Primera, Tribunal Pleno, que dice: ‘ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REFORMADO POR DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1955.-Dicho contrato asume el carácter de operación mercantil cuando se practica con propósito de especulación comercial. Se pretende negar la generalidad del gravamen afirmando que el contrato de arrendamiento siempre es civil, porque el artículo 75 del Código de Comercio no lo menciona expresamente entre los actos de comercio. Debe decirse al respecto que dicho precepto no es limitativo sino enunciativo, y que su fracción XXIV considera mercantiles otros actos de naturaleza análoga a los que menciona expresamente, entre los que no está comprendido el arrendamiento de inmuebles con propósito de especulación comercial. Aunque la fracción I del citado artículo 75 sólo considera mercantil el arrendamiento de muebles, y la II sólo estima con ese carácter la compraventa de inmuebles, siempre que se realice con ánimo de lucro, la falta de referencia expresa en esas fracciones al arrendamiento de inmuebles, no autoriza a concluir que el propósito del legislador fue excluirlo de los actos de comercio aunque se efectúe con el propósito de especulación mercantil. La falta de mención expresa del arrendamiento de inmuebles en las fracciones I y II del precitado artículo 75, se explica por la circunstancia de que hasta el quince de septiembre de 1889 en que se expidió el Código de Comercio, ese arrendamiento no se había manifestado con la importancia económica y financiera que asume sesenta y cinco años después, es decir, como una actividad empresarial, característica del comercio. Pero esa falta de referencia expresa no impide que el arrendamiento de inmuebles asuma el carácter de operación mercantil cuando se practique con propósito de especulación comercial; y ese caso, por semejanza con los actos de comercio mencionados expresamente en las referidas fracciones I y II, debe conceptuarse como un acto mercantil, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIV del mismo artículo 75.’, y no la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que transcribe la Sala responsable, que ahora aparece como la 623 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 a 1995, Segunda Parte, página 457, del siguiente contenido: ‘VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ENTRE COMERCIANTES.-El contrato de arrendamiento de bienes inmuebles no es de naturaleza mercantil, aun cuando una de las partes o ambas que en él intervengan sean comerciantes, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 75 del Código de Comercio, ya que éste reputa entre otros, como actos de comercio, únicamente los alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercancías y al referirse a los bienes inmuebles sólo menciona las compras y ventas de este tipo de bienes, cuando se hagan con el propósito de especulación comercial, pero no incluye los arrendamientos de bienes raíces.’, ya que de la simple lectura de la primera de aquellas tesis, aparece que se corroboran las manifestaciones del afectado, por más que ahí se examine un contrato en cuanto a sus efectos fiscales, pues en opinión de este colegiado, en el fallo reclamado se interpreta aisladamente la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio, sin tomar en cuenta la XXIV de ese propio precepto, así como que tal código data de 1889 y que si bien ha sufrido diversas reformas, en ellas no se han considerado: la evolución de los actos de comercio, la actividad empresarial moderna, ni la circunstancia de que la falta de mención expresa en las fracciones I y II del aludido artículo 75, a los contratos de arrendamiento mercantil de inmuebles, no autoriza la afirmación de que el propósito del legislador fue excluirlo de los actos de comercio y encasillarlo en todos los casos en el arrendamiento civil, pese a que se efectúe el mismo con el propósito de especulación mercantil y los contratantes convengan en identificarlo así, sumado a que por provenir aquella jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de diferente circuito, no obliga a este órgano de control y sí procede denunciar la correspondiente contradicción de tesis, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para cuyo efecto deberán remitirse las constancias que procedan al Máximo Tribunal del país, para que resuelva lo conducente.
"Es pertinente destacar que existe una confusión de identidad del problema procesal planteado, ya que el ad quem se equivoca al considerar que en la especie era improcedente la vía elegida por el accionante (como también lo sustentó el Juez de origen y así se rebate por el disidente), puesto que en lugar de demandarse en la vía mercantil ordinaria, debió hacerse en la civil sumaria, porque, en todo caso, de los planteamientos formulados y de lo resuelto, se advierte que lo que en realidad se consideró improcedente fue la elección de la materia del juicio, o sea la civil en lugar de la mercantil, dado que en la primera de esas materias, las vías son la ordinaria y la sumaria, mientras que en la última se alude a la ordinaria y a la ejecutiva, y sobre todo, que los efectos de la elección o designación de la vía únicamente afecta a los términos en que se desarrollarían las correspondientes etapas procesales, mientras que en lo que ve a la materia deberán aplicarse el Código de Comercio o el Código Civil y el de procedimientos de esa materia, del Estado de Jalisco, según corresponda, no obstante lo cual es inconcuso que la Sala responsable de cualquier forma afectó al disidente y violó sus garantías conforme a lo antes razonado, por estimar implícitamente inadecuado el ejercicio de sus acciones en un juicio mercantil en la vía ordinaria. En consecuencia, procede conceder la protección federal para efecto de que la Sala responsable anule la sentencia reclamada y en el dictado de la nueva que pronuncie en sustitución de la anterior, revoque la resolución de primer grado considerando procedente la vía mercantil ordinaria, y con plenitud de jurisdicción resuelva el fondo del negocio como en derecho corresponda."
La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito:
"VÍA MERCANTIL ORDINARIA, PROCEDENCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A ACTIVIDADES COMERCIALES.-El artículo 75, fracción I, del Código de Comercio previene que: ‘La ley reputa actos de comercio: I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajados o laborados.’. De lo acabado de transcribir es fácil deducir, como con acierto lo menciona el peticionario de garantías, que en tal precepto sí se contempla la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento de naturaleza mercantil sobre muebles o inmuebles siempre que se verifiquen para fines de especulación comercial, habida cuenta que si el legislador hubiera querido excluir de esa clase de contratos a los bienes raíces, lo habría dispuesto así en el propio precepto o en algún otro del mismo ordenamiento, pero como no lo hizo es obvio que el alquiler de inmuebles sí se encuentra reglamentado en esa disposición."
Ejecutoria del amparo directo 621/88, promovido por Salinas y Rocha, S.A., pronunciada por el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito:
"CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación aducidos.
"El primer concepto de violación se refiere a la improcedencia de la vía civil, estimando el quejoso que la vía correcta es la mercantil, toda vez que las partes que celebraron el contrato de arrendamiento del inmueble materia del litigio, son comerciantes. Ahora bien, respecto a la calidad de comerciantes de las partes en este juicio no se tiene controversia alguna, pues de autos se desprende ese carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. del Código de Comercio, pero no necesariamente cualquier acto efectuado por un comerciante tendrá como resultado un acto de comercio.
"El quejoso hace una errónea interpretación del citado artículo tercero, el que sólo enmarca las personas que se reputan en derecho comerciantes pero de ninguna manera señala que las leyes que conforman el derecho mercantil sean aplicables a las personas que hacen del comercio su ocupación ordinaria. Por su parte, el artículo 1049 del Código de Comercio precisa que los juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que se deriven de actos comerciales, es decir, independientemente de que sean o no las partes comerciantes, lo trascendente es la realización de un acto u operación de comercio.
"Entonces para que sea procedente la vía mercantil y por consiguiente aplicable el código aludido es necesario que se haya realizado alguno de los actos de comercio enmarcados en el artículo 75 del mismo, y en la especie, el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes no encuadra en ninguna de esas hipótesis, pues el cuerpo de leyes aludido reputa mercantiles, únicamente, los alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos muebles o mercaderías y al referirse a los bienes inmuebles sólo menciona las compras y ventas de este tipo de bienes, cuando se hagan con el propósito de especulación mercantil, pero sin incluir los arrendamientos de bienes raíces.
"Es cierto, como lo sostiene la quejosa, que en principio se presumen mercantiles las operaciones efectuadas entre comerciantes, pero también lo es que se exceptúan los actos que derivan de una causa extraña al comercio, o sea de naturaleza esencialmente civil como lo es el arrendamiento ya que el Código Civil al referirse al de locales destinados al comercio establece el carácter civil del contrato.
"En conclusión, no sólo basta el carácter de comerciante de quien celebra algún acto, para que el mismo sólo pueda ser demandado en la vía mercantil, porque el artículo 1050 del Código de Comercio no se refiere a la calidad de comerciante del demandado, sino a la mercantilidad del acto realizado por él, y en la especie -se insiste- el contrato materia del problema, como lo señala la autoridad responsable, es de naturaleza civil y la vía civil es la correcta.
"Además, la vía ordinaria civil seguida en lugar de la ordinaria mercantil, contra lo aducido por la quejosa, no lo deja en estado de indefensión, pues aquélla le proporcionó mayores oportunidades de defensa, según el criterio establecido en la tesis número 5737, editada en la página 3028 de la obra de Téllez Ulloa denominada ‘Jurisprudencia Mercantil Mexicana’, Tomo V, que este Tribunal Colegiado comparte y es del tenor textual siguiente: ‘VÍA ORDINARIA CIVIL SEGUIDA EN LUGAR DE LA ORDINARIA MERCANTIL. NO CAUSA PERJUICIO AL DEMANDADO, PUES AQUÉLLA CONTIENE MAYORES OPORTUNIDADES DE DEFENSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-No causa indefensión ni perjuicio al quejoso la circunstancia de que el juicio se haya seguido por la vía ordinaria civil y no por la ordinaria mercantil, pues el procedimiento civil de donde emana el acto reclamado resulta más favorable por la mayor oportunidad de defensa que concede el código procesal del Estado de Veracruz, ya que en tanto el artículo 1378 del Código de Comercio establece un término de cinco días para contestar la demanda, el artículo 210 del mencionado Código de Procedimientos Civiles concede un lapso de nueve días para ese efecto. Además de la anterior condición favorable, el demandado tiene a su disposición una mayor oportunidad de defensa en la legislación procesal local que en el Código de Comercio, pues de una manera enunciativa, se advierte que en materia probatoria, los artículos 235, 293 y 2195 del código procesal reconocen como medios de prueba, además de los enumerados en el artículo 1205 del Código de Comercio, los escritos y notas taquigráficas, fotográficas, copias fotostáticas, cintas cinematográficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; finalmente, cabe señalar que existe en el código procesal veracruzano un periodo probatorio en la segunda instancia, en los términos señalados en el artículo 511, dilación probatoria no prevista en el Código de Comercio.’."
Ejecutoria del amparo directo 357/89, promovido por Martha Amparo Reynoso Sánchez de Martínez, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito:
"CUARTO.-Son inoperantes los anteriores conceptos de violación:
"En efecto, en ellos se sostiene, primero: que en la sentencia reclamada la Sala responsable no estudió el agravio en el cual se alegó la violación al artículo 1050 del Código de Comercio cometida en la sentencia de primera instancia, pues sin analizar el contenido de ese dispositivo legal, se concreta a señalar que la vía ordinaria mercantil no es procedente en el caso. Asimismo, asegura la peticionaria del amparo que el Magistrado resolutor no atendió al texto actual del precitado artículo 1050 del código mercantil, reformado por decreto del 29 veintinueve de diciembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, de aplicación en la especie, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o. transitorio de dicho decreto.
"Estos argumentos son inoperantes, porque el artículo 1050 del Código de Comercio a que se refiere la parte quejosa, antes de su reforma de 29 veintinueve de diciembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, disponía ‘Cuando conforme a los expresados artículos 4o., 75 y 76 de las dos partes que intervienen en un contrato la una celebre un acto de comercio y la otra un acto meramente civil y ese contrato diere lugar a un litigio, la contienda se seguirá conforme a las prescripciones de este libro, si la parte que celebre el acto de comercio fuere la demandada. En caso contrario, esto es, cuando la parte demandada sea la que celebra un acto civil, la contienda se seguirá conforme las reglas del derecho común.’; y en su texto actual, establece: ‘Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.’. Luego, como se advierte, es presupuesto para la aplicación del referido precepto legal, tanto en su redacción anterior como en la actual, que el acto jurídico celebrado constituya un acto de comercio para una de las partes intervinientes, conforme a las disposiciones mercantiles aplicables, y el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, no es un acto mercantil, aun cuando su objeto sea un local destinado al comercio, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 75 del código mercantil, en cuanto que dicho precepto sólo reputa como actos de comercio, en tratándose de bienes inmuebles, las compras y ventas de ese tipo de bienes, cuando se hagan con el propósito de especulación comercial, sin incluir los arrendamientos de bienes raíces. Al respecto, ese Tribunal Colegiado sostuvo similar criterio en la ejecutoria publicada con el número 23, a fojas 1032, del Informe de Labores correspondiente al año de 1988, que dice: ‘VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ENTRE COMERCIANTES.-El contrato de arrendamiento de bienes inmuebles no es de naturaleza mercantil, aun cuando una de las partes o ambas que en él intervengan sean comerciantes, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 75 del Código de Comercio, ya que éste reputa entre otros, como actos de comercio, únicamente los alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercancías y al referirse a los bienes inmuebles sólo menciona las compras y ventas de este tipo de bienes, cuando se hagan con el propósito de especulación comercial, pero no incluye los arrendamientos de bienes raíces.’.
"En consecuencia, resulta inoperante el alegato de la quejosa en el cual sostiene que es inaplicable la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada en la sentencia reclamada, porque fue pronunciada en el año de 1966 mil novecientos sesenta y seis o 1967 mil novecientos sesenta y siete y sólo se refiere al artículo 75 del Código de Comercio, no así al reformado artículo 1050 del mismo ordenamiento, pues se insiste, este precepto en su anterior y actual texto, prevé la existencia de un acto de comercio, conforme a las disposiciones mercantiles, para que cuando exista controversia surgida con motivo de ese acto, se apliquen las normas del código en cita. Es más, el artículo 1049 del pluricitado conjunto normativo, que no fue reformado en el decreto de 28 veintiocho de diciembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho antes referido, preceptúa: ‘Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4o., 75 y 76 se deriven de los actos comerciales.’. Disposición que corrobora el criterio aquí sustentado, pues de acuerdo a la misma, los juicios mercantiles son aquellos que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias derivadas de los actos comerciales, es decir, la vía mercantil sólo procede cuando se trata de dirimir controversias surgidas con motivo de actos de comercio.
"Por otra parte, carece de trascendencia que la Sala responsable al invocar la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual sustenta su fallo, no haya citado la publicación oficial en que se contiene, pues independientemente de que el artículo 196 de la Ley de Amparo invocado por la quejosa, sólo se refiere a la obligación de las partes en el juicio de amparo, de expresar por escrito el número de la jurisprudencia que invoquen en apoyo de sus pretensiones, el órgano jurisdiccional que la formó, el rubro y tesis de aquélla, lo cierto es que, la ejecutoria citada en la sentencia reclamada, es consultable en el Tomo CIII, página 754, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro: ‘ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, NATURALEZA CIVIL DEL CONTRATO DE.’."
Ejecutoria del amparo directo 104/93, promovido por José Andrade Cruz, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito:
"CUARTO.-Los conceptos de violación insertos en el considerando que antecede son infundados.
"El primero de los motivos de inconformidad puede resumirse en el sentido de que la parte quejosa sostiene que contrariamente a lo estimado por la autoridad responsable, la vía ordinaria civil elegida por el actor para encauzar su demanda de rescisión de contrato de arrendamiento era incorrecta por virtud de que el mismo fue celebrado entre partes contratantes que tenían el carácter de comerciantes y el destino del inmueble en el arrendamiento se estipulaba que era para fines comerciales, por lo cual el contrato de arrendamiento tenía una finalidad esencialmente especulativa. El quejoso cita, además, diversas opiniones doctrinales sobre la distinción entre el derecho civil y el mercantil, así como varios dispositivos en los que pretende fundar su razonamiento para concluir que conforme al artículo 75 del Código de Comercio, el contrato de arrendamiento era mercantil y por lo tanto, la vía correcta resultaba ser la indicada por el Código de Comercio.
"Resultan incorrectas las estimaciones del quejoso en virtud de que la circunstancia de que las partes contratantes tengan el carácter de comerciantes por dedicarse a actividades propias del comercio y el hecho de que el inmueble materia del arrendamiento se haya acordado como destinado a usos comerciales, es insuficiente para concluir que las controversias derivadas del referido contrato de arrendamiento debían dirimirse en la vía mercantil. En efecto, en primer término cabe señalar que el artículo 75 del Código de Comercio reputa entre otros, como actos de comercio, los alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercancías, mas al referirse a los bienes inmuebles, únicamente menciona las compras y ventas de los mismos cuando se hagan con el propósito de especulación comercial, pero no incluye los arrendamientos de dichos bienes.
"El arrendamiento de un inmueble, destinado para actos comerciales y celebrado entre contratantes a quienes puede considerárseles como dedicados al comercio, no es en forma alguna de índole comercial y regido por lo tanto por las disposiciones del Código de Comercio, puesto que para el efecto de determinarlo así, es necesario demostrar que el acto mismo de arrendamiento convenido se hace con fines especulativos de índole comercial, tal y como lo indica la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio; esto es, no basta que en el inmueble objeto del arrendamiento se realicen actividades comerciales, sino que es menester que el arrendamiento en sí del inmueble se efectúe con un propósito de especulación comercial, lo cual sucedería, por ejemplo, en el caso de que alguno de los contratantes o ambos convinieran en que el arrendamiento del inmueble tuviera como objetivo el alcanzar algún lucro, o sea que el acto propio del arrendamiento significara una especulación comercial. Sin embargo, cuando el arrendamiento celebrado sólo persigue el propósito, por parte del arrendador de otorgar el uso del inmueble a cambio de una retribución, y por parte del arrendatario el dedicarlo a los fines comerciales a que se dedica el contrato así celebrado no implica que se esté realizando una especulación comercial, pues esta actividad no se constituye con el arrendamiento sino en todo caso en la actividad posterior del arrendatario. En otras palabras, el propósito del acto jurídico que genera el arrendamiento difiere del objetivo que se constituye con los fines a que el arrendatario dedique el inmueble.
"A efecto de ilustrar las ideas precedentes cabe señalar que el artículo 75 del Código de Comercio, en su fracción I, previene como acto de comercio el alquiler con propósito de especulación mercantil. Por otro lado, el arrendamiento de un inmueble puede equipararse al alquiler a que alude el dispositivo citado. Por su parte la especulación comercial puede definirse como la acción de hacer operaciones comerciales o financieras de las cuales se espera sacar provecho gracias a la variación de los precios o cotizaciones.
"Ahora bien, resulta indiscutible que el arrendamiento de que se trata no se efectuó con la finalidad especulativa definida, sino que, la especulación comercial pudo haberse realizado respecto de la actividad llevada al cabo por el arrendatario, posterior al acto generador del contrato de arrendamiento, pero este último no reúne de forma alguna las condiciones para calificarlo como un acto comercial, ni siquiera en forma análoga como parece indicarlo el quejoso al invocar la última fracción del artículo 75 del Código de Comercio.
"En las relatadas circunstancias, es claro que la vía civil en la que se encausó y decidió el asunto que nos ocupa fue la correcta y que las manifestaciones del quejoso resultan inconducentes. Además, lo anterior se apoya en el criterio sostenido por este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en la tesis publicada en el Tomo IV, Segunda Parte-1, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1989, visible en las páginas 573 y 574, que a la letra dice: ‘VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ENTRE COMERCIANTES.-El contrato de arrendamiento de bienes inmuebles no es de naturaleza mercantil, aun cuando una de las partes o ambas que en él intervengan sean comerciantes, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 75 del Código de Comercio, ya que éste reputa entre otros, como actos de comercio, únicamente los alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercancías y al referirse a los bienes inmuebles sólo menciona las compras y ventas de este tipo de bienes, cuando se hagan con el propósito de especulación comercial, pero no incluye los arrendamientos de bienes raíces.’."
Ejecutoria del amparo directo 120/93, promovido por J. Guadalupe Delgado Hernández, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito:
"CUARTO.-Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer de conformidad con las consideraciones que a continuación se expresan:
"En el primero de tales conceptos, aduce el quejoso sustancialmente lo siguiente: que la autoridad responsable omite analizar y valorar todas y cada una de las argumentaciones y documentales con las cuales se acredita la naturaleza mercantil del contrato de arrendamiento, celebrado entre las partes contendientes; que el expediente 691/87 del Juzgado Primero de lo Civil, de León, Guanajuato, no guarda ninguna relación con la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, que si el Magistrado resolutor quiso referirse al juicio número 684/87, la demanda que dio origen a este juicio, fue desechada por no tener personalidad quien la promovió; que el acto originador del contrato materia de la litis encuadra dentro del artículo 75 del Código de Comercio; que es inexacto lo considerado por la responsable en relación a que cuando se exigen obligaciones civiles y mercantiles conjuntamente y se siga el pleito judicial en la vía civil, no cause perjuicios, pues los artículos 1049 y 1050 señalan que en estos casos la vía por la cual deben ventilarse los conflictos, es la mercantil; que la tesis que sobre este particular cita el Magistrado responsable, no es aplicable al presente asunto, porque se refiere al precepto 1050 del Código de Comercio antes de su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5316-d711fb86/via-mercantil-improcedencia-de-la-tratandose-de-arrendamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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