COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Precisado lo anterior y a fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, es conveniente transcribir en la parte que interesa las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos al estudio y determinación de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la contradicción anunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, al resolver el amparo directo civil número 504/96, promovido por Saúl Alcántar Padilla y José Eulogio Alcántar Padilla en representación de Marco Antonio Tinoco Álvarez, en lo conducente sostiene:
"CUARTO.-El concepto de violación que los quejosos expresan es infundado. Arguyen los quejosos, que la autoridad responsable, Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, contraviene en su perjuicio las garantías que en su favor consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, por indebida e incorrecta aplicación de lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 1084 del Código de Comercio, así como de las tesis que invocan, de los rubros ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL.’, ‘COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONDENA EN.’ y ‘COSTAS. CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS, DEBE DECRETARSE A QUIEN RESULTE VENCIDO, POR DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD.’; que la responsable determinó, que en el caso no se actualiza el supuesto de la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, argumentando que el aquí tercero perjudicado no fue condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad por su parte resolutiva, sino que simplemente no obtuvo sentencia favorable en primera instancia y se dejaron a salvo sus derechos para que los ejercitara como correspondía y que en la apelación se confirmó esa determinación; que tal consideración es indebida porque, afirma, la responsable hace una errónea interpretación de las fracciones III y IV del artículo 1084 del Código de Comercio, que si bien la fracción III del artículo 1084 determina que será condenado en gastos y costas de la primera instancia, el que fuere condenado en juicio y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable, y que al hacer la condena en costas de la segunda instancia se debe observar lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, que establece que la condenación de segunda instancia se hará cuando alguna de las partes fuere condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la condenación en costas, la intención del legislador al así establecerlo, dicen los quejosos, fue de que se condenara a la parte que habiendo sido vencida en sentencia definitiva, interpusiera recurso sin que obtuviera la modificación o revocación del fallo, porque agregan, con ese sólo hecho ya le ha causado a su contraparte más erogación de gastos y costas de aquellas que hizo en el juicio primario; que en el caso si el actor no obtuvo sentencia favorable, interpuso recurso de apelación y no obtuvo la modificación o revocación de la sentencia de primera instancia, porque ésta se confirmó, debió ser condenado al pago de las costas en la apelación; que es equívoco el alcance que la responsable le da al vocablo ‘condenado’ que utiliza en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, porque dicen los peticionarios de garantías, este término se refiere a cualquiera de las partes que haya sucumbido en el juicio; que debe condenarse al aquí tercero perjudicado a pagarles los gastos y costas de la segunda instancia, con independencia de la razón por la que la actora no obtuvo sentencia favorable, pues dicen, la fracción IV del artículo 1084 sanciona la conducta del apelante que no obtiene la modificación o revocación de la sentencia de primer grado, y que por lo tanto, donde la ley no distingue, tampoco puede hacerlo el juzgador; que como no existe precepto legal alguno que apoye el criterio de la responsable, esto no se encuentra fundado. Carecen de razón los quejosos en sus antelativas afirmaciones, según se verá a continuación: el examen de lo dispuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio, conduce a concluir que este ordenamiento legal acoge, en materia de costas judiciales, dos diversos supuestos, el del libre discernimiento sobre la malicia y temeridad y el de los casos en que expresamente la ley prevé la condena; que en el primer párrafo el artículo 1084 establece la condena en costas en función de la temeridad o de la mala fe; que a continuación precisa casos específicos de condena forzosa en costas, independientes de que la parte condenada haya procedido con temeridad o mala fe; que la fracción III del artículo 1084 establece la forzosa condenación solamente para la primera instancia y determinar que en la segunda debe observarse lo dispuesto por la fracción IV que dice: ‘el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, en este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.’. Esto es, el examen del precepto legal en cita, y específicamente de lo establecido por las fracciones III y IV del artículo 1084 del Código de Comercio, conllevan a determinar que este ordenamiento legal prevé la condenación forzosa al pago de las costas sólo para la primera instancia, no así para la apelación, en donde ésta no es forzosa sino cuando se esté en el preciso supuesto que prevé la fracción IV del artículo en comento, que lo es cuando existan dos sentencias coincidentes en la condena en contra de un contendiente, en su parte considerativa. Sobre el particular se invoca la aplicación del criterio que sostiene nuestro Máximo Tribunal en la quinta tesis que se relaciona con la jurisprudencia número 550, que es consultable a fojas 948 de la Segunda Parte, del Apéndice 1917-1988, al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘COSTAS, CONDENA A, EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.-En su primer párrafo el artículo 1084 del Código de Comercio establece la condena en costas en función de la temeridad o de la mala fe; a continuación señala casos específicos de forzosa condenación con independencia de que la parte condenada hubiera procedido con temeridad o mala fe. Si el caso está comprendido de acuerdo con la fracción III del artículo 1084 entre aquellos en que la condenación en costas es forzosa, puesto que se trata de un juicio ejecutivo, por esta razón cabe estimar que la responsable no estuvo en lo justo al invocar, como fundamento de su decisión de revocar la condena que por este concepto se hizo en la primera instancia, el primer párrafo del artículo 1084, que contiene la regla general referida a la temeridad y a la mala fe. La fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, establece la forzosa condenación solamente para la primera instancia, y determina que en la segunda deberá observarse lo dispuesto en la fracción IV, que está redactada así: «IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.». Ahora bien, si las dos sentencias coinciden en la condena en contra de los demandados, pero difieren en cuanto a la comprobación de la acción y de las excepciones, puesto que, mientras que la primera declara probadas las acciones y no probadas las excepciones, la segunda, por el contrario, declara procedente la excepción de pago opuesta, las sentencias no son, en consecuencia, conformes de toda conformidad en su parte resolutiva y no se está, por tanto, dentro de lo dispuesto por la fracción IV en examen. No siendo forzosa la condenación en costas en la segunda instancia y no habiendo demostrado el actor que sea incorrecta la apreciación de la responsable en el sentido de que los demandados no incurrieron en temeridad o mala fe, debe concluirse que su resolución de absolver del pago de las costas de segunda instancia al apelante no es violatoria de la ley.’. Lo que en el caso no aconteció, pues si bien es cierto que el actor no obtuvo sentencia favorable y que ésta se confirmó en la apelación; sin embargo no menos cierto es, como bien lo señala la responsable, que ello se debió, exclusivamente, a que la sentencia de primera instancia determinó dejar a salvo los derechos del actor para que los ejercitara en la vía y términos que corresponda, mas no porque el actor haya sido vencido; además, advierte este tribunal, la apelación la interpusieron ambas partes, la aquí quejosa impugnando precisamente el que se hubiera declarado, en favor del actor, dejar a salvo sus derechos para que los ejercitara como correspondiera, y que ambas apelaciones fueron desestimadas, confirmándose la sentencia de primer grado. Lo anterior y el hecho de que sea inexacto, como se afirma en los conceptos de violación, que la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio determine, para que proceda la condena a las costas de la apelación, que sea suficiente el hecho de que quien no obtuvo sentencia en su favor en primera instancia, apele y no obtenga la revocación o modificación del fallo de primer grado, pues se insiste, los requisitos que exige esa disposición, a fin de que proceda la condena a las costas causadas en la segunda instancia, a quien habiendo sido vencido en primera instancia, apele sin que logre la revocación o modificación de la sentencia requerida que además ambas resoluciones sean condenatorias y conformes de toda conformidad en su parte resolutiva; supuesto que en el caso no se da toda vez que, como así lo estimó la responsable, no puede hablarse de que el actor haya sido condenado o vencido en la primera instancia y que tal determinación fuere confirmada en la apelación, sino que lo que exclusivamente ocurrió fue que al actor se le dejaron a salvo sus derechos para que los ejercitara en la vía procedente, y más aún, la apertura de la segunda instancia se dio no sólo a petición del actor, sino también de los demandados, mismos que incluso, habiéndoles sido desestimada su apelación acudieron en demanda de garantías, y obtuvieron la concesión del amparo, en cuyo cumplimiento se dictó el acto que es materia del presente juicio de garantías, lo que implica que en el caso no puede hablarse de que haya sido sólo la actividad de la contraparte lo que obligó a los hoy quejosos a comparecer a la segunda instancia, y que por ello en ella hayan erogado gastos de los que deba responder su contraparte. Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar a los quejosos la protección constitucional solicitada."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, remite copia de la tesis número 226 de rubro: "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, SE DEBE CONDENAR EN.", de la que proviene esta contradicción; así como también copias de las ejecutorias relativas dictadas en los juicios de amparo directos números 316/93, 426/94 y 359/95, las cuales textualmente y en la parte que interesa, establecen lo siguiente:
"Tesis 226. COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, SE DEBE CONDENAR EN.-El artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, establece: ‘La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados ... IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.’. Conforme al numeral y fracción transcritos ‘siempre’ serán sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, los que fueren sentenciados por sentencias conformes de toda conformidad, de lo que no cabe otra interpretación de que se trata de un imperativo que rige el caso, sin que sea obstáculo, como la agraviada pretende, que no exista petición de parte al respecto y que no fue motivo de apelación hecha valer por parte de su contraria.". Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo directo 316/93.-Gladia Fabiola Mendoza Quintero.-6 de mayo de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez.-Secretario: Luis Rubén Baltazar Aceves.
En la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado en el juicio de amparo número 316/93, en la parte que interesa, literalmente se establece:
"V. Los conceptos de violación son infundados en parte y en el resto inoperantes. En efecto, con vista a la transcripción de los fundamentos del fallo, que se ataca únicamente en lo relativo a la condena en costas, se observa que éste cumple a satisfacción el requisito formal de encontrarse motivado, ya que al imponer dicha condena argumenta como motivo esencial para ello, el hecho de que se pronunciaron dos sentencias conformes en su parte resolutiva, circunstancia que el propio quejoso reconoce. En torno a la interpretación que debe darse a la condición que señala el artículo 1084, fracción IV del Código de Comercio, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza la posibilidad de que ambas resoluciones necesariamente deban ser definitorias de los hechos controvertidos por las partes, de manera que se imponga determinadas cargas a alguna de ellas y considera que la verdadera intención del precepto, persigue el objetivo de que las costas de ambas instancias queden a cargo no sólo del demandado cuando pierda el juicio, sino del actor cuando no obtenga sentencia favorable. Sobre este particular resultan atendibles y se comparten las razones que informan los siguientes criterios: tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217 y 228, Cuarta Parte, página 83, que dice: ‘COSTAS, CONDENA EN, CUANDO EL ACTOR NO OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE EN AMBAS INSTANCIAS.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1084, fracción IV del Código de Comercio, siempre será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, por lo que si el actor apelante no obtiene sentencia favorable en ninguna de las dos instancias, es correcto que se le condene al pago de las costas de ambas instancias, ya que por «condenado» se entiende no sólo al demandado que pierde el juicio, sino también al actor que no obtiene sentencia favorable.’; tesis publicada en el Semanario mencionado, Quinta Época, Tomo XLVIII, página 232, que dice: ‘COSTAS, EN LOS JUICIOS MERCANTILES.-Haciendo el análisis de las diferentes prevenciones contenidas en el artículo 1084 de la ley mercantil, se observa que dicho precepto, en sus tres primeras fracciones, impone las costas indistintamente al actor o al reo, y en su fracción IV estatuye que siempre será condenado en costas, el que fuere por dos sentencias conformes de toda conformidad, en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. De los términos de esta fracción, pudiera estimarse que la condenación en costas de que la misma se ocupa, sólo debe tener lugar en las sentencias condenatorias y no en las absolutorias, pero esta apreciación, aunque fundada en la letra misma de la disposición que se examina, no está de acuerdo con su espíritu, que no puede ser otro que el de imponer la citada condenación, al que no obtuviere sentencia favorable a sus pretensiones, en ambas sentencias.’. Aunado a la circunstancia de que las costas pueden recaer tanto en el actor como en el demandado, debido a que el empleo del término ‘condenado’ en el artículo 1084, fracción IV del Código de Comercio debe hacerse extensivo a la parte que no obtenga en el juicio, atento a las razones que han quedado expuestas, tampoco representa obstáculo para su imposición, el hecho de que en el juicio mercantil ejecutivo queden a salvo los derechos controvertidos a consecuencia de que no se justificó la procedencia de la vía, porque ello no altera la naturaleza contenciosa del procedimiento ni compensa a la parte demandada a quien se obligó a salir al juicio y erogar gastos, de los cuales se le debe resarcir siendo ese el objetivo de las costas, aun cuando por efectos de la resolución que dejó los derechos del actor a salvo, las cosas vuelvan al estado que tenían con anterioridad a la presentación de la demanda, puesto que se considera que el actor es responsable de los gastos de su contrario, a quien obligó a defenderse en el proceso, siendo ésta la causa generadora de los gastos y por tanto fuente de la obligación que se le impone. En otro orden de ideas debe señalarse, que a pesar de que el demandado no se hubiese inconformado con la determinación del Juez natural que absolvió de las costas de primera instancia, no resulta ilegal ni oficioso que el tribunal de alzada las imponga, al margen del criterio subjetivo que se funda en la temeridad y mala fe del que litiga, si el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio instituye como regla especial, que tratándose de los juicios ejecutivos, siempre será condenada en costas de ambas instancias la parte a quien resulten adversas y uniformes las sentencias de primero y segundo grado, imperativo al cual debe sujetarse el tribunal de alzada aunque no exista petición de parte, ni se haya impugnado la negativa del juzgador primario, ya que se insiste, el mencionado dispositivo, cuya aplicación está reservada al tribunal superior comprende las costas de ambas instancias. Este criterio fue sustentado al resolver el amparo directo 316/93 del índice de este Tribunal Colegiado y dio origen a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de 1993, página 393, que dice: ‘COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD SE DEBE CONDENAR EN.-El artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, establece: «La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados ... IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.». Conforme al numeral y fracción transcritos «siempre» serán sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, los que fueren sentenciados por sentencias conformes de toda conformidad, de lo que no cabe otra interpretación de que se trata de un imperativo que rige el caso, sin que sea obstáculo, como la agraviada pretende, que no exista petición de parte al respecto y que no fue motivo de apelación hecha valer por parte de su contraria.’. A mayor abundamiento, es evidente que la condena en costas de segunda instancia, formalmente no revoca la resolución que absolvió de esa prestación accesoria en primera instancia, puesto que son distintos los supuestos de procedencia y su imposición no es violatoria de principio alguno, menos del llamado de definitividad, que contrario a lo que supone el quejoso, sólo rige la tramitación del juicio de amparo y resulta ajeno al procedimiento del orden común, lo que permite suponer que al mencionar el consentimiento tácito y la supuesta revocación oficiosa, lo hizo aludiendo a los principios de preclusión y de firmeza procesal, sólo que no acertó a designarlos adecuadamente, además de que según se dejó expuesto dichas reglas procesales no se vieron vulneradas. En torno a lo anterior, el inconforme transcribe el contenido de cierta tesis en que se analiza la facultad del juzgador para apreciar prudentemente la temeridad y mala fe de los litigantes, pero ésta, al igual que las consideraciones que a continuación vierte son ajenas al debate, ya que se encuentran vinculadas con la aplicación de la diversa fracción III del artículo 1084 del mencionado código, por tanto, para efectos del juicio constitucional devienen inoperantes."
Asimismo, este tribunal en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 426/94, al respecto señala:
"IV. El primer concepto de violación es inoperante; el segundo en el orden es fundado pero inoperante y el último infundado. En referencia a la inadmisión de la prueba testimonial por el a quo, la Sala definió que no obedecía a que se hubiese estimado contraria a la moral y a las buenas costumbres y que el verdadero motivo aducido por el juzgador primario, resultó ser el hecho de que el oferente no haya solicitado el otorgamiento del término extraordinario para su desahogo, dado que se trataba de una testimonial que debía recibirse en diversa entidad federativa y abundó en que dicha determinación, además de encontrarse fundada y motivada adecuadamente, había adquirido definitividad a consecuencia de que no fue combatida por el inconforme, ya que a pesar de haberla impugnado mediante recurso de apelación, que oportunamente interpuso contra el proveído que negó la admisión de la prueba, no se opuso a las consideraciones y fundamentos en que se sustentó. De acuerdo con las reglas que regulan la tramitación del amparo, el concepto de violación debió consistir en un argumento jurídico, que frontalmente cuestionara la legalidad de los motivos de insuficiencia que adujo la responsable, o en su caso, la veracidad de los hechos en que se fundaron y al omitir ese requisito, debe conceptuarse inoperante, ante la imposibilidad de que sea el Tribunal Colegiado el que oficiosamente examine esas cuestiones, ya que no es suficiente que López Sesma afirme que la aceptación por la Sala de que la prueba no fue desechada por ser contraria a la moral y al derecho, pruebe que su agravio es fundado, si como ya se dijo anteriormente, al margen de ese reconocimiento adujo motivos diversos como justificantes de la inadmisión de la prueba y éstos se entienden tácitamente consentidos por falta de impugnación. En otro aspecto, aun cuando no sea verídico que la responsable hubiese omitido el estudio y valoración del agravio en que se señaló que los pagarés fundatorios de la acción, carecían de algunos requisitos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que de los fundamentos del fallo se observa que en referencia directa a dicha inconformidad, indicó que a pesar de no haber sido materia de la litis en primer grado, se hacía cargo de analizarlo y finalmente arribó a la conclusión de que inspeccionados los títulos se observa que éstos sí reúnen los requisitos indispensables de un pagaré, lo cierto es que asiste la razón al quejoso cuando señala, que al menos en su aspecto formal, la sentencia es omisa y no indica cuáles son esos requisitos que sí reúnen y en qué sitio de los documentos se hacen constar, sin embargo, por más que se observe fundado por esas razones de omisión, el concepto de violación a la postre deviene inoperante, ya que del agravio propuesto en la apelación (foja 3 del toca), se advierte que las deficiencias que se atribuyen a los documentos eran atinentes a la orden incondicional de pago y el lugar en que debería realizarse y teniéndolos a la vista es fácil constatar, que según lo afirmó la responsable, dichos requisitos aparecen insertos en el texto de los pagarés, cuya redacción es similar y en su parte inicial ostenta la leyenda: ‘... Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquiera en que se nos requiera el pago ...’, de lo anterior se sigue, que por más que la Sala se haya conducido dogmáticamente, al haber dejado de expresar en su fallo cuáles eran los requisitos cuya existencia había verificado en los títulos, el concepto debe declararse inoperante, pues de otorgarse el amparo para que subsanara esa deficiencia formal, nuevamente tendría que resolver en forma adversa a los intereses del quejoso y en consecuencia debe negarse, atento a las razones que informan la tesis de jurisprudencia 445, publicada en la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, páginas 783 y 784, bajo la voz: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimida al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.’. Finalmente es infundada la inconformidad relativa a la condena en costas de segunda instancia, ya que este Tribunal Colegiado sustenta el criterio de que, conforme al texto del artículo 1084 del Código de Comercio procede, a condición de que existan dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin que ejerza influencia en dicha hipótesis, la circunstancia de que la parte no hubiese actuado de mala fe o con temeridad, ya que esa conducta procesal es una disyuntiva que prevé el propio precepto y ocasiona idéntica condena, pero no es un requisito que debe coexistir con el de la identidad de ambas resoluciones. La tesis relativa se publicó en el Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, página 393 y 394, bajo la voz: ‘COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, SE DEBE CONDENAR EN.-El artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, establece: «La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados ... IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.». Conforme al numeral y fracción transcritos «siempre» serán sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, los que fueren sentenciados por sentencias conformes de toda conformidad, de lo que no cabe otra interpretación de que se trata de un imperativo que rige el caso, sin que sea obstáculo, como la agraviada pretende, que no exista petición de parte al respecto y que no fue motivo de apelación hecha valer por parte de su contraria.’."
Asimismo, este tribunal en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 359/95, al respecto señala:
"IV. Los conceptos de violación hechos valer son por una parte inoperantes y por la otra infundados. En efecto, la quejosa al formular sus agravios en la alzada dijo en lo que interesa: ‘... el Juez de los autos no valoró debidamente las pruebas ofrecidas por la suscrita, ya que con el documento consistente en las actuaciones y del juicio mercantil 1083/91 donde se desprende el acta de embargo que el propio demandado en dicho juicio señaló el bien embargado materia de la tercería y quedó como depositario del mismo manifestando que era de su propiedad, por lo que se supone y se dio a entender que Jesús Pérez Rodríguez hermano del demandado en el juicio mercantil ejecutivo, es prestanombres de Eulogio Pérez Rodríguez ya que inclusive se probó que la unidad motivo de la tercería es del uso exclusivo y para el trabajo del demandado en el juicio mercantil 1093/82 no tomando en cuenta el juzgador dichas probanzas sino que únicamente se basó para dictar la resolución en el de la unidad, violando lo dispuesto por el artículo 658 del código procesal civil así como el artículo 267 del mismo cuerpo de leyes que igualmente me causa agravio el considerando cuarto de la sentencia que se combate, ya que el tercerista en ningún momento probó plenamente la acción que ejercita ya que las pruebas que aportó son suficientes para probar plenamente la propiedad del mencionado vehículo, ya que el inferior al resolver sobre el particular se hizo indebidamente la valoración de las pruebas ofrecidas ...’. Ahora, nuevamente al plantear el primero de sus conceptos de violación, además de relatar el contenido de la resolución impugnada, reitera que no fueron tomadas en cuenta las probanzas, ni se les dio el valor que la ley les otorga, pasándose por alto la circunstancia de que en la diligencia de embargo, el demandado señaló el vehículo materia de la tercería. Lo que obviamente no controvierte lo dicho por el tribunal de apelación, quien al respecto consideró que el señalamiento del bien para su secuestro por parte de Eulogio Pérez Rodríguez, no hace suponer que el actor tercerista era su prestanombres, ante la carencia de pruebas que así lo demostraran, situación similar que también aconteció cuando
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5684-009cb045/costas-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-cuando-existen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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