QUEJA, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA INCIDENTAL (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE MICHOACÁN, SAN LUIS POTOSÍ, PUEBLA, JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo civil en revisión 168/90 (no 148/90 como inexactamente se identifica en la denuncia de contradicción de tesis y en la tesis respectiva), promovido por Ignacio Zepeda Aguilar, resuelto por unanimidad de votos el diez de octubre de mil novecientos noventa, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO.-Los conceptos de agravios transcritos, devienen fundados pero inoperantes en un aspecto e infundados en otro, atentas las consideraciones siguientes: Fundados, en cuanto que la resolución que se revisa, ciertamente (palabras ilegibles) procede el recurso de queja previsto en el artículo 730, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán y no el de apelación, que equivocadamente pretendía el quejoso; o sea, que no precisó ninguna circunstancia especial, razón particular o causa inmediata en que se apoyó para negar el amparo, ni tampoco dio a conocer los motivos por los cuales, a su juicio, en la especie se configuraba la hipótesis normativa contemplada en dicho precepto legal, dado que ni siquiera estableció si acogía las consideraciones que sustentaron el sentido del acto reclamado.-Empero, tales objeciones resultan inoperantes para el fin pretendido, en virtud de que en ellas el recurrente no formula argumentos jurídicos concretos, tendientes a evidenciar la ilegalidad del fallo recurrido; toda vez que lo único que en realidad alega, es que el a quo soslayó la apreciación de las pruebas que aportó para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual es insuficiente, porque además de que no concretiza esas pruebas, tampoco precisa el alcance probatorio de ellas, en función de lo decidido en el mencionado fallo.-Con entera independencia de lo antes asentado, los propios agravios de que se trata son infundados por las razones que a continuación se exponen: Para llegar a tal conclusión precisa referir que este Tribunal Colegiado al resolver con fecha dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho el juicio de amparo directo civil número 50/988, promovido por Elodia Cerna Herrera de Aparicio, determinó lo siguiente: ‘CUARTO.-Resulta fundamentado el concepto de violación que concierne a la transgresión -por indebida aplicación- al artículo 730 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, incluido en el ordinal primero del capítulo respectivo. Tal circunstancia es suficiente para conceder el amparo solicitado. Por ello es innecesario abordar el estudio de los otros motivos de queja. El argumento fundamental de la autoridad responsable en torno al que se centra la resolución confirmatoria que constituye el acto reclamado, estriba en que el proveído por medio del cual el resolutor de primer grado, desechó el incidente de oposición al proyecto de partición del caudal hereditario, en el juicio intestamentario primigenio, debió haber sido impugnado por medio del recurso de queja previsto en la fracción I, del artículo 730 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; no a través del recurso de revocación que se interpuso contra el proveído referido. Para arribar a la conclusión anterior, la autoridad jurisdiccional responsable parte de la premisa de que la regla genérica consignada en la fracción I del artículo 730 citado, referente a que el recurso de queja tiene lugar contra el Juez que se niega a admitir determinada demanda, debe incluir también las demandas incidentales no obstante a que éstas no están previstas en forma explícita. La razón subyacente a tal premisa se cifra en el apotegma de que «lo accesorio sigue la suerte de lo principal» y en que por analogía e identidad jurídica sustancial, tratándose de una demanda incidental el medio idóneo de impugnación es el recurso de queja. La resolución de que se trata, está cimentada además en el criterio sustentado por el entonces Magistrado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad federativa, en el toca número I-17/987, referente a la apelación interpuesta por el mandatario de Valentín Alejo Salazar, cuyo epígrafe es: «No es apelable el proveído que niega la admisión de un incidente.». A todo lo anterior debe decirse -como lo alega el peticionario de garantías- que es incorrecta la apelación que la autoridad responsable hace de la fracción I del artículo 730 invocada. En efecto, es nítida la disposición que se analiza respecto a que el recurso de queja es procedente cuando, primera hipótesis: se niega la admisión de una demanda y segunda: se desconozca -de oficio- la personería de determinado litigante, antes del emplazamiento a juicio. La conditio sine qua non, que se refiere a la prelación del llamamiento a juicio, abarca los dos supuestos contenidos en la fracción I citada.-Síguese de allí que las demandas incidentales no deben subsumirse en la primera hipótesis de la fracción I del artículo 730 del código procesal citado, por la razón lógica de que aquéllas acaecen una vez establecida la relación jurídica procesal tripartita. No es óbice para concluir así, el hecho de que el artículo 342 del código procesal citado, que trata sobre la forma escrita de contestar las demandas, remita a diversas disposiciones del mismo, entre ellas la contenida en la fracción I del artículo 730 citado, que como ya se dijo, prevé la procedencia del recurso de queja cuando no se admita una demanda o se desconozca la personería de determinado litigante antes del emplazamiento, para deducir de tal remisión que contra el proveído que niegue la admisión de la contestación a una demanda, el recurso de queja es el medio idóneo de impugnación; pues este caso de excepción no invalida el requisito contenido en la fracción I multirreferida. De otra manera dicho, si bien el recurso de queja es procedente contra el proveído que no admite la contestación de una demanda, porque así lo disponen los artículos citados en el párrafo anterior, supuesto en el cual, lógicamente, ya se ha efectuado el llamamiento a juicio, no invalida la regla genérica de que el recurso de queja sea procedente a condición de que los supuestos que contiene la fracción I referida, se hayan llevado a cabo antes del emplazamiento, se trata pues de una excepción a la regla. Por otra parte, precisa aclarar aquí que el precedente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el cual se apoya la resolución que se trata, no dilucida la cuestión que se estudia porque parte de la premisa de que el acuerdo en el que se niega la admisión de un incidente, no es apelable; para luego concluir que la disposición de la fracción I del artículo 730 citado, comprende tanto la demanda principal como la incidental apoyando tal conclusión en el proverbio que dice: «donde la ley no distingue no cabe hacer distinción». De que el recurso de apelación sea improcedente para los casos referidos no debe seguirse que a fortiori la queja deba ser sucedáneo; del hecho de que el recurso de apelación no proceda en ciertos casos, no se deriva que necesariamente proceda el de queja. El artículo 688 del código procesal citado, disipa cualquier duda al respecto al disponer que los proveídos que no fueren apelables pueden ser revocados. El sistema adoptado por el código de procedimientos referidos, se basa en que los acuerdos, proveídos y resoluciones son impugnables por medio de los recursos expresamente establecidos; los que no sean susceptibles de combatirse por medio del recurso de apelación, son impugnables por medio de la revocación. El recurso de queja tiene lugar en las hipótesis expresamente señaladas. En todo el título séptimo «De los recursos», del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, no hay precepto que autorice al juzgador a acudir a la analogía o a la «identidad jurídica sustancial», a fin de tramitar los medios de impugnación ordinarios, que como en este caso, no encuadra ni en la queja ni en la apelación; pero sí, como ya se explicó, a la revocación de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 688 citado. Puesto que ha resultado fundamentado, como ya se dijo, el concepto de violación que se refiere a la infracción al artículo 730 fracción I del código procesal citado, debe concederse el amparo solicitado por Elodia Cerna Herrera, a fin de que se declare insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado y se reponga el procedimiento a partir del acuerdo que indebidamente rechazó el recurso de revocación de que se trata.’.-Igualmente, este mismo órgano de control constitucional al fallar el día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa el diverso juicio de amparo directo civil número 35/90, promovido por Ramón Vargas González, en lo que aquí interesa, decidió: ‘CUARTO.- Los anteriores conceptos de violación, resultan fundados en parte, inoperantes e infundados en otra, en base a los siguientes razonamientos: Por razón de método se hará en primer término el estudio de los conceptos de violación que se refieren a violaciones procesales que, según el quejoso, se cometieron en su perjuicio. Sostiene el promovente del amparo, que el Magistrado responsable en el considerando segundo de la sentencia reclamada, conculcó en su perjuicio los artículos 50, 84, 96, 97, 99, 105, 378, 382, 600, 601, 602, 631 y 634 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aduciendo que el proveído fechado el once de julio de mil novecientos ochenta y nueve, por el que el Juez de primera instancia niega la admisión del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la presunta notificación que se le hizo el catorce de junio de ese propio año, en razón de que el mismo no se había propuesto dentro del lapso a que se contrae el artículo 97, del ordenamiento legal invocado, estimando -el ad quem-, que debió reclamarse a través del recurso de queja previsto por el artículo 730 del invocado cuerpo de leyes, determinación que considera incorrecta, dado que en el caso no se trata de una demanda del negocio principal sino de una demanda incidental, por lo que no es procedente tal recurso, además de que el diverso artículo 634 del invocado ordenamiento establece que la resolución dictada en los juicios sumarios civiles relativa a las incidencias que se planteen en el curso del procedimiento no admiten recurso alguno. Por otro lado, sigue sosteniendo el inconforme que el incidente de que se trata fue propuesto en tiempo y sin embargo fue desechado sin ninguna base legal, por lo que tales violaciones al procedimiento conculcan las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por lo que por ello solicita se le conceda el amparo para el efecto de que se mande reponer el procedimiento a partir del auto en que se desechó la incidencia planteada. Resulta fundada tal alegación por cuanto que, como bien lo alega el quejoso, el ad quem no debió considerar que el auto de once de julio de mil novecientos ochenta y nueve, dictado por el Juez a quo, en que negó dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones al no haberse propuesto dentro del término previsto por el artículo 730, del citado ordenamiento legal, toda vez que, es verdad, que es incorrecta la aplicación de esta última disposición, tomando en cuenta que el recurso de queja es procedente: «I. Contra el Juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación y III. En los demás casos fijados por la ley.»; y aunque pudiera estimarse dado que la responsable no precisó disposición alguna sobre el particular, al considerar que el aludido auto debió recurrirse en queja, se refiera a la primera de tales fracciones, cabe decir al respecto que en el caso a estudio no se da, por tratarse del desechamiento de una demanda incidental, pero sí en cambio contra el mismo procede el diverso recurso de revocación en términos del artículo 688 del referido código adjetivo civil del Estado, que establece: «Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio pero sólo a instancia de parte.», sin que en el presente caso resulte aplicable el último párrafo del diverso artículo 634, del citado ordenamiento que prevé: «... La interlocutoria que se dicte, no admitirá recurso alguno.», ya que en el caso a estudio no se trata de una interlocutoria sino de un auto -se repite- que niega dar trámite a un incidente, el que al no haberse combatido por el quejoso mediante el recurso de revocación, a través del cual pudo nulificar, modificar o revocar dicha determinación judicial, debe concluirse que el acto desplegado por el Juez primario, en ese aspecto, fue consentido tácitamente lo que se traduce en imposibilidad jurídica de estudiarse, por vía de amparo, sobre su legalidad o ilegalidad por parte de este órgano de control constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo.’.-Ahora bien, del contenido de las ejecutorias transcritas, se desprende que los motivos primordiales que en ellas se esgrimieron para resolver los conflictos jurídicos que se plantearon y que constituyeron su materia, fueron los siguientes: a) que el recurso de queja contemplado en el artículo 730, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no era el indicado para combatir el auto que denegaba la admisión de una demanda incidental, porque al establecer dicho precepto que ese recurso procede contra el Juez que se niega a admitir una demanda, debía entenderse que se refiere a la demanda principal que el interesado presentaba ante el órgano jurisdiccional y, de ninguna manera, en el mismo quedaba comprendida la demanda incidental, ya que a través de ella no se dilucidaba una cuestión surgida antes de que se constituyera la relación jurídica procesal, sino cuando el procedimiento del juicio ya estaba en trámite; b) que tampoco podía serlo el recurso de apelación, porque como el artículo 703 del invocado ordenamiento legal, dispone en forma expresa que sólo son apelables los autos cuando lo previene la ley, si además, lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten; resultaba inconcuso que no era apelable el proveído que denegaba la admisión de una demanda incidental, dado que ningún precepto de los que informan el mencionado código, determina que ese sea el medio para atacar una resolución de la naturaleza referida; y c) que de ello se seguía que el recurso idóneo y adecuado para impugnar el auto de mérito, era el de revocación previsto en el diverso artículo 688 del propio cuerpo de leyes, y no el de queja que indebidamente habían estimado las autoridades que se señalaron como responsables, atento a que el citado numeral disipaba cualquier duda al respecto, al disponer que los proveídos que no fueren apelables pueden ser revocados.-Sin embargo, retomando el estudio del problema toral que se decidió mediante tales ejecutorias, este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, considera prudente variar el criterio que vino sustentando en asuntos similares al presente, especialmente aquellos en los que emitió los comentados fallos constitucionales, para ahora determinar que el recurso procedente para combatir el auto que deniega la admisión de una demanda incidental, no es el de revocación que establece el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, sino el de queja que contempla el diverso 730, fracción I, de dicho ordenamiento legal, tomando en cuenta esencialmente que donde la ley no distingue, no cabe hacer distinción y que donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición.-Lo anterior es así, porque como inclusive se estimó en la primera de las repetidas ejecutorias de amparo y se reitera en este apartado, tomando en consideración que el artículo 703 del Código de Procedimientos Civiles en consulta, establece expresamente que sólo son apelables los autos cuando lo dispone la ley, si además, lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en el que se dicten; resulta evidente que el acuerdo en el que se niega la admisión de un incidente, no es apelable, puesto que ese precepto ni algún otro de los que integran el aludido cuerpo de leyes, determina que éste sea el medio para atacar una resolución de esa índole.-Tampoco el auto de que se trata, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación a que se refiere el artículo 688 del mencionado código, porque de la sola circunstancia de que el mismo señale que los proveídos que no fueren apelables pueden ser revocados, en modo alguno se llega a la conclusión de que, indefectiblemente, el recurso que en ese caso procede, es el de revocación, como desafortunadamente lo había venido sosteniendo este Tribunal Colegiado; toda vez que, según se verá a continuación, el problema a dilucidar sí encaja dentro del primero de los supuestos contenidos en la fracción I del artículo 730 del invocado ordenamiento legal con entera independencia de que en la especie se cuestione un auto que denegó la admisión a trámite de una demanda incidental y no de la principal que daría origen al juicio que pretendiera instaurarse.-En efecto, el aludido artículo 730, fracción I, dice: ‘El recurso de queja tiene lugar: contra el Juez que se niega admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento.’.-La redacción de ese precepto, conlleva a que el mismo no pueda interpretarse en el sentido de que únicamente es aplicable en tratándose del proveído que niega admitir el libelo actio que el interesado presenta ante el órgano jurisdiccional, con la finalidad de instarlo a que se aboque al conocimiento y decisión definitiva del interés jurídico que considera insatisfecho; sino que como tal norma no hace ningún distingo entre ese tipo de demanda y la incidental, su correcta hermenéutica jurídica debe ser la de que en ella queda comprendida tanto la demanda principal como la incidental, tomando en cuenta que donde la ley no distingue, no cabe hacer distinción y que donde existe idéntica razón, debe aplicarse la misma disposición; máxime que la condición a que se contrae el precepto legal de mérito, consistente en el desconocimiento de la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento, lógicamente que sólo es aplicable para ese caso concreto, pero en modo alguno puede hacerse extensiva para cuando se desecha una demanda y que obviamente aún no existe llamamiento a juicio, de manera que no había razón legal para que el legislador condicionara a esa circunstancia la procedencia del recurso de queja, como se sostuvo en una de las referidas ejecutorias. Sobre todo porque la presentación de una demanda, ya sea principal o incidental, tiene como finalidad esencial la de que la contraparte sea emplazada, esto es, sea llamada a enterarse de lo que se le reclama o controvierte y, a la vez, para que prepare y produzca su defensa, tanto en el juicio principal cuanto en el incidental, siendo ésta la razón vital por la que el artículo 730, fracción I, de la ley adjetiva civil local no hace distinción alguna sobre el tipo de demanda a que se refiere, máxime que en ambas hipótesis se fijan y deben dilucidarse cuestiones jurídicas que además de ser independientes y autónomas, entre sí, interesan por igual a las partes en pugna, por lo tanto, el auto que niega la admisión de cualquier demanda impide la apertura del procedimiento respectivo y, de consiguiente, el inicio de la correspondiente controversia judicial, con todas sus graves consecuencias, lo que, de suyo, lleva a concluir que ese auto sólo es recurrible en queja.-De ahí que contrariamente a lo alegado por el aquí recurrente, el Juez de Distrito estuvo en lo justo al negarle el amparo que solicitó, porque como ya quedó establecido con antelación, en los términos del comentado artículo 730, fracción I, frente al auto que le denegó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones, procedía el recurso de queja y de ninguna manera, el de apelación que interpuso.-Consecuentemente, se concluye que el sentido del fallo que se revisa es legal y, por ende, procede confirmarlo.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Ignacio Zepeda Aguilar en contra de las autoridades y por los actos indicados en el resultando primero de la presente ejecutoria."
Dicha sentencia dio origen a la siguiente tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, Tribunales Colegiados de Circuito, páginas 403 y 404, que a la letra dice:
"QUEJA, RECURSO DE. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DENIEGA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).-La redacción del artículo 730, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, conlleva a que el mismo no pueda interpretarse en el sentido de que únicamente es aplicable en tratándose del proveído que deniega la admisión de una demanda principal, sino que como tal norma, no hace ningún distingo entre ese tipo de demanda y la incidental, su correcta hermenéutica jurídica debe ser la que en ella queda comprendida tanto la demanda principal como la incidental, tomando en cuenta que donde la ley no distingue, no cabe hacer distinción y que donde existe idéntica razón, debe aplicarse la misma disposición; máxime que la condición a que se contrae dicho precepto legal, consistente en el desconocimiento de la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento, lógicamente que sólo es aplicable para ese caso concreto, por lo que no puede hacerse extensiva para cuando se desecha una demanda y que obviamente aún no existe llamamiento a juicio, de manera que no había razón legal para que el legislador condicionara a esa circunstancia la procedencia del recurso de queja; sobre todo porque la presentación de una demanda, ya sea principal o incidental, tiene como finalidad esencial la de que la contraparte sea emplazada, esto es, sea llamada a enterarse de lo que se le reclama o controvierte y, a la vez, para que prepare y produzca su defensa, tanto en el juicio principal, cuanto en el incidental. De ahí que este Tribunal Colegiado, retomando el estudio de la cuestión examinada, considera prudente variar el criterio que vino sustentando en asuntos similares al presente, para ahora determinar que el recurso procedente para combatir el auto que deniega la admisión de una demanda incidental, no es el de revocación que establece el artículo 588 del invocado código, sino el de queja que contempla el diverso 730, fracción I, que ya se comentó."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el amparo en revisión 102/91, promovido por Roberto Arvilla García, resuelto por unanimidad de votos el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO.-Son infundados los agravios. En efecto, gramaticalmente, demanda es la petición a un tribunal del reconocimiento de un derecho, a lo que se puede agregar, que es el acto jurídico mediante el cual se inicia el ejercicio de la acción.-El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, no proporciona un concepto de demanda sólo señala los requisitos que debe incluir, y advierte que toda contienda judicial, principiaría con la demanda. Al respecto, los artículos 253 a 255, del código procesal citado, disponen por su orden lo siguiente: ‘253. Toda contienda jurídica principiará por demanda en la cual se expresará: I. El tribunal ante quien se promueve; II. El nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones; III. El nombre del demandado y su domicilio; IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; V. Los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa; VI. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables; y VII. En su caso el valor de lo demandado.’.-‘254. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que la contesten dentro de nueve días. Este auto será apelable en el efecto devolutivo.’.-‘255. Si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez debe prevenir al actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalando en concreto sus defectos; hecho lo cual le dará curso. El Juez puede hacer esta prevención por una sola vez y verbalmente. Si no le da curso, podrá el promovente acudir en queja al superior.’.-Por otra parte, en el capítulo I, del título décimo del código procesal en cita, se regula lo relativo a los incidentes en general, específicamente los artículos 775 a 778 por su orden establecen lo siguiente: ‘775. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal.’.-‘776. Los incidentes que pongan obstáculo al curso del juicio, se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando entre tanto en suspenso aquél.’.-‘777. Impide el curso del juicio todo incidente sin cuya previa resolución es imposible de hecho o de derecho continuar sustanciándolo.’.-‘778. Promovido el incidente observando en lo relativo las prevenciones de los artículos 253 y 254 y una vez formada en su caso la pieza correspondiente, se correrá traslado a la contraparte para que la conteste dentro de tres días.’.-Del texto de los preceptos legales citados, se puede desprender que existen demandas principales e incidentales, las primeras, son las que determinan la incoación del procedimiento y las segundas, las que surgen en el curso del mismo. Por tanto, las citadas demandas son distintas, y si bien guardan cierta semejanza entre sí, ello únicamente lo es en cuanto a la forma en que deben elaborarse, pues en este aspecto, en las demandas incidentales deben observarse, en lo relativo, las prevenciones legales para las demandas principales.-Ahora bien, tal similitud en la forma de las demandas principales e incidentales, no puede trascender al trámite que el juzgador deba dar a las mismas, toda vez que el código procesal civil prevé, expresamente, el curso que debe darse a cada una de ellas, así como los recursos procedentes en contra de los acuerdos, autos y resoluciones que al efecto pronuncie el Juez; por lo que resulta inaplicable a las demandas incidentales, lo dispuesto en la última parte del artículo 255, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, que establece que si no se da curso a la demanda, podrá el promovente acudir en queja al superior.-Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto por el artículo 971 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, que dispone: ‘971. El recurso de queja procederá: I. Contra el Juez que se niegue a admitir una demanda o desconozca de oficio la personalidad de un litigante, antes del emplazamiento.’.-Como se puede advertir, la última frase de la disposición legal antes citada, indica que el recurso de queja, en las dos hipótesis mencionadas, sólo procede antes del emplazamiento, por lo que es claro que en la primera hipótesis, se refiere exclusivamente a la demanda principal, pues como ya se dijo, la demanda incidental surge en el curso del procedimiento, lo que implica el emplazamiento de la parte demandada al juicio, y por tanto, por exclusión, hace improcedente el recurso de queja que se interponga, en contra del auto por el que se niegue la admisión de una demanda incidental.-Las demás fracciones del citado dispositivo legal previenen que dicho recurso de queja procede: ‘II. Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; III. Contra la resolución que niegue admitir una apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley.’.-Conforme a la situación jurídica planteada en el caso por el quejoso, es evidente que tampoco se está en el supuesto de procedencia del recurso de queja a que aluden las transcritas fracciones II, III y IV del artículo 971 del código adjetivo civil.-En este orden de ideas, debe decirse que en forma atinada, el a quo consideró, que los conceptos de violación que expresó el quejoso, aquí recurrente, son insuficientes e infundados, pues ciertamente que en ellos no expuso ningún argumento que demostrara que la no admisión de un incidente de falta de personalidad, equivale a la no admisión de una demanda, y por otra parte, en ninguna de las hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 971 del código procesal civil para este Estado de San Luis Potosí, se prevé el recurso de queja en contra del Juez que no admite un incidente de falta de personalidad. Por consecuencia, no es ilegal la resolución reclamada en el amparo, por la cual la responsable desechó el recurso de queja interpuesto por Roberto Arvilla García, lo que lleva a concluir que debe confirmarse en sus términos la sentencia que se revisa.-Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 82, 83, 90, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Arvilla García, en contra del acto que reclamó del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6011-06c54ab9/queja-recurso-de-es-improcedente-contra-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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