EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE TRATA DE VARIOS DEMANDADOS CON UN MISMO DOMICILIO, Y SE REALIZA CONJUNTAMENTE, NO ES NECESARIO HACERLO CONSTAR EN ACTAS DISTINTAS O SEPARADAS (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS DE PUEBLA Y MICHOACÁN). EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, EN CONTRA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Por lo que concierne a las consideraciones sustentadas, con relación a la presente contradicción de tesis, se tiene presente lo siguiente:
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión número 334/95, promovido por Héctor Javier Sahagún Barragán, consideró que:
"CUARTO. Son ineficaces los anteriores motivos de disenso. Es inexacta la afirmación del inconforme cuando señala que en el sello de recibido de la demanda que dio origen al juicio mercantil del que derivan los actos reclamados, se encuentra en blanco el espacio correspondiente a los anexos, con lo que, según expresa, se acredita que en el momento en que se presentó dicha demanda no se acompañaron las copias de traslado, por lo que no debió admitirse a trámite; toda vez que como puede advertirse de la copia certificada que el Magistrado responsable acompañó a su informe, visible a fojas 49 del juicio de amparo, correspondiente a la demanda de origen, en la que obra sello de recibo, aparece el número 6 en el espacio destinado a indicar los anexos, de manera que al ser inexistente la omisión que invoca, también lo son las consecuencias que de la misma pretende derivar. Debe advertirse que la utilización de determinar palabras como entregar o emplazar, no es indispensable, como lo requiere el inconforme para determinar si existió en el emplazamiento impugnado la entrega de las copias de traslado, así como notificación al demandado ausente, por conducto de su esposa, pues el hecho de que al final de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se anote: ‘Asimismo en estos momentos el suscrito actuario, con las copias simples de la demanda, documentos e instructivo respectivo, Sahagún Barragán, por conducto de su esposa la señora Rosa María Jiménez Pulido, para que dentro del término de cinco días, más ocho que se le concede por razón de que se encuentra fuera del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, con fundamento en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de que comparezca ante este juzgado a hacer paga llana y lisa de lo reclamado o en su defecto a excepcionarse, recibiéndolas a su entera satisfacción y de que oportunamente hará entrega de los mismos a su esposo cuando llegue a este su domicilio ...’; no desvirtúa la validez de dicha citación ya que por una parte, al contrario de lo que afirma el recurrente, el actuario hizo constar claramente que la esposa del emplazado recibió a su entera satisfacción las copias del traslado, y por lo demás no es trascendente la omisión antes del nombre del demandado, de indicar que se procedía a emplazarlo, si de acuerdo con la misma diligencia se cumplieron los requisitos de tal citación, inclusive el de otorgarle un término adicional para dar contestación a la demanda por hallarse fuera del distrito judicial en que se actuaba. En cuanto a que el emplazamiento debió hacerse individualmente ‘con mayor razón si tienen intereses opuestos’, cabe señalar que, como en forma correcta lo sostuvo el Juez de Distrito, no existe disposición legal que obligue a elaborar actas separadas cuando como en la especie, se practique un emplazamiento a dos demandados en un mismo domicilio, pues el imperativo jurídico es que se les llame a juicio ya sea entendiendo la diligencia con los mismos interesados, con uno de ellos, o con persona distinta, siguiendo en cada supuesto las reglas específicas para la práctica del emplazamiento, entre las que no se encuentra el que deba levantarse un acta individual por cuantas personas se notifiquen en un mismo domicilio, sin que el inconforme sustente en algún razonamiento jurídico su afirmación de que tiene intereses opuestos con su esposa en el asunto concreto, derivándose de los autos que a ambos se les señaló como demandados y se les reclamaron las mismas prestaciones. Resulta inaplicable al caso particular la tesis que invoca de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO DE VARIOS DEMANDADOS, CON EL MISMO DOMICILIO. DEBE PRACTICARSE INDIVIDUALMENTE CON CADA UNO DE ELLOS Y REUNIR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.’, porque alude a la omisión de varios requisitos que en el caso particular sí se cumplieron, como el señalamiento de que el actuario se cercioró de que en el domicilio en que se constituyó era el del quejoso, por habérselo informado la codemandada, y al no encontrársele dejó citatorio y posteriormente instructivo, emplazándolo por conducto de su esposa, cumpliéndose así el emplazamiento individual al inconforme, circunstancias que son diversas a las tratadas en la tesis en cita, la que además, no apoya el hecho de que se elabore un acta por cada demandado, sino que el emplazamiento a cada uno se realice de acuerdo a sus circunstancias particulares, esto es, que el emplazamiento sea individual, no el acta en que se haga constar. Por lo demás, el ahora recurrente planteó en su demanda de garantías que el emplazamiento en cuestión vulneró sus garantías individuales porque en la época en que se practicó, él tenía un domicilio distinto de aquel en que se constituyó el actuario responsable, en relación con lo cual expresa que el juzgador de garantías no apreció ni valoró las documentales públicas y privadas que se exhibieron en el juicio de garantías, concretamente la constancia suscrita por el jefe de colonos del Fraccionamiento Campestre de Jacona la cual por no ser objetada merece pleno valor probatorio’; empero, tal inconformidad es infundada ya que como se determina en la sentencia recurrida, ese documento no es prueba idónea para acreditar el lugar y época de residencia del quejoso, porque se trata de una cuestión ajena a las funciones de quien lo certifica, sin que además, se cite la fuente o archivos de los que se hubiere recabado, en su caso, tal información, o en qué consistió la investigación realizada al respecto, por lo que no aporta al juzgador elementos confiables para normar su criterio. También expresa que no se valoró el hecho de que posteriormente, su contraparte Banca Serfín, Sociedad Anónima, al promover demanda de garantías contra la sentencia definitiva señaló ‘de nueva cuenta el domicilio correcto del quejoso Héctor Javier Sahagún Barragán y que lo es en la calle Colón número 288 de la ciudad de Zamora, Michoacán.’. Lo anterior carece de consistencia jurídica, porque no tiene trascendencia la designación de un domicilio distinto para emplazar al inconforme en un juicio diferente y posterior a la época del emplazamiento que impugna, ya que a través de ese hecho no se evidencia que cuando éste se efectuó no habitara en la casa donde se constituyó el actuario, porque son eventos que ni siquiera coinciden en tiempo. Por cuanto se refiere a la valoración de la testimonial a cargo de José Luis Hinojosa Valdez y José Luis Jiménez Vargas, la impugnación del recurrente es ineficaz ya que se limita a señalar que la prueba reúne los requisitos del artículo 215 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que se debió otorgar pleno valor probatorio, señalando enseguida las conclusiones que estima debieron derivarse de esa prueba, con lo cual no rebate de manera directa y eficaz los razonamientos por los que el Juez de Distrito desestimó el dicho de los deponentes, relativos a que el primero incurrió en imprecisiones al expresar la fecha en que iba a cobrar las notas a que hizo mención; que desconoce la fecha exacta en que el demandado se haya cambiado de domicilio, y que de ello se enteró a mediados de mil novecientos noventa y tres, por el dicho de Rosa María Jiménez Pulido; que el otro testigo tampoco conocía la fecha en que Sahagún Barragán se haya cambiado de domicilio, porque únicamente lo supo por el dicho de éste, quien le informó que había tenido problemas con su esposa; por lo que al no ser desvirtuadas tales consideraciones a través de agravios concretos, se mantienen vigentes para continuar rigiendo el sentido de la sentencia que se revisa y, por ende, al contrario de lo que aduce el recurrente, tal prueba es ineficaz para desvirtuar la constancia judicial de emplazamiento que tilda de inconstitucional. Los recibos de diversos servicios que se ofrecieron como prueba, solamente demuestran que se prestaron en el domicilio ubicado en Colón Oriente 288 interior 304 de Zamora, cubriéndose los recibos a nombre de Héctor Sahagún Barragán, pero no acreditan que éste habitara en ese lugar, en la época del emplazamiento, como bien lo sostuvo el Juez del amparo. Tampoco es exacto que el actuario jamás se cercioró si el aquí recurrente vivía o no en el domicilio en que se constituyó, pues basta leer la actuación respectiva para advertir que asentó razón sobre ese particular, especificando que Rosa María Jiménez Pulido le expresó de propia voz el dato requerido y agregó bajo protesta de decir verdad ser esposa del buscado, pero que de momento no se encontraba ‘en este su domicilio.’, en virtud de que había ido a La Piedad. Respecto a que el emplazamiento se realizó en un domicilio en donde no se ordenó por el Juez de origen ‘ni tampoco dice en la demanda que sea domicilio del demandado’, y que obviamente del auto que admitió la demanda a trámite ‘en el cual claramente se ordenó al actuario se constituyera en el domicilio del demandado, obviamente, el Juez se refirió a que el actor escribió a máquina en su escrito de demanda, no al manuscrito puesto al final ...’; debe puntualizarse, como lo hizo el Juez de Distrito, que de la copia de la demanda de origen aparece que en la parte final se realizó el manuscrito: ‘Se señala también como domicilio de los demandados el de Las Flores #2 de Jacona, Mich.’, por lo que sí se encuentra señalado en la demanda tal domicilio como el de los demandados, sin que aparezca demostrado en el juicio de amparo que el Juez no haya tomado en cuenta ese señalamiento al pronunciar el auto de exequendum, pues no obra copia del mismo, siendo ineficaz la apreciación del recurrente acerca de que si el Juez ordenó que el actuario se constituyera en el domicilio del demandado se refería únicamente al escrito en máquina no al manuscrito, porque no probó tal determinación que atribuye al juzgado de origen. Por último, aduce que el ministro ejecutor únicamente concedió treinta minutos entre la primera y la segunda búsqueda, tiempo que estima insuficiente para que el demandado pudiera enterarse de la diligencia y esperar al notificador, tomando en cuenta que como fue informado, el buscado había ido a La Piedad, no existiendo un término prudente para hacerle saber el citatorio; empero, en el juicio de garantías no obra copia del referido citatorio que el actuario dejó al demandado Javier Sahagún Barragán por no haberlo encontrado presente en su domicilio, ni alguna constancia oficial de cuál fue el término que haya mediado entre la primera búsqueda y el acto del emplazamiento, y en esas condiciones no puede abordarse el estudio de la inconformidad en cuestión, máxime que no se hizo valer como concepto de violación. Consecuentemente al ser ineficaces los agravios expuestos por el recurrente procede confirmar en sus términos la sentencia que se revisa."
Las consideraciones contenidas en el anterior asunto, dieron lugar a formar la tesis registrada con el número XI.1o.5 C, consultable en la página 832, Tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"EMPLAZAMIENTO A DOS DEMANDADOS CON DOMICILIO COMÚN. NO ES REQUISITO ELABORAR ACTAS SEPARADAS. De lo establecido en los artículos 80 y 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no se deriva la obligación que aduce el quejoso, de que se elaboren actas separadas cuando se practique un emplazamiento a dos demandados en un mismo domicilio, pues el imperativo jurídico es que se les llame a juicio, ya sea entendiendo la diligencia con los mismos interesados, con uno de ellos o con persona distinta, siguiendo en cada supuesto las reglas específicas para que queden debidamente notificados."
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, el amparo en revisión número 1725/97, promovido por la sucesión de Raymundo Sanabria Santamaría, sostuvo:
"CUARTO. Es infundado el primer agravio expresado por el representante de la sucesión recurrente, en cuanto que la Juez de Distrito, en forma correcta consideró acreditada la existencia del acto reclamado, como lo es el emplazamiento al juicio natural practicado a los quejosos, con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En efecto, aun cuando es verdad que el ejecutor del Juzgado Vigésimo de lo Civil, al rendir su informe con justificación, en principio negó el acto reclamado porque en la fecha del emplazamiento controvertido existía la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, por conducto de la que se realizó la diligencia señalada como acto reclamado; también es cierto que dicho ejecutor, como autoridad sustituta de la citada dependencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que practicó el emplazamiento cuestionado, reconoció su existencia, pues aceptó que esa diligencia fue practicada por el notificador de la desaparecida Oficina Central de Notificadores y Ejecutores. También es infundado el primer agravio que se analiza, así como el agravio contenido en el escrito de ampliación de agravios, en cuanto que no es cierto que en el caso se surtan las causales de improcedencia de la acción de amparo, previstas en el artículo 73, fracción IX y XII, de la Ley de Amparo, puesto que como la materia de controversia en el presente juicio constitucional lo constituye el emplazamiento al juicio natural practicado a los quejosos, obvio es concluir que no es dable sostener a priori, que desde ese emplazamiento controvertido los quejosos tuvieron conocimiento de la existencia del juicio natural, sino que ese estudio debe realizarse al examinar la cuestión de fondo, y en el caso de que se determinara que el emplazamiento es legal, ello daría pie para negar el amparo y no para sobreseer en el juicio. Por otro lado, la diligencia de notificaciones celebrada en el juicio natural el ocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, no puede dar lugar a considerar que en esa fecha los quejosos tuvieron conocimiento de ese juicio, toda vez que la citada diligencia se encuentra afectada de nulidad, puesto que la pretendida notificación a los quejosos, de la sentencia de fondo y del auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, no cumplió con los requisitos del artículo 118, en relación con el 116, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en virtud de que el notificador realizó la diligencia en forma global, esto es, que en lugar de practicar una diligencia de notificación por cada uno de los buscados, realizó una sola diligencia, por lo que únicamente entregó a la persona con la que entendió la diligencia un solo ejemplar de la cédula de notificación, siendo que debía entregarle una cédula por cada uno de los notificados. Asimismo, no se trata de actos consumados, porque si bien es verdad que con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, el actuario del juzgado natural hizo entrega a la sucesión actora de la posesión de partes del inmueble controvertido, ese hecho no implica que los actos reclamados tengan el carácter de consumados irreparablemente, puesto que no tienen ese carácter aquellos que puedan repararse por medio del juicio de amparo, tal como estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 15, publicada en la página número 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada.’. Es fundado pero inoperante el segundo agravio expresado por la recurrente, en cuanto que la Juez Federal, en principio, estableció que las diligencias de emplazamiento controvertidas por los quejosos, satisfacían los requisitos de los artículos 114 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y con posterioridad, en forma incongruente, en suplencia de la deficiencia de la queja consideró que las diligencias de emplazamiento eran ilegales. Sin embargo, tal incongruencia no causa agravio alguno a la recurrente, toda vez que como se verá con posterioridad, es correcta la conclusión a la que arribó la Juez de Distrito, respecto a la notoria ilegalidad de las diligencias de emplazamiento cuestionadas. Por otro lado, el segundo agravio en estudio es infundado, en cuanto que no es cierto, como sostiene la recurrente, que la Juez de Distrito hubiese concedido el amparo en razón de considerar los emplazamientos apócrifos, por haberse demostrado que las diligencias respectivas no pudieron llevarse a cabo con Félix Milán García; toda vez que la razón por la que la Juez Federal estimó ilegales tales emplazamientos, consistió en que no era posible física y jurídicamente que cada una de las respectivas trece diligencias de emplazamiento reclamadas por los quejosos, se hubiesen celebrado a la misma hora. Por otro lado, no ocasionó agravio a la recurrente la circunstancia de que el resolutor de primera instancia no hubiese valorado la fotografía que como prueba aportó la recurrente, toda vez que no hay constancia alguna en autos, que acrediten que las personas que aparecen en la fotografía, sean el actuario y Félix Milán García, y menos aún hay prueba que acredite que dicha impresión fotográfica corresponde al momento de realizarse el emplazamiento. Finalmente, el segundo agravio en estudio y el motivo de inconformidad expresado en el escrito de ampliación de agravios, son infundados en cuanto a que la Juez de Distrito en forma correcta concluyó que las diligencias de emplazamiento controvertidas eran ilegales al no ser posible física ni jurídicamente que cada una de las doce diligencias de emplazamiento se hubiesen llegado a cabo a la misma hora. En efecto, debe tenerse en consideración que en el caso de pluralidad de la parte demandada, el emplazamiento debe entenderse con cada uno de los enjuiciados, por lo que cada diligencia es singular, de manera que en el supuesto de que los codemandados tengan su domicilio en un mismo lugar, lógicamente el actuario deberá practicar por separado cada una de las diligencias de emplazamiento, es decir, que al concluir la primera diligencia de emplazamiento, debe continuar con la siguiente, y así sucesivamente. Consecuentemente, si en el caso las doce diligencias de emplazamiento cuestionadas aparecen celebradas a la misma hora, es inconcuso que esa circunstancia las invalida, por no ser posible jurídicamente que se celebren simultáneamente, razón por la cual fue legal que al ser manifiesta la violación de la ley procesal en perjuicio de los quejosos, la Juez de Distrito en suplencia de la deficiencia de la queja analizara la referida anormalidad de los emplazamientos cuestionados, y por todo ello, resultan infundados los argumentos de la recurrente, que expresa en el sentido de que sí es física y jurídicamente posible que el actuario hubiese entregado doce cédulas a la misma hora. No es óbice a dicha conclusión el alegato de la recurrente en el sentido de que el emplazamiento de Félix Milán García se entendió personalmente con el interesado, toda vez que la diligencia respectiva aparece celebrada al mismo tiempo que las once restantes, por lo que evidentemente también se encuentra viciada y afectada de nulidad. Al resultar infundados y fundados, pero inoperantes los agravios aducidos por la recurrente, debe confirmarse la sentencia recurrida que concedió el amparo al no advertirse que haya habido en su contra una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo."
El diez de julio de mil novecientos noventa y siete, al resolver el amparo en revisión número 1975/97, promovido por Manuel Álvarez Trujillo y otra, sostuvo:
"CUARTO. Por razón de orden, es de estudio preferente el segundo agravio, en el que los recurrentes alegan que es incorrecto el razonamiento del Juez de amparo, en el sentido de que de las copias certificadas de las diligencias de emplazamiento y embargo a los codemandados, ahora quejosos, de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y seis, se infiere que ambas actuaciones fueron realizadas simultáneamente y sin perjuicio de los peticionarios; pues en opinión de los recurrentes, el hecho de que en ambas diligencias aparezca que éstas se llevaron a cabo en la misma fecha y hora, hace inverosímil que se haya llevado a cabo en forma simultánea, puesto que existen dos cédulas de notificación y dos actas de embargo, por ello se desvirtúa la presunción de que tales diligencias se realizaron sin perjuicio de los inconformes. Tal alegato es fundado, porque del texto de las copias certificadas de las diligencias de notificación, requerimiento de pago, embargo y emplazamiento mencionadas, que obran a fojas 23, 24, 29 y 30 del expediente de amparo, aparece que ambas actuaciones se realizaron a las dieciséis horas con veinte minutos del día tres de junio de mil novecientos noventa y seis, es decir, que ambas diligencias se llevaron a cabo en el mismo momento, aun cuando aparentemente el notificador ejecutor haya asentado que las practicó en forma individual con los codemandados, ya que existen dos actas de emplazamiento, una que se refiere al emplazamiento del demandado Manuel Álvarez Trujillo, practicado directamente con el buscado; y la otra, relativa al emplazamiento de la codemandada María Elena Ocampo de Álvarez, misma que fue entendida con el propio Manuel Álvarez Trujillo, quien dijo ser esposo de la mencionada emplazada; por lo tanto, no es acertado el razonamiento del Juez de Distrito, de que tal emplazamiento se realizó sin perjuicio de los hoy recurrentes, ya que conforme a una sana interpretación de los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, se establece que el emplazamiento de varios demandados, con el mismo domicilio, debe practicarse individualmente con cada uno de ellos, y de manera subsecuente, es decir, un emplazamiento seguido de otro, cumpliendo en cada uno de ellos con todos los requisitos que exigen dichos numerales, de manera que al no encontrar el notificador a uno de los codemandados, debe emplazar al ausente por cédula individual y no por conducto de un diverso demandado, o bien, en la misma diligencia de emplazamiento que se practique con el codemandado que sí se encuentre presente, pues es incuestionable que en los emplazamientos de dos o más demandados, aun cuando ambos tengan un mismo domicilio, el notificador ejecutor designado debe practicar las correspondientes diligencias con apego a lo dispuesto por los numerales mencionados, esto es, observando que la diligencia de notificación, requerimiento de pago y emplazamiento es un acto personalísimo y, por ende, debe llevarse a cabo en forma individual y, en su caso, subsecuente, o sea, que concluida la primera diligencia, continúe con la siguiente, y así sucesivamente. De manera que resulta incorrecto el proceder del Juez de Distrito, ya que es indudable que las diligencias de emplazamiento controvertidas resultan ilegales, al no ser posible física ni jurídicamente que cada una de las dos diligencias de emplazamiento se hubiesen llevado a cabo a la misma hora, pues, se reitera, debe tenerse en consideración que en el caso de pluralidad de la parte demandada, el emplazamiento debe entenderse con cada uno de los enjuiciados, por lo que cada diligencia es singular, de manera que en el supuesto de que los codemandados tengan su domicilio en un mismo lugar, lógicamente el actuario deberá practicar por separado cada una de las diligencias de emplazamiento, es decir, que al concluir la primera diligencia de emplazamiento debe continuar con la siguiente y así sucesivamente. Consecuentemente, si en el caso las dos diligencias de emplazamiento cuestionadas aparecen celebradas a la misma hora, es inconcuso que esa circunstancia las invalida, por no ser posible jurídicamente que se celebren simultáneamente, razón por la cual resultan violatorias de garantías las pluricitadas diligencias de emplazamiento. El anterior criterio también fue sostenido en el amparo en revisión R.C.1725/97; sucesión de Raymundo Sanabria Santamaría; sesión de 26 de junio de 1997; unanimidad de votos; ponente: Efraín Ochoa Ochoa; secretario: Francisco Eduardo Núñez Gaytán. Consecuentemente, al ser fundado el alegato que se analiza, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo solicitado para el efecto de que se reponga el procedimiento del juicio natural desde la diligencia de notificación, requerimiento de pago y emplazamiento a los hoy recurrentes, que constituye el acto reclamado. Dado lo procedente del agravio que se analiza, resulta innecesario examinar los restantes agravios, por cuanto que en la especie, se revocó la sentencia recurrida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, número 50, publicada en la página 90, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 61, enero de 1993, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito, fallándose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría.’."
Los anteriores asuntos, dieron lugar a la formación de la tesis registrada con el número I.5o.C.63. C, que puede ser consultada en la página 679, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"EMPLAZAMIENTO. ILEGALIDAD DEL PRACTICADO SIMULTÁNEAMENTE EN CASO DE PLURALIDAD DE DEMANDADOS. Conforme a una sana interpretación de los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, resulta indudable que las diligencias de emplazamiento llevadas a cabo con varios codemandados, aunque el notificador ejecutor haya asentado que las practicó en forma individual con ellos, resultan ilegales, al no ser posible física ni jurídicamente que los emplazamientos de dos o más demandados, aun cuando éstos tengan un mismo domicilio, se hubiesen llevado a cabo a la misma hora, pues debe tenerse en consideración que al ser la diligencia de emplazamiento un acto personalísimo, éste debe llevarse a cabo en forma individual, esto es, una vez concluida la primera diligencia, ha de continuarse con la siguiente, y así sucesivamente. Consecuentemente, si las diligencias de emplazamiento cuestionadas aparecen practicadas simultáneamente, es inconcuso que esa circunstancia las invalida por no ser posible jurídicamente que se celebren a la misma hora, razón por la cual resultan violatorias de garantías."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el amparo en revisión 808/97, promovido por José Luis Delgado Torres y otro, señaló:
"TERCERO. Son esencialmente fundados los agravios antes transcritos y además, se está en el caso de suplir su deficiencia en términos del artículo 76 bis fracción VI de la Ley de Amparo. En efecto, asiste la razón al recurrente al afirmar que ni en la diligencia del citatorio previo ni en el emplazamiento correspondiente, el diligenciario responsable cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Para así estimarlo, conviene analizar en primer lugar dicho precepto legal: ‘Artículo 49. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica. II. Quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, y asentará en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto. III. Si el interesado no se encuentra en la primera búsqueda, se dejará citatorio para hora fija del día siguiente. IV. Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en la casa, dejándole instructivo. V. Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo, el diligenciario hará la notificación por medio de cédula, que fijará en la puerta de la casa, y además por lista. VI. Cuando en la casa designada para la notificación, no se encontrare persona que reciba el instructivo, se entregará éste al vecino inmediato, y se procederá conforme a la fracción que antecede. VII. En autos se asentará razón de haber cumplido lo que disponen las fracciones anteriores ...’. Del precepto transcrito en el párrafo que antecede se desprende sustancialmente que el diligenciario al practicar el emplazamiento, lo hará en el domicilio señalado para tal efecto, para lo cual debe cerciorarse pl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6009-58796ab8/emplazamiento-cuando-se-trata-de-varios-demandados-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- QUEJA, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA INCIDENTAL (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE MICHOACÁN, SAN LUIS POTOSÍ, PUEBLA, JALISC (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PAGARÉ. NO ES NECESARIO QUE QUIEN LO SUSCRIBIÓ A NOMBRE DE PERSONA MORAL, ANOTE EL CARÁCTER O CALIDAD CON QUE LA REPRESENTA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AGRAVIOS. (s/clave)
- TESTIGOS, CONTRADICCIONES ENTRE LOS. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis