JURISPRUDENCIA. CUANDO SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE CONSTITUYE POR LO RESUELTO EN CINCO EJECUTORIAS COINCIDENTES NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO, POR LO QUE LA REDACCIÓN, EL CONTROL Y LA DIFUSIÓN DE LAS TESIS CORRESPONDIENTES SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS.
COMPETENCIA 284/2001. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, NOVENO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Para un mejor análisis del conflicto competencial suscitado con motivo del rechazo de los Tribunales Colegiados contendientes para conocer del amparo directo promovido por Guillermo Pardo Flores, Miguel Briones Alvarado, Alejandro Briones Alvarado, Ambrosio Ánimas Enríquez y Martiniano Luján Acevedo, como campesinos aspirantes a ejidatarios dentro del nuevo centro de población ejidal denominado "Rancho Chico II", perteneciente al Municipio de Ozuluama de Mascareña, Veracruz, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el expediente 364/97, se estima necesario reseñar los antecedentes que informan la génesis del presente asunto.
1) En los autos del juicio agrario número 364/97, relativo a la solicitud de creación del nuevo centro de población ejidal "Rancho Chico II", Municipio de Ozuluama, Estado de Veracruz, el Tribunal Superior Agrario que conoció del juicio relativo dictó una primera sentencia el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, reconociendo a Juan Sánchez Manzanares, Jesús Segura Farfán y Margarito Sánchez Bahena como integrantes del comité particular ejecutivo del núcleo solicitante, y concediendo la dotación para la creación del referido nuevo centro de población ejidal, en una extensión total de 346-26-02 (trescientas cuarenta y seis hectáreas, veintiséis áreas, dos centiáreas) afectando el predio "Paso Real", para beneficiar a veintiocho campesinos capacitados, tomando en cuenta la investigación de capacidad agraria de once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
2) Por escrito presentado el doce de noviembre del año de mil novecientos noventa y siete, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior Agrario, Adrián Salazar Vicente, Nicasio Salazar Isleño y Alberto Hernández Guzmán, ostentándose con el carácter de presidente, secretario y vocal del comité particular ejecutivo agrario del poblado solicitante, además del grupo conformado por Alfonso Salazar, Artemio Cruz Trujillo, Silverio Salazar Santiago, Heliodoro Cruz Trujillo, Joel Salazar Santiago, Julián Millán Torres, Eustolio Delgado Ponce, Leonel Hernández Guzmán, Eladio Hernández Guzmán, Atenedoro Hernández Guzmán, María Isabel Delgado del Ángel, Victoria Mar del Ángel, María del Ángel Ochoa Armenta, Alba Celia Trejo del Ángel, Franco Hernández Hernández, Juan Abúndiz Bautista, Carlos Salazar Ramos, Camerino Torres Carranza, Carlos Hernández Guzmán y Homero Pedraza Covarrubias, promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en el expediente 364/97, demanda de la que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por resolución de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente número DA. 785/98, concedió el amparo solicitado para el único efecto de que "el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la resolución reclamada de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete y, en su lugar, dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria precise a quiénes debe tenerse como representantes del núcleo de población, así como a quiénes debe tenerse como beneficiarios".
3) El Tribunal Superior Agrario dictó una segunda sentencia el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio agrario número 364/97 "en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho en el juicio de amparo DA. 785/98, promovido por los integrantes del comité particular ejecutivo del núcleo solicitante" (fojas 77 a 86 vuelta del expediente DA. 1195/2001).
4) Mediante escrito presentado ante el Tribunal Superior Agrario el veinticuatro de febrero del año dos mil, Guillermo Pardo Flores, Miguel Briones Alvarado, Alejandro Briones Alvarado, Ambrosio Ánimas Enríquez y Martiniano Luján Acevedo, como campesinos aspirantes a ejidatarios dentro del nuevo centro de población ejidal denominado "Rancho Chico II", perteneciente al Municipio de Ozuluama de Mascareña, Veracruz, promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por el mencionado Tribunal Superior Agrario, en el expediente 364/97; demanda que se turnó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, admitiéndose por auto de presidencia de veintinueve de mayo del año dos mil y formándose el juicio de amparo directo DA. 2449/2000, en el que el órgano colegiado, por ejecutoria de veintiuno de febrero de dos mil uno, se negó a conocer y resolver el referido juicio de amparo directo, de conformidad con el considerando décimo y punto quinto del Acuerdo General Número 29/2000, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el diecisiete de mayo del dos mil y vigente a partir del primero de junio siguiente en términos de su artículo primero transitorio, por advertir que la sentencia reclamada había sido dictada en acatamiento de la ejecutoria emitida el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo directo DA. 785/98, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto precisado en el inciso 2) que antecede.
5) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en proveído de veinticinco de abril del año dos mil, se abocó al conocimiento de la demanda de garantías, y por acuerdo de veintiocho de septiembre del año dos mil uno se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de territorio, declinando la competencia a favor del Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución de los actos reclamados, y "atendiendo a los principios que rigen el amparo en materia agraria y a cuestiones de índole económico y social de las personas o grupos que intervienen como quejosos o terceros perjudicados en los juicios de amparo, y por la conveniencia práctica de que no tengan que desplazarse a esta ciudad, retardando innecesariamente la impartición de justicia, en franca contravención al artículo 17 de la Constitución Federal". Asimismo, el propio Quinto Tribunal Colegiado sostuvo que si bien conforme al Acuerdo 50/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la competencia se surtiría a su favor, en virtud de que la resolución reclamada se emitió en cumplimiento a la resolución que dictó en el amparo directo 785/98, lo cierto es que tal circunstancia "no obliga a un tribunal que se estima incompetente por razón de territorio a pronunciarse nuevamente en un asunto que no le corresponde conocer"; de igual manera adujo que ello no implicaba desacato a la tesis aislada número 2a. XVII/95 emitida por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 1995, Novena Época, página 50, bajo el rubro "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", ya que tal criterio no había integrado jurisprudencia. En virtud de lo anterior, ordenó remitir el juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Estado de Veracruz.
6) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en su competencia temporal en materia administrativa (conforme al Acuerdo CCNO/12/2001, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la extensión del lapso en el que se modifica temporalmente la competencia y reglas de turno de los dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y de Trabajo, así como de los tres Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, respectivamente, de veinte de septiembre del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete siguiente), no aceptó la competencia declinada, al considerar que "las referidas apreciaciones son contrarias tanto al espíritu del criterio jurisprudencial que invocó la autoridad declinante, como al de las normas de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que regulan la competencia; de lo que se desprende que en razón de que la resolución que se recurre fue pronunciada por un tribunal de la Ciudad de México, quien debe conocer de este asunto es un Tribunal Colegiado residente en esa ciudad", y que además el tribunal remitente "reconoce que el acto reclamado deriva de una resolución, que aun cuando no se involucró en el estudio del fondo del asunto, fue emitida en cumplimiento de una sentencia dictada por ese propio tribunal y que, por tanto, con base en el Acuerdo 50/2001 del Consejo de la Judicatura Federal debe conocer del mismo; en esa virtud, este Tribunal Colegiado no admite la competencia declinada a su favor", por lo que remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7) En esas condiciones se originó el presente conflicto, del cual se advierte que los tres Tribunales Colegiados de Circuito no aceptan conocer del juicio de amparo directo promovido por Guillermo Pardo Flores y otros.
Precisado lo anterior, se tiene que determinar cuál es el órgano colegiado que, por razón del territorio, debe conocer de la demanda de amparo promovida por Guillermo Pardo Flores, Miguel Briones Alvarado, Alejandro Briones Alvarado, Ambrosio Ánimas Enríquez y Martiniano Luján Acevedo, como campesinos aspirantes a ejidatarios dentro del nuevo centro de población ejidal denominado "Rancho Chico II", perteneciente al Municipio de Ozuluama de Mascareña, Veracruz, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el expediente 364/97.
Esta Segunda Sala, en la tesis que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito transcribe en su respectiva resolución de incompetencia, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", ha sostenido el criterio de que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los juicios de amparo directo, se determina atendiendo al lugar del domicilio de la autoridad que dicta la sentencia o laudo reclamado.
En efecto, la tesis en mención a la letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: I, abril de 1995
"Tesis: 2a. XVII/95
"Página: 50
"COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.-Desde la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo, por virtud de los decretos de reformas a los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Federal y 44 de la Ley de Amparo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se consagró que la competencia por territorio de dichos tribunales se establecería atendiendo al lugar del domicilio de la autoridad que dictara la sentencia o laudo reclamado. Esta norma que por efecto del decreto de reformas a la ley publicado en el citado diario de treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho, se trasladó al artículo 45 de la misma, debe seguir rigiendo en la actualidad, no obstante que el texto de este último numeral fue derogado por el decreto publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y no fue recogido en otro precepto pues, por una parte, la derogación de dicho artículo no obedeció al propósito del legislador de abandonar el sistema de distribución de competencia de naturaleza territorial, según se desprende del examen integral del decreto de reformas y de la exposición de motivos de la iniciativa de la cual derivó, sino que persiguió evitar que las demandas de amparo directo se presentaran indistintamente ante esta Suprema Corte o ante los Tribunales Colegiados de Circuito, ordenando su presentación por conducto de la autoridad responsable; y, por otro, tal regla competencial corresponde a la naturaleza del juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por los artículos 44, 46, 95, fracción VIII, 158 y 170 a 176 de la ley de la materia, ya que la procedencia de la vía directa ante los Tribunales Colegiados de Circuito se surte a condición de que precisamente el acto reclamado sea una sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, lo cual explica que la competencia territorial se defina por el domicilio de la autoridad de quien provienen tales actos, al margen de que se reclame también su ejecución, pues en todo caso toca a la responsable proveer sobre la suspensión y al Tribunal Colegiado que ejerza jurisdicción en el lugar de su domicilio conocer del recurso de queja en contra de sus determinaciones en esta materia. Por tales razones, la competencia territorial de los tribunales de que se trata no se rige ni aun por analogía por el artículo 36 de la ley de la materia, dado que éste responde específicamente a los principios de los juicios de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito.
"Competencia 328/94. Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
"Competencia 196/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández.
"Competencia 317/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza.
"Competencia 329/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco Sandoval López.
"Competencia 345/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 24 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Guillermo Loreto Martínez."
En la ejecutoria pronunciada por esta Segunda Sala al resolver la competencia 328/94 que informa la tesis transcrita, cuya observancia cuestiona el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, esta Segunda Sala desestimó argumentos similares a los que ahora propone ese órgano jurisdiccional para apartarse del criterio que venía sosteniendo en congruencia con la misma, los cuales se inspiran en las bondades de un sistema que permita a los miembros de la clase campesina tener acceso al tribunal más próximo a sus domicilios para la defensa de sus intereses, al considerar esta Sala que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo en la vía directa ante los Tribunales Colegiados de Circuito se surte a condición de que el acto reclamado sea una sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por un tribunal judicial o administrativo, lo que explica que, al margen de que se reclamen o no por el quejoso actos de ejecución, la competencia territorial se defina por el domicilio de la autoridad de quien provenga el laudo, sentencia o resolución de que se trate, por lo que el conflicto competencial debe resolverse de acuerdo con los principios recogidos por el legislador en esos dispositivos legales.
Respecto a la derogación del artículo 45 de la Ley de Amparo, que establecía expresamente la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad que pronuncie la sentencia o el laudo reclamado en un juicio de amparo directo, por el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, sin que dicha norma se encuentre contenida en otro precepto legal, esta Sala razonó que la regla de la competencia territorial continúa rigiendo en la actualidad a pesar de esa circunstancia, pues deriva de la naturaleza propia del juicio de amparo directo, máxime que la derogación de dicho artículo no obedeció al propósito del legislador de abandonar ese sistema de distribución de competencias de naturaleza territorial, sino evitar que las demandas de amparo directo se presentaran indistintamente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante los Tribunales Colegiados de Circuito, ordenando que debían presentarse por conducto de la autoridad responsable para evitar, de esa manera, la dilación del procedimiento y las demás prácticas que entorpecían la sustanciación de esta clase de juicios cuando las demandas se presentaban ante órganos diversos del competente.
También se señala en dicha resolución que la consideración de que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito se rige por el domicilio de la autoridad responsable se corrobora con lo dispuesto por los artículos 170 a 176 y 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado conocer del recurso de queja contra la determinación de esa materia, por lo cual carecería de sentido encomendar la tramitación del asunto a un Tribunal Colegiado de un circuito distinto y, por tanto, distante del domicilio de la autoridad responsable.
A mayor abundamiento, resulta importante significar que en la actualidad la tesis en mención resulta de observancia obligatoria, pues si bien es cierto que en la fecha (veintiocho de septiembre de dos mil uno) en que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declinó la competencia planteada por el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, por razón del territorio, a favor del Séptimo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en turno, no constituía jurisprudencia y, por tanto, los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo no estaban obligados a acatarla en términos de la propia disposición, interpretada a contrario sensu, habida cuenta de que las resoluciones en que se había sustentado ese criterio fueron aprobadas por mayoría de tres votos, votación que no resultaba idónea para integrar jurisprudencia, en la actualidad el criterio contenido en la aludida tesis ya integró jurisprudencia, pues se ha sustentado por esta Segunda Sala en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, por unanimidad de votos de los Ministros que la integran, concretamente en las resoluciones dictadas en los siguientes conflictos competenciales: 1. Competencia 216/97, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito en el Estado de México. Unanimidad de 4 votos. Sesión de 24 de octubre de 1997. Ponente: Ministro Juan Díaz Romero.-2. Competencia 137/2001, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Unanimidad de 4 votos. Sesión de 22 de agosto de 2001. Ponente: Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.-3. Competencia 206/2001, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Unanimidad de 4 votos. Sesión de 28 de septiembre de 2001. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-4. Competencia 190/2001, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Unanimidad de 4 votos. Sesión de 17 de octubre de 2001. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón.-5. Competencia 256/2001, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Unanimidad de 5 votos. Sesión de 11 de enero de 2002. Ponente: Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
Por tanto, si el referido artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que: "... Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas. ...", al haberse materializado el supuesto establecido en la norma para que se integre jurisprudencia por reiteración de las resoluciones de las Salas, en tanto que lo resuelto en ellas se ha sustentado en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por unanimidad de votos, es inconcuso que en la actualidad ya formaron jurisprudencia, sin que sea obstáculo para tal consideración que esta Sala aún no haya aprobado el texto y rubro de la tesis jurisprudencial correspondiente, ni cumplido con los trámites necesarios para su publicidad y control en términos del artículo 195 del referido ordenamiento legal, en virtud de que tales requisitos no son necesarios para la integración de los criterios de observancia obligatoria, según se establece en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, mayo de 1997
"Tesis: P. LXIV/97
"Página: 166
"JURISPRUDENCIA. CUANDO SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE CONSTITUYE POR LO RESUELTO EN CINCO EJECUTORIAS COINCIDENTES NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DE REDACCIÓN, CONTROL Y DIFUSIÓN SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS.-El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo séptimo, previene que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que ‘Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario ...’ y señala enseguida los requisitos de votación, los que actualiza el artículo décimo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Diario Oficial de 26 de mayo de 1995), en el sentido de que tratándose del Pleno se requiere que ‘... lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros.’. Por otro lado, el artículo 195 de la Ley de Amparo señala las reglas relativas a la aprobación del texto y rubro de las tesis jurisprudenciales, así como los requisitos para su publicidad y control. De lo anterior se sigue que, con rigor técnico, la jurisprudencia por reiteración se forma por lo resuelto en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros, cuando se trate de las establecidas por el Pleno, lo que lleva a concluir que las obligaciones de redacción, control y difusión previstas en el artículo 195 del invocado ordenamiento, sólo tienen efectos publicitarios, mas no son elementos necesarios para la formación de los criterios de observancia obligatoria."
Desde otro aspecto, cabe señalar que el criterio en cita, que define la competencia territorial de los Tribunales Colegiados para conocer de los juicios de amparo directo en función del domicilio de la autoridad responsable, ha sido robustecido con nuevos argumentos por esta Segunda Sala, al resolver la competencia número 90/2001, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se establece que de un análisis armónico de los artículos 44, 46, 48 bis, 158 de la Ley de Amparo, 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38, 39 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General 16/1998, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se llega a la convicción de que si el juicio de amparo directo se promueve ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias y que el Consejo de la Judicatura Federal ha determinado que los Tribunales Colegiados tienen la circunscripción territorial fijada en el Acuerdo 16/1998 y los que con posterioridad se dicten en relación con el tema y la demanda de amparo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, es dable concluir que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito se determina por el domicilio de la autoridad responsable que haya pronunciado la sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, ya que, precisamente, por conducto de ésta ha de presentarse la demanda de mérito; además, carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudiera conocer de cualquier asunto aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en él.
De los razonamientos antes precisados derivó la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, noviembre de 2001
"Tesis: 2a. CCXII/2001
"Página: 40
"COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en la fracción V de su artículo 107, que el juicio de amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual, en su artículo 81, fracción IV, señala que es atribución del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y el límite territorial de los circuitos en que se divide el territorio nacional, atribución de la cual hizo uso el referido consejo al emitir el Acuerdo General Plenario 16/1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho. Ahora bien, si los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo prevén que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, es inconcuso que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior es así, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción."
Ahora bien, el Tribunal Superior Agrario, autoridad emisora de la sentencia definitiva, tiene su domicilio en esta Ciudad de México, Distrito Federal, según se advierte de los artículos 2o. y 3o. de la Le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16954-22868d7b/jurisprudencia-cuando-se-establece-por-reiteracion-se-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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