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Modo: Corpus Pro

CORREDORES PÚBLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2000-PS. · Registro digital (IUS): 16988
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 99.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La ejecutoria pronunciada el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, integrado por los Magistrados Darío Carlos Contreras Reyes, Manuel Baraibar Constantino y Lorenzo Palma Hidalgo, en el amparo directo 102/98, promovido por Alfa Laval, S.A. de C.V., en la parte relativa a la temática de contradicción, contiene estas consideraciones:

"SEXTO. El segundo concepto de violación en que el quejoso aduce que la responsable no hizo referencia a las constancias exhibidas en el recurso que constituyen un precedente respecto del instrumento notarial, ya que ante la propia autoridad en otro juicio promovido se exhibió el mismo documento y tuvo por reconocida la personalidad de quien promovió a nombre de la empresa y que al inadvertirlo le vulneraron sus garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, es fundado pero inoperante. En efecto, es cierto que en el recurso de reclamación interpuesto ante la Sala Fiscal del conocimiento, el quejoso hizo valer que la propia autoridad en el expediente (1) 1123/97, también le requirió la exhibición del testimonio en el que acreditara su personalidad y que presentó el mismo documento que ahora anexó a su escrito donde cumplió igual prevención, sin que en este último tuviera por cumplido el requerimiento; asimismo, es verdad que la responsable sobre ese particular no hizo pronunciamiento alguno; sin embargo, este órgano de control constitucional estima que a nada conduciría conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para que se subsanara tal omisión, pues a ningún efecto práctico conduciría ello si, desde ahora, puede y debe ser negada la solicitud de amparo según se determinará en líneas siguientes. SÉPTIMO. Los conceptos de violación primero y tercero son infundados. Aduce el peticionario que se infringieron sus garantías individuales porque el fallo de la responsable no se apegó a derecho, ya que se acreditó la personalidad de quien promovió el juicio de nulidad. No le asiste razón. Contra lo referido por el impetrante, la responsable obró en forma legal al confirmar el auto en que se tuvo por no presentada su demanda, ya que al requerirle para que exhibiera el documento original o copia certificada que acreditara su personalidad, el hoy impetrante exhibió copia certificada por corredor público, mismo que certificó que la misma era copia fiel y exacta que tuvo a la vista (fojas 35 del expediente (2) 1113/97-1); sin embargo, atentos los dispositivos legales 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública y al diverso 53 del reglamento de dicha ley, se llega a la convicción de que dicho corredor público carece de facultades para certificar una escritura notarial y únicamente tendrá facultades para expedir copias certificadas de documentos de naturaleza mercantil, en los cuales haya intervenido con fe pública, lo cual no acontece en la especie; luego, al concluir en ese sentido, la autoridad fiscal del conocimiento no vulneró garantías individuales. En las relacionadas circunstancias, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado."

Esta ejecutoria se constituyó como precedente en la tesis aislada II.A.57 A, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, febrero de 1999

"Tesis: II.A.57 A

"Página: 490

"CORREDOR PÚBLICO. CARECE DE FACULTADES PARA CERTIFICAR UN TESTIMONIO NOTARIAL. De la interpretación del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública y 53 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, se llega a la convicción de que el corredor público, carece de facultades para certificar una escritura notarial, ya que únicamente tiene facultades para expedir copias certificadas de documentos de naturaleza mercantil, en los que haya intervenido con fe pública.

"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 102/98. Alfa Laval, S.A. de C.V. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baraibar Constantino. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano."

TERCERO. La ejecutoria pronunciada el veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos integrantes ya se precisaron, en el amparo en revisión civil RC. 2146/97, promovido por Factor Arme, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, en la parte relativa a la temática de contradicción, descansa en estas consideraciones:

"QUINTO. ... Finalmente, son infundados los agravios complementarios encaminados a controvertir la consideración relativa a la validez de la certificación de las copias del poder respectivo, por el corredor público en funciones de esta entidad federativa, en razón de: Los artículos 6o, fracción VI, de la Ley Federal de Correduría Pública, 38 y 39 del reglamento de dicha normatividad, literalmente prescriben: (se transcriben). Del trasunto anterior, se concluye que a los corredores públicos corresponde actuar como fedatarios desde la constitución hasta la extinción de las personas morales de naturaleza comercial, pasando por los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles; que el consejo de administración, cuando los administradores sean dos o más, es el órgano supremo de la persona moral, con facultad de conferir mandato o poder, sea éste de comisión mercantil, general o especial, entonces es palmario que tratándose de un poder civil o no, la certificación del mandato conferido por una sociedad mercantil, independientemente de su naturaleza, está dentro de la competencia del corredor público, atento las prescripciones de los artículos de la Ley y del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, cuya transcripción obra en el cuerpo de la ejecutoria que se dicta, porque el cotejo de la escritura, que contiene el poder controvertido, la realizó el fedatario público, haciendo constar que la copia era fiel de su original que tuvo a la vista y sobre ella extendió la certificación; por todo ello, contrario a lo aducido por la inconforme, resultó apegada a derecho la consideración de la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, sobre la validez de la certificación por el corredor público, que consta en las fojas simples del testimonio notarial que contiene el poder otorgado por Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, a través de Gerardo González Rosas a Guillermo Martínez Cortés. En consecuencia, ante lo inoperante en parte infundado en otra de los agravios expresados, y al no advertir este tribunal transgresión manifiesta de la ley que hubiera dejado sin defensa a la agraviada para suplir en su favor la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la resolución reclamada y negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."

Esta ejecutoria se constituyó como precedente en la tesis aislada I.6o.C.125 C, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, septiembre de 1997

"Tesis: I.6o.C.125 C

"Página: 666

"CORREDORES PÚBLICOS. TIENEN FACULTAD PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO FEDATARIOS EN CUESTIONES DE NATURALEZA CIVIL Y MERCANTIL. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6o., fracción VI, de la Ley Federal de Correduría Pública, y 38 y 39 del reglamento de dicha normatividad, corresponde a los corredores públicos actuar como fedatarios, desde la constitución, hasta la extinción de las personas morales de naturaleza comercial, pasando por los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en ese sentido, es indudable que tratándose de un poder, civil o no, la certificación del mandato conferido por una sociedad mercantil, independientemente de su naturaleza, está dentro de las facultades del corredor público, atento las prescripciones de los artículos de la ley y reglamento en cita.

"SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 2146/97. Factor Arme, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González."

CUARTO. Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando en autos no conste la opinión del procurador general de la República, toda vez que el término de treinta días que establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo, le transcurrió del veintinueve de agosto de dos mil, día siguiente al en que surtió efectos la notificación, al diez de octubre del mismo año, excluyéndose los días dos, tres, nueve, diez, catorce, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, uno, siete y ocho de octubre, por ser inhábiles al tratarse de días feriados y sábados y domingos, conforme a lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como también ya lo determinó el presidente de esta Primera Sala en el proveído de diecinueve de octubre del citado año, por medio del cual turnó los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; por tanto, debe concluirse que ya precluyó su derecho para exponer su parecer en el presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo establece el artículo 2o. de este último ordenamiento legal.

Sobre el particular, es aplicable la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, diciembre de 2001

"Tesis: 1a./J. 107/2001

"Página: 8

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO EMITE SU OPINIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relación con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta días. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho término, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"Contradicción de tesis 29/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

"Contradicción de tesis 84/2000. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Ricardo Horacio Díaz Mora.

"Contradicción de tesis 20/2001-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del referido circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

"Contradicción de tesis 63/2001-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el antes Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López.

"Contradicción de tesis 100/2000-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo."

QUINTO. Precisado lo anterior, debe ahora establecerse si en el caso a estudio existe contradicción entre las tesis sustentadas por los mencionados Tribunales Colegiados, cuyas consideraciones esenciales ya se transcribieron, dado que sólo bajo ese supuesto es posible determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

En el caso, existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, tomaron en cuenta los mismos elementos y al resolver adoptaron criterios discrepantes.

Ciertamente, en ambos asuntos se examinó la validez de la copia de un testimonio notarial certificada por corredor público aportada a juicio con el objeto de acreditar personalidad; estribando la diferencia en que en uno de ellos (AD. 102/98) las responsables corresponden a la materia administrativa, Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo el acto reclamado la resolución de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete que declaró infundado el recurso de reclamación contra el proveído del Magistrado instructor de diez de septiembre del mismo año, que tuvo por no presentada la demanda de nulidad interpuesta contra autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la resolución de trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el expediente 3281/95 que confirmó la determinación de rectificación del grado de riesgo, derivada de la valuación asignada al asegurado Roberto Martínez Pahua, en virtud de que el documento exhibido para acreditar su personalidad carecía de validez, por las razones ya conocidas; mientras que en el otro asunto (AR. 2146/97) las autoridades responsables son del orden civil, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y otras, el acto reclamado, la resolución de veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete en el toca de apelación 5727/96, que confirmó la interlocutoria que reconoció personalidad al apoderado de la actora Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el juicio natural (ejecutivo mercantil) dictada en primera instancia al resolver el incidente de falta de personalidad interpuesto por la demandada, donde el Juez Federal, para lo que al caso interesa, adujo que los corredores públicos cuentan con facultades para certificar documentos como el exhibido en autos y negó la protección federal solicitada, determinación que el Tribunal Colegiado confirmó.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo número 102/98, en esencia sostuvo que la certificación por corredor público de un testimonio notarial no se encontraba dentro de sus facultades, ya que los artículos 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública y 53 del reglamento de dicha ley, sólo les confieren facultades de fedatario respecto de documentos de naturaleza mercantil, en los cuales hayan intervenido.

En cambio, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil RC. 2146/97, sostuvo que la certificación de una escritura notarial que contenga un mandato conferido por una sociedad mercantil, está dentro de las facultades del corredor público.

De lo anterior se obtiene que mientras un Tribunal Colegiado establece la ausencia de facultades de los corredores públicos, como fedatarios para expedir copias certificadas de un testimonio o escritura notarial, el otro órgano afirma lo contrario.

En la especie quedaron actualizados los requisitos para la existencia de contradicción, pues al resolverse los asuntos jurídicos, ambos Tribunales Colegiados examinaron cuestiones esencialmente iguales, adoptaron posiciones discrepantes y la diferencia de criterios se presentó en las consideraciones de las sentencias y las distintas tesis provienen del examen de los mismos elementos.

Resulta aplicable la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

SEXTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se define en esta resolución, atento las siguientes consideraciones:

El tema de la contradicción consiste en determinar si los corredores públicos, dentro de sus facultades, cuentan o no con la correspondiente de certificar testimonios notariales.

No es obstáculo a lo anterior, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito haya aludido en su resolución a la certificación de "escrituras notariales", puesto que del contexto de su fallo se advierte que en realidad quiso referirse a los testimonios notariales.

Para mayor claridad del asunto, se estima conveniente precisar las diferencias entre un testimonio y una escritura notarial, ya que es importante puntualizar en qué consiste este tipo de instrumentos notariales, para determinar la existencia de los criterios contrapuestos.

Se puede decir que en términos legales la escritura pública es el original que el notario asienta en folios, para hacer constar uno o más actos jurídicos y que firmados por los comparecientes el notario autorice con su sello y firma. La escritura pública obra en poder del notario o, en su caso, transcurrido determinado tiempo, en el archivo correspondiente; por otra parte, el testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o un acta.

Los testimonios se expiden a solicitud de la parte interesada, la copia certificada es la reproducción total o parcial de una escritura o acta, así como sus respectivos documentos del apéndice e índice con sello y firma del notario o de alguno o algunos de éstos que también expide a solicitud del otorgante.

A este respecto nos ilustra el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo:

"Existe la idea popular de confundir los testimonios con la escritura o el acta notarial. Esta confusión tiene su origen en el frecuente uso que en otro tiempo se hacía de los contratos privados, que por carecer de matriz, no podían reproducirse y con su extravío o destrucción, se perdía la posibilidad de acreditar la propiedad. Por la imposibilidad de duplicar el contrato, se llegó al extremo de pensar que la propiedad estaba incorporada al título, de tal manera que ‘hipotecaban’ los títulos dándolos en prenda para garantizar un adeudo.

"Actualmente esto no acontece, pues a los únicos documentos que se les puede llamar escritura o acta notarial, son a los asentados de forma original en el protocolo. Los documentos expedidos a las partes e interesados, son testimonios, certificaciones, copias certificadas y simples. Siendo la matriz la que está asentada en forma original en el protocolo, los interesados pueden pedir cuantos testimonios y copias quieran." (Ed. Porrúa, México, 1995, pág. 126).

La certificación notarial es la relación que hace el notario de un acto o un hecho que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en documento preexistente, así como la afirmación de que una transcripción o reproducción coincide fielmente con su original.

En el artículo 155 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se establecen una serie de formalidades para que el notario pueda realizar una certificación, entre las que destacan la referida a la acreditación de la personalidad.

"Artículo 155. Certificación notarial es la relación que hace el notario de un acto o hecho que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento preexistente, así como la afirmación de que una transcripción o reproducción coincide fielmente con su original; comprendiéndose dentro de dichas certificaciones las siguientes:

"I. Las razones que el notario asienta en copias al efectuar un cotejo conforme a lo previsto en el artículo 97 de esta ley.

"II. La razón que el notario asienta al expedir las copias a que se refiere el artículo anterior. En estos casos la certificación se asentará al final de la transcripción o reproducción, haciendo constar el número y fecha del instrumento del protocolo correspondiente, a no ser que estos datos se reproduzcan al principio de la copia. En el caso a que se refiere la fracción I del artículo anterior, bastará señalar para qué efectos se expide, sin que conste petición de parte, ni se tomará razón de su expedición en parte alguna del protocolo.

"III. La relación sucinta de un acto o hecho, o de uno de sus elementos o circunstancias que consten en su protocolo, que asiente en un documento que al efecto expida a petición de parte o autoridad facultada para hacerlo, o en un documento preexistente, también a solicitud de parte, lo que hará constar en la propia certificación sin necesidad de tomar razón en nota complementaria.

"IV. La razón de existencia de uno o varios documentos que se le exhiban, para acreditar la personalidad de los otorgantes o interesados en una escritura o acta que el notario asiente en la reproducción total o parcial, lo que será suficiente para dejar acreditada dicha personalidad; bastando para ello relacionar en la escritura o acta respectiva, el número y fecha de la escritura cuyo testimonio o copia se le exhiba, y el nombre y el número del notario ante quien se haya otorgado, o la autoridad y procedimiento de que se deriven, en caso de ser copias certificadas expedidas respecto de constancias de algún procedimiento judicial. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, se deberá hacer constar, tanto en nota complementaria como en la razón de certificación respectiva, la autoridad que ordenó el informe o expedición de la copia, del expediente en que ella actúa y el número y fecha del oficio correspondiente. Igualmente, podrá hacer constar en nota complementaria y agregar al apéndice la copia de la comunicación mediante la cual haya sido enviada la copia certificada a la autoridad respectiva. Toda certificación será autorizada por el notario con su firma y sello."

En el caso de los testimonios, se trata de instrumentos públicos que constituyen prueba plena (artículos 156 de la misma ley y 327, fracción I y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).

Como se trata de una contradicción que involucra a dos tribunales con jurisdicción territorial diferente (Distrito Federal y Estado de México), también se considera conveniente comentar la Ley del Notariado de este Estado.

La Ley Orgánica del Notariado del Estado de México preceptúa que el protocolo es el libro o conjunto de libros que se forman con los folios separados, autorizados y numerados, en los que el notario asienta y autentifica, con las formalidades de ley, los actos y hechos jurídicos otorgados ante su fe, así como los libros de registro de cotejos y ratificaciones y sus correspondientes apéndices e índices.

El protocolo se formará con las escrituras y actas notariales autorizadas por el notario.

El protocolo pertenece al Estado y los notarios lo tendrán en custodia bajo su más estricta responsabilidad. Cuando concluya la fecha en que fueron autorizados los libros, el notario entregará éstos al archivo.

Por su parte, el artículo 73 de la ley en comento señala que la escritura es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar un acto jurídico, autorizado con su firma y sello.

Las actas notariales son el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar un hecho, autorizado con su firma y sello.

El testimonio, de acuerdo con el artículo 102 de esta ley, es la copia auténtica en la que el notario, bajo su firma y sello, reproduce el texto de la escritura o acta con los documentos anexos correspondientes a la misma.

De lo anteriormente transcrito se puede concluir que los notarios, de conformidad con las leyes locales invocadas, no pueden expedir escrituras públicas sino únicamente testimonios, copias certificadas y certificaciones y, entre otras certificaciones, los poderes con que los autorizados puedan acreditar su personalidad ante las autoridades que lo requieran.

Por tales motivos, la personalidad no se puede acreditar con la escritura notarial, sino con los instrumentos antes mencionados.

Las certificaciones de testimonios notariales están -como ya se señaló- encomendadas de manera exclusiva a los propios notarios, toda vez que se trata de instrumentos públicos expedidos por éstos, los cuales deben cumplir con una serie de formalidades que las propias leyes del notariado ordenan para la seguridad de los interesados y de la misma sociedad.

En la Ley Orgánica del Notariado del Estado de México, el artículo 106 preceptúa: "El notario sólo puede expedir certificaciones relativas a las escrituras o actas que consten en su protocolo. En la certificación hará constar, además, el número y la fecha de la escritura, acta o asiento de cotejo respectivo, sin cuyo requisito la certificación carecerá de validez.".

Respecto de las certificaciones que hacen los notarios en relación con sus propios instrumentos notariales, como es el caso de los poderes, siendo estos poderes del mismo notario o por otro notario, constituyen una función exclusiva de éstos, ya que se trata de funciones con carácter de orden e interés público y social.

El Código Civil para el Distrito Federal, respecto del contrato de mandato, artículos 2551 a 2555 establece:

"Artículo 2551

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16988-c7f4c378/corredores-publicos-carecen-de-facultades-para-certificar-testimonios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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