VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. EL HECHO DE QUE LOS INTERESES PLASMADOS EN EL CERTIFICADO CONTABLE NO COINCIDAN CON LOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE CRÉDITO, NO AFECTA SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de febrero de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio número 245 de fecha veintiuno de febrero de dos mil uno, recibido el veintiséis de marzo del año antes mencionado, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia dirigido al presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, denunció la posible contradicción de tesis sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. El oficio de referencia es del tenor literal siguiente:
"El suscrito Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, residente en la ciudad de Morelia, Michoacán, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo; y 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el presente me permito denunciar ante esa H. Sala, por su digno conducto, lo que estimo constituye una contradicción entre el criterio de este cuerpo colegiado y el que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. En efecto, este órgano federal al resolver el amparo directo civil número 767/2000, el día 13 de diciembre de 2000, cuya ejecutoria se acompaña en copia autorizada y una versión en diskette, sostuvo el criterio de que para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, sólo es necesario que se exhiba, además del contrato o póliza en que se hagan constar los créditos otorgados, los estados de cuenta expedidos por el contador facultado por la institución actora, los que deben contener un desglose de los movimientos que originaron el saldo cuyo cobro pretende, para que hagan fe y puedan ser adminiculados con el documento en que consta el crédito; por lo que si el título con el que se acciona colma esas exigencias, la vía ejecutiva será procedente, precisamente porque en ese desglose que haga el contador del banco, en lo tocante al rubro de intereses, se entiende que explica en detalle los periodos y factores o tasas que tuvo en consideración para obtener la cantidad líquida que por ese concepto se ejercita, lo cual hará que el deudor se entere de tales operaciones o movimientos y podrá, desde luego, oponer las respectivas excepciones en cuanto a su monto, si es que encuentra que éste no corresponde al tipo pactado por las partes en el contrato o convenio base de la acción, haciendo valer los instrumentos que realmente se hayan estipulado. De ahí que si en el estado contable se utilizan otros factores para el cálculo de los réditos distintos a los consignados en el acuerdo de voluntades de que se trate, el demandado no quede imposibilitado para saber el porqué de la cantidad que se le exige, pues si son de su conocimiento los que pactó con su acreedora al contratar el crédito, al igual que los que se mencionan en el estado contable con el que se le corre traslado al demandársele su resolución, es inconcuso que en todo momento estará en la posibilidad de apreciar la respectiva incongruencia y esgrimir en su defensa si la tasa o instrumento que se aplicó en dicha certificación corresponden o no a las que ambos pactaron al celebrar el aludido acto jurídico, lo que hace evidente que no se le coloca en estado de indefensión alguno. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis que con la clave XX.1o.175 C, aparece publicada en la página 547 del Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, POR CÁLCULO ERRÓNEO DE INTERESES RECLAMADOS EN CANTIDAD LÍQUIDA.’, sostiene el criterio de que si del análisis que reporta el estado de cuenta anexado al contrato base de la acción se advierte un cálculo erróneo con respecto a los intereses reclamados en cantidad líquida, ello es suficiente para declarar la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil intentada, porque los documentos base de la acción no constituyen título ejecutivo en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que aquéllos deben contener el desglose correspondiente de los movimientos que les dieron origen en cantidades líquidas y citar al efecto los elementos que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, los cuales precisamente deben ser los pactados por las partes en el convenio base de la acción, y de utilizarse otros distintos, el demandado queda imposibilitado para conocer el porqué de la cantidad que se le exige, lo que evidentemente le causa un estado de indefensión."
SEGUNDO. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil uno, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis y en el mismo proveído requirió al presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, para que remitiera a esta Sala el expediente relativo al juicio de amparo directo número 91/98, promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima o, en su defecto, copia certificada de la ejecutoria dictada en el mismo y el diskette en que se contenga la información respectiva; asimismo, se le requirió para que enviara los expedientes o copias certificadas de las sentencias de los demás casos en que se haya sustentado el mismo criterio.
En cumplimiento a lo ordenado en el proveído que antecede, el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito remitió copia certificada de la resolución respectiva.
Mediante acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil uno, se tuvo por recibida la copia certificada de la resolución solicitada al citado Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se le requirió nuevamente para que remitiera a la brevedad posible el diskette que contuviera la resolución del juicio de amparo directo número 91/98; asimismo, para que diera cumplimiento al acuerdo de Presidencia de dos de mayo del año antes mencionado, en lo que concierne a que enviara los expedientes o copias certificadas de los demás casos en que se hubiera sustentado el mismo criterio, a fin de integrar el expediente en que se actúa.
En diverso proveído de tres de septiembre de dos mil uno, y en virtud del oficio que envió el secretario de Acuerdos de ese órgano colegiado, en el que informó que se encontraba imposibilitado para remitir el diskette solicitado, toda vez que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 91/98, no fue capturada en diskette, así como que no se encontraron diversos asuntos en los que se hubiera sostenido el mismo criterio que se sustentó en el referido juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó dar vista al procurador general de la República a fin de que expusiera su parecer dentro del plazo de treinta días, sin que hubiera hecho manifestación alguna.
Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil uno, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó pasaran los autos a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
En sesión de la Primera Sala de fecha dieciséis de enero de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos se acordó aplazar el asunto para conocer de él en diversa fecha.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la materia civil, que es competencia originaria de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.
TERCERO. En principio debe señalarse que es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando el procurador general de la República no expuso su parecer dentro del plazo concedido, no obstante estar debidamente notificado, según consta a fojas noventa y nueve del expediente en que se actúa, por lo que debe entenderse que precluyó su derecho para hacerlo.
Sobre este particular tiene aplicación la siguiente tesis, que a la letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 1a./J. 107/2001
"Página: 8
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO EMITE SU OPINIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relación con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta días. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho término, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
"Contradicción de tesis 29/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 84/2000. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Ricardo Horacio Díaz Mora.
"Contradicción de tesis 20/2001-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del referido circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 63/2001-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el antes Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López.
"Contradicción de tesis 100/2000-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostiene la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, junio de 1998
"Tesis: XI.2o. J/12
"Página: 429
"ACCIÓN EJECUTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SU ESTUDIO POR EL JUZGADOR. En términos de lo dispuesto en dicho precepto, las condiciones requeridas para la procedencia de la acción ejecutiva que prevé, consisten en: I. La existencia de un crédito; II. La especificación desglosada de saldos resultantes del mismo a cargo de los acreditados o mutuatarios; III. Que los saldos los señale el contador del banco acreedor, y IV. La exigibilidad de pago del crédito por haber vencido el plazo o llegado la condición que afectara la obligación; de donde es de concluirse que cualquier irregularidad que presente el saldo desglosado en el estado de cuenta bancario, ya no concierne a los elementos de la acción ejecutiva y que, por ende, amerite estudio oficioso, sino que constituye una excepción que tiende a impedir que proceda en la forma planteada o a que no prospere, pero que necesariamente debe hacerse valer con el objeto de que el Juez pueda ocuparse de ella en la sentencia, por respeto al principio de congruencia que rige las sentencias, conforme al artículo 1327 del Código de Comercio.
"Amparo directo 902/97. Vicente Vargas Galván y otro. 19 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Victorino Rojas Rivera.
"Amparo directo 94/98. Lácteos Vargas de Uruapan, S.A. de C.V. 4 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Gustavo Solórzano Pérez.
"Amparo directo 179/98. Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inver-México. 25 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.
"Amparo directo 906/97. Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inver-México. 2 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Norma Navarro Orozco.
"Amparo directo 162/98. María Guadalupe Hernández Zavala. 2 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Norma Navarro Orozco."
Las consideraciones que sustentaron el anterior criterio, en lo conducente, son las siguientes:
"El tercer concepto de violación deriva infundado. En efecto, no asiste razón al quejoso al sostener que si del análisis del estado contable que exhibió la actora, la Sala responsable advirtió que en el renglón de intereses ordinarios y moratorios existía un error de cálculo, ello era suficiente para que declarara la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil ejercitada en su contra, ya que -aduce- de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los documentos consistentes en el contrato accionario y dicha certificación contable deben contener el desglose correspondiente de los movimientos que les dieron origen en cantidades líquidas y citar al efecto los elementos que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, los cuales deben ser precisamente los pactados por las partes en el acuerdo de voluntades y, al utilizarse otros distintos, se le dejó en estado de indefensión para conocer el porqué de la cantidad que se le exige y poder impugnar las sumas que se le reclaman como objeto principal juntamente con el capital. Cabe señalar que este Tribunal Colegiado, en la tesis que aparece publicada en la página 429, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustenta el siguiente criterio: ‘ACCIÓN EJECUTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SU ESTUDIO POR EL JUZGADOR.’ (la transcribe). Bajo ese orden de ideas, si el certificado contable que exhibió la actora contiene el error de cálculo que se argumenta, ello sería una excepción que tendería más bien a que no prosperara el cobro de los intereses en la cuantía que allí se plasmó, pero no tornaría improcedente la vía ejecutiva, por no incidir ese defecto en los presupuestos de ésta, que se indican en los puntos I al IV de la tesis recién transcrita. De ahí que este órgano colegiado no comparta la tesis que cita el inconforme, proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: ‘VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, POR CÁLCULO ERRÓNEO DE INTERESES RECLAMADOS EN CANTIDAD LÍQUIDA.’ (la transcribe). Lo anterior así resulta, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral en cita, para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil sólo es necesario que se exhiba, además del contrato o póliza en que se hagan constar los créditos otorgados, los estados de cuenta expedidos por el contador facultado por la institución actora, los que deben contener un desglose de los movimientos que originaron el saldo cuyo cobro pretende, para que hagan fe y puedan ser adminiculados con el documento en que consta el crédito. De suerte que si el título con que se acciona colma esas exigencias, la vía ejecutiva será procedente, precisamente porque en ese desglose que haga el contador del banco, en lo tocante al rubro de intereses, se entiende que explica en detalle los periodos y factores o tasas que tuvo en consideración para obtener la cantidad líquida que por ese concepto se ejercita, lo cual hará que el deudor se entere de tales operaciones o movimientos y podrá, desde luego, oponer las respectivas excepciones en cuanto a su monto, si es que encuentra que éste no corresponde al tipo pactado por las partes en el contrato o convenio base de la acción, haciendo valer los instrumentos que realmente se hayan estipulado. De ahí que este órgano no participe de la opinión del referido Tribunal Colegiado, acerca de que si en el estado contable se utilizan otros factores para el cálculo de los réditos distintos a los consignados en el acuerdo de voluntades de que se trate, el demandado queda imposibilitado para saber el porqué de la cantidad que se le exige; pues si son de su conocimiento los que pactó con su acreedora al contratar el crédito, al igual que los que se mencionan en el estado contable con el que se le corre traslado al demandársele su resolución, es inconcuso que en todo momento estará en la posibilidad de apreciar la respectiva incongruencia y esgrimir en su defensa si la tasa o instrumento que se aplicó en dicha certificación corresponden o no a las que ambos pactaron al celebrar el aludido acto jurídico, lo que hace evidente que no se le coloca en estado de indefensión alguno, como lo sustenta la tesis transcrita en el apartado que precede."
QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sustenta la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, febrero de 1999
"Tesis: XX.1o.175 C
"Página: 547
"VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, POR CÁLCULO ERRÓNEO DE INTERESES RECLAMADOS EN CANTIDAD LÍQUIDA. Si del análisis que reporta el estado de cuenta anexado al contrato base de la acción se advierte un cálculo erróneo con respecto a los intereses reclamados en cantidad líquida, ello es suficiente para declarar la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil intentada, porque los documentos base de la acción no constituyen título ejecutivo en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que aquéllos deben contener el desglose correspondiente de los movimientos que les dieron origen en cantidades líquidas y citar al efecto los elementos que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, los cuales precisamente deben ser los pactados por las partes en el convenio base de la acción, y de utilizarse otros distintos, el demandado queda imposibilitado para conocer el porqué de la cantidad que se le exige, lo que evidentemente le causa un estado de indefensión.
"Amparo directo 91/98. Banco Nacional de México, S.A. 30 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando Nicolás de la A. Romero Morales. Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno."
La tesis en cuestión se emitió al resolver el amparo directo civil 91/98, resolución que en la parte conducente dice:
"Los conceptos de violación anteriormente sintetizados resultan infundados por las consideraciones jurídicas que se verterán a continuación, para cuyo efecto, este Tribunal Colegiado procede a analizar en su conjunto las cuestiones planteadas por encontrarse estrechamente vinculadas, de conformidad con lo que previene el artículo 79 de la Ley de Amparo. Contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado no resulta violatoria de garantías individuales, porque como acertadamente lo sostuvo la autoridad responsable, los certificados contables exhibidos no cumplen con las exigencias que precisa el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que conjuntamente con el convenio de reconocimiento de adeudo y recalendarización de saldo vigente, constituyan título ejecutivo y que, por ende, resulte procedente el juicio ejecutivo mercantil intentado. El artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su parte conducente, a la letra dice: (lo transcribe). Luego entonces, la afirmación anterior obedece a que del análisis íntegro de los certificados contables de referencia, visibles a fojas diez y once del juicio natural, se aprecia claramente que aun cuando en ellos se contienen los datos necesarios para establecer una identidad con el convenio de reconocimiento de adeudo, por otro lado, como así lo destacó la responsable, en la parte inferior derecha de dichos documentos se asienta literalmente que: (lo transcribe). De tal suerte que esas certificaciones contables así elaboradas, junto con el convenio de reconocimiento de adeudo no pueden constituir título ejecutivo, habida cuenta que dichos documentos deben ser un reflejo de las obligaciones y derechos contraídos por las partes en el convenio de reconocimiento de adeudo; esto es, para consignar el cálculo de los intereses y que, por ende, las certificaciones contables cumplieran con su finalidad, el contador facultado por el banco debió atender expresamente a lo acordado por los contratantes en la cláusula cuarta, incisos b) y c), en la cual se precisan los instrumentos bancarios que servirían de base para ello; y que sin embargo, de una simple comparación se advierte que no son los mismos que utilizó el contador facultado del banco en las certificaciones contables de que se trata. Ello es así, porque el contador facultado por el banco, en las certificaciones contables objeto de análisis, en los apartados relativos al cálculo de intereses en la primera de ellas, alude a la ‘tasa inter. Cetes + 3a.’, y luego señala: ‘Líder + 10.5 tasa moratoria’; y en la segunda, alude a ‘tasa inter. 95% Cetes’, y en otro espacio señala: ‘Líder + 10.5 tasa moratoria’; instrumentos bancarios que como se dijo, no resultan ser los que estipularon las partes en el convenio modificatorio, reconocimiento de adeudo y recalendarización de saldo vigente en el contenido de la cláusula cuarta, incisos b) y c). En esas condiciones, resultaba indispensable que las certificaciones contables de mérito se ajustaran plenamente a las condiciones consignadas en el contrato base de la acción, para que junto con el contrato de crédito surtieran efectos de título ejecutivo, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito; empero, como no sucedió así, se limitó la capacidad de defensa de la parte demandada, pues era necesario que para establecer el saldo vigente pretendido como prestación reclamada en los estados de cuenta de que se trata, se estableciera el desglose correspondiente de los movimientos que le dieron origen en cantidades líquidas, citando al efecto los elementos que sirvieron de base para arribar a tal conclusión y que, precisamente, deben ser los pactados por las partes en el convenio base de la acción, pues de utilizarse otros distintos, el demandado queda imposibilitado para conocer el porqué de las cantidades que se le exigen, lo que evidentemente le causa el estado de indefensión apuntado. A propósito de las anteriores consideraciones, resulta citable el criterio judicial número 15/94, establecido por la Tercera Sala, visible a fojas 959 del Tomo IV, de Jurisprudencia por contradicción de tesis, Tercera Sala, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN TÍTULOS EJECUTIVOS.’ (lo transcribe). Además, también se considera conveniente destacar que la parte actora al ejercitar su acción ejecutiva señaló como prestaciones reclamadas, entre otras, las siguientes: (las transcribe). Esto es, en sí en su demanda el hoy quejoso estableció las reclamaciones relativas a intereses normales y moratorios en pesos y centavos, al haber formulado su reclamación en esos términos, su obligación mínima era que dichas cantidades se encontraran respaldadas y fueran congruentes con lo detallado por esos conceptos, tanto en el convenio de adeudo, como en las certificaciones contables exhibidas, lo que en la especie no aconteció, pues como ha quedado expuesto en las certificaciones contables de mérito, el cálculo de los intereses se obtiene con base en factores que no fueron estipulados en el contrato de adeudo y, por otro lado, las cantidades que aparecen en las certificaciones contables por esos mismos conceptos no concuerdan con las precisadas en la demanda; no obstante la anterior incoincidencia (sic) indebidamente el Juez natural despachó ejecución por el monto total de las prestaciones reclamadas, lo cual es jurídicamente incorrecto, ya que de autorizarse a obrar en esos términos, se inferiría que alguien al demandar puede exigir más prestaciones de las que en realidad, en derecho, le correspondan. No pasa desapercibido para este órgano colegiado que la parte quejosa argumenta que el hecho de que por un error se hayan calculado indebidamente los intereses, es insuficiente para declarar improcedente el juicio ejecutivo mercantil, sino que debió condenarse, en su caso, al pago del capital reclamado y dejar el cálculo de los intereses para el trámite incidental correspondiente, habida cuenta de que si en la especie, por las irregularidades que han quedado destacadas, los documentos base de la acción no constituyeron título ejecutivo en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, obvio es que no podría declararse la procedencia de la acción ejercitada. Tampoco obra para considerarlo de esta manera, su diverso argumento consistente en que la autoridad judicial actuó de forma oficiosa, porque para poder arribar a la cuestión del indebido cálculo de intereses, la parte demandada debió plantearla en vía de excepción, y por lo mismo ofrecer las pruebas tendientes a desvirtuar el contenido de las certificaciones contables, sin que haya ocurrido así, por lo que debió concederles valor probatorio pleno a las mismas, en la medida en que éstos carecen de consistencia jurídica, porque precisamente de la lectura del escrito de contestación de demanda, se advierte que la parte demandada sí controvierte el contenido de las certificaciones contables, y específicamente manifiesta su inconformidad por la forma en que se efectuó el cálculo de los intereses que se les reclamaron, de ahí que el argumento relativo resulte infundado. También es infundado el argumento que descansa en los supuestos que menciona en relación con juicios mercantiles en los que el título de la acción lo constituye un pagaré, una letra de cambio, o un cheque; tomando en consideración que en tales casos, la ley no exige más requisitos para su ejecutividad que la presentación del título relativo, lo que no sucede en el presente caso, en el cual para constituir título ejecutivo se debe cumplir con las exigencias que describe el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, como ha quedado especificado con anterioridad. Así las cosas, siendo infundados los conceptos de violación propuestos por la inconforme, y como en el caso no se advierte materia para suplir la queja deficiente, lo procedente es negar a Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita."
SEXTO. Cabe señalar que aun cuando uno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
Tienen aplicación las siguientes tesis que a continuación se transcriben:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 83, noviembre de 1994
"Tesis: P. L/94
"Página: 35
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.
"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17019-d03ea554/via-ejecutiva-mercantil-el-hecho-de-que-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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