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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA QUE LA DEMANDA DEBA TENERSE POR CONTESTADA QUIEN FIRMA LA PROMOCIÓN RELATIVA COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE UN ESTADO, DEBE TENER ESE CARÁCTER EN LA FECHA EN QUE SE HIZO EL DEPÓSITO DE LA PIEZA POSTAL RESPECTIVA. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROMOCIONES DE LAS PARTES. MOMENTO EN QUE TIENEN TRASCENDENCIA Y EFECTOS JURÍDICOS. PROMOCIONES DE LAS PARTES. SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE AL SERLES ENTREGADAS SON DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO ELABORADAS O SUSCRITAS.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 662/2001-PL, DEDUCIDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 155/2001. · Registro digital (IUS): 17024
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 890.

RECLAMACIÓN 662/2001-PL, DEDUCIDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 155/2001. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A continuación, debe analizarse si el recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente, por ser esto una cuestión de orden público y estudio preferente.

Al efecto, cabe destacar que el oficio por el que se interpone el presente recurso de reclamación se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta de los sellos que aparecen asentados en ambas caras del sobre que obra a fojas quince de este expediente; consecuentemente, en su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto en el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra dispone:

"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

Conforme al numeral transcrito, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica, se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.

Los artículos 26, 27 y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, prevén:

"Artículo 26. Por su tratamiento la correspondencia y los envíos son ordinarios o registrados y por su destino, nacionales o internacionales."

"Artículo 27. Son ordinarios los que se manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por cada pieza y son registrados aquellos que se manejan llevando un control escrito por cada pieza, tanto en su depósito como en su transporte y entrega."

"Artículo 42. El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia.

"En caso de que, por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las disposiciones reglamentarias."

Por su parte, los diversos 31, 32 y 33 del Reglamento para la Operación del Organismo del Servicio Postal Mexicano, disponen:

"Artículo 31. El servicio de acuse de recibo de envíos o correspondencia registrada, deberá solicitarse en el momento del depósito y consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y entregar ese documento al remitente, como constancia."

"Artículo 32. El documento en que el destinatario acuse recibo por una pieza registrada, se enviará al remitente por servicio ordinario y vía de superficie, si no hay indicaciones en contrario."

"Artículo 33. En los casos en que el destinatario se niegue a firmar el documento de constancias o no se encuentre en el domicilio y en un plazo de 10 días, contados a partir del aviso escrito, no ocurra a la oficina correspondiente a recoger la pieza postal, ésta será devuelta al remitente a su costa y sin responsabilidad para el organismo."

Del análisis de los preceptos legales transcritos se desprende, en lo que interesa a este estudio, que por su tratamiento la correspondencia y los envíos son ordinarios y registrados; que de los primeros no se lleva un control especial y los registrados se manejan llevando un control escrito por cada pieza, tanto en su depósito como en su transporte y entrega. Asimismo, que el servicio de acuse de recibo de envíos o correspondencia registrada consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y entregar ese documento de acuse de recibo al remitente como constancia.

Por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia transcrito, si las partes hacen uso del servicio de correos para enviar sus promociones a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben hacerlo a través del correo certificado y no del ordinario; lo anterior tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de tal manera que quede constancia fehaciente tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente, como de aquella en que fue recibida por su destinatario, lo que se logra a través del correo certificado, en términos de las disposiciones antes transcritas de la Ley del Servicio Postal Mexicano y del Reglamento para la Operación del Organismo del Servicio Postal Mexicano, que prevén el control escrito de cada pieza registrada (correo certificado).

En el caso concreto, como se asentó, el depósito del recurso de reclamación se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, según se desprende del sobre que corre agregado a fojas quince del presente expediente, en el que aparecen asentados dos sellos que dicen: "Servicio Postal Mexicano. Registrados recibo. Nov. 15 2001. Admón. Postal Cd. Victoria, Tam. C.P. 87001", con lo que se cumple en este aspecto con el primer requisito que exige el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.

Por otra parte, como se ha expresado, el numeral en cita dispone que las oficinas de correos o de telégrafos en que debe hacerse el depósito o el envío correspondiente, son aquellas que se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Así, las partes en la controversia que radiquen fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones y recursos mediante correo certificado o por telégrafo, en los lugares en que tengan su domicilio, a efecto de que tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellos cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este Alto Tribunal, a fin de que no tengan que desplazarse del lugar de su residencia hasta esta ciudad para presentar sus promociones o recursos, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia.

Del análisis del sobre con el que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de reclamación, se advierten dos sellos del Servicio Postal Mexicano, en los que se aprecia que se depositó el día quince de noviembre de dos mil uno, en la Administración de Correos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar de residencia de la parte recurrente, por lo que debe concluirse que se cumple con el segundo requisito que exige el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Resta ahora determinar si el depósito del recurso de reclamación se hizo dentro del plazo legal que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas."

De este numeral se desprende que el plazo para la interposición del citado recurso es de cinco días.

Asimismo, los artículos 2o., 3o. y 6o. del mismo ordenamiento, disponen:

"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

"II. Se contarán sólo los días hábiles; y

"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

"Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas. ..."

Los artículos reproducidos prevén los plazos y reglas generales a las que deberán sujetarse las notificaciones dentro del trámite de las controversias constitucionales, fijando, en primer lugar, que los plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; que se contarán sólo los días hábiles; que no correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como que las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.

Ahora bien, el acuerdo recurrido se notificó a la parte recurrente el jueves ocho de noviembre de dos mil uno, según constancia que obra a fojas sesenta y seis de autos, por lo que conforme a lo dispuesto por los artículos 3o. y 6o. de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de cinco días para la interposición del recurso de reclamación, a que se refiere el transcrito artículo 52, comenzó a correr a partir del día lunes doce de noviembre, concluyendo el viernes dieciséis de noviembre de dos mil uno, debiéndose descontar para el cómputo respectivo el sábado diez y domingo once del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tal virtud, si el recurso de reclamación se presentó en la oficina de correos del lugar de residencia de la parte recurrente el jueves quince de noviembre de dos mil uno, resulta indiscutible que el mismo resulta oportuno, ya que se presentó un día antes de que venciera el plazo correspondiente.

CUARTO. Acto continuo, se procederá al análisis de la legitimación de quien interpone el recurso de reclamación.

En la demanda de controversia constitucional de la que se deduce el presente recurso, aparece como actor el Ayuntamiento de Santa María Yolotepec del Estado de Oaxaca, y como demandado, entre otros, el Congreso del Estado de Tamaulipas, al que se le tuvo con tal carácter en proveído de doce de septiembre de dos mil uno, que obra a fojas cuarenta y seis del tomo uno del expediente principal de la controversia constitucional que se tiene a la vista.

En consecuencia, si la parte demandada en la controversia constitucional lo es, entre otros, el Congreso del Estado de Tamaulipas y la promovente del recurso se ostenta como presidenta de su mesa directiva por el mes de noviembre de dos mil uno, la cual acredita con el Decreto 496, emitido el treinta y uno de octubre de dos mil uno por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el cual se eligió como presidenta de la mesa directiva de dicho órgano, para el mes de noviembre del citado año, a la diputada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, constancia que corre agregada a fojas once del expediente de este recurso, es evidente que cuenta con legitimación para interponer el presente recurso.

QUINTO. Cabe precisar que la materia del presente recurso consiste en determinar si para resolver si se tiene por contestada la demanda de controversia constitucional por el Congreso del Estado de Tamaulipas, firmada por uno de los diputados en su carácter de presidente de la mesa directiva, debe atenderse a la fecha en que aparece firmando, comprendida dentro del mes en que fungió con ese cargo, o a la fecha en que se presentó la contestación, en que ya no lo tenía; por tanto, este Tribunal Pleno sólo se pronunciará sobre este aspecto.

En el agravio planteado por la recurrente, en esencia, se aduce que el auto recurrido contraviene lo establecido por los artículos 8o. y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque el diputado presidente de la Mesa Directiva por el mes de septiembre de dos mil uno del Congreso del Estado de Tamaulipas, Juan José Camorlinga Guerra, suscribió la contestación de la demanda de controversia constitucional dentro del periodo para el cual fue designado como presidente de dicho órgano, independientemente de la fecha en que haya sido depositado en las oficinas de correo el escrito de contestación referido.

De las constancias procesales que obran a fojas cincuenta y cinco a cincuenta y ocho de autos, se aprecia que quien signó la contestación a la demanda de controversia constitucional fue el diputado Juan José Camorlinga Guerra, ostentándose con el carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, encargado de dirigir los trabajos legislativos durante el mes de septiembre de dos mil uno y como representante de dicho Congreso, personalidad que acreditó con las siguientes constancias:

a) El Decreto Número 440 emitido el primero de septiembre de dos mil uno, por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el cual se eligió al diputado Juan José Camorlinga Guerra como presidente de la mesa directiva que presidiría los trabajos durante el mes de septiembre de dos mil uno (constancia que obra agregada a fojas cincuenta y nueve del expediente).

b) Acuerdo Número 6 emitido el dos de abril de mil novecientos noventa y siete, por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas, por el que se le otorga al diputado presidente de la Mesa Directiva en turno del Congreso del Estado, la facultad de representarlo legalmente en los juicios o procedimientos judiciales en los que sea considerado como parte procesal (constancia que obra agregada a fojas sesenta y dos del expediente).

Ahora bien, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas dispone:

"Artículo 26. El presidente y el suplente durarán en sus cargos un mes, y no podrán ser reelectos para esos cargos en el mismo periodo ordinario de sesiones. El suplente no quedará inhabilitado para ser electo presidente, pero el presidente lo estará para ser suplente."

Del artículo anterior se aprecia que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, únicamente durará en su cargo un mes, por lo que en el presente caso es de considerarse que si el diputado Juan José Camorlinga Guerra, fue electo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas para el mes de septiembre de dos mil uno, resulta claro que únicamente durante ese mes se encontraba facultado para fungir como tal.

Ahora bien, en la página seiscientos cuarenta y nueve del tomo uno, del expediente principal de la controversia constitucional 155/2001, que se tiene a la vista, consta un oficio suscrito por el diputado Juan José Camorlinga Guerra, en su carácter de presidente de la mesa directiva, para el mes de septiembre de dos mil uno, que está fechado el veintiséis del mismo mes y año, por el que se dio contestación a la demanda de controversia constitucional; sin embargo, dicho oficio fue depositado en la oficina de correos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día cuatro de octubre de dos mil uno, según se advierte del sobre que corre agregado a fojas seiscientos sesenta del citado expediente en el que aparece asentado un sello que dice: "Servicio Postal Mexicano. Registrados recibo. Oct. 4 2001 Admón. Postal. Cd. Victoria Tam. C.P. 87001" y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día nueve siguiente, tal como se desprende del sello que se encuentra asentado al reverso de la foja seiscientos cincuenta y dos del expediente. Además, en el oficio por el que se interpuso el recurso de reclamación que se examina, no se pretendió que el de contestación se hubiera presentado en fecha diversa a la que se consideró en el auto que se tuvo por no hecha por falta de legitimación de quien la firmó.

En este sentido, debe precisarse que las promociones de las partes, atendiendo a su naturaleza, tienen trascendencia y efectos jurídicos dentro de un proceso hasta que son presentadas ante el tribunal correspondiente, ya sea directamente o a través de los medios establecidos para ello en la ley, porque es hasta ese momento en que se están haciendo del conocimiento del órgano jurisdiccional y, por tanto, hasta entonces están excitando la función jurisdiccional en el sentido que se pretende. Lo anterior es así, ya que independientemente de la fecha en que dichas promociones u oficios hayan sido elaborados o suscritos por las partes en el procedimiento, mientras los documentos relativos no se entregan al órgano jurisdiccional correspondiente, éste no puede tener conocimiento de su existencia y, por tanto, no trascenderán al ámbito procesal ni surtirán efectos para las demás partes, porque es principio procesal general que lo que no obra en el expediente no puede tener relevancia jurídica en el correspondiente procedimiento.

En el caso, la contestación de demanda es un acto procesal que tuvo trascendencia jurídica procesal el cuatro de octubre de dos mil uno, momento en que el oficio de contestación fue depositado en la oficina de correos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su envío a esta Suprema Corte, por ser éste el lugar de residencia de la parte demandada, de acuerdo con el artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que prevé el supuesto de que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte de Justicia, sus promociones se tendrán por presentadas hasta el momento en que sean depositadas en las oficinas de correos de su lugar de residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo.

De lo anterior resulta claro que si el oficio de contestación a la demanda tuvo trascendencia y efectos procesales, por las razones asentadas, el día cuatro de octubre de dos mil uno, el diputado Juan José Camorlinga Guerra, quien lo suscribió en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, para el mes de septiembre de dos mil uno, en el mes de octubre ya no fungía como presidente de dicho órgano legislativo y, por tanto, ya no tenía legitimación procesal para contestar la demanda, debiendo concluirse que ésta tenía que considerarse por no hecha.

Consecuentemente, debe confirmarse el proveído recurrido de fecha cinco de noviembre de dos mil uno, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 155/2001.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el Congreso del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de cinco de noviembre de dos mil uno dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 155/2001.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. OrtizMayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel. No asistió el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por estar disfrutando de vacaciones. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17024-2e596109/controversias-constitucionales-para-que-la-demanda-deba-tenerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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