CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA QUE LA DEMANDA DEBA TENERSE POR CONTESTADA QUIEN FIRMA LA PROMOCIÓN RELATIVA COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE UN ESTADO, DEBE TENER ESE CARÁCTER EN LA FECHA EN QUE SE HIZO EL DEPÓSITO DE LA PIEZA POSTAL RESPECTIVA. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). PROMOCIONES DE LAS PARTES. MOMENTO EN QUE TIENEN TRASCENDENCIA Y EFECTOS JURÍDICOS. PROMOCIONES DE LAS PARTES. SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE AL SERLES ENTREGADAS SON DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO ELABORADAS O SUSCRITAS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 636/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2001. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A continuación, debe analizarse si el recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente.
Al efecto, cabe destacar que el oficio por el que se interpone el presente recurso de reclamación se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta de los sellos que aparecen asentados en ambas caras del sobre que obra a fojas quince de este expediente; consecuentemente, su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto en el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra dispone:
"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."
Conforme al numeral transcrito, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica, se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 17/2002, que emitió el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciocho de marzo de dos mil dos, que a la letra dispone:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis de precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia."
En el caso, como se asentó, el depósito del recurso de reclamación se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, según se desprende del sobre que corre agregado a fojas quince del presente expediente, en el que aparecen asentados dos sellos que dicen: "Servicio Postal Mexicano. Registrados recibo. Nov. 15 2001. Admón. Postal Cd. Victoria, Tam. C.P. 87001", con lo que se cumple, en este aspecto, con el primer requisito que exige el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.
Por otra parte, el numeral en cita dispone que las oficinas de correos o de telégrafos en que debe hacerse el depósito o el envío correspondiente, son aquellas que se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.
Del análisis de los dos sellos que aparecen asentados en el sobre con el que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de reclamación, se advierte que éste se depositó el día quince de noviembre de dos mil uno, en la Administración de Correos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar de residencia de la parte recurrente, por lo que debe concluirse que se cumple con el segundo requisito que exige el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.
Resta ahora determinar si el depósito del recurso de reclamación se hizo dentro del plazo legal que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:
"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas."
De este numeral se desprende que el plazo para la interposición del citado recurso es de cinco días.
Asimismo, los artículos 2o., 3o. y 6o. del mismo ordenamiento, disponen:
"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles; y
"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
"Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas. ..."
Los artículos reproducidos prevén los plazos y reglas generales a las que deberán sujetarse las notificaciones dentro del trámite de las controversias constitucionales, fijando, en primer lugar, que los plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; que se contarán sólo los días hábiles; que no correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como que las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.
Ahora bien, el acuerdo recurrido se notificó a la parte recurrente el jueves ocho de noviembre de dos mil uno, según constancia que obra a fojas sesenta y seis de autos, por lo que, conforme a lo dispuesto por los artículos 3o. y 6o. de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de cinco días para la interposición del recurso de reclamación, a que se refiere el transcrito artículo 52, comenzó a correr a partir del día lunes doce de noviembre, concluyendo el viernes dieciséis de noviembre de dos mil uno, debiéndose descontar para el cómputo respectivo el sábado diez y domingo once del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tal virtud, si el recurso de reclamación se presentó en la oficina de correos del lugar de residencia de la parte recurrente el jueves quince de noviembre de dos mil uno, resulta indiscutible que el mismo resulta oportuno, ya que se presentó un día antes de que venciera el plazo correspondiente.
CUARTO. Acto continuo, se procederá al análisis de la legitimación de quien interpone el recurso de reclamación.
En la demanda de controversia constitucional de la que se deduce el presente recurso, aparece como actor el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco Lachigolo, del Estado de Oaxaca, y como demandado, entre otros, el Congreso del Estado de Tamaulipas, al que se le tuvo con tal carácter en proveído de doce de septiembre de dos mil uno, que obra a fojas cuarenta y seis del tomo uno del expediente principal de la controversia constitucional que se tiene a la vista.
En consecuencia, si la parte demandada en la controversia constitucional lo es, entre otros, el Congreso del Estado de Tamaulipas y la promovente del recurso se ostenta como presidenta de su mesa directiva por el mes de noviembre de dos mil uno, lo cual acredita con el Decreto 496, emitido el treinta y uno de octubre de dos mil uno por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el cual se eligió como presidenta de la mesa directiva de dicho órgano para el mes de noviembre del citado año, a la diputada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, constancia que corre agregada a fojas once del expediente de este recurso, es evidente que cuenta con legitimación para interponer el presente recurso.
QUINTO. Cabe precisar que la materia del presente recurso consiste en determinar si para resolver si se tiene por contestada la demanda de controversia constitucional por el Congreso del Estado de Tamaulipas, firmada por uno de los diputados, en su carácter de presidente de la mesa directiva, debe atenderse a la fecha en que aparece firmando, comprendida dentro del mes en que fungió con ese cargo, o a la fecha en que se presentó la contestación, en que ya no lo tenía; por tanto, esta Segunda Sala sólo se pronunciará sobre este aspecto.
En el agravio planteado por la recurrente, en esencia, se aduce que el auto recurrido contraviene lo establecido por los artículos 8o. y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque el diputado presidente de la Mesa Directiva por el mes de septiembre de dos mil uno del Congreso del Estado de Tamaulipas, Juan José Camorlinga Guerra, suscribió la contestación de la demanda de controversia constitucional dentro del periodo para el cual fue designado como presidente de dicho órgano, independientemente de la fecha en que haya sido depositado en las oficinas de correos el escrito de contestación referido.
De las constancias procesales que obran a fojas cincuenta y cinco a cincuenta y ocho de autos, se aprecia que quien signó la contestación a la demanda de controversia constitucional fue el diputado Juan José Camorlinga Guerra, ostentándose con el carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, encargado de dirigir los trabajos legislativos durante el mes de septiembre de dos mil uno y como representante de dicho Congreso, personalidad que acreditó con las siguientes constancias:
a) El Decreto Número 440 emitido el primero de septiembre de dos mil uno por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el cual se eligió al diputado Juan José Camorlinga Guerra como presidente de la mesa directiva que presidiría los trabajos durante el mes de septiembre de dos mil uno (constancia que obra agregada a fojas cincuenta y nueve del expediente).
b) Acuerdo Número 6 emitido el dos de abril de mil novecientos noventa y siete por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas, por el que se le otorga al diputado presidente de la Mesa Directiva en turno del Congreso del Estado, la facultad de representarlo legalmente en los juicios o procedimientos judiciales en los que sea considerado como parte procesal (constancia que obra agregada a fojas sesenta y dos del expediente).
Ahora bien, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, dispone:
"Artículo 26. El presidente y el suplente durarán en sus cargos un mes, y no podrán ser reelectos para esos cargos en el mismo periodo ordinario de sesiones. El suplente no quedará inhabilitado para ser electo presidente, pero el presidente lo estará para ser suplente."
Del artículo anterior se aprecia que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, únicamente durará en su cargo un mes, por lo que en el presente caso, es de considerarse que si el diputado Juan José Camorlinga Guerra, fue electo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas para el mes de septiembre de dos mil uno, resulta claro que únicamente durante ese mes se encontraba facultado para fungir como tal.
Ahora bien, en la página seiscientos setenta y uno del tomo uno del expediente principal de la controversia constitucional 87/2001, que se tiene a la vista, consta un oficio suscrito por el diputado Juan José Camorlinga Guerra, en su carácter de presidente de la mesa directiva para el mes de septiembre de dos mil uno, que está fechado el veintiséis del mismo mes y año, por el que se dio contestación a la demanda de controversia constitucional; sin embargo, dicho oficio fue depositado en la Oficina de Correos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día cuatro de octubre de dos mil uno, según se advierte del sobre que corre agregado a fojas seiscientos ochenta del citado expediente en el que aparece asentado un sello que dice: "Servicio Postal Mexicano. Registrados recibo. Oct. 4 2001. Admón. Postal. Cd. Victoria Tam. C.P. 87001" y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día nueve siguiente, tal como se desprende del sello que se encuentra asentado al reverso de la foja seiscientos setenta y cuatro del expediente. Además, en el oficio por el que se interpuso el recurso de reclamación que se examina, no se pretendió que el de contestación se hubiera presentado en fecha diversa a la que se consideró en el auto en que se tuvo por no hecha por falta de legitimación de quien la firmó.
En este sentido, debe precisarse que las promociones de las partes, en una controversia constitucional, tienen trascendencia y efectos jurídicos dentro del procedimiento, hasta que son presentadas ante la Suprema Corte, ya sea directamente o a través de los medios establecidos para ello en la ley, porque es hasta ese momento en que se están haciendo de su conocimiento y, por tanto, hasta entonces se está excitando la función jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que independientemente de la fecha en que dichas promociones u oficios hayan sido elaborados o suscritos por las partes en el procedimiento, mientras los documentos relativos no se entregan a esta Suprema Corte, ésta no puede tener conocimiento de su existencia y, por tanto, no trascenderán al ámbito procesal ni surtirán efectos para las demás partes, porque es principio procesal general que lo que no obra en el expediente no puede tener relevancia jurídica en el procedimiento correspondiente.
Lo anterior se corrobora con las tesis jurisprudenciales 18/2002 y 19/2002 que emitió el Tribunal Pleno en sesión privada de dieciocho de marzo de dos mil dos, que son del tenor siguiente:
"PROMOCIONES DE LAS PARTES. MOMENTO EN QUE TIENEN TRASCENDENCIA Y EFECTOS JURÍDICOS. En atención a la naturaleza de las promociones de las partes, debe considerarse que éstas tienen trascendencia y efectos jurídicos hasta que son presentadas ante el órgano jurisdiccional correspondiente, ya sea directamente o a través de los medios establecidos en la ley, porque es al momento de ser entregadas y recibidas oficialmente por el citado órgano, cuando se hacen de su conocimiento y se excita la función jurisdiccional."
"PROMOCIONES DE LAS PARTES. SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE AL SERLES ENTREGADAS SON DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO ELABORADAS O SUSCRITAS. Tomando en consideración que es principio procesal general que lo que no obra en el expediente no puede tener relevancia jurídica en el correspondiente procedimiento, se concluye que independientemente de la fecha en que se elaboren o suscriban las promociones u oficios de las partes en el procedimiento, mientras no se entreguen al órgano jurisdiccional correspondiente, éste no puede tener conocimiento de su existencia y, por tanto, no trascenderán al ámbito procesal ni surtirán efectos para las demás partes, atendiendo a la fecha de entrega o depósito."
En el caso, la contestación de demanda es un acto procesal que tuvo trascendencia jurídica procesal hasta el cuatro de octubre de dos mil uno, momento en que el oficio de contestación fue depositado en la Oficina de Correos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su envío a esta Suprema Corte, por ser éste el lugar de residencia de la parte demandada, de acuerdo con el artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que prevé el supuesto de que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte de Justicia, sus promociones se tendrán por presentadas hasta el momento en que sean depositadas en las oficinas de correos de su lugar de residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo.
De lo anterior, resulta claro que si el oficio de contestación a la demanda tuvo trascendencia y efectos procesales, por las razones asentadas, el día cuatro de octubre de dos mil uno, el diputado Juan José Camorlinga Guerra, quien lo suscribió en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, para el mes de septiembre de dos mil uno, en el mes de octubre ya no fungía como presidente de dicho órgano legislativo y, por tanto, ya no tenía legitimación procesal para contestar la demanda, debiendo concluirse que ésta tenía que considerarse por no hecha.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 20/2002, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciocho de marzo de dos mil dos, que a la letra dispone:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA QUE LA DEMANDA DEBA TENERSE POR CONTESTADA QUIEN FIRMA LA PROMOCIÓN RELATIVA COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE UN ESTADO, DEBE TENER ESE CARÁCTER EN LA FECHA EN QUE SE HIZO EL DEPÓSITO DE LA PIEZA POSTAL RESPECTIVA. La contestación a la demanda de una controversia constitucional, por tratarse de un acto jurídico procesal, tiene trascendencia y efectos jurídicos procesales, en el caso de que las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta que el escrito respectivo es depositado en la oficina de correos del lugar de residencia de la parte demandada, mediante pieza certificada con acuse de recibo, en términos del artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, si quien firma la contestación a la demanda de controversia constitucional como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de un Estado, ya no contaba con ese carácter en la fecha en que se hizo el depósito de la pieza respectiva, es indudable que debe tenerse por nocontestada la demanda, ya que hasta ese momento el mencionado oficio de contestación tiene trascendencia jurídica."
Consecuentemente, debe confirmarse el proveído recurrido de fecha cinco de noviembre de dos mil uno, dictado por la Ministra instructora en la controversia constitucional 87/2001.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el Congreso del Estado de Tamaulipas.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de cinco de noviembre de dos mil uno, dictado por la Ministra instructora en la controversia constitucional 87/2001.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente de la Sala y ponente José Vicente Aguinaco Alemán.
Nota: En el mismo sentido se resolvieron los recursos de reclamación números 638/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 91/2001; 639/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 89/2001; 641/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 160/2001; 644/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 144/2001; 645/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 86/2001; 647/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 94/2001; 648/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 95/2001; 649/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 151/2001; 653/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 138/2001; 656/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 147/2001; 657/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 82/2001; 664/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 157/2001; 665/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 154/2001; 667/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 98/2001; 668/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 163/2001; 670/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 156/2001; 671/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 101/2001; 672/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 140/2001; 674/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 167/2001; 675/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 161/2001; 676/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 105/2001; 677/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 103/2001; 679/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 165/2001; 682/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 99/2001; 685/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 166/2001; 686/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 145/2001; 687/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 149/2001; 688/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 100/2001; y, 689/2001-PL, deducido de la controversia constitucional 104/2001.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17080-22e95457/controversias-constitucionales-para-que-la-demanda-deba-tenerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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