COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO ASI LO DETERMINE EL CONGRESO DE LA UNION EN LA LEY O DECRETO DE CREACION DE UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SIN QUE ELLO SUCEDA CUANDO SE HAGA EN DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL.
COMPETENCIA CIVIL 15/93. SUSCITADA ENTRE LOS JUECES PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO Y LA JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Primeramente debe quedar establecido que si bien, en la especie, propiamente hablando, no existe un conflicto competencial, en la medida que le juez Tercero de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, determinó que sí es competente para conocer del juicio ordinario civil de que se trata y el juez Primero de Distrito en la misma materia en el Estado de Jalisco, aceptó inhibirse del conocimiento de dicho asunto; tomando en cuenta que la parte actora se inconformó con tal aceptación, esta Suprema Corte debe decidir a favor de cuál Tribunal se surte la competencia, de conformidad con la tesis de esta Tercera Sala, número XIII/92, aprobada en sesión de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, cuyo texto es el siguiente:
"COMPETENCIA POR INHIBITORIA. SI EL JUEZ REQUERIDO ACEPTA LA QUE LE PLANTEA EL REQUERIENTE PERO UNA DE LAS PARTES SE INCONFORMA CON ELLO, DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. De acuerdo con lo preceptuado por el tercer párrafo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la substanciación de las competencias cuando el Tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio acordará la suspención del procedimiento y, en el término de cinco días, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos al Tribunal requeriente. Continúa señalando el propio precepto que, en cualquier otro caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requirente para que haga igual cosa. Por consiguiente, cuando el juez requerido acepta la inhibitoria que le es planteada por el requeriente. Pero alguna de las partes se inconforma con ello, debe remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia y comunicarle así al requirente para que haga lo mismo, toda vez que se trata de una situación peculiar en la que si bien no existe un conflicto competencial entre ambos órganos jurisdiccionales, sí se surte la hipótesis prevista en la última parte del dispositivo legal de referencia."
PRECEDENTE:
Competencia civil 136/89. Laura Alejandra Viana García. 6 de noviembre de 1989. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.
TERCERO. La propia Tercera Sala en sus tesis jurisprudenciales números 23/90 y 24/90, ha sostenido lo siguiente:
"COMPETENCIA POR INHIBITORIA. SU INTERPOSICION ESTA SUJETA A TERMINO. Como una cuestión previa al estudio del conflicto competencial que se suscite entre jueces de diversas entidades federativas, debe determinarse, conforme a la legislación aplicable, cuál es el término señalado para que la parte demandada haga valer la incompetencia por inhibitoria, pues la misma necesariamente debe estar sujeta a un término de presentación, ya que no puede quedar abierta indefinidamente la posibilidad de hacerla valer y sin que obste para ello el hecho de que el juez ante quien ésta se intente la haya admitido expresa o tácitamente al darle el trámite respectivo, en virtud de que las cuestiones de competencia son de orden público."
"COMPETENCIA POR INHIBITORIA. LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACION ES UNA CUESTION DE ORDEN PUBLICO QUE DEBE ANALIZARSE OFICIOSAMENTE. Las cuestiones de competencia son de orden público porque implican problemas de interés general, y por ello, si al resolverse el conflicto planteado se advierte que el juez ante el que se promovió la inhibitoria no examinó si se hizo valer dentro del término legal, debe realizarse ese estudio y resolver en consecuencia."
De lo anterior se desprende que la interposición de la competencia inhibitoria está sujeta a un término, mismo que debe determinarse conforme a la legislación que en cada caso resulte aplicable, y que por otra parte, por ser ello una cuestión de orden público, cuando, como en la especie, el juez ante quien se promovió la inhibitoria no examinó si se hizo valer dentro del término legal, esta Tercera Sala está facultada para realizar ese estudio, incluso de oficio.
Ahora bien, en relación al término que debe tomarse en cuenta para la presentación de la inhibitoria, cuando los ordenamientos aplicables no contienen regla específica al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 40/90, sustentada por la misma Sala, cuyo texto es el siguiente:
"INHIBITORIA. EL TERMINO PARA INTERPONERLA, ES EL GENERICO SI NO SE SEÑALA UNO ESPECIFICO. Cuando los códigos de Procedimientos Civiles aplicables no contengan ninguna regla específica que determine el término para promover la competencia por inhibitoria, debe estarse a la regla genérica que en los mismo se establezca."
En la especie, el ordenamiento que debe atenderse es el Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que el emplazamiento respectivo se efectuó en un juicio ordinario civil federal, y como dicho ordenamiento en la sección Sexta del Capítulo I, del Título Segundo, del Libro Primero, relativa a la "substanciación de las competencias", no establece término específico alguno para promover la inhibitoria, deberá estarse al término genérico de tres días, previsto en su artículo 297, fracción II, mismo que forma parte del Capítulo II, relativo al "Tiempo y lugar en que han de efectuarse los actos judiciales" del Título Séptimo, Libro Primero, precepto que textualmente dice: "Cuando la ley no señale término para la práctica de un acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: ...II. Tres días para cualquier otro caso."
Establecido lo anterior, a continuación se procede a determinar si la inhibitoria se presentó dentro del término de tres días, a que dicha disposición legal se refiere.
Los artículos 321, 284 y 286, primer párrafo del propio Código Federal de Procedimientos Civiles, respectivamente establecen:
"Toda notificación surtirá sus efectos al día siguiente al en que se practique."
"Los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que el surta sus efectos el emplazamiento, citación o notificación, y se contará, en ellos, el día del vencimiento."
"En ningún término se contaran los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la ley..."
En la especie, según se desprende de la constancia que obra a fojas 65, del expediente que origino el conflicto competencial, el emplazamiento a la parte demandada se efectuó el miércoles veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y dos, por lo cual, surtió efectos el siguiente jueves veintisiete, y el término de tres días para presentar la inhibitoria se inicio el viernes veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, concluyendo el martes primero de septiembre del mismo año, toda vez que los días veintinueve y treinta de dicho mes de agosto, no deben computarse por ser sábado y domingo inhábiles; de manera que, si como se advierte del sello de recibido del respectivo escrito, que obra a fojas uno del expedientillo 133/92, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la inhibitoria se presentó precisamente el día primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos, es claro que su interposición fue dentro del término legal.
Cuarto. En virtud de lo anterior, procede entrar ahora al estudio y solución del conflicto competencial planteado, llegándose a la conclusión de que, debe dirimirse en favor del juez Primero de Distrito en el Estado de JaIisco, por lo siguiente.
Esta Tercera Sala en su tesis LXXVI/92, aprobada en sesión del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y dos, sostiene:
" El artículo 54, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, otorga competencia a los jueces de Distrito en Materia Civil para conocer de 'los demás asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito, conforme a la ley, y que no estén enumerados en los tres artículos que preceden", artículos éstos que establecen la competencia de los jueces de Distrito en Ias materias penal, administrativa y laboral. La fracción citada hace un reenvió a aquellas leyes que otorguen competencia a los Juzgados de Distrito para el conocimiento de una cuestión específica, es decir, remite a las determinaciones del legislador ordinario que determinen competencia a dichos Juzgados. Por tanto, cuando el Congreso de la Unión, en la ley o decreto por el que crea un organismo descentralizado, establece que los tribunales federales conocerán de los juicios en que dicho organismo sea parte, se surte la competencia federal. En cambio, ello no puede hacerlo jurídicamente el Ejecutivo Federal en el decreto a través del cual crea un organismo descentralizado, por lo que, cuando el Presidente de la República determina en ese acto que queda sujeto a los tribunales federales, debe interpretarse que el organismo debe someterse a dichos tribunales cuando corresponda a ellos, conforme al sistema competencial establecido por la Constitución Federal y las leyes secundarias, al dirimir las controversias en que sea parte la institución descentralizada."
De lo anterior se desprende, que la competencia en favor de los jueces de Distrito en Materia Civil, se surte, además de en los supuestos a que se refieren las fracciones I a VIII del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la hipótesis prevista en la fracción IX, del propio precepto, esto es, cuando en una ley diversa el Congreso de la Unión les otorga competencia a dichos jueces para conocer de determinados asuntos, de modo que, si la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y dos, en vigor a partir del día siguiente, en su artículo 14 establece, que en las controversias nacionales en que sean parte los organismos descentralizados subsidiarios de Petróleos Mexicanos, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación; debe concluirse que, es juez competente para conocer del juicio ordinario civil de que se trata, un juez de Distrito en Materia Civil.
Ahora bien, tomando en cuenta que conforme al artículo 28, en relación con el 24, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles, por razón de territorio, es tribunal competente el del domicilio del demandado cuando se trata de acciones personales, y que en el caso, el conflicto competencial se refiere a un juicio ordinario civil en el que la parte actora ejercitó una acción personal, en la medida que pretende obtener de Petróleos Mexicanos el pago de una indemnización, y se suscitó entre la juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y el juez Primero de Distrito en la misma materia en el Estado de Jalisco, los cuales, respectivamente, tienen jurisdicción donde se ubica el domicilio de la demandada Petróleos Mexicanos, según lo establece el artículo 2o. de su ya citada ley orgánica y donde tiene establecida una sucursal o agencia la propia empresa demandada y ocurrieron los hechos que originaron la responsabilidad civil objetiva; la parte medular del conflicto que se resuelve, consiste en determinar a cuál de esos dos domicilios debe atenderse para fincar la competencia en uno u otro de los juzgados contendientes.
En torno a esta cuestión, es aplicable por analogía la tesis número 10/89 de esta Tercera Sala, aprobada en sesión de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, del tenor literal siguiente:
"RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR CIRCULACION DE VEHICULOS. ES COMPETENTE EL JUEZ DEL LUGAR DONDE LA EMPRESA DEMANDADA TENGA ESTABLECIDA SUCURSAL O AGENCIA, CUANDO EL RIESGO SE PRODUCE EN DICHO LUGAR. El artículo 33, párrafo tercero del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, dispone que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radique la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales." El citado precepto legal debe interpretarse en el sentido de que las personas morales, a través de la matriz por conducto de sus sucursales o agencias, pueden legalmente contraer obligaciones, por lo que cuando la obligación tiene su origen en un hecho jurídico que se produzca dentro del área en donde realice sus actividades la sucursal o agencia de una persona moral, es la sucursal o agencia la que debe cumplirla, sin que pueda aducirse que la sucursal no podía contraer la obligación por la circunstancia de carecer de autorización expresa de la matriz para contraerla. En consecuencia, si en los lugares por donde transitan los vehículos de una empresa existen sucursales o agencias de ella, debe entenderse que lo hacen por cuenta y riesgo y bajo la responsabilidad no solo de la matriz, sino también de esa sucursal o agencia y por tal motivo, a través de estas últimas, dicha empresa contrae la obligación al pago de la responsabilidad civil objetiva por el uso de vehículos de combustión interna, si con ese motivo se causa algún daño. Por ende, para lo relativo al cumplimiento de la referida responsabilidad, es domicilio legal de la empresa respectiva, el lugar en donde tenga establecidas sucursales o agencias, cuando el riesgo se produce en donde estas últimas operen, aún cuando según su escritura social tenga su domicilio legal en un lugar distinto y con independencia del lugar en que se encuentre establecida su administración.
En la anterior tesis se establece, que tratándose de responsabilidad objetiva, como sucede en la especie, es juez competente para conocer del juicio respectivo, el del lugar donde la empresa demandada tenga establecida sucursal o agencia, cuando el riego se produce en dicho lugar, aun cuando según su escritura social tenga su domicilio legal en un lugar distinto.
En la especie, según se desprende de lo expresado en el resultando primero de este fallo, en el juicio ordinario civil a que se refiere el presente conflicto competencial, la parte actora le reclama a Petróleos Mexicanos, el pago de las prestaciones por concepto de la responsabilidad civil objetiva en que esta empresa incurrió, con motivo de las explosiones, de todos conocidas, originadas a juicio de la propia demandante, por las fugas y derrames de gasolina propiedad de dicha empresa, ocurridas en el Sector Reforma de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Ahora bien, tomando en consideración que en ningún momento la empresa demandada niega que tenga sucursal o agencia en esa ciudad, sino que se limita a sostener que la competencia se surte en favor de la juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, porque en esta última ciudad tiene su domicilio, según lo dispone el artículo 2o. de su ley orgánica; que además, es un hecho notorio que Petróleos Mexicanos, como mínimo, cuenta con sucursales o agencias en las ciudades más importantes del país, encargadas de las operaciones de venta de sus productos a los concesionarios que los distribuyen; que no es concebible que una empresa de su dimensión y los grandes volúmenes de gasolina y demás productos derivados del petróleo, que evidentemente distribuye en la ciudad de Guadalajara, carezca de una sucursal o agencia en esa ciudad, que se encargue de realizar las operaciones respectivas con sus concesionarios, y que finalmente, a fojas 65 del expediente relativo al juicio que originó el conflicto, aparece el acta relativa al emplazamiento que se efectuó al referido organismo público descentralizado, cuyo texto en la parte que interesa dice: "Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y dos, la suscrita Actuaria Judicial, me constituí legalmente en la Av. López Mateos Sur número 2220, con el objeto de emplazar al procedimiento en que se actúa y notificar el proveído de diecinueve de agosto del ano en curso a la demandada paraestatal descentralizada Petróleos Mexicanos, y cerciorada de que en dicho domicilio se puede emplazar y notificar a la citada demandada, por así habérmelo manifestado una persona que dijo llamarse Edith Uribe quien labora en ese lugar, a quien requiero por la presencia del representante legal de la demandada, a lo que me manifiesta que no se encuentra en estos momentos, no obstante el citatorio que se le dejó con fecha veinticinco de agosto del año en curso, a las dieciocho horas con treinta minutos, por lo que procedo a emplazar y notificar el proveído de mérito a la citada demandada", de lo que se desprende que al constituirse el Actuario en el domicilio señalado por la actora, como de la empresa demandada, ubicada en el número 2220 de la Avenida López Mateos Sur de la ciudad de Guadalajara y preguntar por su representante legal, la persona con quien entendió la diligencia le contestó "que no se encuentra en estos momentos", lo cual implica que Petróleos Mexicanos sí tiene en dicha ciudad un representante legal; debe concluirse que, en efecto, la demandada tiene una sucursal o agencia en el lugar donde ocurrieron los hechos que originaron la responsabilidad civil objetiva, cuya reclamación se hace a través del juicio ordinario civil de que se trata.
En esas condiciones, conforme a la Jurisprudencia número 10/89, transcrita en último término, resulta competente para conocer del referido juicio, el juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara.
Debe quedar establecido, que si bien, las cinco sentencias con que se integro la citada Jurisprudencia, se refieren a responsabilidad civil objetiva, derivada de accidentes de unidades de transportes de pasajeros pertenecientes a empresas privadas, y que en esa medida, se trata de casos diferentes al que ocupan nuestra atención, en ambas hipótesis existe la misma razón para estimar que es competente el juez del lugar donde tiene la sucursal o agencia la empresa demandada, ya que además de que el artículo 33 del Código Civil para el Distrito Federal, que funda el sentido de dicha Jurisprudencia, es aplicable en uno y otro caso, tan injusto sería que se obligara a la parte afectada en un siniestro relacionado con transportes de pasajeros, a litigar precisamente en el lugar donde la empresa transportista tiene su domicilio, conforme a su escritura social, que con frecuencia puede ser muy distante del domicilio del afectado, como que se obligara a litigar, en este caso a la actora, en el domicilio que conforme a su ley orgánica tiene Petróleos Mexicanos en esta ciudad de México.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO. Se declara que es competente para conocer del juicio ordinario civil federal número 46/92, promovido por Hilaturas Tlaquepaque, S.A. de C.V. en contra de Petróleos Mexicanos, el juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara.
Con testimonio del presente fallo y para los efectos legales correspondientes, remítanse al juez declarado competente los autos del referido juicio, y al otro juez, para su conocimiento, envíesele testimonio del presente fallo, juntamente con el expedientillo relativo a la inhibitoria, y en su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa, como asunto concluido.
ASI lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, Presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el Presidente y a la vez ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17040-c88d70a5/competencia-federal-se-surte-cuando-asi-lo-determine · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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