COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
COMPETENCIA 147/95. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL Y EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS EN EL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia legal para conocer del conflicto competencial planteado, toda vez que de lo dispuesto en el artículo 37, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, se advierte que la competencia para conocer de un asunto de la naturaleza del que se trata, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito y para constatarlo, conviene transcribir el precepto:
"ARTICULO 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: VI.- De los conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales Unitarios de Circuito o jueces de Distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre Tribunales Unitarios de Circuito o jueces de Distrito de distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno".
De como está redactado el precepto, se advierte que de los conflictos de competencia que se susciten entre jueces de Distrito, en los juicios de amparo, corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito; y asimismo, que para determinar el órgano que debe conocer de tales conflictos, debe atenderse a los siguientes supuestos: a) cuando el conflicto se suscite entre jueces de Distrito de la misma jurisdicción, el conocimiento del asunto se da para el Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción sobre dichos juzgados; y b) cuando el conflicto se dé entre jueces de distinta jurisdicción, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado que tenga jurisdicción sobre el juzgado que previno en el conocimiento del asunto.
Dado que en ambos casos, para dar competencia a los Tribunales Colegiados, se parte del ejercicio de la función jurisdiccional por los jueces de Distrito, ante todo, conviene hacer una breve reflexión sobre el tema.
El vocablo "jurisdicción" proviene del latín jurisdictio que se forma de la locución ius dicere, la cual literalmente significa decir el derecho.
Chiovenda sostiene que la jurisdicción puede ser definida como "la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, o al hacerla prácticamente efectiva". (Curso de Derecho Procesal Civil, Giuseppe Chiovenda, Editorial Pedagógica Iberoamericana, México 1995, página 195).
Por su parte, Couture define a la jurisdicción como la "función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución". (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, página 40).
A su vez, José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina dicen que: "La jurisdicción puede definirse como la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho objetivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto. De la aplicación de la norma general al caso concreto puede deducirse, a veces, la necesidad de ejecutar el contenido de la declaración formulada por el juez, y entonces, la actividad jurisdiccional es no sólo declaratoria sino ejecutiva también". (Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S. A., México, 1978, página 59).
De acuerdo con las definiciones anteriores, se puede colegir que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando cada uno de ellos es una ramificación de un órgano único y potencialmente posee jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esta limitación de sus atribuciones, esta medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por ello, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Para que un juez o tribunal tengan competencia para conocer de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio.
En el caso del juicio de amparo, la Constitución, en su artículo 103, otorga jurisdicción original a los tribunales federales, en tanto establece:
"Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales.- II.- Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal.- III.- Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."
A su vez el artículo 94 de la Carta Magna dispone:
"Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministros y funcionará en Pleno o en Salas.- En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.- La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.- El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en Circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la propia Corte y remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, aquellos asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud de su despacho.- La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.- La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, no podrá ser disminuida durante su encargo.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por retiro.- Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino."
Como es de verse, los tribunales de la Federación a los que corresponde la jurisdicción original de amparo, según el artículo 103, son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito, cuya competencia se rige por lo que dispongan la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y de conformidad con la división de Circuitos, competencia territorial y en su caso, especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que determine el Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con lo anterior, entre los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación se encuentran: a) la materia y, b) el territorio.
En este orden de ideas se colige que la función jurisdiccional de los tribunales de la Federación, debe desarrollarse dentro de los límites competenciales que a cada uno de ellos se otorga, y en el caso que nos ocupa, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la circunscripción territorial que les es asignada, de modo tal que cuando la ley alude a tribunales de la misma jurisdicción, debe estimarse que se refiere a tribunales que desarrollan su función jurisdiccional dentro de los límites de la competencia que se les atribuyó, atendiendo tanto a la materia como al territorio; y por el contrario, cuando la ley se refiere a tribunales de distinta jurisdicción, deben considerarse contemplados aquellos cuya función jurisdiccional sólo tenga como marco uno u otro de esos límites competenciales, esto es, que su función jurisdiccional se refiera a la naturaleza del asunto, o bien al territorio que le fue demarcado para ejercitarla, y en última instancia, que su límite competencial no coincida con ninguno de esos supuestos.
Así las cosas, la fracción VI, del artículo 37 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de mayo de 1995, en vigor al día siguiente, debe interpretarse en el sentido de que los jueces de Distrito de la misma jurisdicción, son aquellos en que los límites de la competencia que se les atribuye es la misma, esto es, conocen de asuntos de la misma materia y cuyo ámbito territorial dentro del cual ejercen su función jurisdiccional también es el mismo; y además, al establecer la distinta jurisdicción, se refiere a aquellos asuntos en que sólo se da uno de esos supuestos, o bien ninguno de ellos.
A lo anterior debe agregarse que las razones que llevaron al legislador para dar facultades a los Tribunales Colegiados para dirimir las cuestiones competenciales que se susciten en los juicios de amparo, sean de la jurisdicción o no de un mismo Tribunal Colegiado, han sido las de desahogar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un gran número de conflictos que les restan tiempo, para dedicarse a su misión fundamental, de ser guardián supremo del orden constitucional, por lo que en principio, debe conocer básicamente de las cuestiones que ameritan el rango propio de un tribunal constitucional, sin verse agobiada por conflictos competenciales en amparo.
Luego, si en el caso la controversia planteada se suscitó entre jueces que aun cuando pertenecen al mismo Distrito, conocen de distinta materia, pues uno conoce de materia penal y otro de materia administrativa, en el caso se da el supuesto contemplado por la mencionada fracción VI, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por ende, la competencia para conocer del conflicto de mérito, corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, a cuya jurisdicción pertenece el juez que previno.
No es obstáculo a lo anterior lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 52 de la Ley de Amparo, que establecen que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe resolver la contienda competencial planteada entre jueces de Distrito que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, dado que al existir precepto expreso en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que atribuye competencia al Tribunal Colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, para resolver los asuntos de la índole planteada, debe considerarse derogado dicho artículo 52, pues atento lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la citada Ley Orgánica, quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a la misma.
Por lo expuesto, se resuelve:
PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer del conflicto competencial suscitado entre los jueces de Distrito Octavo en Materia Penal y Quinto en Materia Administrativa, ambos del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Remítanse los autos del juicio de amparo promovido por Irma López Espinoza, quien se ostenta como apoderada de Productos Naturales del Campo, Sociedad de Producción Rural, de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno.
Notifíquese; remítase testimonio de la presente resolución a los jueces contendientes y en su oportunidad archívese el presente expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de once votos de los ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán. Fue ponente el ministro Mariano Azuela Güitrón.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3277-30610352/competencia-en-amparo-entre-tribunales-unitarios-o-jueces · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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