COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL.
COMPETENCIA 1/97. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO Y EL JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—La competencia de este Tribunal Colegiado para dirimir el conflicto competencial de que se trata, encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, fracción VI, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: … VI. De los conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito en su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno.".
De lo transcrito y subrayado previamente, se desprende que este Tribunal Colegiado es el competente para resolver el conflicto de competencia suscitado, atento que dicha controversia se presentó entre Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, y de ellos, quien previno, fue el Juez Quinto de Distrito, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, que pertenece a la jurisdicción de este cuerpo colegiado.
No es óbice a sostener lo anterior, el que la Ley de Amparo establezca en su artículo 52, párrafo cuarto, lo siguiente: "Artículo 52. … Si la contienda de competencia se plantea entre Jueces de Distrito que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez requeriente remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia y dará aviso al Juez requerido para que exponga ante ésta lo que estime conducente …".
Es así, pues no obstante que en el numeral y párrafo transcritos de la Ley de Amparo, se dispone que lo que debe hacer el Juez requeriente es remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia para la determinación de la competencia existente entre Jueces de Distrito "que no sean" de la misma jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito; lo cierto es que en el presente asunto, atento el principio de que la regla especial impera sobre la general, debe prevalecer lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 37, fracción VI, ya transcritos, y que determinan la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el conflicto competencial suscitado entre Jueces de Distrito de "distinta jurisdicción", por haber prevenido en el conocimiento de la demanda, de entre ellos, el que pertenece a este Circuito de amparo.
Se invoca en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número 157, publicada en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro y texto son como sigue: "—Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto, para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales.".
TERCERO.—Este Tribunal Colegiado considera que quien resulta competente para conocer, tanto de la demanda de amparo promovida por Lidio Torres Linzaga y Gloria Segura Domínguez, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia, como del juicio respectivo, en su caso, es el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa residente en la Ciudad de México, Distrito Federal.
En efecto, el artículo 36 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.—Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.—Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.".
Ahora bien, se considera que en la especie, la hipótesis que se actualiza es la prevista en el tercer párrafo del artículo transcrito y que al efecto se ha subrayado, en virtud de que los peticionarios del amparo hacen consistir los actos reclamados en el contenido y expedición extemporánea del decreto de quince de agosto de mil novecientos noventa y uno, efectuado por el Ejecutivo Federal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, por el cual el tercero perjudicado Banco Nacional de México se transformó en sociedad anónima y dejó de ser una sociedad nacional de crédito; su refrendo indebido y extemporáneo por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público y su publicación, así como la omisión en que incurrió la Comisión Nacional Bancaria o Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al no cumplir con las facultades que le otorga la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 125, y la ley de la propia comisión, en su numeral cuarto.
Luego, es claro que, por lo que se refiere a los actos que se reclaman de las autoridades ordenadoras, presidente de la República y secretario de Hacienda y Crédito Público, si bien es cierto que se traducen en actos positivos, esto es, en un hacer consistente en expedir el decreto, refrendarlo y publicarlo, no menos cierto es que, hecho lo cual, los mismos no requieren de ningún acto posterior "de ejecución material" por parte de autoridad alguna, debido a que los actos reclamados, por su propia naturaleza, son de aplicación automática, en virtud de llevar en sí mismos un principio inmediato de ejecución por el sólo hecho de haber sido expedidos, tal y como es el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 1068 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXIII, que a la letra dice: "LEYES Y DECRETOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.—Las leyes y decretos son de aplicación automática cuando traen aparejado un principio inmediato de ejecución por el solo hecho de ser expedidos, sin que precisen un acto posterior de autoridad para que tengan realización.".
De igual manera, se cita en sustento de lo anterior, en lo conducente, la ejecutoria de la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1851 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIV, que dice: "JUECES DE DISTRITO, COMPETENCIA DE LOS (ACTOS NO JUDICIALES DE LOS TRIBUNALES).—Si los actos que se reclaman, aunque provenientes de una autoridad judicial, son meramente administrativos, la competencia debe fincarse en un Juez de Distrito en materia administrativa.".
También es aplicable la ejecutoria dictada por la Sala de mérito, contenida en la página 2825 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, que es de la voz siguiente: "JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LOS.—Los Jueces de Distrito en materia administrativa, deben conocer de los amparos pedidos contra actos de autoridad distinta de la judicial.".
En lo que tiene que ver con la autoridad ejecutora Comisión Nacional Bancaria o Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de igual manera se sostiene que el competente para conocer de los actos que se le atribuyen, es el Juez Décimo de Distrito en materia administrativa, residente en la Ciudad de México, Distrito Federal, pues aunque se le designa como ejecutora, los actos se hacen consistir en omisiones, y en esa circunstancia, no se está ante actos reclamados que requieran de una ejecución material ulterior por parte de alguna autoridad, surtiéndose así la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo.
Se invoca en apoyo, la ejecutoria emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93 del informe de 1979, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES.—En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que por no existir no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento está a discusión.".
No impide sostener todo lo hasta aquí expuesto, el que los quejosos en el punto número cinco del capítulo "acto reclamado" de su demanda de amparo, manifestaran que de todas las autoridades designadas como responsables, también les reclamaban los efectos que produzcan o pudieran producir los actos reclamados, en cuanto a que por virtud de algún juicio que llegara a promoverse en su contra, se vieran privados de sus posesiones o derechos.
Ello es así pues, en primer lugar, los peticionarios del amparo no atribuyeron efectos inminentes a los actos reclamados, y por tal razón, sin que lo hagan valer los quejosos, por venir al caso, se manifiesta que no cobra aplicación, en la especie, la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del informe correspondiente al año de 1989, que reza: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS.—De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución.".
En segundo lugar, atento que del sumario se demuestra fehacientemente que los actos reclamados tienen el carácter de contingentes y no de inminentes, pues consta que los amparistas en diversos apartados de su demanda de garantías, aludieron a la existencia de un juicio intentado en su contra por el banco tercero perjudicado (fojas 4, tercer párrafo, 7, cuarto y quinto párrafos y 19 cuarto párrafo); razón por la cual los requirió para que precisaran de qué juicio se trataba, el número de expediente y su estado procesal, así como la prestación principal que pudiera ser la pretensión fundamental (foja 521), luego, es evidente que los actos reclamados no tienen el carácter de inminentes, sino de remotos porque se refieren a la posibilidad de que sean demandados por el banco tercero perjudicado.
En tercer lugar, porque como se sostuvo al analizar los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, éstos, después de su actualización, no requieren de ningún acto posterior de ejecución material por parte de diversa autoridad, por ser de aplicación automática; lo anterior, a mayor razón cuando respecto de la autoridad designada como ejecutora se reclaman actos exclusivamente omisivos.
Finalmente, no se considera que el acto de ejecución material posterior a cargo de alguna autoridad de los actos reclamados (decreto, refrendo y la publicación del decreto), sea el que menciona el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, el contrato de apertura de crédito, con garantía hipotecaria celebrado por los quejosos (fojas 22 a 32), con el banco tercero perjudicado, pues se trata de un acto celebrado entre particulares, y que, por lo mismo, no son de aquellos que sean susceptibles de ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías, tal y como lo establece la jurisprudencia J/2a. 13/95, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, del mes de junio de 1995, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES.—De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.".
Tampoco tiene razón el Juez Quinto de Distrito, residente en Iguala de la Independencia, Guerrero, al sostener, por su parte, que, en todo caso, el acto de ejecución material y posterior a cargo de una autoridad respecto de los actos reclamados, lo sería cuando una autoridad judicial de instancia reconociera la personalidad del banco tercero perjudicado, porque, dice, entonces sí se materializarían "los efectos" del decreto, traduciéndose ello en su primer acto de aplicación.
Lo anterior, porque, por un lado, el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo no alude a los "efectos" del acto reclamado, sino a que éste tenga, por conducto de una "autoridad", una "ejecución material", y como ya se ha expuesto en los apartados iniciales de este considerando, los actos reclamados consistentes en la expedición del decreto y su contenido, su refrendo y publicación consiguiente, son de aplicación automática, esto es, no requieren de una ejecución material; y por el otro, porque como expresamente lo indica el citado Juez declinante de la competencia, el que una autoridad de instancia reconozca o llegue a reconocer al banco tercero perjudicado su personalidad en el juicio que éste iniciara en contra de los quejosos por falta de pago del crédito hipotecario conferido, constituye únicamente "un efecto", pero no una ejecución material como lo prescribe el precepto citado de la ley de la materia.
Entonces, apreciada la demanda en los términos en que se elaboró, se concluye que para conocer de la demanda de amparo promovida por Lidio Torres Linzaga y Gloria Segura Domínguez, resulta competente el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de que si encuentra algún motivo fundado e indudable de improcedencia, lo haga valer de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo.
Al respecto, cobra aplicación, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 99 del entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 152 del Apéndice de 1985, Octava Parte, Jurisprudencia Común al Pleno y las Salas, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE CONCRETA A LOS ACTOS RECLAMADOS.—Para resolver la controversia de jurisdicción que pueda surgir entre diversos Jueces de Distrito, se debe tomar la demanda de amparo, tal como ha sido formulada por el quejoso, supuesto que los actos que en ella se reclaman, originan la jurisdicción; y la circunstancia de que alguna de las autoridades responsables niegue la existencia del acto reclamado, no será motivo para hacer cambiar la jurisdicción del negocio que ha sido fijada por los términos de la demanda propuesta.".
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se declara que el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, residente en la Ciudad de México, Distrito Federal, es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Lidio Torres Linzaga y Gloria Segura Domínguez, en contra de los actos y autoridades en ella precisados y, en su caso, del juicio correspondiente.
SEGUNDO.—Se ordena remitirle los autos al Juez que resultó competente en términos del resolutivo anterior; en su oportunidad, comuníquese mediante oficio esta ejecutoria a los Jueces contendientes.
Notifíquese, publíquese, anótese en el libro de gobierno de este Primer Tribunal Colegiado; con testimonio de esta sentencia, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, hecho lo anterior, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Joaquín Dzib Núñez, José Refugio Raya Arredondo y José Fernando Suárez Correa, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4315-0371012c/competencia-para-resolver-un-conflicto-de-esta-naturaleza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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