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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 10, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, EXCEDE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE LOS BIENES DE ESA INSTITUCIÓN GOZAN YA DE UNA EXENCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO AL PAGO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2000. · Registro digital (IUS): 17083
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, , Pág. 561.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de mayo de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de febrero del año dos mil, Rafael Hernández Villalpando y Fernando García Barna González, ostentándose como Presidente Municipal Constitucional y síndico único del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, respectivamente, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de la norma general y actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades mencionadas en el párrafo siguiente:

"... II. Partes demandadas en el juicio. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por el presidente de la LVIII Legislatura del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio bien conocido en el Palacio de Gobierno Estatal. ... V. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. A) De la H. LVIII Legislatura Estatal, se reclama la expedición de la Ley Número 53, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. B) Del titular del Poder Ejecutivo Estatal se demanda la promulgación y publicación del mencionado ordenamiento ..."

SEGUNDO. La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda son violatorios de los artículos 115, fracción IV, inciso c) y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, esencialmente, los siguientes:

a) Que el dieciséis de septiembre de mil novecientos diecisiete, siendo gobernador provisional del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, Mauro Loyo Sánchez, ordenó la promulgación de la Constitución Política Local, vigente hasta el tres de febrero de dos mil.

b) Que a partir de mil novecientos diecisiete, hasta principios del año dos mil, el texto de aquella Constitución sufrió diversas reformas y adiciones, como producto del procedimiento legislativo previsto por el propio ordenamiento, esto es, los Poderes Constituidos modificaron el texto original, sin que en ningún momento éste fuera sustituido por un nuevo y distinto orden jurídico.

c) Que la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal expidió la Ley Número 53, mediante la cual, según su publicación, reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución precedente, sustituyéndola en su integridad por un nuevo texto que no observó para su creación el procedimiento legislativo adecuado.

d) Que mediante acuerdo de Cabildo de veinticinco de febrero de dos mil, el Ayuntamiento de Xalapa determinó presentar el juicio de controversia constitucional, para solicitar la invalidez de la citada Ley Número 53, dada su inconstitucionalidad.

CUARTO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, señalan:

"Primer concepto de invalidez. La Ley Número 53, mediante la cual la H. LVIII Legislatura Local, pretende reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, es inconstitucional, por violar el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que describe el proceso de reformas y adiciones al propio Texto Fundamental, encomendando su realización al órgano legislativo permanente. El mencionado artículo 135 y su correlativo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, crean un Poder Legislativo con facultades limitadas para modificar el propio Texto Constitucional, ya que la disposición mencionada: ‘... Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma ...’, determina que la tarea legislativa del Constituyente Permanente no puede ser otra que la de expedir una ley que implique necesariamente una reforma o adición al Texto Constitucional vigente. La teoría sobre la reforma constitucional ha dejado en claro que la institución reformadora es una tarea distinta, que corresponde a los Poderes Constituidos y mediante los procedimientos que la propia ley reformada señala; por ello, es contrario a la Constitución General pretender que el Poder Constituyente Permanente contemplado en el propio texto, pueda dar a la nación o al Estado una nueva Constitución, porque esto último sólo es dable al Poder Constituyente Fundacional u Originario. Por lo anterior, la Ley Número 53 emanada de la LVIII Legislatura del Estado es un acto de autoridad contrario a la Constitución General, por sobrepasar las facultades que ésta confiere a dicho cuerpo colegiado. La ley que se controvierte no reformó ni derogó diversas disposiciones de la Constitución Local de septiembre de 1917, sino que creó un nuevo ordenamiento, compuesto de 84 artículos, distribuidos en seis títulos y siete artículos transitorios, por lo que resulta plenamente demostrado que la H. Legislatura Local ha incurrido en violación y, por ello, ese Máximo Tribunal Judicial debe declarar la invalidez del acto legislativo que se reclama, mismo que entró en vigor el día 4 de febrero de 2000. Ningún sistema constitucional admite que cualquier órgano constituido pueda atentar contra la Constitución que lo crea; tal acto significaría la destrucción del orden constitucional. Ahora bien, en un acto contrario a la lógica jurídica, el mismo Constituyente Permanente Estatal se imposibilitó al desaparecer la Constitución que le daba vida, sustituyéndola con las pretendidas reformas que no pueden pasar a formar parte de la Constitución, pues como ya se apuntó, la abroga al sustituirla. El espíritu del legislador de la Constitución de 1917, plasmado en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, que prácticamente se abroga, y en el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro y no admite otra interpretación; en ningún momento contempla la posibilidad de una reforma total y expresamente señala que las reformas o adiciones sólo podrán llegar a formar parte de la misma, esto es, nunca sustituirla. A mayor abundamiento, las reformas y adiciones referidas, constitucionalmente, no pueden en modo alguno sustituir íntegramente el Texto Constitucional reformado, porque esto jurídicamente no es posible; necesariamente toda reforma o adición debe formar parte del texto vigente. Según el derecho constitucional, es inaceptable pretender crear una nueva Constitución mediante el instrumento de ‘reforma constitucional’. La creación de un nuevo orden constitucional es una tarea que se encomienda a un poder distinto al Constituyente Permanente y es un proceso que en este caso iniciaría con la disolución del Congreso Local y la convocatoria a elecciones de diputados a la Asamblea Local Constituyente; sin embargo, para la creación de la Ley Número 53, que es una nueva Constitución, se recurrió a un procedimiento diferente encomendando su realización a un Poder Constituido; en consecuencia, debe declararse la invalidez de la norma constitucional contenida en la mencionada ley, por contravenir la Constitución General de la República, según los razonamientos y fundamentos que hemos expuesto. Segundo concepto de invalidez. La Ley Número 53 es igualmente contraria a la Constitución y, por ello, demandamos su invalidez, porque su artículo 10, último párrafo, contraviene el Texto Constitucional en su numeral 115, fracción IV, inciso c), al establecer el beneficio de la exención impositiva a favor de la Universidad Veracruzana sobre los bienes de su propiedad, que incluyen los bienes inmuebles; sin embargo, es del conocimiento público que dicha institución tiene en propiedad y funcionamiento bienes destinados a un fin distinto a la docencia, difusión y extensión de la cultura, debiendo, por tanto, contribuir como todo sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, mediante el pago de los impuestos y derechos municipales, tanto por la tenencia de los mismos, como por las obras de construcción o remodelación de dichos bienes; de ahí que el mencionado artículo 10 está en clara oposición con la Norma Constitucional que, al regular la exención sobre los bienes de dominio público, establece la excepción cuando tales bienes son utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de un objeto público: De ahí que la Universidad Veracruzana no pueda gozar de una exención absoluta, sino sólo respecto de aquellos bienes que son destinados al servicio público educativo; por tanto, la norma que se combate es violatoria en perjuicio del patrimonio municipal del artículo 115 constitucional y, por lo mismo, debe declararse su invalidez. Tercer concepto de invalidez. La Ley Número 53 que se controvierte, faculta en su artículo 41, fracción IX, a la Diputación Permanente para realizar auditorías, revisión y aprobación de las cuentas públicas municipales, con clara oposición en perjuicio de esta entidad del artículo 115, fracción IV, inciso c), último párrafo, de la Carta Magna; por lo mismo, debe declararse la invalidez de la disposición que confiere a la Diputación Permanente de la Legislatura Local una facultad que la Constitución General consagra de manera exclusiva a favor del órgano legislativo de la entidad, actuando en Pleno. A mayor abundamiento, es de hacerse notar que la actividad fiscalizadora de las Legislaturas de los Estados hacia los Municipios, debe concretarse a la revisión de sus cuentas públicas, mas no a la tarea de ordenar discrecionalmente auditorías particularmente orientadas a los Ayuntamientos de oposición al partido oficial, con el claro propósito de hostigar y perseguir políticamente a Gobiernos Municipales contrarios al interés político de quienes integran la Comisión Permanente del órgano legislativo. De lo que se desprende que la atribución concedida en la Ley 53 a la Comisión Permanente de la legislatura, rebasa a la atribución que la Constitución Federal concede a la legislatura en Pleno y, por ende, nos encontramos en presencia de facultades metaconstitucionales que vulneran el marco normativo de los Municipios, impiden su desarrollo institucional y obstaculizan la obra pública y social que tiene encomendada como tarea fundamental ese nivel de gobierno. No se omite señalar, que en el Estado de Veracruz las elecciones municipales del 19 de octubre de 1997 dieron el triunfo en 107 Municipios a los Ayuntamientos propuestos por partidos de oposición, contra 103 Ayuntamientos emanados del partido oficial, que es el que predomina en el Congreso Local, y que con fines eminentemente políticos ha procurado dotarse de instrumentos jurídicos que le permitan, en el proceso electoral que se avecina, tratar de recuperar los Municipios perdidos en la elección anterior. A lo anterior cabe agregar, que en el año de 1998 la Legislatura Local se dotó de una facultad más, consistente en la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda, organismo encargado del análisis de los resultados de la gestión financiera de los Municipios y que como comisión permanente de vigilancia de dicha contaduría, creó una instancia integrada por nueve diputados, seis del PRI, dos del PAN y uno del PRD, quedando fuera de la misma los representantes de las fracciones parlamentarias del PT y del PVEM; la actuación de este organismo ha sido severamente cuestionada y combatida ante las instancias legales correspondientes, donde se ventila la controversia constitucional número 37/99, que actualmente se desahoga en esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación."

QUINTO. Por acuerdo de primero de marzo del año dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por turno correspondió conocer como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.

Mediante auto de seis del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional sólo respecto de quien se ostentó como síndico único del Ayuntamiento actor, y no así del presidente municipal, ordenando emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República.

Posteriormente, por proveído de ocho de mayo del año dos mil, el Ministro instructor ordenó llamar a la controversia constitucional con el carácter de demandados a la Diputación Permanente del Congreso y secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Veracruz, así como a los doscientos nueve Ayuntamientos de dicha entidad.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad, en contestación de la demanda señalaron, en lo medular:

a) Que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, ya que el artículo 105 constitucional en ninguno de los incisos del a) al k), de la fracción I, plantea la posibilidad de que un Ayuntamiento presente una controversia constitucional contra otro u otros Municipios de la propia entidad, como sería en el presente caso, por virtud de que los órganos que intervinieron de manera sucesiva en el procedimiento de reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, fueron la legislatura y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y no únicamente el órgano legislativo.

b) Que las disposiciones generales a que se refiere el inciso i) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden ser leyes exclusivamente producto de los Congresos o Legislaturas de los Estados o de reglamentos estatales o municipales, acuerdos o decretos generales provenientes del Estado o de los Municipios y, por ello, la controversia se plantea entre el Estado y uno de sus Municipios, pero de ninguna forma la hipótesis señalada comprende disposiciones generales que sean producto de la actividad conjunta y sucesiva de un órgano legislativo (Congreso o legislatura) y Ayuntamientos, puesto que de ser así, la hipótesis de que un Ayuntamiento de un Estado pueda plantear una controversia contra otro u otros Ayuntamientos de los Municipios del mismo Estado, estaría expresamente señalada en la Constitución, hipótesis que no existe en la fracción I del artículo 105 constitucional.

Que además, en el caso, las disposiciones generales contenidas en la ley impugnada contienen una alta e importante, así como trascendente, referencia a la materia electoral, como es lo relativo al procedimiento para la elección de los diputados, gobernador y miembros de los Ayuntamientos, los requisitos que en cada caso deben llenarse, lo relativo a los partidos políticos, su financiamiento y actividades en el proceso electoral, los principios de mayoría relativa y de representación proporcional conforme a los cuales se integran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos, así como las prohibiciones para ser diputado; que, además, todas las disposiciones que se refieren al Instituto Electoral Veracruzano contemplado en el capítulo V del título segundo, así como el capítulo I del título tercero, lo mismo que los procedimientos de plebiscito y referéndum, y si bien no todo el contenido de la ley alude a la materia electoral, es importante destacar que una parte fundamental de la misma regula la integración, por medio de los procesos electorales, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, razones, argumentos y disposiciones que deben considerarse para decretar el sobreseimiento de la presente controversia, en virtud de la excepción que contempla el enunciado de la fracción I del artículo 105 constitucional.

c) Que el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, debió demandar a los ciento noventa y cuatro Ayuntamientos municipales de la entidad que aprobaron la reforma constitucional impugnada, no pudiendo ampliar la presente controversia constitucional, atento lo dispuesto en el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se trata de un hecho nuevo ni superveniente, y no pueden invalidarse los actos de los Municipios, consistentes en los votos favorables que emitieron a favor de la reforma sin haber sido oídos y vencidos previamente en juicio, atento lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

d) Que debe sobreseerse la presente controversia, porque tampoco se demandó a la Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, órgano administrativo que declaró aprobada la ley cuya invalidez se demanda.

e) Que la demanda resulta deficiente por "ignorancia o por mala fe", al no cumplir con el requisito señalado en la fracción III del artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, pues no se señaló como tercero interesado a la Universidad Veracruzana, y es indudable que la misma tiene tal carácter, puesto que el último párrafo del artículo 10 de la reforma constitucional que se impugna, le beneficia protegiendo su patrimonio y en el caso de que se declarara la invalidez de dicha disposición, la Universidad Veracruzana se vería afectada sin haber tenido la oportunidad de defensa, contraviniéndose el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

f) Que la impugnación de inconstitucionalidad del acto de autoridad consistente en la promulgación y publicación de la ley cuya invalidez se demanda es improcedente, ya que el titular del Poder Ejecutivo Local procedió con estricto apego a lo dispuesto por los artículos 75, 87, fracción I, 88, fracción I y 131 de la Constitución Política Estatal reformada, sin contravenir lo dispuesto por la Constitución Federal en general, ni los artículos 135 y 115, inciso c), fracción IV, de dicha Norma Fundamental.

g) Que el primer concepto de invalidez que hace valer el actor en su demanda es improcedente, porque es falso que mediante la ley impugnada la Quincuagésima Octava Legislatura Local pretenda reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, ya que dichas disposiciones han sido reformadas y se encuentran actualmente en vigor, y no como se afirma de que apenas se pretenda reformar y adicionar la Constitución Política del Estado; que es igualmente falso que la reforma de mérito sea inconstitucional, ya que de ninguna forma contraviene el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni su correlativo 130 de la Constitución Local; que es falso que la ley impugnada emanara de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, pues dicha ley, por contener la reforma constitucional, es un acto legislativo complejo en cuyo proceso de aprobación intervinieron tanto la Legislatura del Estado como los Ayuntamientos de la entidad, quienes de ningún modo se excedieron en sus facultades ni contravinieron la Constitución Federal, sino que por el contrario, en observancia de los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, organizaron su régimen interior de acuerdo con los principios que la propia Constitución Federal establece, no violentando ninguna prohibición expresa ni eludiendo las obligaciones que la citada Ley Fundamental les impone.

h) Que la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave deroga, reforma, reagrupa y reubica las disposiciones del propio Texto Constitucional, compendiándolos en ochenta y cuatro artículos, sin que en ningún momento ni en ningún precepto se cambien, alteren o trastoquen los principios fundamentales que rigen el sistema republicano, democrático y federal, la división de poderes u otros establecidos en la Constitución Federal de la República, por lo que no puede hablarse de una nueva Constitución; que el propio decreto promulgatorio señala que se trata de una reforma, disponiendo el artículo primero que se derogan los artículos del 85 al 141 y, el segundo, que se reforman los artículos del 1o. al 84.

i) Que de ninguna manera se incorpora en el artículo 10, último párrafo, de la Constitución Local, la figura de la exención como aduce la actora, sino la no relación jurídica tributaria que los tribunales del Poder Judicial de la Federación han dejado perfectamente establecida y diferenciada, de modo que en ese punto no existe contravención alguna a la Constitución Federal. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "EXENCIÓN DE IMPUESTOS O DERECHOS. ES UNA SITUACIÓN JURÍDICAMENTE DIFERENTE AL RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN.".

j) Que debe tenerse en consideración que la Universidad Veracruzana se encuentra en la hipótesis autorizada en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues los bienes de la Universidad Veracruzana son de dominio público del Estado afectos a la educación y ninguno de los mismos es utilizado para fines distintos al proceso educativo, amén de que dicha institución educativa no es entidad paraestatal ni tampoco particular.

k) Que el tercer concepto de invalidez consistente en que la fracción IX del artículo 41 de la reforma constitucional, al otorgar a la Diputación Permanente la facultad de realizar auditorías, revisiones y aprobación de las cuentas públicas municipales, es opuesta a lo previsto por el artículo 115 de la Norma Fundamental por ser una facultad que la misma consagra exclusivamente en favor del órgano legislativo de la entidad actuando en Pleno, es infundado, pues si bien las "legislaturas" funcionan en Pleno y en comisiones, en el Estado de Veracruz la Comisión Permanente funciona en sustitución de la legislatura cuando la misma no está en funciones, limitando sus atribuciones, en el caso de la fracción IX del artículo 41 de la Constitución de la entidad, al "conocimiento" de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios en cuanto a la práctica de auditorías, revisiones y aprobaciones de las cuentas respectivas, las que de ninguna manera practica, revisa o aprueba, puesto que tal facultad compete al Congreso con apoyo del órgano de fiscalización superior del Estado, tal como lo señala la fracción XXIX del artículo 33 de la Constitución Política de Veracruz, de modo que en los recesos de la legislatura, la Diputación Permanente sólo toma conocimiento para informar al Pleno de la legislatura, sin que tenga mayor injerencia en los procedimientos respectivos.

l) Que la actividad fiscalizadora de la legislatura de ninguna forma se utiliza para hostigar y perseguir a los Gobiernos Municipales contrarios al interés político de quienes integran la Comisión Permanente, pues dicho órgano se integra con miembros de diversos partidos.

Por lo que se refiere al Congreso del Estado de Veracruz, la Diputación Permanente de éste y Ayuntamientos de dicha entidad, señalados como autoridades demandadas, resulta innecesario efectuar la síntesis de lo manifestado por éstos, por las razones que más adelante se precisarán.

SÉPTIMO. El procurador general de la República manifestó, en síntesis:

1. Que considerando que en el presente juicio el Municipio de Xalapa, Veracruz, plantea la invalidez de una norma general, así como de los actos emitidos por el Congreso y el gobernador, ambos de la misma entidad, que presuntamente le causan perjuicio, se actualiza la competencia de esta Suprema Corte para sustanciar y resolver la controversia constitucional en que se actúa.

2. Que la parte actora, Ayuntamiento de Xalapa, comparece a juicio por conducto del presidente municipal y síndico único del Ayuntamiento y, en términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave, el citado síndico está legitimado para representar al Municipio actor, no así el indicado presidente municipal, por lo que debe declararse que este último carece de legitimación procesal para intervenir en este juicio.

3. Que debe modificarse el carácter de demandados de los Ayuntamientos que votaron en contra de la reforma constitucional por la de terceros interesados, en razón de que la autoridad demandada es quien directamente emite y promulga los actos jurídicos cuya invalidez se demanda, aunado a que la ley que reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, fue emitida bajo un procedimiento especial en el que participaron los Ayuntamientos de la entidad, pero que a final de cuentas el responsable de la emisión es el Congreso de la entidad, ya que, una vez aprobada por parte de este órgano colegiado, sólo requería de la aprobación de la mayoría de los Municipios para la continuación del procedimiento que culminara con su publicación.

Que la participación de cada Municipio para configurar el acto jurídico consistente en una reforma constitucional, se traduce en una manifestación que concurre con la voluntad de la Legislatura Estatal, ya que el sentido de la reforma fue aprobado por las tres cuartas partes de los diputados integrantes del Congreso, por lo que sólo estamos en presencia de un procedimiento legislativo distinto al ordinario. Dicho acto de reforma, al requerir una votación mayoritaria de la totalidad de los Municipios que conforman el Estado de Veracruz, se ve materializado sólo con la colaboración de la mitad más uno de los Municipios.

4. Que aun cuando los Ayuntamientos que votaron en contra participaron dentro del procedimiento, su voluntad no concurrió con el acto que mediante esta vía se impugna, por lo que si bien no deben tener el carácter de demandados, sí pueden verse afectados con la sentencia que llegare a dictarse en la presente controversia, en virtud de que se trata de una norma de carácter general aplicable dentro de su ámbito jurisdiccional, por lo que de conformidad con el numeral 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, deberá tenérseles con el carácter de terceros interesados.

5. Que el Municipio actor controvierte la validez de la ley y actos consistentes en la expedición, promulgación y publicación de la misma con motivo de su publicación, ostentándose sabedora de los mismos desde la citada publicación, por lo que considerando que la norma que se impugna fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave el tres de febrero de dos mil, el plazo para promover la presente controversia constitucional feneció el dieciséis de marzo de dos mil, por lo que si el escrito de demanda se presentó el veintiocho de febrero del mismo año, resulta evidente que el mismo fue presentado en tiempo.

6. Que la causa de improcedencia apoyada en que el artículo 105 constitucional no contempla que un Ayuntamiento presente una controversia constitucional en contra de otro de la misma entidad, ni su procedencia respecto de normas producto del órgano legislativo y Ayuntamientos, es infundada, pues la participación de ambos órganos no es el objeto del conflicto, sino la norma de carácter general emitida bajo el proceso respectivo.

7. Que el argumento relativo a que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del numeral 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con el inciso i) de la fracción I del artículo 105 constitucional, el cual dispone que la Suprema Corte conocerá de las controversias constitucionales entre un Estado y uno de sus Municipios, con excepción de las que se refieren a la materia electoral es infundado, ya que si bien las controversias constitucionales son improcedentes en los casos en que las disposiciones o actos se refieran a la materia electoral, y en el presente juicio no se están impugnando aspectos vinculados directa o indirectamente con los procesos electorales, pues como toda Constitución, la ley impugnada regula la materia electoral, mas tal no es el objeto de la demanda, ya que lo que se controvierte son los aspectos de su formación y emisión, así como ciertos preceptos generales que están vinculados con principios contemplados en la Constitución Federal ajenos a la materia electoral.

8. Que se argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción VIII, en relación con el diverso 22, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en virtud de que el Municipio actor omitió señalar en su demanda como autoridades demandadas a los Municipios del Estado que aprobaron la reforma constitucional impugnada; a la Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado y, como tercero interesado, a la Universidad Veracruzana.

Que en el caso, el Ministro instructor, en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, suplió la deficiencia de la demanda respecto a las partes que se deben tener con el carácter de demandadas y determinó no tener a la Universidad Veracruzana como tercero interesado, por lo cual deben desestimarse los argumentos aludidos, aunado a que el Municipio actor no realizó ningún tipo de ampliación a la demanda, al ser este Alto Tribunal quien resolvió sobre las deficiencias que presentó ésta.

9. Que se aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en virtud de que el acto reclamado por el Ayuntamiento actor plasmado en el tercer concepto de invalidez de la demanda, está siendo combatido ante esa Suprema Corte mediante la controversia constitucional 37/99; que lo anterior es infundado, toda vez que resulta errónea la apreciación asentada, pues si bien la controversia constitucional 37/99 está pendiente de resolución, en ella no existe ide

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17083-22e4437e/controversia-constitucional-el-articulo-10-ultimo-parrafo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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