CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CARECEN DE INTERÉS LOS AYUNTAMIENTOS PARA INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, CUANDO LA CONDUCTA QUE SE LE ATRIBUYA NO SE ENCUENTRE ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON SU FUNCIÓN PÚBLICA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, AUNQUE NO LO PREVEA LA CONSTITUCIÓN LOCAL NI LA CORRESPONDIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, ESTADO DE TLAXCALA.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de junio de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de enero de dos mil, Tulia Méndez Barba, quien se ostenta como síndico procurador suplente en funciones, Marcos Linares González, Inés Galicia Galicia, Jorge Rodríguez Hernández, Pablo Chamorro Minor, Jaime Flores Moreno, Ceferino Quiroz Ocaña, Marcos Vázquez Rodríguez, Julio Chamorro Alonso, Gerardo Cabrera Silva, Carlos Sartillo Téllez, Félix Pérez Flores, Alfredo Tehutle Vázquez, Fulgencio Piedras Juárez, Arturo Lara Rosete, María Eva Tlamaxco Jiménez, Cándido Lezama Lara, Atanasio Apanecatl Mellado, Osvaldo Meza Espinoza y Gilberto Díaz Cabañas, ostentándose como regidores, todos del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Comisión especial instructora designada por el honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con domicilio bien conocido en el Palacio Legislativo ubicado entre las calles Lardizábal y Primero de Mayo de la ciudad de Tlaxcala; honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con domicilio bien conocido en el Palacio Legislativo ubicado entre las calles Lardizábal y Primero de Mayo de la ciudad de Tlaxcala; Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala reunido en Pleno, erigido en Jurado de Sentencia, con domicilio en Plaza de la Constitución número veintitrés de la ciudad de Tlaxcala; ciudadano procurador general de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio en libramiento poniente sin número, de Acuitlapilco, Tlaxcala, edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubiera publicado. Reclamamos todo lo actuado dentro del expediente parlamentario número 49/99, así como lo actuado dentro del expediente 2/2000, relativo al procedimiento de responsabilidad equiparado a juicio político, instruido en contra del C. Alfredo Vázquez Jiménez, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Nativitas, Tlaxcala; Decreto Número Cuarenta y Cinco, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el cual se dice que ha sido procedente la tramitación del procedimiento instruido en contra del C. Alfredo Vázquez Jiménez, en su carácter de presidente municipal en funciones del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala."
SEGUNDO. La parte actora señaló como antecedentes del caso los siguientes:
"1. En nuestro concepto, tanto el procedimiento de denuncia de hechos, la revisión practicada a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, la integración del expediente parlamentario número 49/99, la formación de la comisión especial instructora a cargo de la responsable, la primera resolución emitida por la citada comisión especial instructora que decreta haber lugar a formar causa calificando datos suficientes para demostrar la probable responsabilidad penal y administrativa de Alfredo Vázquez Jiménez, presidente municipal por el mal manejo de recursos públicos del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala y la orden para que se inicie procedimiento de responsabilidad penal y administrativa, así como también el procedimiento de pruebas, desahogo, y la segunda resolución emitida por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en Pleno y su resultado, se traducen en inconstitucionales y violatorios de los artículos 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su parte medular previenen: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; por su parte, el artículo 16 de la propia ley establece: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’; asimismo, el dispositivo constitucional 21 dice: ‘La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. ...’; asimismo, el artículo 115 previene: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. ...’. Decimos que estos derechos constitucionales se violan, ya que contienen las garantías individuales de legalidad, seguridad jurídica, defensa, fundamentación y motivación, porque los derechos que se me están privando deben someterse ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a verdad sabida previene que el monopolio de la investigación de hechos delictivos incumbe única y exclusivamente al Ministerio Público, esto implica que para determinar si existe la figura delictiva de peculado y ejercicio indebido de funciones públicas y los que resulten, el Ministerio Público, para este caso del fuero común, tenía obligación de practicar una investigación previa, buscar pruebas y determinar de acuerdo a la denuncia de cualquier persona si existen o no las conductas delictivas y, hecho lo anterior, informar al H. Congreso del Estado la existencia de la averiguación previa, ya que debió de hacer probable la integración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de Alfredo Vázquez Jiménez y de otros y, posteriormente, en obediencia al artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: ‘Cuando el Congreso tenga conocimiento de que se ha iniciado una averiguación o se instruya un proceso penal en contra de un servidor público ...’. Este concepto nos indica que antes de proceder al juicio político o bien al desafuero, debe integrarse la investigación, para este caso, a cargo del Ministerio Público, el único funcionario que puede determinar si hay o no conducta delictiva, puesto que los integrantes del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, no tienen facultad para tomar en sus manos el monopolio de la investigación y persecución de los delitos, porque violan el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como ya se sabe, ninguna ley secundaria podrá contravenir un precepto constitucional; sin embargo, en la segunda resolución que emite dicho órgano reunido en Pleno establece en su considerando XII, segundo párrafo, de la foja cuarenta y tres, que dice: ‘Por lo que en el caso presente, con la conducta desplegada por el ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez, de acuerdo a los hechos analizados y las pruebas valoradas, puede desprenderse la comisión de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y las que resulten; ilícitos previstos y sancionados por los artículos 177, fracción V, 188 y 189, cuya competencia para conocerlos corresponde al Ministerio Público y, en su caso, al órgano jurisdiccional; por lo tanto, desde (sic) vista con las presentes actuaciones al C. Procurador general de Justicia del Estado ...’, esto implica que la autoridad responsable está determinando que hay conducta delictiva rebasando la función investigadora del Ministerio Público y luego le da vista al procurador, indicándole lo que debe hacer, aplicando en forma indebida el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque quien debe investigar es el Ministerio Público, y con apoyo en la investigación el H. Congreso Local debe juzgar al funcionario, al no hacerse con estricta observancia de estas normas constitucionales, resulta claro que existe violación a las formalidades esenciales del procedimiento, asimismo y en lo que atañe al Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Tlaxcala, que representamos, también se violan las formalidades esenciales del procedimiento, porque se inició un procedimiento en contra del Presidente Municipal Constitucional del citado Municipio, sin que se emplazara y notificara legal y formalmente al propio Ayuntamiento a través de su síndico procurador, quien de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, una de las facultades del síndico son: ‘Representar al Ayuntamiento en los procedimientos judiciales y administrativos que éste promueva o que se promuevan en su contra. ...’, y toda vez que el respeto a la garantía de audiencia sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado (en este caso el Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, quien es mi representado) tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan, y además que la resolución correspondiente será examinada con apego a derecho. Ahora bien, el artículo 115 de la Constitución General de la República, establece en su fracción I: ‘Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa ...’; en su párrafo III, la propia fracción previene una situación excepcional que da lugar a un mecanismo para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; esto significa que frente al principio democrático aludido, el propio texto constitucional previene una excepción. Sin embargo, como resulta lógico, precisa requisitos estrictos para que se proceda de esa manera. Los mismos son: 1. Que la decisión la tome la Legislatura Local. 2. Que lo haga por acuerdo de dos terceras partes de sus miembros. 3. Que la decisión se funde en alguna de las causas graves que la ley local prevenga. 4. Que los miembros del Ayuntamiento hayan tenido oportunidad de rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Esto último, en el presente caso no se dio, porque como ya lo manifestamos anteriormente, en ningún momento fue notificado el Ayuntamiento a través de su representante legal del procedimiento iniciado (y ya concluido) en contra del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Nativitas, Tlaxcala, habiéndose enterado la licenciada Tulia Méndez Barba, quien desempeña el cargo de síndico procurador suplente en funciones del propio Ayuntamiento, el día veintisiete de enero del año dos mil. 2. Habiendo tenido acceso a la copia certificada del expediente parlamentario número 49/99, que obra en poder del ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez, el día veintisiete de enero del año dos mil, observo (sic) diversas y graves irregularidades en el procedimiento, mismas que perdí la oportunidad de señalarlas y solicitar se subsanaran como representante del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, porque como se dijo en el punto inmediato anterior, no fui emplazada a juicio o cuando menos notificada legal y oficialmente del procedimiento iniciado al ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Nativitas, Tlaxcala. Luego entonces, si el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como garantía individual que todo acto de autoridad debe ser emitido por la autoridad en forma escrita, fundando y motivando la causa legal, esto implica que la autoridad tiene obligación, no sólo de decir el número de artículo de la ley en que se apoya, sino también las razones lógicas y jurídicas indispensables para motivar el mandamiento; cabe decir que la autoridad responsable en ningún momento obedece a este criterio constitucional, y como ejemplo basta mencionar que el ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez ofrece prueba pericial administrativa y contable a cargo de la Lic. en administración de empresas María Acela Pérez Carreño, la que si bien le fue admitida por la autoridad responsable, ésta no le dio oportunidad a la parte contraria a la designación de un perito de su parte como lo establece la ley (sic) el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, en sus artículos 346 y 357, disponiendo también el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, en sus artículos 346 y 357, que cuando exista alguna contradicción o discorden (sic), se citará a una junta de peritos y hecho lo anterior, al no existir uniformidad en el criterio, la autoridad llamará a un perito tercero en discordia, esto implica que el honorable Congreso del Estado infringió estas formalidades del procedimiento, evitando que la perito María Acela Pérez Carreño haya tenido la oportunidad de sostener su dictamen, y más aún, al emitir su resolución la comisión especial instructora en su considerando XII, dice: ‘... Respecto de la prueba pericial administrativa y contable a cargo de María Acela Pérez Carreño, tampoco le favorece a pesar de que en las conclusiones se hizo constar que no existen irregularidades en el manejo de los recursos del H. Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, por el periodo del quince de enero al treinta y uno de julio del año en curso, no sólo por el resultado que se obtuvo en las pruebas antes referidas, sino también, según consta en el presente expediente parlamentario, la citada perito es empleada del Municipio de Nativitas, Tlaxcala; lo cual (sic) resulta inconcuso que su dictamen tienda a favorecer a los intereses del presidente municipal del mismo.’; de lo antes transcrito se advierten diversas circunstancias ilegales, en primer término porque no se dice en qué norma jurídica se apoya la autoridad resolutora para emitir el mandamiento con el cual niega valor jurídico a la prueba pericial; siendo aplicable al presente caso el criterio de esta honorable Suprema Corte de la Nación, al sostener bajo el rubro: ‘PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. La apreciación de las pruebas que haga el juzgador, en uso de la facultad discrecional que expresamente le conceda la ley, no constituye, por sí sola, una violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta en la aplicación de las leyes que regulan la prueba o en la fijación de los hechos, o la apreciación sea contraria a la lógica.’ (artículos 77-1 y 150). Jurisprudencia. Apéndice 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, tesis 140, página 243 del Semanario Judicial de la Federación, y lo que resulta más grave es que el honorable Tribunal Superior de Justicia en Pleno, erigido en Jurado de Sentencia, al referirse al análisis y estudio de las imputaciones que considera sí se encuentran demostradas, en el apartado número cinco al referirse a la prueba pericial administrativa y contable a cargo de María Acela Pérez Carreño, dice ‘tampoco le beneficia, a pesar de que en las conclusiones hizo constar que no existen irregularidades en el manejo de los recursos del H. Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, por el periodo del quince de enero al treinta y uno de julio del año en curso, dado el resultado que se obtuvo en las pruebas antes referidas, porque ello no justifica los excesos en que incurrió y que ya se hizo mérito con anterioridad’, sin que este honorable tribunal cite precepto legal alguno que invalide esa probanza, concretándose a transcribir al pie de la letra el criterio plasmado por la honorable comisión especial instructora al resolver el expediente parlamentario 49/99. 3. Otra irregularidad inconstitucional y de suma gravedad se da con posterioridad al desahogo de la prueba de reconocimiento de documentos a cargo de Feliciano García Minor, a las once horas del día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, cuando al ponerle a la vista la cuenta pública correspondiente, del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, reconoce la firma que calza en la cuenta pública, a excepción de los siguientes documentos, desconociendo los documentos enumerados con los números arábigos del uno al veintiséis; por lo que se refiere a la cuenta pública del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, reconoce todos los documentos, con excepción de los marcados con el número uno al número cinco arábigos; por lo que hace a la cuenta pública del mes de marzo, manifiesta que de las dos carpetas en las cuales consta la cuenta pública del mes antes citado, sólo le fue exhibida una carpeta y que en los siguientes documentos no reconoce su firma, quedando enumerados con los números del primero al treinta y tres; asimismo, respecto al mes de abril observó que en los siguientes documentos su firma no es correcta, identificándose dichos documentos con los números marcados del uno al once; por lo que respecta al mes de mayo, manifiesta que no reconoce su firma en cada uno de los siguientes documentos marcados con los números del uno al diez. Motivo por el cual al no reconocer Feliciano García Minor, ochenta y cinco documentos de todos los que se le pusieron a la vista, dio origen a que el ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez ofreciera prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía para demostrar que la firma corresponde al referido Feliciano García Minor, la que debió considerarse como prueba superveniente, porque así fue ofrecida, y la honorable legislatura en el expediente parlamentario que se viene citando, con fecha seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dicta un visto que dice al referirse a la prueba: ‘por cuanto hace el (sic) segundo de sus ocursos, se desprende que el peticionario ofrece la prueba pericial en materia de grafoscopía, caligrafía y grafología, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado y que debe estar a lo establecido en los acuerdos de fecha doce de octubre y cinco de noviembre del año en curso. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ...’. Lo que implica violaciones al procedimiento que permite la admisión de todos los medios de prueba, sobre todo tratándose de un acontecimiento posterior al ofrecimiento de la prueba, es decir, que al momento del ofrecimiento de las pruebas, el ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez ignoraba la conducta dolosa del referido Feliciano García Minor, de tal forma que esta resolución influye en el resultado de la determinación del honorable Congreso del Estado. Es decir, que la legislatura apoya su resolución en la negativa del señor Feliciano García Minor para reconocer los documentos, empero impide demostrar al ciudadano Alfredo Vázquez Jiménez que sí los firmó, y en forma dolosa la legislatura le da valor a las conclusiones del peritaje emitido por Joaquín Téllez Vargas, el que hace constar que la elaboración de los documentos escritos provienen de una sola máquina de escribir, resultando esta circunstancia ajena completamente al asunto planteado, por tal motivo impugnó (sic) la indebida valoración de las pruebas antes citadas. A este respecto, el honorable Tribunal Superior de Justicia en Pleno, erigido el (sic) Jurado de Sentencia, en la resolución definitiva dictada el veintiuno de enero del año dos mil, en su considerando V, dice: ‘... el ahora inculpado y su defensor particular ofrecieron las pruebas descritas en su ocurso que presentaron en esa misma fecha, las mismas no le fueron admitidas por los motivos que se hizo mérito en el acuerdo pronunciado en el proemio de dicha diligencia, y porque este tribunal se constituye únicamente en resolutor, por lo que resulta innecesario analizarlas y concederles valor jurídico alguno ...’, violando a todas luces con el anterior criterio el principio de legalidad jurídica."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en su escrito de demanda son los siguientes:
"... Por todo lo anteriormente expuesto y toda vez que todo este procedimiento se llevó a cabo sin la comparecencia del representante legal del honorable Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Tlaxcala, que en términos de lo dispuesto por el artículo 34, fracción III, lo es el síndico procurador, suplico a esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación dejar sin efecto todo el procedimiento en cuestión, desde el inicio del expediente parlamentario número 49/99, instruido por el Congreso del Estado de Tlaxcala en contra del presidente municipal del citado Ayuntamiento, señor Alfredo Vázquez Jiménez, hasta la resolución definitiva dictada por el honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado en Pleno, erigido en Jurado de Sentencia, con fecha veintiuno de enero del año dos mil. ..."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son el 14, 16, 21 y 115.
QUINTO. Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional número 9/2000, y designó a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, para fungir como instructora en el procedimiento.
Por auto de ocho de febrero del indicado año, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, únicamente por lo que hace a la síndico procurador suplente en funciones del Ayuntamiento actor, al estimar que ésta es quien ostenta la representación jurídica del Ayuntamiento, no así los regidores quienes suscriben también el escrito de demanda; asimismo, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del plazo legal produjeran su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera.
SEXTO. Las autoridades demandadas formularon sus respectivas contestaciones al escrito inicial, en los siguientes términos:
a) El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, manifestó:
"Que en cumplimiento a lo acordado en el auto pronunciado el día ocho de los corrientes en el expediente relativo a la controversia constitucional que nos ocupa, estando dentro del término legal concedido y con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1o., 23, 26 y relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; 86, 87, 90 y 94 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, venimos a dar contestación a la improcedente demanda que ha formulado Tulia Méndez Barba, quien se ostenta como síndico procurador suplente en funciones del Ayuntamiento del Municipio de Nativitas del Estado de Tlaxcala, bajo los siguientes términos: 1. En relación a los hechos descritos en el número uno del punto VII, relativo a la manifestación de los hechos o abstenciones que le constan al actor y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda, expresamos: Que ni lo afirmamos ni lo negamos por no ser hechos propios de la entidad pública que representamos, ya que los mismos son atribuidos al H. Congreso Local del Estado, a través de la comisión especial instructora, integrada exprofeso, con motivo de la denuncia de hechos formulada por parte de algunos miembros del Ayuntamiento Constitucional de Nativitas, Tlaxcala, en contra del C. Alfredo Vázquez Jiménez, presidente municipal (propietario), y en funciones del citado Ayuntamiento, que dio origen al inicio y sustanciación de un procedimiento de investigación penal y administrativa, el cual originó la determinación de formación de causa, por estimar, previa calificación de los hechos imputados, la existencia de faltas administrativas y finalmente una vez sustanciado el procedimiento por la precitada comisión especial instructora, la expedición del dictamen sobre la probable responsabilidad; actuaciones de las que se duele la actora, argumentando violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y falta de intervención del precitado Ayuntamiento, por no haber sido emplazado al mismo, con violación a las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Luego entonces, de esa exposición fáctica de la demanda, no se desprenden hechos concretos atribuidos o imputados expresamente al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, nos impide pronunciarnos respecto a los mismos por no ser propios, aun cuando de la lectura de las actuaciones que fueron remitidas a este órgano colegiado, para que erigido en Jurado de Sentencia, una vez sustanciada la etapa de juicio, se dictara la sanción correspondiente respecto al citado munícipe, con motivo de la acusación formulada en su contra por su responsabilidad en diversos hechos y actos constitutivos de delitos y faltas durante el periodo que llevaba de gestión administrativa, apreciamos que contrario a lo expuesto por la actora, se habían cumplido con los requisitos de procedibilidad y formalidades del procedimiento de responsabilidad administrativa, equiparado a juicio político, siendo el motivo determinante para que ante este tribunal se radicara el expediente parlamentario en su fase última, con los resultados consignados en la resolución pronunciada el día veintiuno de enero del año en curso, situación ante la cual se vislumbra lo inexacto de los argumentos de la actora en este hecho que se contesta. Desde luego, y toda vez que la promovente Tulia Méndez Barba, quien se ostenta con el cargo de síndico procurador suplente en funciones del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, afirma haber sido ajena a dicho procedimiento, habiéndose enterado, según su dicho, hasta el día veintisiete de enero próximo pasado; no pasa desapercibido para este tribunal demandado, la carencia de personalidad como de interés jurídico en la actora para promover la presente controversia constitucional, dada la falta de acreditación, vía documental, de estar en funciones en el cargo con que se ostenta, en contravención a lo previsto en el artículo 34, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, cuenta habida que sólo el Congreso Local del Estado se encuentra facultado para sancionar la suspensión o revocación del mandato de alguno de los integrantes de un Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 68 y 69 de la precitada Ley Orgánica Municipal, disposiciones subsumidas al artículo 54, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En consecuencia, no obstante que la actora, según su escrito fechado el día cuatro de febrero del año en curso, exhibió copias certificadas consistentes en las actas de Cabildo del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala, de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, respecto a la solicitud de licencia del C. Feliciano Barba Minor, síndico procurador municipal (propietario), para separarse de su cargo, así como de la aceptación de la misma licencia y de la diversa acta de Cabildo, en la que se dice facultar a la C. Tulia Méndez Barba para ocupar el cargo mencionado, esto según los incisos a) y b), del citado escrito de exhibición de pruebas documentales; sin embargo, como las mismas contravienen los preceptos legales de la Constitución Política del Estado y leyes secundarias, carecen de toda eficacia jurídica a la pretensión de la actora, lo que a su vez genera la causa de improcedencia de la controversia constitucional planteada, sirviendo de apoyo la tesis jurisprudencial número 1o. XIX/97, que aparece bajo el rubro: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.’ (sic). Visible bajo el número 37-9o. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VI, agosto 1997. Pág. 465, por lo que solicitamos decretar de inmediato el sobreseimiento de dicha controversia constitucional, aplicando in fine el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional. 2. Respecto a los hechos descritos en el número dos del punto VII que nos ocupa, manifestamos: De igual forma ni los afirmamos ni los negamos por no ser hechos propios de la entidad pública que representamos, excepto que sí es cierto, única y exclusivamente en cuanto hace a que dicha entidad pública se erigió en Jurado de Sentencia para sustanciar la etapa procedimental de juicio, y en su caso aplicar la sanción correspondiente en el procedimiento de responsabilidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7312-e1c5c166/controversia-constitucional-carecen-de-interes-los-ayuntamientos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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