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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES AL EMITIR UN ACUERDO EN EL QUE TIENE POR NO PRESENTADAS LAS OBSERVACIONES Y OBJECIONES FORMULADAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EN EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO QUE A ÉSTE CORRESPONDE, POR HABERLAS HECHO LLEGAR A AQUÉL DE FORMA EXTEMPORÁNEA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2000. · Registro digital (IUS): 7222
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, , Pág. 523.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2000. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de mayo de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de enero de dos mil, Arturo Montiel Rojas, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, promovió controversia constitucional demandando la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"II. Demandado y su domicilio. Poder Legislativo del Estado de México, con domicilio en la sede del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, México. ... IV. El acto cuya invalidez se demanda. El acuerdo aprobado por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de México, en sesión del Pleno de fecha 3 de noviembre de 1999, por el que se tienen por no presentadas las observaciones y objeciones formuladas por el Gobernador Constitucional del Estado de México al decreto aprobado por la legislatura, el 15 de octubre de 1999."

SEGUNDO. La parte actora señaló como antecedentes del caso los siguientes:

"1. La Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de México en sesión de fecha 15 de octubre de 1999, aprobó por mayoría de votos el decreto por el que se reforman los artículos 21, fracción I, 24, fracción IV, 68, fracciones VII y VIII, 74, fracciones I, II, III, V, VI y VII, 185, fracción III, 265, 267 y se deroga el artículo 266 del Código Electoral del Estado de México. El decreto en cuestión fue recibido por el Ejecutivo del Estado de México el 16 de octubre de 1999. 2. En ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 59 y 77, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con fecha 29 de octubre de 1999, el Gobernador Constitucional del Estado de México devolvió a la legislatura el decreto aprobado el 15 de octubre de 1999, por estimarlo contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, formulando las observaciones y objeciones respectivas. 3. Mediante oficio número 82/99, de fecha 12 de noviembre de 1999, recibido por el Ejecutivo del Estado el 26 de noviembre de 1999, el diputado secretario, Germán Castañeda Rodríguez, comunicó al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México: ‘Me permito comunicar a usted que, el día 3 de noviembre de 1999, en sesión del Pleno, la mayoría de los diputados a la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, resolvió tener por no presentadas las observaciones y objeciones formuladas por el gobernador del Estado, al decreto aprobado por la legislatura el 15 de octubre del presente año, sobre reformas a diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, en términos del artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en la entidad; asimismo, se instruye al C. Gobernador para que culmine el trámite legislativo, en términos de los artículos 59, 60 y 77, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, promulgando y publicando el citado decreto.’."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en su escrito de demanda son los siguientes:

"Primero. El acto cuya invalidez se demanda es contrario a los artículos 14, 16, 40, 41 y 49, en relación con los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demuestra a continuación: Es de estudiado derecho que las decisiones políticas fundamentales constituyen los principios rectores de todo sistema jurídico; y que, en nuestra Constitución, construyen y definen la estructura político-constitucional del Estado mexicano. Las decisiones fundamentales o principios básicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son: soberanía popular, derechos individuales, separación de poderes, sistema representativo, régimen federal, supremacía e inviolabilidad de la Constitución, juicio de amparo y separación del Estado e Iglesia. En torno a estos principios básicos, para el caso particular tiene destacada importancia el relativo al sistema federal. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece: ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ...’. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, en su parte conducente, previene: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre ...’. De los preceptos transcritos se derivan los principios siguientes: Existe una división de la soberanía entre la Federación y las entidades federativas, siendo estas últimas instancia decisoria suprema dentro de su competencia. Entre la Federación y las entidades federativas existe coincidencia y correspondencia en las decisiones fundamentales. En ejercicio del marco de libertades que el Pacto Federal reserva a los Estados, éstos expiden su propia Constitución en la que organizan la estructura de su gobierno, sin contravenir a aquel pacto. Los Estados deben organizarse de acuerdo con las bases establecidas en el artículo 115. El principio o característica esencial del sistema federal mexicano, que se deriva de los artículos 40 y 115 y que consiste en la identidad y coincidencia de decisiones fundamentales entre la Federación y las entidades federativas, se reitera, entre otros, con los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como enseguida puede verse: ‘Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ...’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ...’. Como se advierte, en la Federación y en los Estados es coincidente la decisión fundamental de la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, poderes que en el caso de los Estados miembros deben organizarse en la Constitución Política de cada uno de ellos, con sujeción a las bases normativas establecidas por la Constitución Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la existencia político-jurídica de la Federación y los Estados, así como la relación entre los poderes públicos de una y otros; establece su funcionamiento; determina su competencia, atribuciones y limitaciones; de manera que lo que la Constitución no les atribuya jurídicamente, no lo pueden hacer, contrariamente a lo que ocurre con la determinación del ámbito de libertad de los particulares para los que rige el principio de que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, estableciéndose así el principio regulador entre autoridad y libertad. Conforme a este esquema de distribución de competencias y atribuciones entre la Federación y los Estados, la actuación de los poderes públicos se enmarca por la Constitución, originándose así el inexcusable principio de legalidad que se erige en deber del poder público y correlativamente en derecho de aquellos frente a los cuales se ejerce el poder. El principio de legalidad es descrito con toda sencillez por Kelsen, como: ‘Un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es, el individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar. Desde el punto de vista de la técnica jurídica es superfluo prohibir cualquier cosa a un órgano del Estado, pues basta con no autorizarlo a hacerla.’. La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme, ha definido el principio de legalidad, en los siguientes términos: ‘AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’. La Constitución también se encarga de regular las relaciones entre sí de los poderes públicos, estableciendo las reglas de colaboración entre éstos. Como es el caso del procedimiento legislativo, en el que el Ejecutivo colabora con el Legislativo en la integración de la ley. Mención especial merece la facultad del Ejecutivo de vetar una ley o decreto del Poder Legislativo por considerarlo contrario a la Constitución Federal o Estatal, ya que en esencia constituye un control previo de constitucionalidad que la propia Ley Fundamental encomienda a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Federal y Estatales, para que se opongan a la promulgación de las leyes que sean contrarias a los principios contenidos en las normas constitucionales. Ahora bien, el carácter fundamental que concede a la Constitución la nota de Ley Suprema, supone que todo el ordenamiento jurídico se encuentra condicionado por las normas constitucionales y que ningún poder tiene más atribuciones que las que le reconoce la Constitución, pues de ella depende todo el sistema de normas e instituciones jurídicas. En otras palabras, todo acto del poder público encuentra en la Constitución el fundamento y la justificación de su juridicidad. La supremacía de la Constitución sobre los poderes constituidos determina la necesidad de que toda ley y acto público sean conformes a las disposiciones constitucionales. Si la Constitución instituye a los poderes públicos y órganos de gobierno; si delimita sus competencias y les impone limitaciones, todo acto en el que se excedan de sus facultades expresas, es contrario a la Constitución. En el caso particular de la presente controversia constitucional, el Poder Legislativo del Estado de México vulneró el principio de separación de poderes contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desbordar el marco jurídico que regula su actuación afectando con ello el ejercicio al derecho de veto que corresponde al Poder Ejecutivo de la entidad. El Poder Legislativo del Estado de México carece de facultades constitucionales para tener por no presentadas, como lo hizo, las observaciones y objeciones formuladas por el Ejecutivo del Estado al decreto aprobado por la legislatura el 15 de octubre de 1999, en razón de que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México le obliga a analizar tales observaciones y objeciones, más aún, cuando el Ejecutivo a mi cargo cumplió puntualmente con los requisitos de tiempo y forma exigidos por los artículos 59 y 77, fracción XI, de la Constitución Particular del Estado, como a continuación se demuestra: El artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo conducente, establece: ‘Artículo 59. El gobernador del Estado, podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación durante un mismo periodo de sesiones. ...’. El artículo 77, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, textualmente señala: ‘Artículo 77. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado: ... XI. Objetar por una sola vez, en el improrrogable término de 10 días hábiles, las leyes y decretos aprobados por la legislatura; si ésta después de haberlos discutido nuevamente los ratifica, serán promulgados.’. De las disposiciones constitucionales transcritas se advierte: El gobernador del Estado de México deberá remitir a la legislatura para su discusión y, en su caso, aprobación, las observaciones que formule a las leyes o decretos. La remisión de las observaciones implica necesariamente que éstas se formulen elementalmente por escrito. El gobernador del Estado de México podrá objetar por una sola vez las leyes y decretos aprobados por la legislatura, dentro del plazo de diez días hábiles. La legislatura deberá proceder a discutir nuevamente el decreto o ley aprobada a fin de analizar las observaciones y objeciones presentadas por el Ejecutivo, para atender la hipótesis de que en el caso de ratificar el decreto o la ley, deba procederse a su promulgación. De lo expuesto, se sigue que conforme con los artículos 59 y 77, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la presentación de observaciones y objeciones que formule el Ejecutivo a las leyes o decretos aprobados por la legislatura, debe cumplir con dos requisitos de forma y tiempo, a saber: 1. Formularlas por escrito; y 2. Remitirlas en el plazo de diez días hábiles. En el presente asunto, el Ejecutivo a mi cargo cumplió puntualmente con los requisitos constitucionales de mérito. En efecto, por escrito fechado el 29 de octubre de 1999, formuló y remitió a la Legislatura del Estado las observaciones y objeciones al decreto aprobado por la legislatura en la sesión del 15 de octubre de 1999. El escrito de observaciones y objeciones fue presentado dentro del plazo de diez días hábiles, como enseguida puede verse: Por escrito de fecha 15 de octubre de 1999, recibido al día siguiente en la Secretaría General de Gobierno, el diputado secretario C. Genaro Ávila Ortiz comunicó al Gobernador Constitucional del Estado de México: ‘Me permito comunicarle que, en sesión celebrada en esta fecha, la H. LIII Legislatura del Estado de México, tuvo a bien aprobar las reformas a los artículos 21, fracción I, 24, fracción IV, 68, fracciones VII y VIII, 74, fracciones I, II, III, V, VI y VII, 185, fracción III, 265, 267, se deroga 266, todos del Código Electoral del Estado de México, conforme al decreto que se adjunta, acompañándose del dictamen legislativo correspondiente.’. Es así que el decreto expedido por la legislatura en sesión de fecha 15 de octubre de 1999, fue recibido por el Ejecutivo del Estado de México el día 16 de octubre de 1999. En atención a que el 16 de octubre de 1999 fue sábado, el término de los diez días hábiles comenzó a correr a partir del primer día hábil siguiente, esto es, el lunes 18; ahora, descontando el domingo 17, sábado 23 y domingo 24 de octubre por ser inhábiles, el plazo para la presentación de las observaciones y objeciones concluyó el viernes 29 de octubre de 1999. Lo anterior se comprueba gráficamente en la siguiente forma:

Ver gráfica 1

"Ahora bien, el escrito de observaciones y objeciones formuladas por el Ejecutivo al decreto aprobado por la legislatura el 15 de octubre de 1999, fue presentado el día 29 de octubre, lo que se hace constar con: 1. El acuse de recibo asentado por el oficial mayor de la Cámara de Diputados en la copia del original presentado por el Ejecutivo del Estado; 2. El sello fechador de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, impreso al margen izquierdo de la copia precitada; y 3. El testimonio notarial relativo a la fe de hechos expedida por el notario público número 1, Lic. Óscar R. Naime Libien. No obstante lo anterior, el Poder Legislativo del Estado de México desatendió el deber constitucional de analizar las observaciones y objeciones como parte esencial de la sustanciación del ejercicio del veto, acordando sin mayor trámite tenerlas por no presentadas, por lo que resulta patente que el acto cuya invalidez se demanda es contrario al texto de los artículos constitucionales que se invocan en el proemio de este concepto de invalidez y subrayadamente de los siguientes: Artículo 14, segundo párrafo, toda vez que se incumplió con la garantía de debido proceso legal, al expedirse un acuerdo que además de carecer de la necesaria fundamentación y motivación, no se sustanció el procedimiento de discusión del decreto aprobado por la legislatura, privando al Poder Ejecutivo del Estado de México del ejercicio del derecho constitucional de veto, afectando el derecho de vigilar y asegurar la constitucionalidad de los decretos y las leyes expedidos por el Poder Legislativo. Artículo 16, primer párrafo, habida cuenta que la Legislatura del Estado de México, sin tener facultades constitucionales, afectó el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado establecen a favor del titular del Poder Ejecutivo para vetar leyes y decretos que resulten contrarios a las disposiciones constitucionales, omitiendo además motivar y fundamentar elementalmente el acto de desechamiento de las observaciones y objeciones presentadas por el Ejecutivo a mi cargo. Artículo 116, porque vulnera el principio de división de poderes al impedirse por el Poder Legislativo la eficacia dentro del procedimiento legislativo del derecho de veto del Ejecutivo, se afecta el principio de división de poderes porque un poder, en este caso el Legislativo, realiza actos que le impiden al Ejecutivo el ejercicio de un derecho constitucional y se desconocen las reglas de colaboración que la Constitución Federal establece para mantener el equilibrio entre las tres ramas en que se divide la acción gubernativa, haciendo caso omiso de que el veto se inscribe dentro del sistema de pesos y contrapesos, que tiende a evitar que uno de los tres poderes, en este caso el Legislativo, se sobreponga al Ejecutivo, haciendo nugatoria la acción neutralizadora de éste respecto de leyes y decretos que resulten opuestos a la Constitución Federal y a la Particular del Estado. Artículo 133, porque ignora el principio de supremacía constitucional, según el cual ninguna ley o acto debe restringir el ámbito de atribuciones que la Constitución establece para los órganos que se derivan del sistema federal y del principio de división de poderes; y, en el caso, se restringe el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal y la Particular del Estado establecen para el titular del Poder Ejecutivo, al impedírsele al gobernador del Estado de México, sin motivo ni fundamento legal alguno, el ejercicio del derecho constitucional de veto. Segundo. El acto cuya invalidez se demanda es violatorio del principio de legalidad consagrado por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como enseguida puede verse. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. El precepto constitucional transcrito contiene diversas garantías específicas de seguridad jurídica, destacándose la de legalidad. La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que a través de ella se protege todo el sistema de derecho objetivo, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo más simple. La garantía de legalidad se contiene en la expresión ‘fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento’. Por causa legal del procedimiento se entiende el acto o la serie de actos que provocan el acto de molestia, los cuales deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley. La fundamentación legal de la causa del procedimiento, consistente en que los actos de molestia, esto es, aquellos que causen una afectación o perturbación a cualquiera de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 16 constitucional, deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad. En otras palabras, que exista una ley que lo autorice. La fundamentación legal de todo acto de autoridad que cause molestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, principio que ha sido acogido por la jurisprudencia de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese Alto Tribunal también ha establecido que las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa, sino que debe provenir de facultades expresamente consignadas en una norma jurídica. La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto de molestia, sea aquel a que alude la disposición legal que lo fundamenta, esto es, el concepto de motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran en el marco general correspondiente establecido por la ley. La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado las siguientes tesis de jurisprudencia: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. (Precedentes: Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. 5 votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Secretario: José Tena Ramírez. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulados. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno Flores). ‘ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DE FORMA Y FONDO. El artículo 16 de la Constitución Federal, exige que en todo acto de autoridad se funde y motive la causa legal del procedimiento. Para cumplir con este mandamiento, deben satisfacerse dos clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo. El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o resolución, se citan las disposiciones legales que se consideran aplicables al caso y se expresan los motivos que precedieron su omisión. Para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos y que, conforme a los preceptos invocados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad.’. (Tesis jurisprudencial 6. Informe 1998, Segunda Sala, Sección Quinta, pág. 126). En el caso particular el acto cuya invalidez se demanda, no obstante que implica molestia, esto es, una afectación o perturbación en el ejercicio del derecho constitucional de veto que le asiste al Poder Ejecutivo del Estado de México, carece de la elemental fundamentación y motivación legales y por tanto es contrario a la garantía de legalidad consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, basta una simple lectura de la versión estenográfica del Diario de Debates de la sesión de la LIII Legislatura del Estado de México, iniciada el 29 de octubre y reanudada el 3 de noviembre de 1999, en donde se aprobó el acto cuya invalidez se demanda, para advertir que el acuerdo aprobado, es omiso en señalar los fundamentos legales y los motivos que tuvo en cuenta la legislatura para desechar las observaciones y objeciones formuladas por el Ejecutivo del Estado al decreto aprobado el 15 de octubre de 1999. No obsta para llegar a esta conclusión el hecho de que algunos de los diputados que hicieron uso de la palabra, antes de que se sometiera a votación el punto de acuerdo que dio origen al acto demandado, hayan invocado como posible fundamento para desechar las observaciones y objeciones planteadas por el Ejecutivo a mi cargo, el artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; ni tampoco, el que una vez votado el punto de acuerdo, el presidente de la mesa directiva haya leído la propuesta que supuestamente votó, en donde se citan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; ni que en el escrito de fecha 12 de noviembre de 1999 por el que el diputado secretario, Germán Castañeda Rodríguez, comunica al Ejecutivo el acto cuya invalidez se demanda, se mencione el artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, toda vez que la fundamentación y motivación legales que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe constar en el acto de molestia y no en documentos distintos. Lo anterior se robustece con la tesis de jurisprudencia sustentada por ese Alto Tribunal, que a continuación se reproduce: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. Las autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, cuando éstas aparecen en documento distinto.’ (tesis de jurisprudencia número 153, visible a fojas 248 y 249, de la Octava Parte, Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985). Por otro lado, la cita de los preceptos legales con que el Poder Legislativo pretendió corregir la omisión en que incurrió al aprobarse el acuerdo por el que se tienen por no presentadas las observaciones y objeciones del Ejecutivo, no fundan ni motivan adecuada y suficientemente la causa legal del procedimiento, como enseguida puede verse: Según se tiene dicho, en la sesión del 3 de noviembre de 1999, la LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México resolvió tener por no presentadas las observaciones y objeciones formuladas por el gobernador del Estado al decreto aprobado por la legislatura el 15 de octubre de 1999, basándose para ello en una propuesta que insólitamente fue leída después de haberse aprobado, cita los artículos 28, fracción I, 78, 83 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 72, 74, 96 y demás relativos del Reglamento del Poder Legislativo y 12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, disposiciones que son inconducentes al caso particular, por referirse a hipótesis normativas que no tienen relación con el ejercicio ni con la sustanciación del derecho de veto, como puede apreciarse por el contenido de los mismos, que son del tenor siguiente: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México: Artículo 28, fracción I, consigna los derechos de los diputados para presentar iniciativas de ley o decreto. Artículo 78, norma el trámite al que están sujetas las iniciativas de ley, decretos o proposiciones que no tengan ese carácter. Artículo 83, establece la facultad de la legislatura o la Diputación Permanente para la dispensa de trámites de asuntos calificados como urgentes o de obvia resolución. Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México: Artículo 72, regula el trámite de las proposiciones que no tengan el carácter de iniciativas de ley o decreto, presentadas por uno o más miembros de la legislatura que no formen mayoría. Artículo 74, reglamenta la dispensa de trámites a que se refiere la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 96, precisa que la discusión de una proposición escrita de algún diputado, que no se refiera a iniciativa de ley, decreto o acuerdo, se regirá en lo aplicable por las disposiciones del capítulo relativo a la discusión. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México: Artículo 12, establece que las promociones y actuaciones relativas al procedimiento y proceso administrativos que se siguen ante las autoridades del Poder Ejecutivo y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, deben efectuarse en días y horas hábiles; definiendo qué debe entenderse por días y horas hábiles para efectos del procedimiento y proceso administrativos. Como puede advertirse ninguno de los preceptos legales citados sirve de fundamento para sustentar el desechamiento de las observaciones y objeciones presentadas por el Ejecutivo a mi cargo respecto del decreto aprobado por la LIII Legislatura del Estado de Méx

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7222-475ffa4c/controversias-constitucionales-el-poder-legislativo-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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