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ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR OBSERVACIONES RESPECTO DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2002. · Registro digital (IUS): 17761
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, CONTRA EL H. CONGRESO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 987.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2002. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, CONTRA EL H. CONGRESO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de agosto de dos mil tres.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado el veinticuatro de mayo de dos mil dos en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Se señala al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de los CC. Diputado presidente y diputados secretarios, que componen la mesa directiva, con domicilio en Av. México 38, Norte de Tepic, Nayarit. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado. El acto cuya invalidez demando, hago (sic) consistir en el Acuerdo Parlamentario Número 80 de fecha 25 veinticinco de abril próximo pasado, emitido por el H. Congreso del Estado. ..."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

"I. Con fecha 14 catorce de febrero del presente año, mediante oficio número CE/PCGL/621/02, el C. Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del H. Congreso del Estado se dirige al Gobernador Constitucional del Estado, comunicándole el acuerdo aprobado por la diputación permanente, fechado el 12 doce del citado mes, donde se solicita la comparecencia de los secretarios de despacho y del procurador general de Justicia del Estado, lo que ocasionó respuesta formal de parte del C. Secretario general de Gobierno, en donde se comunica que por el momento no es viable responder de manera favorable a la petición de cuenta, agregándose que el Poder Ejecutivo ha respetado el principio constitucional de división de poderes y su relación dentro del respeto absoluto al marco de legalidad, buscando siempre un equilibrio sin vulnerar la autonomía de cada uno de ellos, por lo que no es dable soslayar cuando alguno de los poderes constituidos se excede en el uso de las facultades inobservando disposiciones normativas que rigen su proceder, por lo que en acatamiento a la norma constitucional aplicable es ante el H. Congreso del Estado ante quien se debe acudir y no ante la diputación permanente, requirente de las comparecencias; consideraciones que fueron dadas a conocer con respeto y toda oportunidad. 2. Con fecha 14 catorce de marzo siguiente, a través del Acuerdo Parlamentario Número 73, según se dice, emitido por el H. Congreso del Estado, que se encontraba en receso e inició el periodo el 18 dieciocho del citado mes, artículo 36 de la Constitución Política del Estado (sic); proveído que como se describe en su proemio fija la posición del Congreso del Estado, respecto de la condición jurídica de carácter negativo sustentada por el titular del Poder Ejecutivo, para las comparecencias de diversos funcionarios de la administración pública centralizada, que fue dado a conocer a través de la Secretaría General de Gobierno, el día de su emisión. 3. Por escritos de fechas 22 (veintidós) y 25 (veinticinco) de marzo próximo anterior se presentaron las observaciones que se consideraron pertinentes al C. Secretario general y a los CC. Diputados secretarios del H. Congreso del Estado, en relación con el Acuerdo Parlamentario Número 73 a que me he venido refiriendo, impugnándose conforme a lo previsto en los numerales 53 y 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, derivándose de dichas observaciones el Acuerdo Parlamentario Número 80 de fecha 25 veinticinco de abril último, materia de esta controversia constitucional, que concluye con un punto único que dice: ‘Por carecer de facultades el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por existir disposición expresa constitucional y por su propia naturaleza, resulta improcedente entrar al estudio de las observaciones del ciudadano gobernador al Acuerdo Parlamentario Número 73 expedido en sesión extraordinaria de fecha 14 de marzo del año en curso, sobre el comunicado del secretario general de Gobierno referente a las comparecencias de los secretarios de despacho y el procurador general de Justicia ...’ instrumento legal que me fue notificado el día 26 veintiséis del citado mes de abril."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"1. El H. Congreso del Estado, al emitir su Acuerdo Parlamentario Número 80 de fecha 25 de abril último desatiende lo dispuesto en los dispositivos 1o., 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que para la expedición del acto materia de la instancia debieron haberse seguido las reglas específicas para el desahogo del proceso, cumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes aplicables, seguido de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal de dicho procedimiento; coartándose así, además, las facultades expresas que me son conferidas en los numéricos (sic) 53 y 55 de la Constitución Política Local, que me permiten observar las determinaciones o resoluciones aprobadas por el H. Congreso enviadas para su publicación. 2. A su vez, el H. Congreso del Estado no da cumplimiento a lo previsto en los artículos 99, fracción VI y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, porque el acuerdo parlamentario materia de esta acción no se sustenta en dictamen alguno, ni se fundamenta lo aprobado, pretendiéndose motivar con lo asentado en dicho ocurso, que dice que se omite por ser de urgencia y obvia resolución; como consecuencia de lo anterior se infringen los numerales 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que marcan la forma y término en que los diputados deben conducirse para la presentación, propuesta y resolución de los acuerdos, como es el caso del que nos ocupa y proviene de la determinación carente de objeto, motivación y fundamentación, como elementos esenciales para su desahogo y culminación. 3. Por otra parte, el Acuerdo Parlamentario Número 80 que se encuentra viciado desde su origen y, por tanto, afectado de nulidad porque deriva de diverso Acuerdo Número 73, que fue elaborado fuera de periodo por la diputación permanente, carente de competencia para pretender hacer comparecer a los funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo, por encontrarse en receso el H. Congreso del Estado. En efecto, del Acuerdo Parlamentario Número 73 de fecha 14 de marzo de 2002, que tiene como antecedentes el hecho de que el 8 de febrero anterior, la diputación permanente se excedió en las facultades que el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit le confiere, ya que acordó solicitar por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado la comparecencia ante dicho órgano de los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada, emitiéndose un acuerdo de trámite de fecha 12 del propio mes, fijándose la programación de las comparecencias citadas, que fue del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo el día 15 de febrero, que motivó contestación de parte del C. Secretario general de Gobierno, que mediante oficio número 226/02 fechado el 1o. de marzo y dirigido al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, haciéndosele saber que no era posible tratar con la diputación permanente, lo que constitucionalmente le correspondía al H. Congreso del Estado, lo que se dio a conocer el día 5 del citado mes de marzo en donde se manifestó que se dictó acuerdo para programar junta preparatoria con el objeto de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, atendiendo a la necesidad de que el asunto se hiciera del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado, surgiendo acuerdo parlamentario de fecha 13 de marzo suscrito por la Comisión de Gobierno Legislativo, integrada por los diputados Alonso Nazario Villaseñor Anguiano, presidente, J. Isabel Sánchez Ochoa, vicepresidente, Raúl Mejía González, vicepresidente y Gilberto Padilla Peña, secretario, y al día siguiente se emitió otro acuerdo por el H. Congreso del Estado, firmándolo los diputados secretarios Gilberto Padilla Peña y Carlos Enrique García Camberos, que se identifica con el número 73 y que fue materia de observaciones de parte del suscrito como titular del Poder Ejecutivo del Estado por haberse contravenido disposiciones constitucionales, al pretenderse darle supremacía al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pretendiendo aplicar el artículo 91 de dicho reglamento en contraposición con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Constitución Política Local. En consecuencia, con el proceder en primer término de la diputación permanente, al pretender ejercer facultades que le son ajenas, violó en perjuicio del interés público y del Poder Ejecutivo del Estado lo dispuesto por los numerales 47, fracción XXXII, 60, 73 y 78 de la Constitución Política Local; 15 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 11, 56, 57 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 1o., 14, 16, 49 y 116.

QUINTO. Por acuerdo de once de junio de dos mil dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondió el número 40/2002, y por razón de turno se designó a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas como instructora del procedimiento.

Por auto de once de junio de dos mil dos, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, al formular la contestación a la demanda, manifestó en síntesis:

1. Que los conceptos de invalidez son inatendibles porque no toda violación indirecta a la Constitución Federal es materia de controversia constitucional, sino sólo aquellas que invadan o restrinjan las facultades o atribuciones del accionante, situación que en el caso no acontece.

2. Que la demanda de controversia constitucional debió haberse desechado por ser notoriamente improcedente, porque el "Acuerdo Parlamentario Número 80", materia de impugnación, no invade la esfera jurídica de competencia del Poder Ejecutivo del Estado, ya que de lo expuesto en la demanda se advierte que no existe planteamiento alguno en el que se señale la parte que le afecta o precise la invasión de la esfera de su competencia.

3. Que el Congreso del Estado de Nayarit actuó en ejercicio de sus facultades expresamente reservadas en la Constitución Local y sus leyes internas, y de ninguna forma invadiendo la esfera competencial del accionante.

4. Que no le asiste razón al accionante cuando afirma que el acto controvertido no está debidamente fundado y motivado, aunado a que si así fuera, en nada le afecta a sus facultades o atribuciones.

5. Que el Poder Ejecutivo del Estado carece de facultades para hacer observaciones a las resoluciones relacionadas con el régimen interno del Congreso, como son los acuerdos parlamentarios, cuyos efectos regirán sólo al interior del Congreso como precedente parlamentario para unificar criterios; además de que los artículos 54 y 55 de la Constitución Local sientan las bases para que el Ejecutivo pueda hacer observaciones únicamente a leyes y decretos y nunca a los acuerdos.

6. Que los artículos 99, fracción IV y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establecen las formas esenciales del procedimiento para la emisión de los acuerdos parlamentarios, y una de esas formas es precisamente cuando existan asuntos de urgente y obvia resolución, los que por su naturaleza podrán discutirse y aprobarse en la sesión en que se presenten y, en el caso, el acuerdo impugnado así fue aprobado.

7. Que el tercer concepto de invalidez es inatendible porque el accionante impugna solamente el Acuerdo Parlamentario Número 80 de veinticinco de abril de dos mil dos y no los diversos y previos número 73 de catorce de marzo y el de trámite de doce de febrero, ambos de dos mil dos, lo cual significa que estos últimos fueron consentidos tácitamente y, por tanto, se encuentran firmes y surtiendo todos sus efectos legales.

SÉPTIMO. El procurador general de la República, al emitir su opinión, manifestó en síntesis:

1. Que la demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.

2. Que el promovente de la presente controversia constitucional cuenta con legitimación para promoverla.

3. Que de conformidad con los artículos 53 y 55 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, el derecho de veto del Poder Ejecutivo del Estado sólo procede tratándose de leyes o decretos y no respecto de acuerdos parlamentarios, por lo que las observaciones que el gobernador del Estado haga respecto de algún acuerdo parlamentario no deben ser tomadas en cuenta por el Poder Legislativo, ya que el Ejecutivo Estatal no cuenta con facultades para ello.

4. Que el Congreso del Estado de Nayarit sí cumplió con lo que establecen los artículos 99, fracción VI y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit, porque el acuerdo parlamentario impugnado sí se sustentó en un dictamen, se tramitó conforme lo indica el reglamento, la presentación del proyecto se asentó en el acta correspondiente y la solicitud del acuerdo parlamentario fue presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

5. Que el Congreso del Estado de Nayarit, al expedir el acuerdo parlamentario impugnado, sí cumplió con lo dispuesto por los artículos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso porque la iniciativa del acuerdo parlamentario impugnado se presentó por escrito, señalándose tanto el objeto como los motivos que la fundamentan; se aprecian las firmas autógrafas de los diputados que integran la comisión que hizo la propuesta; se expresó que la solicitud era de naturaleza urgente y obvia resolución y el trámite legislativo se llevó a cabo previa elaboración del dictamen y en una sola lectura ante la asamblea.

6. Que con la emisión del acuerdo impugnado no se violaron los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque el Congreso del Estado sí cumplió con el procedimiento legislativo correspondiente para la emisión de acuerdos parlamentarios, fundando y motivando debidamente el acuerdo cuya invalidez se demanda.

7. Que es infundado el tercer concepto de invalidez porque en la demanda de controversia constitucional únicamente se impugnó el "Acuerdo Parlamentario Número 80" y no así el acuerdo sin número emitido por la diputación permanente, ni el diverso 73 pronunciado por el Pleno del Congreso, por lo que estos últimos no deben analizarse al no haber sido impugnados.

OCTAVO. Agotado el trámite respectivo, se verificó la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

En el caso, la parte actora demandó la invalidez del "Acuerdo Parlamentario Número 80" emitido por el Congreso del Estado de Nayarit el veinticinco de abril de dos mil dos, por el que se declaran improcedentes las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al diverso "Acuerdo Parlamentario Número 73".

De lo anterior se desprende que la naturaleza de lo impugnado es un acto y no una norma general, ya que el acuerdo controvertido no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad que caracterizan a las normas generales, sino que existe la peculiaridad de que está referido a un caso concreto y específico, como lo es el hecho de que el Congreso Estatal haya determinado que son improcedentes las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado al diverso "Acuerdo Parlamentario Número 73".

Con base en lo anterior, el cómputo del plazo respectivo deberá hacerse conforme a lo establecido por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

El precepto legal transcrito prevé que tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Ahora bien, cabe destacar que el oficio de demanda se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta de los sellos que aparecen asentados en ambas caras del sobre que obra a fojas ochenta y seis de este expediente, consecuentemente, su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto en el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra dispone:

"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

Sobre el tema, este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 17/2002, consultable en la página ochocientos noventa y ocho del Tomo XV, abril de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia."

En el caso, el depósito de la controversia constitucional se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, según se desprende del sobre que corre agregado a fojas ochenta y seis del presente expediente, en el que aparecen asentados tres sellos que señalan: "Servicio Postal Mexicano. Administración. Mayo 24 2002. Registrados recibo. 63001. Tepic, Nay.", con lo que se cumple el primer requisito que exige el precepto legal transcrito.

Del análisis del sobre con el que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional, se advierten tres sellos del Servicio Postal Mexicano, en los que se aprecia que se depositó el veinticuatro de mayo dos mil dos, en la Administración de Correos de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, lugar de residencia de la parte actora, por lo que debe concluirse que se cumple con el segundo requisito que exige el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Resta ahora determinar si el depósito de la demanda se hizo oportunamente, atendiendo a que, como ya quedó asentado, en la presente vía la parte actora demandó la invalidez de un acto; por tanto, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia antes transcrito.

En el oficio de demanda, la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento del referido acto el veintiséis de abril de dos mil dos, lo que se desprende de la foja seis del expediente, sin que exista manifestación en contrario que desvirtúe lo anterior; por tanto, el plazo de treinta días hábiles para su impugnación inició a partir del lunes veintinueve de abril de dos mil dos y concluyó el lunes diez de junio del mismo año, ya descontados los sábados cuatro, once, dieciocho y veinticinco de mayo, uno y ocho de junio, los domingos cinco, doce, diecinueve y veintiséis de mayo, dos y nueve de junio; así como el miércoles uno de mayo, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si la demanda se depositó en la oficina de correos de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, el veinticuatro de mayo de dos mil dos, esto es, el décimo noveno día del plazo legal correspondiente, debe concluirse que fue promovida oportunamente.

TERCERO. Enseguida se debe analizar la legitimación de quien promueve la presente controversia constitucional.

El artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, prevé lo siguiente:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De este numeral se desprende que podrán comparecer a juicio los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.

En el caso, de la demanda de controversia constitucional se desprende que la suscribe Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostenta como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, carácter que acredita con el acuerdo del Consejo Estatal Electoral por medio del cual se declaró válida la elección del gobernador del Estado, para el periodo de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve a dieciocho de septiembre de dos mil cinco, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de diecisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, y que obra a fojas setenta y tres de los autos.

Ahora bien, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Nayarit prevé:

"Artículo 61. Se confiere el Poder Ejecutivo a un ciudadano que se denominará Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit."

De acuerdo con la disposición constitucional transcrita, el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se deposita en el gobernador del Estado, por tanto, quien suscribe la demanda cuenta con la representación del citado poder, el que a su vez está legitimado para promover la presente controversia constitucional por ser uno de los órganos contemplados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Acto continuo, se analizará la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que resulte fundada.

Conviene recordar que la autoridad demandada en esta vía es el Poder Legislativo del Estado de Nayarit.

Los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia establecen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De estos preceptos se destaca que en controversias constitucionales tendrá el carácter de parte demandada, la entidad, poder u órgano que haya emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, así como que el demandado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen estén facultados para representarlo.

En el caso, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit contestó la demanda de controversia constitucional el nueve de agosto de dos mil dos, por conducto de Nazario Alonso Villaseñor Anguiano quien se ostentó como presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo de la Vigésima Sexta Legislatura, personalidad que acreditó con la copia certificada del acuerdo parlamentario relativo a la nueva conformación de la Comisión de Gobierno Legislativo para el tercer año de ejercicio constitucional, celebrado el diecisiete de agosto de dos mil uno, en el que consta que fue electo como presidente de la citada comisión por el periodo de un año que iniciaría el dieciocho de agosto de dos mil uno de conformidad con los artículos primero transitorio del aludido acuerdo y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit (fojas ciento veintiocho a ciento treinta y tres de este expediente).

Ahora, el artículo 28, fracción IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit, dispone:

"Artículo 28. Corresponden al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, las atribuciones siguientes:

"...

"IX. Representar jurídicamente al Congreso en todos los juicios y asuntos en que éste fuere parte."

De acuerdo con lo anterior, corresponde al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo representar jurídicamente al Congreso en todos los juicios y asuntos en que éste fuere parte.

Por lo anterior, si quien suscribe la contestación a la demanda acredita tener el carácter de presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, debe señalarse que cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo del Estado y, por consiguiente, este último cuenta con la legitimación necesaria para acudir a la presente controversia constitucional en virtud de que fue el órgano que emitió el acuerdo impugnado.

QUINTO. Por tratarse de una cuestión de orden público, previamente al estudio de la cuestión fundamental controvertida, se procede al análisis de las causas de improcede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17761-a2392060/acuerdos-emitidos-por-el-congreso-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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