CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SE EMITIÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE NO HA CONCLUIDO, PORQUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR EL HECHO DE HABER IMPUGNADO ALGUNO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS, SIN QUE EXISTIERA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de mayo de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado en la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, el treinta de mayo de dos mil tres, Antonio Echevarría Domínguez, quien se ostentó como gobernador constitucional de esa entidad, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo Local, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través de su legítimo representante legal, quien tiene su domicilio en Avenida México, número 38 norte, de esta ciudad. ... IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiera publicado. A) El oficio número OFS/149/2003 de fecha catorce de abril del año en curso, pronunciado por el poder demandado, a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias (consistentes en apercibimientos, multas, determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, administrativas, civiles y penales), que en lo conducente dice: ... El anterior oficio fue recepcionado por la Secretaría de Finanzas el catorce de abril a las 10:05 horas del año en curso. B) El oficio OFS/202/2003 de fecha nueve de mayo del presente año, emitido por el poder demandado a través de su Órgano de Fiscalización Superior, y sus respectivas consecuencias (consistentes en apercibimientos, multas, determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, administrativas, civiles y penales), que en lo conducente dice: ... El anterior oficio fue recibido por la Secretaría de Finanzas el nueve de mayo del año en curso. C) El oficio OFS/328/2003 (sic, debe decir OFS/285/2003) de fecha 23 de mayo del presente año, signado por el auditor general del órgano de fiscalización del poder demandado, del cual se deriva la omisión de la demandada de revisar y, en su caso, aprobar la cuenta de todos los caudales del Estado, en forma trimestral de los ejercicios fiscales 2001 y 2002 y, en vía de consecuencia, declarar aprobadas las cuentas públicas de estos ejercicios fiscales, así como los apercibimientos, multas, determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, administrativas, civiles y penales, que a la letra señala: ... El anterior oficio fue recibido por la Secretaría de Finanzas, el 23 de mayo del año en curso."
SEGUNDO. Atento al sentido del fallo, resulta innecesario reproducir los antecedentes del caso vertidos en la demanda, así como los conceptos de invalidez.
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 14, 16, 74, fracciones II y IV, 79, 116, 128 y 133.
CUARTO. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil tres, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 42/2003 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo; lo anterior, en virtud de que entre este asunto y la diversa controversia 35/2003, también turnada a ese Ministro, existe conexidad.
Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que rindiera su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO. Por la razón expuesta en el resultando segundo de esta sentencia, deviene innecesario también aludir a los argumentos esgrimidos por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit en su contestación de demanda, así como a los del procurador general de la República en su opinión.
SEXTO. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
SÉPTIMO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Primera Sala para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, en la que, debido al sentido del fallo, se estima innecesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO. En el caso resulta intrascendente el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad en la presentación de la demanda, así como a la legitimación de las partes, toda vez que con independencia de las causas de improcedencia que se hicieron valer, esta Primera Sala advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que no se agotó el principio de definitividad inmerso en ese supuesto y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal.
Los preceptos invocados son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
En torno a la causal de improcedencia de mérito, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio contenido en las tesis jurisprudenciales P./J. 12/99, publicada en la página doscientos setenta y cinco, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, y P./J. 55/2001, consultable en la página novecientos veinticuatro, Tomo XIII, abril de dos mil uno, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indican, respectivamente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESO LEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ASÍ COMO POR CONSENTIMIENTO. El ejercicio de la facultad que tiene el gobernador de un Estado para objetar, dentro del proceso legislativo, el decreto que le envía el Congreso Local para su sanción, promulgación y publicación, conocida como derecho de veto, expresa su desaprobación y falta de consentimiento con el decreto por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por ser inconveniente. Ahora bien, si el gobernador ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, mas no por su consentimiento, lo cual lo legitima para promover la controversia constitucional en contra de la ley que se vio obligado a promulgar; pero si en su oportunidad no hace valer el derecho de veto, tal omisión implica su plena aprobación y consentimiento respecto al contenido del decreto proveniente del legislativo, de modo que por tales razones la controversia constitucional que pretendiera promover sería improcedente en términos de lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del artículo 19, esta última en relación con el artículo 10, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto porque el actor no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, como porque consintió los actos dentro del proceso legislativo."
Así, tanto del contenido de los criterios jurisprudenciales transcritos como de una interpretación de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que la hipótesis a que alude dicha causal de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, del que se desprenden tres supuestos que posibilitan su configuración, los que se hacen consistir en:
1) Que exista una vía legalmente prevista en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, la que no se haya agotado previamente y mediante la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado, de manera tal que pudiera dar solución al conflicto que se plantea.
2) Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado el acto combatido en este medio de control constitucional; y,
3) Que el acto cuya invalidez se demande haya sido emitido dentro de un procedimiento no concluido, esto es, que se encuentre pendiente del dictado de la resolución definitiva que lo dé por concluido y en contra de la cual pudiera promoverse este juicio constitucional, así como, en su caso, de las cuestiones relativas a aquél desde su inicio.
El caso a estudio se ubica en la última de las hipótesis en comento, dado que los actos impugnados provienen de un procedimiento que al momento de la presentación de la demanda se encontraba pendiente el dictado de la resolución que lo culminara en forma definitiva y, por tanto, el actor estaba obligado a esperar que esto último aconteciera, para entonces estar en aptitud de acudir a esta vía constitucional.
A efecto de evidenciar lo anterior, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
Los actos cuya invalidez se demanda son, en su esencia:
1. El oficio OFS/149/2003, de catorce de abril de dos mil tres, suscrito por el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit, por el que, en alcance y como resultado de la revisión del ejercicio fiscal de dos mil uno y a efecto de profundizar y esclarecer la presunción de la existencia de hechos y conductas que posiblemente afectaban la hacienda pública estatal, solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, un informe en torno a diversas actuaciones reflejadas en la documentación correspondiente a las pólizas de egresos 2411 y 2415 y demás relativas en las que se encontraban los comprobantes de gastos generados por la oficina del despacho del Poder Ejecutivo (fojas 463 a 474 del tomo II del cuaderno formado con las pruebas presentadas por la actora).
2. El oficio OFS/202/2003, de nueve de mayo de dos mil tres, emitido por el citado auditor general, por el que amonestó al secretario de Finanzas del Estado, en virtud de que no existía causa justificada que impidiera la entrega del informe que se le requirió y, por tanto, le solicitó nuevamente la remisión de dicho informe, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo en el plazo de cinco días hábiles, se haría acreedor a la multa correspondiente (fojas 477 a 478 del tomo II del cuaderno de pruebas presentadas por la parte actora).
3. El oficio OFS/285/2003, de veintitrés de mayo de dos mil tres, suscrito por el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, dirigido al mencionado secretario de Finanzas, por el que le hizo de su conocimiento que no se estaban violando los principios de legalidad y seguridad jurídica al solicitarle el informe requerido, y que no era requisito legal para que estuviera en condiciones de informar lo conducente el que el órgano rindiera el informe del resultado ante el Pleno del Congreso, por lo que resultaba irrelevante hacerle saber la fecha en que esto último se efectuaría y que, por el contrario, la negativa de esa autoridad a cumplimentar lo requerido sí tenía consecuencias jurídicas.
Asimismo, le manifestó que con el ánimo de corresponder a su petición, en el entendido de que se perseguía salvaguardar que los recursos públicos se hubieran aplicado conforme a la ley, se dejaba sin efecto el apercibimiento formulado mediante el oficio OFS/202/2003, de nueve de mayo de dos mil tres, subsistiendo la amonestación que en él se contenía y le solicitó de nueva cuenta que rindiera el informe requerido en un plazo no mayor de diez días hábiles, apercibiéndole que de no presentarlo se haría acreedor a una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado (folios 481 a 484 del tomo II del citado cuaderno de pruebas).
4. Las consecuencias jurídicas de los oficios mencionados se hicieron consistir en apercibimientos, multas, determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, administrativas, civiles y penales.
Precisados los actos impugnados y para una mejor comprensión del asunto, es conveniente ahora establecer los antecedentes de los mismos, que se desprenden de diversas constancias que obran en los autos de este juicio:
I. Mediante oficios 155-DJF-2001 de cuatro de abril, 347-DJF-2001 de doce de julio, 1087-2001 de diecinueve de octubre, estos tres de dos mil uno; 004-DJF-2002 de ocho de enero, 453-2002 de ocho de abril, 774-2002 de diecisiete de julio, 943-SF-2002 de veintiocho de agosto, 1089-2002 de diecisiete de octubre, éstos de dos mil dos; y, 087-2003 de trece de enero de dos mil tres, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit solicitó al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior prórroga para la presentación de la cuenta pública de la hacienda estatal correspondiente a los cuatro trimestres de los ejercicios fiscales de dos mil uno y dos mil dos (fojas 1, 55, 99 y 144 del tomo I del cuaderno formado con las pruebas presentadas por la parte actora y 274, 316, 318, 359 y 397 del tomo II de ese mismo cuaderno).
II. El auditor general del órgano de fiscalización, a través de los oficios 133 de diecisiete de abril, OFS/516/2001 de dieciséis de julio, OFS/807/2001 de veinticinco de octubre, estos tres de dos mil uno; OFS/020/2002 de diecisiete de enero, OFS/201/2002 de dieciséis de abril, OFS/637/2002 de diecinueve de julio, OFS/719/2002 de nueve de septiembre, OFS/897/2002 de veintidós de octubre, éstos de dos mil dos; y OFS/062/2003 de siete de febrero de dos mil tres, concedió al secretario de Finanzas las prórrogas a que se hizo referencia en el numeral que antecede (fojas 2, 56, 100 y 145 del tomo I del referido cuaderno de pruebas y 275, 317, 319, 360 y 398 del tomo II del mismo cuaderno).
III. El secretario general de Gobierno del Estado, mediante oficios: sin número de once de mayo, 769 de veintidós de agosto, 1050/01 de ocho de noviembre, éstos de dos mil uno; 302/02 de veinticinco de marzo, 582/02 de tres de junio, 1157/2002 de once de octubre, 1431/02 de dieciocho de diciembre, éstos de dos mil dos; y, 181/03 de dieciocho de febrero de dos mil tres, remitió al Congreso Local la cuenta pública de la hacienda estatal relativa a los cuatro trimestres de los ejercicios fiscales de dos mil uno y dos mil dos (folios 3 a 54, 57 a 98, 101 a 143 y 146 a 216 del tomo I del cuaderno de pruebas presentadas por la parte actora y 277 a 315, 321 a 358, 362 a 396 y 401 a 462 del tomo II de ese mismo cuaderno).
IV. Por oficio OFS/721/2002, de treinta de septiembre de dos mil dos, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior hizo del conocimiento del secretario de Finanzas que una vez concluida la fiscalización de las cuentas públicas trimestrales del ejercicio fiscal de dos mil uno se detectaron hechos que podrían afectar la hacienda pública estatal, por lo que le otorgó un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la recepción de ese pliego de observaciones, para que informara de los argumentos y documentación que a su derecho convinieran, con el fin de aclarar o desvirtuar los hechos y actuaciones que se investigaban (fojas 485 del tomo II del cuaderno de pruebas presentadas por la parte actora y anexos a fojas 217 a 312 del tomo I del mismo cuaderno).
V. El secretario de Finanzas del Gobierno Local, mediante oficio SF-1191/2002, de veintinueve de noviembre de dos mil dos, remitió al mencionado auditor general el informe de los argumentos y documentos que estimó pertinentes, con el objeto de aclarar o desvirtuar los hechos y actuaciones contenidos en el pliego de observaciones y solventar las recomendaciones que se le realizaron (folios 313 a 495 del tomo I del citado cuaderno de pruebas y 1 a 273 del tomo II de ese mismo cuaderno).
VI. Mediante oficio SF/296/2003, de veintinueve de abril de dos mil tres, el secretario de Finanzas, en respuesta al oficio OFS/149/2003 (impugnado en este asunto), manifestó al auditor general del órgano de fiscalización que, en su oportunidad, esa dependencia del Ejecutivo Local puso a disposición del órgano toda la información y documentación relativa al ejercicio fiscal de dos mil uno, y que también se solventaron oportunamente las observaciones que se le realizaron, como se desprende del oficio SF/1191/2002.
Que por otra parte, el órgano de fiscalización debió presentar al Congreso, por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el informe del resultado en un plazo que no excediera de tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la cuenta pública, en el que se debían incluir los pliegos de observaciones y procedimientos que se hubieran fincado en torno a ese ejercicio. Que por lo anterior, los informes sólo podían ser requeridos para el efecto de fiscalizar la cuenta pública del periodo sujeto a revisión, pero no aquellas que, con independencia de que ya se hubiera emitido o no el informe del resultado, se encontraran ya fiscalizadas y, en su caso, sujetas a observaciones, como acontecía en el caso, por lo que tal requerimiento de informe era extemporáneo y, por tanto, improcedente; además de que del requerimiento contenido en el oficio OFS/249/2003 se desprendía que la información solicitada en los incisos b, c, ch, e y f no había sido considerada en el pliego de observaciones PE/24-01 y, por ende, era improcedente (fojas 475 y 476 del tomo II del cuaderno de pruebas ofrecidas por la actora).
VII. Por oficio SF-328/2003, de quince de mayo de dos mil tres, el secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, en respuesta al oficio OFS/202/2003 (cuestionado en este asunto), manifestó al auditor general del órgano de fiscalización que de su requerimiento se desprendía que la información solicitada resultaba necesaria para determinar probables responsabilidades resarcitorias, las que debían formar parte del informe del resultado, por lo que le solicitó señalara la fecha en que iba a remitir el informe de referencia, para saber si se encontraba dentro de término y estar en condiciones de informar lo conducente, para lo cual era necesario que dejara sin efectos el apercibimiento formulado en el citado oficio (folios 479 y 480 del tomo II del mencionado cuaderno de pruebas).
De lo relatado se desprende que los actos cuya invalidez se demanda se emitieron con motivo de la revisión de la cuenta pública de la hacienda estatal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil uno, por lo que, a fin de evidenciar el porqué se surte la causal de improcedencia invocada, se acudirá a lo dispuesto en la legislación que rige la revisión de las cuentas públicas en la entidad.
La Constitución Política del Estado de Nayarit, en lo conducente, señala:
"Artículo 38. La revisión y en su caso aprobación de la cuenta de todos los caudales del Estado, se hará trimestralmente en los términos que al efecto señale la ley de la materia."
"Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:
"...
"XXVI. Fiscalizar y aprobar las cuentas de todos los caudales del Estado. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades están o no de acuerdo con las partidas respectivas de los presupuestos, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar."
"Artículo 121. La fiscalización de los programas y recursos públicos se realizará por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con arreglo a lo dispuesto en la ley de la materia y conforme a las bases siguientes:
"I. Fiscalizará en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y organismos autónomos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales;
"II. En los términos de la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública; investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás organismos autónomos del Estado;
"III. Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas;
"IV. Determinará los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos del Estado, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, así como promover ante las autoridades competentes las responsabilidades que procedan, presentando las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley;
"...
"VII. Los Poderes del Estado y las autoridades municipales, así como los sujetos de fiscalización, facilitarán los informes y documentos que requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones."
De los preceptos de la Constitución Local transcritos se desprende, en esencia, lo siguiente:
a) Que la revisión y, en su caso, aprobación de la cuenta de los caudales del Estado se hará en forma trimestral, de acuerdo con lo que disponga la ley de la materia (artículo 38).
b) Que la Legislatura Local fiscalizará y aprobará las cuentas públicas de los caudales del Estado y la revisión no se ocupará solamente de investigar si las cantidades son o no conformes con lo previsto en los presupuestos, sino que también se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y de las responsabilidades a que hubiere lugar (artículo 47, fracción XXVI).
c) Que el Órgano de Fiscalización Superior será el encargado de fiscalizar los programas y recursos públicos del Estado, en los términos establecidos por la ley de la materia y de acuerdo con las siguientes bases:
• Fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los poderes del Estado, entre otros, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas gubernamentales (artículo 121, fracción I).
• De conformidad con lo dispuesto en la ley, entregará al Congreso el informe del resultado de la revisión trimestral de la cuenta pública de los Poderes del Estado, entre otros órganos, e investigará los actos u omisiones que impliquen irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales (artículo 121, fracción II).
• Efectuará visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos necesarios para la realización de sus investigaciones, para lo cual deberá sujetarse a las leyes y formalidades establecidas (artículo 121, fracción III).
• Determinará los daños y perjuicios que atenten contra las haciendas públicas estatal y municipales, el patrimonio de las entidades descentralizadas y el de los organismos autónomos del Estado, y fincará a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, además de que promoverá ante las autoridades competentes las responsabilidades procedentes (artículo 121, fracción IV).
• Los poderes estatales, las autoridades municipales y todos los sujetos de fiscalización, deberán facilitarle los informes y documentos que requiera para el ejercicio de sus atribuciones (artículo 121, fracción VII).
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, en sus artículos 86, primer párrafo, 103, 106 y 107 (texto vigente a partir de la reforma publicada en el periódico oficial de la entidad el 5 de mayo de 2001), establece:
"Artículo 86. El proceso legislativo y los asuntos jurídicos del Congreso se ejercerán a través de la Secretaría General y su titular se denominará secretario general. Las atribuciones del Congreso en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos se ejercerán por el Órgano de Fiscalización Superior de acuerdo a lo dispuesto en el título noveno de la presente ley. La gestión administrativa interna del Congreso se ejercerá por la Oficialía Mayor, y contará con la siguiente estructura: ..."
"Artículo 103. La facultad fiscalizadora de la legislatura se ejercerá por conducto del Órgano de Fiscalización Superior, que tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos de fiscalización, señalados en el artículo 5o. de la ley de la materia."
"Artículo 106. La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, será el conducto de comunicación entre el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante el dictamen correspondiente, para su turno al Pleno del Congreso."
"Artículo 107. En los términos de la ley de la materia, fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y determinará, en su caso, los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de las entidades fiscalizadas, fincando las responsabilidades que procedan conforme a la ley."
De los numerales reproducidos se destaca lo siguiente:
a) Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ejercerá las atribuciones de la legislatura en materia de vigilancia y fiscalización de los caudales públicos, de acuerdo con lo previsto en el título noveno de esa ley, y tendrá a su cargo la revisión de la cuenta pública de los sujetos que se enumeran en el artículo 5o. del ordenamiento que rige la materia (artículos 86 y 103).
b) Que la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto será el conducto de comunicación entre el Congreso y aquel órgano, y recibirá el informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, mediante el dictamen correspondiente (artículo 106).
c) Que de acuerdo con lo que señale la ley de la materia, el citado órgano fiscalizará en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos de los sujetos de fiscalización y, en su caso, determinará los daños y perjuicios que afecten las haciendas públicas y el patrimonio de aquéllos y fincará las responsabilidades que procedan conforme a la ley (artículo 107).
Finalmente, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en los términos en que fue expedida y publicada en el periódico oficial de la entidad de veintisiete de diciembre de dos mil, texto que estuvo vigente hasta el cuatro de junio de dos mil tres, en que se reformaron diversos preceptos por decreto publicado en el citado medio informativo, en lo que aquí importa, preveía:
"Artículo 1o. La pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18145-0ecd06e1/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR OBSERVACIONES RESPECTO DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS (147)
- ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. EL PODER EJECUTIVO LOCAL NO ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR OBSERVACIONES RESPECTO DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS (P./J. 4/2004)
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